Alba TV

por Fensuagro

Carta abierta al Gobierno Nacional

Bogotá D.C., 28 de junio de 2012

Señor
Presidente de Colombia
Juan Manuel Santos

Señor
Vicepresidente de Colombia
Angelino Garzón

Señor
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Juan Camilo Restrepo

Señor
Procurador General de la Nación
Alejandro Ordóñez

Señor
Fiscal General de la Nación
Eduardo Montealegre Lynett

Respetados señores:

Nos dirigimos a ustedes en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) – CUT, con el objeto de poner en su conocimiento los graves hechos violatorios de derechos humanos que han venido ocurriendo en contra de la comunidad campesina que habita en el predio Lomalinda en el municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta.

La comunidad campesina del predio de Lomalinda ha venido ejerciendo posesión de forma tranquila pacifica e ininterrumpida por más de 15 años. Sin embargo, la alcaldía municipal de Puerto Lleras en cabeza de su alcaldesa Paula Andrea Vega Sánchez, a través de varias acciones jurídicas, pretende desalojar a estas familias sin haber presentado posibles soluciones tales como una reubicación y lo único que estaría ocasionando sería una grave situación de desplazamiento.

Las familias que habitan en este predio en su mayoría son afiliadas a la Asociación Campesina de Trabajadores Agrícolas y Defensores del Medio Ambiente (Asocamtradema), organización campesina conformada por familias campesinas víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto interno social, político y armado que padece Colombia desde hace varias décadas, filial Fensuagro.

El desalojo previsto para la última semana se enmarca en la estrategia del despojo de tierras y abandono forzado del territorio, violando de manera directa los derechos fundamentales de las comunidades del Meta, con el pretexto de contribuir al desarrollo de los megaproyectos en donde no se tienen en cuenta a los microagricultores, quienes son los cuidadores del campo y protectores del medio ambiente. Por el contrario, a través de cualquier medio se busca despojar a este sector rural como garantía de recuperación de territorios para entregarlos a particulares o empresarios privados; tal como es en el caso de Cormacarena, con la cual se busca masificar la propiedad para la construcción de centros hoteleros y turísticos, con la aprobación y participación de algunas administraciones municipales y departamentales que se han prestado para facilitar la gestión.

Desde el 30 de marzo de 2012 se vienen presentando acosos e intimidaciones por parte de la administración local por orden de su alcaldesa Paula Andrea Vega Sánchez¸ que junto con la Policía Nacional se han venido contra los campesinos que habitan el predio de Lomalinda.

En los meses de mayo y junio los pobladores han visto pasar hombres de civil encapuchados rodando las veredas donde queda el predio. Esto se da desde que la comunidad inicia un proceso organizativo en defensa de los derechos humanos y de la tierra y en contra del desalojo.

El 12 de junio de 2012 se presenta al predio Lomalinda una comisión de la alcaldía de Puerto Lleras, con actitud intimidante en compañía de miembros de la Policía Nacional y de la Sijín (Policía judicial) interrogando a los campesinos, tomando fotos, tratando de una forma grosera a la comunidad, en aras de ejercer presión psicológica con los habitantes.

Los funcionarios manifestaron que esta visita era para programar a las familias para un proyecto de vivienda; sin embargo la administración municipal ha hecho esto en varias ocasiones sin que hasta el momento se materialice dicho proyecto y la comunidad ha manifestado que no existen recursos destinados para vivienda desde el departamento mucho menos del municipio, según el mismo concejo municipal y la oficina de Planeación.

El sábado 16 de junio de 2012 se presenta una nueva visita de una patrulla de la policía donde visitan casa por casa a los pobladores de la comunidad de Lomalinda, con el argumento de socializar a la comunidad el previo desalojo, diciendo que fueran saliendo de forma pacífica. Y de nuevo van sin orden oficial alguna. Esto para las familias ha sido intimidatorio y amenazante, tanto en adultos pero muy especialmente en mujeres y menores de edad.

El 18 de lunio de 2012 a las nueve de la mañana se reunieron líderes de Lomalinda y un defensor de derechos humanos nacional con el intendente Vargas de la Policía de Puerto Lleras, encargado de ejecutar el desalojo. Reunión que fue convocada por el intendente, argumentando hablar sobre la necesidad del desalojo de manera pacífica de las familias de Lomalinda, pero no respondió respecto de las gestiones que se adelantarían para la reubicación de estas familias.

Mientras esta reunión se desarrollaba, un agente que se encontraba en la oficina del comando todo el tiempo estuvo tomando fotos a todos y cada uno de los participantes, dentro de los cuales se encontraba una defensora de derechos humanos y responsable nacional de organizaciones de víctimas. Este hecho nos demuestra la falta de respeto a los derechos humanos, teniendo en cuenta que quienes estaban allí son víctimas y además líderes de organizaciones víctimas del conflicto armado del departamento y a nivel nacional.

El 20 de junio de 2012 a las nueve de la mañana, personal de la Sijín nuevamente estuvo haciendo patrullaje por Lomalinda sin ninguna razón. Sin embargo sí amedrantó a las familias que en su mayoría son mujeres cabezas de familia, entre las que se encuentran víctimas del desplazamiento forzado y con este tipo de actuaciones causa la revictimización de éstas. Este mismo día ingresaron dos camionetas con policía al predio de Lomalinda, realizando un patrullaje en todo el terreno.

Es importante mencionar que los dirigentes campesinos miembros de Asocamtradema vienen siendo objeto de intervención de sus líneas telefónicas de forma descarada y evidente, violando el derecho a la privacidad, hecho que ha venido sucediendo desde hace un tiempo, especialmente con los teléfonos de los dirigentes de la comunidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente,

Exigimos al Gobierno Nacional:

1. Garantizar el derecho a la propiedad de las familias campesinas asentadas en el predio Lomalinda, quienes vienen ejerciendo posesión por más de 15 años pacífica e ininterrumpidamente.

2. Que la Procuraduría, la Fiscalía y demás organismos de control investiguen y esclarezcan los hechos denunciados y las persecuciones de las que han sido víctimas los campesinos del predio de Lomalinda, municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta.

3. Se tomen medidas necesarias y urgentes para proteger y garantizar a las familias de la finca La Europa sus plenos derechos a la propiedad de la tierra.

4. Se garanticen mecanismos de protección y seguridad y de no revictimización de los miembros de Asocamtradema y sus las familias víctimas en el pasado de desplazamiento forzado.