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Élites criminalizan la alternativa popular

Cambios al marco legal del acuerdo ponen en riesgo la paz en Colombia

Colombia | 2 de diciembre de 2017

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Foto: AFP.

El Acuerdo de Paz firmado hace un año entre la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano está en peligro.

La aprobación (el jueves) con modificaciones por parte del Congreso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), marco legal que regirá la forma cómo se juzgarán a los actores de este conflicto de más de medio siglo, genera fuerte rechazo entre defensores de derechos humanos y exmilitantes guerrilleros, debido a que viola el “espíritu y letra de lo convenido por las FARC y el Ejecutivo colombiano” hace un año, según Jairo Estrada, representante del Movimiento Voces por la Paz.

Iván Márquez, exguerrillero e integrante de la nueva fuerza política FARC, tras la aprobación con las modificaciones del Congreso criticó a través de su cuenta Twitter que “ahora la JEP aparece como una jurisdicción para las FARC, cuando debía ser un componente del Sistema Integral que tuviera en cuenta a todos los actores involucrados en el conflicto”.

De hecho, una semana antes de su aprobación, el líder del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), había denunciado en un acto para conmemorar el primer año de la firma de estos acuerdos, que “las modificaciones introducidas a las leyes en trámite, como la Jurisdicción Especial de Paz, burlan las expectativas e ilusiones de las comunidades que confiaron que el acuerdo transformaría sus vidas”.

“Presenciamos el más sorprendente espectáculo, el mismo Congreso que refrendó el Acuerdo Final parece empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas”, aseveró el presidente del partido FARC en Bogotá durante un acto al que también asistió el presidente del país, Juan Manuel Santos.

Asimismo, Londoño condenó cómo en pleno proceso de construcción de la paz en su país, hay cifras crecientes de exguerrilleros y familiares muertos y de líderes sociales asesinados.

Sobre los cambios en la JEP

Para Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, en la Jurisdicción Especial de Paz se han incluido modificaciones “que tienen como finalidad garantizar la impunidad de los que siempre han disfrutado de ella, que son los civiles que siempre han estado beneficiados del conflicto, como las empresas multinacionales dedicadas a grandes proyectos agroindustriales, y que solo se conozcan las responsabilidades derivadas de la guerrilla”.

Entrevistado por Publico.es Santiago agregó que “el acuerdo era para resolver la responsabilidad de todos los actores del conflicto”, al tiempo que subrayó que el grupo guerrillero ha sido “el único actor del conflicto que el Estado se ha encargado de perseguir”.

Sobre la situación de los guerrilleros, Santiago indicó que “antes de finalizar la dejación de armas tenían que haber sido excarcelados todos “y, al día de hoy, quedan 1.000 guerrilleros presos”.

Alertó Santiago que aunque las FARC no van a volver a alzarse en armas porque han cumplido sus obligaciones estrictamente, han desactivado todas sus estructuras y han entregado hasta la última arma a la Organización de las Naciones Unidas, el incumplimiento sistemático del Estado va a estimular mayores disidencias.

“En estas últimas semanas estamos asistiendo a la detención indiscriminada de exmiembros de las FARC con el argumento de que, a pesar de que han sido amnistiados, todavía no se han incluido en las bases de datos de la justicia y de la Policía las órdenes de amnistía. Ese no es un mensaje muy constructivo para aquellos que acaban de dejar las armas”, denunció.

Una de las modificaciones a la ley criticada y aprobada esta semana por el Congreso la hizo el Senado al prohibir que juristas que hayan defendido a las víctimas o al Estado, en tribunales nacionales o internacionales por hechos ocurridos durante el conflicto armado en los últimos cinco años, puedan ser magistrados del Tribunal de Paz y de las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial de Paz.

La decisión causó malestar entre colectivos de abogados, constitucionalistas e incluso en grupos que representan a los afectados por el conflicto armado, quienes la consideran anticonstitucional e incluso discriminatoria.

“Entre los requisitos para hacer parte de la Justicia Especial de Paz era tener labor en derechos humanos y entonces por qué ahora se va a señalar como inhabilidad. La voz de los defensores de los derechos humanos siempre han tenido un apoyo importante en el plano internacional”, planteó Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Desde que la Corte le dio habilidades al Congreso para modificar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, han sido varios los intentos (unos aprobados, otros no) de hacer cambios que, igual como pasó con el requisito para la elección de los magistrado, han generado polémica.

Una de esas propuestas que no pasó consistía en que quienes se encuentran condenados por la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo los parapolíticos, pudieran acogerse a la Justicia Especial de Paz y obtener todos los beneficios que esta justicia ofrece, incluida la participación política.

“enorme reto”

En tanto, el jefe de Estado Mayor del componente de observadores de la Organización de Naciones Unidas, Fernando Fleitas, entrevistado por Sputnik, planteó que el proceso de paz en Colombia afronta “enormes retos”.

“La Misión de las Naciones Unidas en Colombia ha alcanzado hasta el momento logros incuestionables, los combatientes han dejado las armas y se desmovilizaron y hoy la FARC es un partido político, pero el proceso enfrenta enormes retos y requieren de la comunidad internacional y especialmente de los países latinoamericanos un esfuerzo adicional”, indicó Fleitas, quien también fue coordinador de las operaciones del mecanismo tripartito y del proceso de dejación de armas.

Fleitas agregó que la consolidación de la paz “exige dar garantías efectivas de seguridad física y jurídica a los excombatientes, asegurar la reintegración socio económica y participación política de estos, si no se consigue esto nuestro esfuerzo habrá sido en vano”.

Revisión periódica

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño, revisaron la semana pasada en reunión privada el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Durante cuatro horas Santos y Londoño dialogaron sobre lo que ha pasado en estos primeros 12 meses desde que se firmó el acuerdo, acordando realizar encuentros periódicos para dar seguimiento a lo pactado en La Habana.

Londoño indicó que en la reunión se aclararon dudas existentes sobre el proceso de implementación de los acuerdos.

Primer año de la paz en Colombia en cifras

23 guerrilleros y 11 familiares de integrantes de la ex Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia han sido asesinados desde que se firmó la paz, según el grupo Paz y Reconciliación. Las pistas apuntan a venganzas y a grupos armados que intentan reclutar a los desmovilizados. Desde 2016 también se han registrado 200 homicidios de líderes sociales y de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo.

79 por ciento se redujo el número de desplazados. Según la Unidad para las Víctimas, en 2012 se reportaron 233.874 desplazados, y este año 48.335.

9 por ciento de los combatientes del exgrupo guerrillero Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia –unos 1.000 hombres y mujeres– siguen combatiendo según la ONG International Crisis Group, experta en el conflicto.

55 por ciento de los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano como parte del acuerdo, que además del desarme guerrillero incluye reformas rurales y políticas, y reparación y justicia para las víctimas, no han salido del papel, según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que da seguimiento a la implementación de los pactos.


Tomado de: Ciudad Ccs

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