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Bárcenas en prisión

Acaparamiento de tierras, financiamiento ilícito y delitos corporativos: una actualización

América Latina y Caribe | 13 de diciembre de 2018

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Actualmente, el acaparamiento de tierras es considerado un crimen contra la humanidad. Sin embargo, pocos acaparadores terminan en la cárcel. En cambio, si uno busca en el sitio especializado farmlandgrab.org información sobre demandas legales, procedimientos judiciales, sentencias o encarcelamientos relacionados con temas agrarios, lo que se encontrará, sobre todo, son informes sobre comunidades locales acusadas de hechos punibles por defender sus propios territorios contra poderosas compañías. Pero los nexos entre el delito, la corrupción y quienes están involucrados en negocios que acaparan tierras agrícolas son reales.

En 2013, en el anexo a un informe sobre acaparamiento de tierras en el norte de Senegal que involucraba inversionistas italianos sospechosos de lavado de dinero, GRAIN publicó un resumen de otros casos a nivel mundial donde se estaban firmando grandes acuerdos sobre tierras que potencialmente tenían el fin de mover dineros ilícitos.

Recientemente hemos sabido que varios de esos casos fueron procesados judicialmente o las autoridades nacionales decidieron intervenir en sus asuntos, razón por las cual hemos decidido recopilar una pequeña actualización sobre esos eventos. La buena noticia es que, en algunos casos, los delitos se frenaron. La mala noticia es que se confirma aún más la tendencia general a usar los acuerdos sobre tierras de cultivo para el enriquecimiento ilícito de empresarios y políticos corruptos y que esta tendencia se repite en otros sectores agrícolas como el maderero. Desde que realizamos la recopilación de nuestra lista en el 2013, otros numerosos casos han salido a la luz, de los que destacamos los mejor documentados más abajo.

Bárcenas: actualmente en prisión

En 2013, informamos que el ex-tesorero del partido gobernante de España —el Partido Popular— era sospechoso de lavar dinero a través de una plantación de limoneros de 3 mil hectáreas en el norte de Argentina, propiedad de una empresa llamada La Moraleja SA.

En 2018, las cortes de justicia concluyeron que Bárcenas efectivamente había “confeccionado” contratos ilegales y facturas falsas, y las había presentado con el fin de apropiarse de parte de los fondos del partido, buena parte del cual derivó a Suiza. De allí, los fondos fueron transferidos a Argentina a la Hacienda La Moraleja bajo la administración de Ángel Sanchís y su hijo, ambos socios de Bárcenas. La hacienda produjo millones que fueron ingresados de vuelta a cuentas personales en España, a veces en la forma de “transferencias disfrazadas” como pagos por contratos de servicios no realizados entre Bárcenas y Ángel Sanchís.

Los tribunales verificaron que tales transacciones tuvieron lugar. Sanchís y su hijo fueron encontrados culpables de lavado de dinero por 3 millones de euros a través de esta figura y condenados a 1 año de prisión cada uno. Bárcenas también fue condenado a cumplir una pena de 33 años de prisión. Como resultado de este caso, el presidente español Mariano Rajoy fue sujeto de una moción de censura el 2 de junio de 2018 y removido de su cargo.

Y mientras los tribunales españoles realizaban su investigación, Greenpeace Argentina descubrió que la tierra de cultivo de La Moraleja, alguna vez un área protegida, había sido comprada y desmontada contraviniendo las leyes forestales argentinas. De su superficie total, 3 mil hectáreas de especies de gran valor maderero fueron arrasadas y plantadas con limoneros, lo que viola la Ley para la Protección del Bosque Nativo de Argentina. La cosecha anual de limones fue a parar, en parte, a la Coca-Cola Co. para producir Sprite y, el resto, e exportó a Europa. Otras 15 mil hectáreas se destinaron al cultivo de soya transgénica. Los propietarios alegan que las autoridades locales les otorgaron la exención para reconvertir las tierras forestales, lo que convertiría en cómplices a esas autoridades; de hecho, el gobierno provincial les dio su apoyo al declarar que el proyecto de plantación de la empresa era de “interés provincial”. De momento, la hacienda ha perdido su certificación de “agricultura sustentable” y el contrato con Coca-Cola. Los dueños declararon que reforestarán las 3 mil hectáreas y destinarán 7 mil hectáreas del cultivo de soya a la producción de limones. ¿Quizás cuando salgan de la cárcel?


LDD/AlbaTV/2018
Con información de BioDiversidadla

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