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La justicia sigue faltando

30 años del Holocausto del Palacio de Justicia

Colombia | 6 de noviembre de 2015

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El 6 de noviembre de 1985 el Comando “Iván Marino Ospina” del Movimiento 19 de Abril -M-19- inició la llamada operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Se trató de la toma armada del Palacio de Justicia, ubicado frente a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los insurgentes pretendían juzgar al gobierno del presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz que el M-19 y el gobierno habían pactado entre 1984 y 1985. Recuerdo de un hecho trascendente de la historia reciente de Colombia, que proyecta enseñanzas para el futuro.

El M-19 retuvo en el Palacio de Justicia a 350 magistrados, visitantes, consejeros de Estado, empleados y servidores judiciales. Las fuerzas militares colombianas realizaron la retoma del Palacio, lo que derivó en la muerte de al menos 100 personas y en la desaparición de 11.

Varios fueron los llamados, mensajes y gritos de los magistrados para pedir al gobierno nacional que ordenara el cese al fuego a los militares para buscar una solución pacífica. También reclamaron la presencia de la Cruz Roja Internacional. El gobierno de Belisario Betancur quedó como un simple espectador, mientras los disparos y explosiones sonaban en el Palacio. El Ejército tomó el absoluto control de las decisiones imposibilitando cualquier solución negociada.


Por ese hecho han sido condenados por la justicia colombiana el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales. Sin embargo, aún existen otros militares que no han sido juzgados.

Según pudo verse en varios videos de la época, del Palacio de Justicia salieron con vida varias personas que fueron llevadas a la Casa del Florero, convertida en base militar del Ejército, y a otras instalaciones militares. Nunca más se volvería a saber de estas personas.

Por ejemplo, en un video revelado por Noticias Uno en 2007 se ve salir con vida al magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, pero luego su cuerpo fue encontrado dentro de las instalaciones del Palacio con una herida en la cabeza de proyectil 9 milímetros. En otro video encontrado en un allanamiento en casa del Coronel Alfonso Plazas Vega, se ve al administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y a Cristina del Pilar Guarín, una de las cajeras, salir con vida del Palacio aunque después fueron desaparecidos.

De los 35 miembros del M-19 que participaron en la toma, sólo Clara Helena Enciso conseguiría escapar con vida. La guerrillera Irma Franco Pineda salió del Palacio pero fue detenida por el Ejército y posteriormente torturada, asesinada; y su cuerpo, desaparecido. Algunos de los guerrilleros capturados dentro del Palacio fueron asesinados después de haberse rendido o cuando quedaron en estado de indefensión. Lugo fueron presentados como muertos en combate.

"Masacre u Holocausto"

En 2006, la Comisión de la Verdad conformada por los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez, y el magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, encontró responsables del holocausto al M-19, al gobierno de Belisario Betancur y a las fuerzas militares colombianas.

Para esa Comisión de la Verdad el M-19 fue responsable del asalto del Palacio de Justicia y de la toma de rehenes. En dicho informe la Comisión señala una conexión entre el cartel de Medellín y el M-19 para la realización de la toma, pero no aclara el nivel de dicha relación. Estas afirmaciones fueron negadas por antiguos miembros del M-19, quienes aseguran que la operación tenía como objetivo juzgar al gobierno por el fracaso del proceso de paz y que la organización no tenía ninguna motivación en favor de los carteles de la mafia.

En el Palacio de Justicia, durante la toma, fueron destruidos varios procesos judiciales que afectaban a los narcotraficantes y a miembros de las fuerzas militares involucrados en crímenes y violaciones a los derechos humanos y en vínculos con grupos paramilitares. Además, aquel día de la toma se adelantaban las discusiones sobre la extradición y dichas cortes habían sido amenazadas por los narcotraficantes.

Para la Comisión de la verdad, el gobierno nacional no hizo absolutamente nada para proteger a las víctimas del Holocausto. Tampoco buscó un cese al fuego ni una solución pacífica para salvar a las víctimas y prefirió impedir que se supiera lo que estaba ocurriendo. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó la transmisión de un partido de fútbol en televisión y radio mientras se escuchaban los disparos y las explosiones.


Nadie escuchó el clamor del magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía: “Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19". Según verificó la Comisión, los restos de los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, tenían proyectiles de armas que no fueron usados por la guerrilla.

Quienes saldrían más responsabilizados por los hechos del Palacio de Justicia serían las fuerzas militares colombianas. Para la Comisión de la Verdad, los militares nunca buscaron salvar a las personas rehenes. En las conclusiones de la investigación consta que los militares tenían conocimiento con anticipación de la operación que realizaría el M-19 por información que había dado el magistrado Echandía. Sin embargo, no hicieron nada para impedir que ocurriera la toma. Igualmente el Ejército tiene responsabilidad en la desaparición forzada y en la ejecución y asesinato de varias de las víctimas. Las fuerzas militares impidieron cualquier intento para realizar un cese al fuego y no dudaron en hacer un uso excesivo de la fuerza para retomar el Palacio de Justicia.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ocurrido en el Palacio de Justicia ha sido calificado como Masacre u Holocausto. En dicha corte se espera un fallo sobre la responsabilidad del Estado colombiano en la retoma del Palacio de Justicia.

Últimas palabras del doctor Alfonso Reyes Echandía en la toma del Palacio de Justicia la noche del 6 y madrugada del 7 de noviembre de 1985, transmitido por Caracol Radio

Fuente: Colombia Informa.

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