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Por Pablo Siris Seade

Análisis de la violencia fascista en Venezuela

Venezuela | 16 de junio de 2017

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Quienes buscan presentar la actual situación de Venezuela como una suerte de guerra civil en el que dos bandos en confrontación se atacan mutuamente, tienen varias preguntas que son muy difíciles de responder. La principal de ellas es, por supuesto y cómo corresponde, quiénes son las víctimas de estos hechos y las circunstancias en las que éstas se produjeron. Pero seguramente la segunda sea qué se atacó y con qué objeto.

Las personas primero

Desde inicios del mes de abril, la oposición de derecha venezolana ha iniciado acciones de violencia de calle con orientación claramente fascista, en la búsqueda por lograr un enfrentamiento interno de grandes dimensiones que permita solicitar la intervención extranjera.

Si bien estos sectores han logrado mantener sus acciones violentas a lo largo de más de setenta días, no han logrado generalizar este estado de cosas, concentrándose dichas acciones en el Este de Caracas, la zona donde viven las personas más ricas del país, así como en otros municipios que estos mismos sectores controlan.

Lo decíamos en el artículo del 19 de mayo titulado Las nuevas víctimas de las guarimbas fascistas en Venezuela (http://cajaderespuestas.blogspot.com/2017/05/las-nuevas-victimas-de-las-guarimbas.html): todos los muertos nos duelen de la misma manera. No importa su raza, posición social, bando político o su participación o no en los hechos violentos.

Sin embargo, recomendamos ampliamente la investigación periodística realizada en relación al tema y disponible en https://goo.gl/gDCtKV en la que se arriba a una conclusión no prevista en ningún supuesto previo: la inmensa mayoría de las víctimas no participaban de las protestas, sino que son víctimas de las mismas.

A pesar de los ríos de tinta que pretenden mostrar a estas personas injustamente fallecidas como víctimas de los organismos de seguridad ciudadana y control de orden público, el resultado de la investigación es casi incontrovertible.

Cuáles fueron los blancos de los ataques

Más allá de la intención de mostrar las acciones violentas de los dos últimos meses y medio como marchas pacíficas, lo cierto es que vinculadas a casi todas estas se han desarrollado aquellas y con particular violencia.

Se ha podido constatar (de hecho, es posible verlo en las propias tomas de los medios de comunicación hegemónicos) el funcionamiento de escuadras con organización paramilitar más o menos explícita, en la que grupos de personas tienen tareas bien definidas a la hora de buscar enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado.

Estos mismos grupos se proveen -además de las personas con el entrenamiento requerido para la participación en estas escuadras- de importantes pertrechos bélicos, logísticos, financieros y -este es un componente fundamental- comunicacionales.

Lo importante de estas situaciones es que generen imágenes que puedan ser viralizadas por redes sociales para jutificar el propio enfrentamiento y promuevan la injerencia extranjera por razones humanitarias.

En función de los datos publicados en la prensa venezolana -particularmente en la escrita- se puede llegar a algunas conclusiones muy interesantes.

Entre el 4 de abril y el 14 de junio se produjeron 81 acciones violentas contra bienes muebles e inmuebles de envergadura tal como para que fueran recogidas por los medios de comunicación social.

De estas 81 acciones violentas, 42 se desarrollaron en el estado Miranda (que gobierna el dirigente de derecha Henrique Capriles) para generar un 51,85% de las mismas.

El total de los estados en los que hubo acciones que afectaron bienes muebles o inmuebles fue de doce (Venezuela tiene 24 entidades federales) y en ninguna de ellos se llegó al 10% del total de estos actos terroristas.

Podemos apreciar entonces que las acciones estuvieron muy concentradas en el estado Miranda, pero esta entidad tiene 21 municipios y solamente se produjeron acciones violentas en ocho de los mismos.

Particularmente en el municipio Chacao de esa entidad (que gobierna Ramón Muchacho, integrante del partido Primero Justicia, el mismo que integran Capriles y Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional hoy en desacato) tuvo 24 de esos sucesos de extrema violencia o el 57,14% del total de las situaciones con afectación de bienes en el estado Miranda y el 28,40% de todas las que se produjeron en el país.

Es muy significativo que las acciones fascistas que se han cometido en el país en este período se producen casi exclusivamente en espacios donde la oposición controla el estado o el municipio correspondiente y esto no es casualidad: el control de estas divisiones político-administrativas implica también el control de los cuerpos policiales bajo su jurisdicción.

Las acciones se producen entonces donde las autoridades municipales o estadales son aliadas de los grupos paramilitares y por tanto éstos no van a ser enfrentados por los cuerpos policiales que deberían preservar el orden público y la seguridad ciudadana.

En definitiva, estos grupos no solamente cuentan con el respaldo políticos de los gobernantes de derecha de estas entidades, sino con su complicidad.

Una guerra contra quién

Ante el panorama que pintan los medios de comunicación de una guerra civil fratricida, uno podría suponer que los bienes muebles o inmuebles afectados por las acciones bélicas serían en su mayoría destacamentos o vehículos policiales o militares. Sin embargo, esto no es así.

Como decíamos originalmente, se produjeron 81 acciones que los medios de comunicación social (de las más variadas vertientes de pensamiento) consideraron dignas de mención. En ellas se constató la afectación de 187 bienes muebles o inmuebles.

De estas 187 afectaciones, al menos 99 implican el intento de incendiar los bienes atacados (algunas imágenes publicadas en medios de comunicación podrían indicar una cifra mayor, sin embargo optamos por ser conservadores).

De estos bienes, solamente seis corresponden a organismos de seguridad ciudadana o defensa (verbigracia policías, guardia nacional y/o cualquier otro componente militar), lo que corresponde al 3,21% del total de las afectaciones.

El sector más afectado es el del transporte público, con cerca de 67 acciones (35,83%), destacándose el gran incendio que se ocasionó en los estacionamientos de la compañía de autobuses propiedad de la Gobernación del Estado Bolívar (Transbolívar) y que produjo la destrucción por las llamas de 53 unidades.

El segundo sector afectado es el comercial, con 59 locales saqueados en tres lugares específicos y en tres días precisos.

Estos fueron la noche del 12 de abril en la ciudad de Los Teques (municipio Guaicaipuro, capital del estado Miranda), donde fueron atacados 14 comercios. La misma noche otros 24 comercios fueron afectados en la ciudad de Guarenas (municipio Ambrosio Plaza, estado Miranda) y casi una semana después (la noche del 20 al 21 de abril), otros 17 comercios fueron afectados en el sector caraqueño de El Valle.

En estos tres casos fue evidente que se buscaba que los mayoritarios sectores populares que habitan esos tres municipios se sumaran a los saqueos protagonizaran una especie de reedición de la rebelión popular conocida como “El Caracazo” de febrero de 1989. Sin embargo, este objetivo fracasó y los fascistas se quedaron solos en sus acciones.

Le siguen a los comercios en grado de afectación diversas oficinas y sedes de organismos públicos (22 de ellas para un 11,76%), siete ataques a centros de salud (3,74%), cinco ataques a instituciones educativas y otros cinco a instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (2,67% cada una), tres ataques a espacios públicos (1,60%), dos ataques a transportes de combustible (1,07%), un ataque a obras de infraestructura, un ataque a una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y un ataque a una vivienda particular de una persona “acusado de ser chavista” (0,53% cada una de ellas).

Entre los ataques a instituciones educativas destacan ataques a dos jardines maternales y entre las agresiones a instituciones de salud es particularmente grave la que se produjo contra el Hospital Materno-Infantil de El Valle. En ambos casos, madres, niños y mujeres parturientas fueron retenidos contra su voluntad durante horas mientras las hordas fascistas atacaban estos espacios.

En resumen, en Venezuela no hay ninguna guerra civil, sino ataques terroristas fascistas en lugares muy focalizados contra el pueblo venezolano y los servicios públicos que le prestan servicio.

Ahora que lo sabemos, ¿seguiremos hablando de represión gubernamental y/o de guerra civil?


Tomado del Blog Caja de Respuestas

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