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La justificación es de orden ambiental pero no se cuestionan prácticas mineras

97 comuneros a punto de ser imputados y desplazados

Venezuela | 14 de septiembre de 2017

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En varios estados del territorio nacional se vienen registrando denuncias de campesinos que son detenidos y procesados judicialmente por cargos que generan el desplazamiento forzado de estos compañeros y compañeras de territorios donde han venido desarrollando actividades agropecuarias a diferentes escalas.

En el estado Yaracuy, existe un caso que ejemplifica como se ha manipulado el marco legal para la persecución y el desplazamiento forzado de comunidades que habitan ciertos terrenos.

El gobernador León Heredia, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), emitió el Decreto Regional 3203, con el objeto de “dictar medidas de protección, aseguramiento y conservación de las fuentes naturales de producción, captación y suministro de agua potable”.

En primera instancia, parece una acción en consonancia con el 5to Objetivo Histórico del Plan de la Patria (Preservación de la vida en el planeta y la salvación de la Especie Humana), pero al observar su aplicación genera suspicacias, ya que bajo este decreto han sido procesados durante el mes de marzo, seis campesinos por tala y quema para sembrar maíz, mientras se permite en el mismo estado Yaracuy la actividad minera a cargo de empresas privadas.

Los procesados son parte de las 277 familias campesinas asentadas en el Macizo de Nirgua, que se agrupan en la Comuna Minas de Buria para resistir los intentos de desalojos encabezados por la dirección de Ecosocialismo y Agua de la Gobernación de Yaracuy.

Estos compañeros hoy se encuentran bajo régimen de presentación a pesar de poseer Cartas Agrarias otorgadas por el Instituto Nacional de Tierras (Inti), que permiten legalmente la estadía en las tierras y el ejercicio agro productivo que vienen desarrollando en ellas.

El caso fue llevado a tribunales penales cuando esta es una disputa que debe ser resuelta en tribunales agrarios, otro elemento que contribuye a cuestionar el accionar de la Gobernación y otras instancias del Estado en la mediación por la resolución del conflicto.

Vemos entonces como es aplicado un decreto ambiental para desplazar comunidades campesinas sin establecer mesas de diálogo con el sujeto comunero y, peor aún, el manejo del conflicto se lleva a tribunales penales donde el campesino empieza a ser tratado como un delincuente.

Más recientemente, el martes 8 de septiembre fue detenido por la policía del municipio José Antonio Páez del estado Yaracuy, el campesino Eladio Obispo, integrante de la Comuna Minas de Buria, acusado de ocupación ilícita de tierras y robo.

El señor Eladio, que es señalado como un "delincuente e invasor", tiene más de ocho años impulsando la agricultura en las tierras de las que hoy pretenden desalojarlo, los alimentos que transportaba y por los cuales lo acusan de ladrón, provienen de esas seis hectáreas que gracias a su esfuerzo producen maíz blanco, yuca, plátanos y limón, entre otros rubros.

El procedimiento mediante el cual fue detenido el señor Eladio Obispo presentó varias irregularidades: nunca presentaron orden de detención, intentaron allanar la vivienda del comunero también en ausencia de una orden legal, los funcionarios policiales utilizaron sus armas de fuego para amedrentar a la comunidad que intentó impedir la detención.

En esta oportunidad la justificación para desplazar al campesino es la "defensa de la propiedad privada" ya que las tierras - según el abogado que acompaño la detención del señor Eladio Obispo – pertenecen a Keivin Meléndez, oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La Comuna Minas de Buria viene acompañando el proceso de recuperación de estas tierras a cargo de Obispo y asegura que tiene no menos de ochos años de trabajo en la parcela de seis hectáreas. Durante este proceso fueron muchísimas las visitas que hicieron a las oficinas regionales del Inti para regularizar la estadía del comunero en el terreno.

Luego de ser detenido el comunero, en la oficina regional del Inti, indican a voceros de la Comuna que el título de tierra otorgado a Obispo había sido revocado desde las oficinas de Caracas, mostrando una nueva manipulación de los protocolos institucionales en detrimento del Poder Popular, ya que en nunca fue entregado el título y menos aún fue notificado con anticipación, como establece la Ley, la decisión de haberle revocado el título de propiedad.

A Eladio Obispo se le otorgó libertad plena, no sin antes amenazarlo que de ser visto nuevamente en las tierras donde viene produciendo, sería nuevamente detenido y sometido a un juicio que lo podría llevar de 8 a 10 años de cárcel.

A la fecha, la Comuna Minas de Buria suma un total de 8 campesinos procesados e imputados, más otros 97 casos en pleno proceso para ser imputados.

Es indispensable destacar la capacidad productiva comprobada de estos comuneros que en 2016, con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), sembraron 400 hectáreas de leguminosas y cereales, solo por nombrar uno de los rubros que producen, para luego ser distribuidos de forma local, e incluso, una parte de esta producción es destinada a Fuerte Tiuna en Caracas, como parte de los convenios asumidos con las instituciones del Estado.

La expectativa gira en torno a la instalación de mesas de diálogo como se hace con diferentes actores de la vida política nacional, donde se procure una salida concertada en la que se garantice la continuidad de los procesos productivos que desarrollan estos campesinos, ya que atiende una necesidad sentida de la población que es la producción de alimentos.

Es una evidente contradicción que justamente en el bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano, quien con su grito de “tierras y hombres libres” encabezó uno de los procesos de reforma agraria más radicales de nuestra historia, se registren casos en los que se recurre a fuerzas represivas del Estado y al marco jurídico vigente, para desplazar campesinos de zonas con procesos productivos comprobados y en pleno desarrollo.

A continuación unas entrevistas producidas por la Revista Sacudón en el mes de marzo:


JC/AlbaTv/2017

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