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Más de 20 días de protestas

Bolivia: lucha popular exige elecciones impostergables y demanda agenda para la crisis

Bolivia | 24 de agosto de 2020

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A inicios de agosto, dirigentes de movimientos sociales, políticos y campesinos en Bolivia participaron en una huelga general, liderada por la Central Obrera Boliviana (COB), en la cual exigían principalmente la realización impostergable de los comicios electorales, la renuncia inmediata del gobierno de facto de Jeanine Áñez y también demandaban las garantías de los derechos fundamentales del pueblo boliviano.

Aunque la Central Obrera Boliviana, y otras organizaciones, acordaron parar las protestas en este país suramericano, las comunidades urbanas y rurales se mantienen en vigilia para que las elecciones se lleven a cabo el próximo 18 de octubre de este año. Los bloqueos se levantaron pero actualmente se denuncia la persecución política que se ha incrementado contra integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la COB.

Para comprender un poco más sobre el motivo de este alzamiento y movilización popular, el equipo de Alba TV entrevistó a Vladimir Mendoza, militante del Partido Socialista Revolucionario, organización política que tiene influencia en sindicatos campesinos del Norte de Potosí.

Mendoza expuso que el factor principal de lucha es el movimiento campesino que movilizó los bloqueos de las carreteras y avanzó a los centros urbanos. “Se contabilizaron alrededor de 200 puntos de bloqueo en todo el país, lo cual expresa que hay una adhesión de los sectores más pobres de las y los trabajadores urbanos que se suman a la agenda del campesinado”, acotó.

El paro campesino en Bolivia que, entre otros puntos, se tradujo en bloqueos donde varias ciudades quedaron incomunicadas entre sí, demostró una vez más la dicotomía capitalista del campo-ciudad. “Se sintieron los rigores del bloqueo porque los productos agrícolas no están llegando a la ciudad, empieza a notarse desabastecimiento en los centros urbanos”, expresó Mandoza.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, aupado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, ha postergado tres veces las elecciones en este país hermano. El 6 de septiembre de 2020, fecha aprobada por la Asamblea Legislativa para la ejecución de los comicios, fue movida al 18 de octubre.

En este sentido, Mendoza dijo que “la demanda, con la que empiezan los bloqueos de trabajadores campesinos y urbanos, son las elecciones. El gobierno de Áñez ha ido pateando en el calendario la realización de las mismas pretextando el escenario de la pandemia”.

Esta situación ha despertado un fuerte descontento en los sectores de populares bolivianos. “Lo que comenzó como un golpe de Estado, básicamente termina desenmascarado. Porque pretextar la pandemia para no hacer las elecciones, y la pésima distribución de la política sanitaria, son suficientes argumentos como para dudar de que al gobierno de Áñez realmente le interesa la salud del pueblo boliviano”, recalcó.

También, Mendoza señaló que el discurso de las movilizaciones se radicalizó con la petición de la renuncia del gobierno golpista. “El pueblo salió a las calles porque siente la necesidad de expulsar del poder a sus enemigos históricos, a las fuerzas políticos y sociales de la oligarquía que han entrado al poder para golpear con mucha dureza a los trabajadores del campo y la ciudad”, aseguró.

Situación de los derechos humanos colectivos durante la pandemia

La crisis política, social y económica en Bolivia se ha develado durante la pandemia del Covid-19. “Están menudeando los despidos. Este gobierno golpista, de manera más escandalosa e irresponsable, ha clausurado la gestión escolar privando de ese derecho a más de 3 millones de niños, niñas y jóvenes”, relató Vladimir Mendoza.

En cuanto a la administración de la salud, indicó que no existen políticas sanitarias reales para afrontar la pandemia. “Se han hecho negocios y actos de corrupción obscenos en el momento de adquisición de respiradores y equipos e insumos médicos”.

“La situación laboral del personal de salud en Bolivia es deplorable, trabajan en condiciones pésimas. El nivel de contagio del personal de salud en hospitales es bastante alto. Los hospitales están colapsados. Se han recogido miles de cadáveres abandonados de las casas y calles porque la mayoría no tiene acceso a ese sistema de salud”, comentó Mendoza.

A su vez, Vladimir Mendoza, perteneciente al Partido Socialista Revolucionario, destacó que el gobierno de facto, sin tener política sanitaria sostenible, enfrenta la pandemia a partir de la militarización y amenazas, con las fuerzas represivas del Estado en las calles para, supuestamente, garantizar la cuarentena. “La gente boliviana ha respondido con responsabilidad a la cuarentena, pero esta medida no ha parado el nivel de contagios, ni la letalidad, que sobre todo Bolivia de los países de Suramérica con altos contagios letales”.

Inclusive, en reiteradas oportunidades el ministro de facto, Arturo Murillo, amenazó con aplicar la represión ejercida por los organismos de seguridad en contra de las legítimas manifestaciones populares.

Desafíos de las luchas populares y campesinas en Bolivia

Vladimir Mendoza mencionó que uno de los retos que enfrenta el movimiento campesino y popular es la discusión de una estrategia política para enfrentar la crisis política, social y económica. “Estamos básicamente en medio de un crisis del capitalismo mundial, y en Bolivia se está desenvolviendo esta crisis a favor de los ricos, para eso ha entrado Áñez, por lo que lxs trabajadores del campo y la ciudad debemos decidir cuál es la salida propia”.

“Vamos a pelear para que sean los ricos, los que siempre son beneficiados en época de bonanza, sean verdaderamente los que paguen los platos rotos de esta situación de desastre económico”, reflexionó.

Desde el Partido Socialista Revolucionario, “hemos planteado, en algunos núcleos y populares, la necesidad, que de una vez por todas, en Bolivia haya un sistema único de salud público, que incluya la nacionalización de los hospitales y clínicas privadas, los cuales en estos momentos de pandemia han estado haciendo negocios con la vida y la salud de la población. Es una primera demanda urgente para el pueblo boliviano”, refirió Mendoza.

Asimismo, explicó que los bancos, en medio de la crisis, ahogan a lxs trabajadores con el pago de los créditos y deudas. Por tal razón “planteamos que el sistema financiero debe ser controlado por el Estado así que debe haber un proceso de nacionalización de toda la banca para que la economía del país sea planificada a favor de los intereses populares”.

Por otro lado, Mendoza refirió que en la agenda popular boliviana conviene exigir el fomento de la agricultura campesina. “La canasta familiar de cualquier ciudadano boliviano en un 80% está abastecida por la pequeña y mediana producción campesina. El Estado tiene que fomentar esta producción para que los costos de la canasta sean más accesibles para la ciudadanía y por supuesto exista un proceso de estabilidad económica para la familia campesina”.


María Laura Cano/Alba TV

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