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En 2017 se han registrado 19 muertes de líderes campesinos

Asesinato de líder comunitaria indigna a defensores de DDHH

Colombia | 10 de febrero de 2017

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Una sociedad que permite el asesinato de sus líderes estará condenada a la involución social que conduce al despotismo, la barbarie y a la continuidad de los fenómenos cíclicos que no permiten superar sus propios conflictos y alcanzar la paz.

Hoy, con indignación y tristeza, continúa el conteo de los ríos de sangre por plan sistemático de muerte contra los líderes sociales y comunales y defensores de derechos humanos; mientras en Colombia se intenta abrir una nueva página distante de la guerra.

Cuando recién se rechazaban los asesinatos de Porfirio Jaramillo, Yeimer Cartagena, Edmiro Alzate y Alberto Suárez Osorio, un nuevo caso engrosa las infames cifras: el 7 de febrero, de manera atroz, cegaron la vida de la líder Luz Herminia Olarte. Su asesinato fue cometido con salvajismo total sin límites, con la firme intención de desaparecer su cuerpo, que ya sin aliento fue conducido a una fosa en donde la sepultaron a medias entre matorrales y ramas.

Luz Herminia era madre cabeza de familia con cuatro hijos. Con 51 años de edad, pertenecía a la Junta de Acción Comunal del Corregimiento El Llano de Ochalí, municipio Yarumal. Era una mujer humilde que se dedicaba a los suyos y a su comunidad.

Con el observatorio del nivel del riesgo a la labor de los defensores líderes en Antioquia, de la Fundación Sumapaz en asocio con la Corporación Jurídica Libertad para el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, se ha registrado que durante el 2015 en Colombia fueron asesinados 144 defensores, 12 de estos casos ocurrieron en Antioquia. En el 2016 la cifra alcanzó los 117 casos, 11 de ellos también en Antioquia. Es decir que en este departamento cada mes se lamenta, por lo menos, un asesinato de un defensor de derechos humanos.

En lo que va corrido del año 2017 se han registrado 19 asesinatos en Colombia, cada dos días están asesinando a por lo menos un líder. Se pasó de registrar tres asesinatos por mes a contar en el 2017 19 asesinatos por mes, lo que equivale a un aumento de más del 500%, porcentaje que se repite en Antioquia en donde se registran cinco asesinatos en tan solo 40 días:

José Yeimer Cartagena integrante del Movimiento Marcha Patriótica y de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas), reclamante de tierras y gestor de proyectos para las comunidades campesinas de Saiza, se perfilaba como posible candidato político para las próximas elecciones municipales, fue torturado y asesinado en Carepa el pasado 11 de enero por el grupo paramilitar denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia que hace una fuerte presencia en todo el Urabá.

Edmiro Alzate, perteneciente al Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (Movete), de 53 años de edad, comerciante y ganadero, padre de tres hijos y residente del municipio Sonsón. Líder que apoyaba a las comunidades y las iniciativas sociales. Trabajaba por la promoción de los derechos del campesinado y por la defensa del medio ambiente en oposición constante a los megaproyectos mineros-energéticos en el oriente antioqueño por sus efectos devastadores para el territorio. Fue encontrado vilmente asesinado en extrañas circunstancias el 14 de enero en zona rural de Sonsón.

Alberto Suárez Osorio, líder ambiental de la Fundación Colibrí que actúa en el suroeste antioqueño, región en donde se ejecutarán cuestionables megaproyectos mineros-energéticos, fue asesinado el 24 de enero en el municipio Jardín.

Porfirio Jaramillo, líder reclamante de tierras quien había manifestado amenazas contra vida, fue asesinado el pasado 28 de enero. Hacía parte de los líderes reclamantes de la finca Guacamayas del municipio Turbo, estos líderes reclamantes han sufrido varios ataques de sectores empresariales poderosos que tienen intereses en esas tierras. Porfirio ya había sufrido varios atentados y había solicitado esquema de protección ante la Unidad Nacional de Protección sin que tuviera respuestas para garantizar su vida.

Si bien el Gobierno y las instituciones estatales deben ser quienes brinden las garantías para los líderes sociales y en general para los ciudadanos, es preocupante el carácter de omisión por parte de éstas. A pesar de los recurrentes informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo que monitorean permanentemente la situación de riesgos, amenazas y vulneraciones, así como el control y avance de grupos paramilitares en zonas estratégicas de las subregiones en Antioquia; no existen medidas efectivas del Estado para repeler, reducir, desarticular o someter a estos grupos que no solo generan un riesgo contra los liderazgos, sino que también constituyen una amenaza hacia los avances de los procesos de paz en el país.

Se rechazan categóricamente los asesinatos y agresiones contra los líderes y se exigen reales garantías de no repetición y de seguridad, un fuerte pronunciamiento de rechazo contra estos homicidios y acciones contundentes de parte del presidente de la República Juan Manuel Santos y del gobernador de Antioquia Luis Pérez para darle solución efectiva a las situaciones de vulnerabilidad de defensores de derechos humanos.


Fuente: Agencia Prensa Rural

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