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Campaña "Libertad para el Catatumbo, no más montajes judiciales"

Colombia | 19 de abril de 2010

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Colombia continúa enfrentando un conflicto social, político y armado que ha acompañado la historia del país, el cual ha tenido como una de sus principales causas la lucha por la defensa del derecho a la tierra y al territorio de campesinos e indígenas. Se ha lesionado gravemente los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, han violentado sus derechos al territorio, la autonomía, a la participación y a la identidad étnica y cultural, poniendo incluso en riesgo la vida del Planeta, porque afectan las fuentes de vida natural, como causa del proyecto político y económico que ha tenido vigencia en el país, que se sustenta en el desarrollo de una industria extractiva de los recursos naturales, el desarrollo de megaproyectos y los planes de desarrollo agroindustrial.

Norte de Santander como departamento, y la región del Catatumbo, cuentan con gran riqueza mineral, además de contar con una biodiversidad, pero sus habitantes, viven en condiciones de miseria y pobreza, han sufrido un abandono estatal, no cuentan con acceso a los servicios básicos y la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales es bastante limitado, Además de que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos (masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, y ejecuciones extrajudiciales) y han sufrido diferentes dinámicas de violencia como son: la ocupación y expropiación de tierras de manera violenta, también en una zona de presencia de grupos armados al margen de la ley, y donde el conflicto armado también a afectado los derechos de la población civil.

Sumado a todo lo anterior, también han sido víctimas de políticas del Gobierno que han tenido un negativo impacto en la situación de los derechos humanos, como las fumigaciones con glifosato, donde los cultivos de pancoger, la salud y la biodiversidad se han afectado; también la política de "seguridad democrática" y el afán por demostrar que se libra una lucha contra el narcotráfico y el terrorismo han hecho que se implementen programas como la red de informantes, el programa de reinserción y el programa de desmovilización, que han afectado, como en innumerables ocasiones se ha denunciado y probado, los montajes judiciales, que han sido una forma de persecución judicial contra las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Análisis del problema

Durante el año 2009 y en lo que va corrido del año 2010 hemos registrado múltiples ataques a la vida y la integridad de los campesinos en la región. Algunos de estos casos son:

Luz Marina Rodríguez Casadiego, de 46 años de edad, fue asesinada el 14 de junio de 2009, a 20 minutos del corregimiento de La Cooperativa, del municipio de Convención (Norte de Santander). Ella era la promotora de salud de la vereda Caño Escondido. “Ese día salieron tres hombres vestidos de ropa oscura. Ella iba en la mula, el esposo ya había pasado y ella iba con un niño que iba caminando. Le salió uno, le pregunto que si ella era la esposa de Elías Remolina. Ella dijo que sí. Le dispararon dos veces en la cabeza y luego salieron a correr”, denunciaron los habitantes de la vereda.

El 7 de agosto de 2009, la comunidad de la vereda El Suspiro encontró al vicepresidente de su junta de acción comunal, Raúl Navarro, asesinado y con severos signos de tortura. El cuerpo de Navarro fue hallado amarrado, con un disparo en la cabeza y heridas de arma blanca en el estómago y en la pierna derecha. En esta zona hacía presencia el Ejército Nacional, Batallón Contraguerrilla Héroes de Saraguro No. 46. “Como presuntos responsables denunciamos al Ejército ya que ellos se encontraban en la zona en el momento de los hechos”, señala la comunidad.

Peor suerte corrió Freddy González García, de 33 años, fiscal de la Asociación de Juntas de cuatro veredas, quien desapareció el 17 de septiembre y tres días después la comunidad lo encontró torturado y asesinado en la vereda Puerto Barranca.

También registramos hechos de hostigamiento, persecución e intimidación dirigidos a la población campesina y particularmente a los líderes de Ascamcat:

El día 5 de octubre de 2009 dos personas desconocidas, presuntamente pertenecientes a grupos al margen de la ley que operan en la región, irrumpieron la paz en el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, y comenzaron a disparar. En el tiroteo murieron los jóvenes Léider Antonio Hernández Velásquez y Ánderson Camargo Ramírez.

El domingo 27 de septiembre, al mando del teniente Torres y los cabos Granados y Gómez, entraron al Campamento Refugio Humanitario unos 50 militares del Batallón de Infantería No. 13 "General Custodio García Rovira", perteneciente a la 30a. Brigada del Ejército Nacional. Al igual que el 18 de julio, cuando tropas militares ingresaron al Campamento Refugio Humanitario, algunos uniformados se cubrieron el rostro ante los campesinos, y se negaron a identificar a su mando. Finalmente, el teniente Torres se presentó, asumió su responsabilidad, y señaló que hacía presencia allí porque con la visita del gobernador el 29 de agosto "se había dado permiso de pasar por ahí", lo cual no es cierto.

El teniente Torres alegó también que se había metido por "la maraña" (selva) y no por los caminos donde está bien señalizada la prohibición del tránsito de personal armado por el Campamento Humanitario. Del suceso hay registro audiovisual en poder de la comunidad, que de igual manera fue filmada por los soldados.

Igualmente, Ascamcat denunció que el 16 de noviembre ingresaron arbitrariamente al Refugio Humanitario tropas de la Brigada Móvil No. 5 y Batallón No. 45. Los militares no quisieron identificarse ante los voluntarios acompañantes del Observatorio Internacional de Paz (IPO) y los líderes campesinos, quienes reclamaban la identificación de los mandos a cargo de los militares. La respuesta fueron insultos hacia la comunidad.

Posteriormente, el 17 de diciembre, los líderes de Ascamcat que se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta fueron abordados por parte de miembros de la Policía Nacional y retenidos por espacio de una hora.

En hechos más recientes, el 19 de enero de este año, durante el desarrollo de la mesa de interlocución y acuerdo realizada en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, ingresaron dos miembros de la Policía Nacional haciéndose pasar por periodistas independientes. Estas dos personas fueron identificadas por la comunidad, quienes hablaron con ellos y aceptaron que hacían parte a este organismo. Los policías se identificaron como Ánderson Anteliz y John Alexánder Freddy Padilla. Ante esta irregular situación la Ascamcat solicitó a la Policía Nacional los nombres verdaderos de estos dos agentes.

La persecución judicial

Continuando con la persecución, el pasado 3 de noviembre de 2009 fueron capturadas 12 personas en la vereda El Suspiro, municipio de Teorama, quienes fueron trasladados hacia la ciudad de Cúcuta. La mayoría de los detenidos fueron dejados en libertad una semana después.

Desde el 6 de febrero de 2010 fueron detenidos 18 campesinos representantes de juntas comunales y reconocidos por su comprometido trabajo comunitario, en el marco de una investigación por los supuestos delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir, siendo el hecho más reciente conocido por la Asociación la captura el 21 de febrero de 2010 de Eneil Pérez Calderón en el municipio de Teorama, habitante de la vereda El Porvenir del municipio de Tarra, en operativos realizados por miembros del Ejército Nacional en compañía de varias "reinsertados" [presuntos desertores de la guerrilla], el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial (Sijín) en los corregimientos de San Juancito, San Pablo y Aserrío del municipio de Teorama y corregimiento de La Trinidad del municipio de Convención.

El 7 de febrero de 2010 fue capturado en la vereda La Cecilia el tesorero de la junta de acción comunal, Diosemel Galvis Vergel. También fueron detenidos los campesinos Saúl Carrascal y Néider Carrascal de la vereda Piedras de Moler del corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama. El 12 de febrero fue capturado el campesino Félix Antonio Lobo Quintero del municipio de Convención.

Igualmente, fue expedida una orden de captura contra el presidente y representante legal de Ascamcat, José del Carmen Abril Abril, y contra Jhonny Feldred Abril Salcedo, quien ha estado coordinando el Refugio Humanitario. Ambos son personas ampliamente reconocidas en la región por su labor a favor de la comunidad y el trabajo que desarrollan en Ascamcat.

Consideramos esto como un claro ataque a la organización en reacción por las denuncias, informes, la conformación del Refugio Humanitario y todas las exigencias que hemos realizado en el marco de la mesa de interlocución y acuerdo, donde participan autoridades e instituciones nacionales, regionales y locales; y la oposición que realizamos frente a las políticas del Estado que pretenden reducir los derechos de la población campesina del Catatumbo, soñando porque se mantenga y se realice el estado social de derecho que este consignado en la Constitución Política y porque se respeten las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, para que no se afecte a nosotros la población civil.

Justificación

Por todo este panorama de persecución y agresión contra los campesinos del Catatumbo y contra los directivos de Ascamcat, organización que no ha hecho otra cosa que actuar de manera legal y legitima, en la defensa de los derechos humanos de los campesinos, consideramos que este es un caso más en que la administración de justicia se presta para hacer un montaje judicial contra humildes campesinos y contra reconocidos defensores de los derechos humanos.

Teniendo en cuenta que el mismo Gobierno Nacional se ha comprometido públicamente ante instancias nacionales e internacionales y en repetidas ocasiones a tener una determinación total para “mantener la plenitud de las garantías a los defensores de los derechos humanos y de seguir avanzando para que desarrollen sus tareas en un ambiente de seguridad y libres de amenazas”, como lo manifestó el embajador de Colombia en Bélgica, Carlos Holmes Trujillo, en octubre de 2009 ante varias organizaciones de derechos humanos.

En 2004, la Sra. Hina Jilani dijo que la situación de los defensores de derechos humanos se había agravado desde su primera visita en el año 2001, ya en su informe de 2002 expresó que “ve con profunda preocupación el ambiente de inseguridad en el cual los defensores de derechos humanos desempeñan su trabajo”, y también dijo “ve con preocupación algunos de los métodos empleados por la Policía y el Ejército en contra de los defensores de los derechos humanos, particularmente por los archivos de inteligencia que mantienen esas fuerzas, los cuales contienen información falsa de dichos defensores y por la interceptación de las líneas telefónicas de las organizaciones no gubernamentales”.

Algunos de los principales patrones de violaciones actuales en contra de los defensores de derechos humanos con algunos ejemplos concretos en los últimos meses:

1. Seguimientos e interceptaciones ilegales telefónicas y de correos electrónicos.

2. Confección y Almacenamiento ilegal de informes de inteligencia militar contra defensores de derechos humanos.

3. Apertura de investigaciones judiciales con base en informes de inteligencia por parte de fiscales destacados ante guarniciones militares: Que es la situación que da origen en el proceso penal que se adelanta contra los campesinos en el Catatumbo (basados en informes de inteligencia elaborados por el Ejército), con el agravante en este caso que la Fiscalía 29 EDA Catatumbo que adelanta esta investigación se encuentra dentro de una Brigada Militar, la misma que fue responsable de los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Y de esta manera, se utilizan versiones de supuestos desmovilizados obtenidos al interior del Ejército.

Objetivos

1. Brindar respaldo, solidaridad y acompañamiento político a las comunidades campesinas del Catatumbo y a Ascamcat.

2. Procurar que se respete, dignifique y reconozca el legítimo y legal trabajo que viene adelantando Ascamcat en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

3. Visibilizar y sensibilizar a la comunidad nacional e internacional sobre el valioso y valiente trabajo que adelantan hombres y mujeres defensores de derechos humanos en el Catatumbo, y las agresiones y persecuciones que por este trabajo han tenido que soportar.

4. Garantizar una defensa técnica y material a los hombre y mujeres que injustamente han sido judicializados, para que recobren prontamente su libertad, y les sean respetados los derechos a una vida digna, a su buen nombre, honra e integridad personal.

5. Evidenciar los abusos y arbitrariedades que se han cometido por parte de los organismos de seguridad, inteligencia, y la administración de justicia, en estos procesos de persecución política y judicial.

6. Promover la solidaridad nacional e internacional hacia el trabajo de Ascamcat, y el rechazo a las prácticas del estado colombiano de persecución, agresión, estigmatización y señalamiento y otras contra los defensores de derechos humanos.

Somos defensores de derechos humanos, no terroristas.

Fuente: Asociación Campesina del Catatumbo

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