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La lucha frontal contra la oligarquía

11 de abril de 2002: motivos de un Golpe de Estado

Venezuela | 11 de abril de 2018

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Cuando el expresidente de Fedecámaras se autojuramentó aquel 11 de abril de 2002 tenía dos razones para estar radiante: iba a revertir la Ley de Tierras y a restaurar la meritocracia en Petróleos de Venezuela. Un par de piedras que el chavismo había incrustado en los zapatos de la oligarquía venezolana.

Un poco de historia

El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, asume en 1999 la presidencia de la República en un panorama obscuro: una economía fracturada, dependiente e improductiva; 70% de la población sumergida en pobreza, hambre, desempleo; inflación por encima del 80%; las principales empresas privatizadas y con la oligarquía nacional e internacional con la mirada puesta en la primera industria del país, Pdvsa.

Ante este escenario, Chávez quien había ganado la presidencia con 56,20% de los votos, tenía clara su misión y visión para la Venezuela potencia, consciente de su riqueza, poder y ubicación geográfica privilegiada, apuntaba a dignificar al pueblo venezolano empoderándolo desde el conocimiento, con herramientas, técnicas y otorgándoles el justo valor a los históricamente excluidos. Además haciendo uso estratégico del reservorio de recursos naturales no renovables con los que cuenta el país; todo esto enrumbando la nación hacia una nueva V República que presagiaba años de bonanza, productividad y estabilidad para Venezuela, rescatándola de la IV República y los representantes de AD y Copei quienes durante más de cuatro décadas de corrupción e intereses de particulares no respondieron a las necesidades del pueblo.

Chávez llegó con un proyecto de país que difería de los objetivos de la derecha venezolana, la cual desde la llegada al poder del líder revolucionario, seguía insistiendo en deshacerse de quien atentaba contra sus intereses, porque lo mejor, no siempre es lo mejor para todos, como reza el refrán popular. Para Chávez, lo mejor era para la mayoría: el pueblo, pero para la oposición lo mejor siempre estará vinculado a sus cuentas bancarias, sus posiciones políticas y de poder.

11A: Un fracasado golpe de Estado

De allí, que el 11 de abril de 2002, llega con la violencia característica de una oposición que bajo la consigna: “Chávez vete ya”, utilizaría todas sus artimañas para generar caos y muerte, atentando contra la patria de paz por la que siempre luchó el líder de la Revolución Bolivariana.

Sin embargo, en menos de 36 horas el Pueblo con el pecho al descubierto y la Cosntitución como arma, voltea la difícil situación. El fracasado golpe de Estado de 2002, es una prueba de la derecha y sus ansias de poder, que ha empleado todos los métodos de sabotaje y conspiración habidos y por haber para derrocar a la Revolución Bolivariana con una violencia desmedida, bajo la premisa de que el fin justifica los medios. Ello dejó una larga lista de víctimas mortales y heridas.

Entre los promotores de este plan desestabilizador se encontraban: Carlos Fernández, en ese momento presidente de Fedecámaras, en sustitución de Pedro Carmona Estanga; Carlos Ortega, titular de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV); y Juan Fernández, líder del movimiento que se autodenominó Gente de Petróleo, además de otros personajes como Guaicaipuro Lameda; Julio Borges, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López; María Corina Machado, el padre Luis Ugalde, entonces rector de la Universidad Católica Andrés Bello, los militares disidentes. Todos ellos como parte del combo que se apersonó en Miraflores para instalar el Gobierno de Carmona “el breve”.

Los detonantes para la oligarquía

Muchas son las causas de este hecho histórico, entre ellas las 49 leyes habilitantesque fueron aprobadas en noviembre de 2001, a través del uso de facultades extraordinarias contempladas en la Constitución y concedidas al Ejecutivo por la Asamblea Nacional. Aunque el origen de estos acontecimientos data desde la llegada Hugo Chávez a la presidencia de la nación y sus intenciones de cambios en los ámbitos constitucional, económico, político, social y cultural, senderos indispensables para fortalecer el Estado y garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo.
Entre las leyes más criticadas por Fedecámaras y por los empresarios se encontraban las leyes de tierras, pesca e hidrocarburos, que sin duda afectaban intereses de estos sectores de la derecha nacional.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, rubricada por Chávez en diciembre de 2001, fue creada con el firme propósito de recuperar los predios de la Nación ocupados por terratenientes, además de entregar el poder del aparato productivo del país al campesinado.

Una Ley contra el latifundio, una nueva concepción de las riquezas, poder para el pueblo, tierras para los productores y campesinos, eran proyectos que nacían en contraposición a los intereses de empresarios, poseedores de grandes extensiones de tierras fértiles en la ciudad y en el campo, una legislación que claramente atentaba contra la hegemonía de grupos y particulares.

La ley de pesca vino a ponerle control a las transnacionales que estaban dañando nuestros mares con la pesca de arrastre.

La Ley de Hidrocarburos adversaba los intereses de las transnacionales que pasaban escondidas tras el rostro de la meritocracia y el negocio en Pdvsa.

Las tierras como prenda

El 21 de noviembre de 2001, José Luis Betancourt, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, en una acción teatral y frenta a los medios rompió la Gaceta Oficial que una semana antes publicó el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Ya para ese momento el gobierno había recuperado 3 millones de hectáreas que estaban ociosas. Estaban sin producir pero tenían una utilidad para los empresarios: era la prenda, el aval, para que la banca le faciliara los dólares para importar todo tipo de productos en lo que algunos economistas denominaron “agricultura de puertos”.

La propia Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, en su informe del 2003 afirmaba que en sólo cuatro años “paramilitares y sicarios de los terratenientes” habían asesinado 120 líderes campesinos.

En el 2017, la misma institución en su informe habla de una acumulación de 350 víctimas por parte de los intereses de los terratenientes, quienes han utilizado además a cuerpos policiales y hasta a comandos militares para reprimir y asesinar de manera sistemática.

Se debe recordar que en el 2005 se le hizo una reforma a la ley de Tierras desde la Asamblea Nacional cuando Nicolás Maduro la presidía para endurecer más los mecanismos de propiedad de las tierras productivos y el respeto a su vocación productiva.

En el 2010 se vuelve a trabajar el tema, se hace otras modificaciones para la declaración de tierras ociosas y del uso no conforme. Se modifican los artículos 145 y 146, dándole al Estado más potestad para combatir el latifundismo y la tercerización, y permitiéndole asumir directamente la producción primaria, la industrialización, distribución, intercambio y comercialización. También se autoriza a la creación de un empresa del Estado para que asuma esas responsabilidades.

Ante esto, el presidente de Fedecámaras para ese momento, Francisco Martínez, declara a los medios profundamente disgustado que “la tierra ya no sirve para obtener el financiamiento de la banca”.

Cambios en el sector pesquero

En cuanto a la Ley de Pesca, en 2008 los empresarios del mar , encabezados por José Manuel González anunció que traería hambre y miseria. Se perderían 14 mil puestos de empleo directo y 15 mil indirectos. Afectaría a 10 astilleros que prestaban sus servicios a los barcos de pesca de arrastre y se iría al fondo las 545 toneladas de pescados producidas en 2007.

Sin embargo, en el más reciente informe del ministro Orlando Maneiro, de Pesca y Acuicultura, señala que el 2017 cerró con una cifra de producción de 3.397 toneladas de pescado, con la activación de la Caravana de la Sardina, y la reactivación de varias empresas que han sido transformadas y están en manos de los trabajadores.

No se pueden negar los problemas, principalmente con los insumos necesarios para el envasado, como son las latas, tomates y otros productos. Pero el ingenio y la decisión de la gente ha dado al traste con los vaticinios del empresariado.

La furia de los meritócratas

Uno de los meritócratas más reconocidos, Eddie Ramírez, escribía en el 2013, al revisar los acontecimientos del 2002: “En estos años rojos la actividad de refinación de Pdvsa ha estado signada por falta de pericia operativa y poco mantenimiento de las plantas y, como consecuencia, numerosos accidentes. La empresa perdió capacidad de refinación e incumplió los planes de crecimiento. Los rojos pusieron en rojo el negocio de refinación”.

Sin embargo, los documentos de la industria comprueban que ese grupo estaba fraguando la venta de nuestra principal industria a las transnacionales.
El contragolpe popular dio al traste con sus intenciones en aquel momento.

Tierras, asesinatos y corrupción

El presidente Nicolás Maduro en un acto celebrado recientemente en los jardines de Miraflores con los campesinos, exigió a ministros y gobernadores castigo a todo aquel que esté apoyando a los terratenientes y empresarios en los ataques contra el agro, asesinatos de líderes del campo, desalojos de los campesinos y saboteo a los procesos productivos.

Recordó que recientemente se han entregado 6 millones de hectáreas a las fuerzas populares organizadas, y es imperativo que se conviertan en verdaderamente productivas. Según Castro Soteldo, ministro de Agricultura y tierra, en estos momentos hay 790 mil hectáreas en manos del Estado, y 1.200 millones de hectáreas siendo trabajadas por los campesinos organizados.

Sin embargo, la voz de los pequeños y medianos productores sigue señalando la urgencia de fertilizantes y equipos para el agro, la necesidad de medicamentos y vacunas para el ganado, un mejor funcionamiento para Agropatria, el tema del transporte de la producción, la existencia de roscas en la distribución y comercialización de los productos del campo.

El Jefe de Estado habló de lo perentorio del lapso para generar alimentos en nuestro país, y reconoció como aún no se ha podido avanzar todo lo necesario en ese rubro.

Igualmente se puede recordar que el 30 de noviembre de 2017, fueron detenidos los expresidentes de Pdvsa Eulogio Del Pino y Nelson Martínez. También se hay una solicitud de captura en la Interpol contra Rafael Ramírez. Tres hombres que gozaron de la confianza tanto de Chávez como de Maduro, y cuyas acciones casi llevan a la quiebra a nuestra industria petrolera.

El nombramiento de Manuel Quevedo como Ministro de Energía y presidente de Pdvsa, busca revertir la situación. Quevedo fue exitoso construyendo 2 millones de viviendas en el período más oscuro de la economía nacional, y durante el bloqueo económico más violento de toda la historia nacional. Saboteos, manipulaciones informativas, tergiversaciones, desvíos de tanqueros, daños a instalaciones y mucha desinformación han formado parte de esta guerra asimétrica. Pareciera que se está tratando de hacer control de daños en la industria.

Las tres leyes que generaron la mayor furia de la oligarquía permanecen sobre el tapete y continúan siendo el detonante de la furia que llevó al Golpe del 2002, 16 años después.

Justamente a 16 años del 11 de abril de 2002, nos preguntamos: ¿Qué está pasando con nuestras tierras fértiles? ¿Hay verdadera protección para los campesinos y campesinas, quienes las trabajan hoy día? ¿Qué y cuánto se produce? ¿Cuál es la situación real de Pdvsa? ¿Qué pasó con la Ley de Pesca? ¿Hacia dónde apunta el país más allá del discurso de guerra económica? ¿Son las comunas las únicas que están produciendo?

Las necesidades del pueblo fueron las bases fundamentales del surgimiento de estas leyes concebidas por el Comandante Chávez para el beneficio de los pobres y campesinos, de los agricultores y pescadores, y no de las élites.


BF/AiG/AlbaTV/2018

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