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Jesús León y Guillermo Toledo fueron asesinados

Campesinos del predio Palo Quemao habían denunciado la presencia de paramilitares

Venezuela | 13 de mayo de 2018

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“Hay un conjunto de personas fuertemente armadas dentro del predio, que presuntamente realizan labores de seguridad. Nosotros denunciamos y hacemos conocimiento de la opinión pública que se encuentran allí, y que nuestras vidas pudieran estar corriendo peligros”, alertaban hace un par de semanas los voceros del consejo comunal “Robert Serra” del predio Hato Quemao (municipio Arismendi, Barinas). “Lo hemos denunciado ante diferentes instancias pero sin resultados”, acotaban.

Anteayer, dos miembros de la comunidad, Jesús León y Guillermo Toledo, fueron secuestrados por un grupo paramilitar. La mañana siguiente fueron encontrados muertos en la carretera vía Las Calenturas, con disparos en la cabeza y en el pecho.

Según relatan los testimonios de la comunidad, el viernes en la tarde habría llegado al campamento campesino un grupo de personas con armamentos de guerra y un listado de nombres y fotos de miembros de la comunidad. “Ahí agarraron a uno de los compañeros, lo esposaron y lo metieron en la camioneta. Al segundo lo agarraron en el camino”. Otro grupo, armado con escopetas, también habría estado participando en la persecución de los demás campesinos que figuraban en la lista.

El consejo comunal “Robert Serra” integra a 56 familias que desde hace cinco años vienen activando un proceso de rescate de tierras ociosas en el Hato Palo Quemao, latifundio de por lo menos 4800 hectáreas.

En ese mismo predio, el Instituto Nacional de Tierras (INTi) en marzo de 2017 cerró un procedimiento de rescate parcial: unas 336 hectáreas que fueron adjudicadas a 7 organizaciones campesinas. Sin embargo, ese proceso de regularización de las tierras no incluyó a las que venía trabajando este consejo comunal.

En ellas, la comunidad tenía una producción de 200 hectáreas de diferentes rubros - plátano, frijol, caraotas, maíz, auyama y yuca – hasta el 23 de noviembre de 2017, cuando fueron desalojados de manera irregular y violenta. Ese día, nueve miembros de la comunidad fueron arrestados y luego procesados “por alteración del orden público y estado de embriaguez”, quedando aún en régimen de presentación.

El desalojo fue perpetrado por una comisión mixta de efectivos de la policía del Estado Barinas y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Municipio Arismendi, quienes, según reportó la comunidad, sin mostrar una orden de desalojo y sin dar explicaciones. “Entraron a nuestras viviendas derrumbándolas y destruyéndolas, quemando nuestras pertenencias y enseres, los motores para el trabajo agrícola y las motos”.

Ese mismo día, integrantes de la comunidad sostienen haber recibido amenazas de muerte por parte del supuesto dueño de las tierras, Carlos Eduardo Pardi Moncada, representante de la firma mercantil Agropecuaria Mañongo C.A., a quien ahora responsabilizan por el asesinato de los dos compañeros.

La muerte de Jesús León y Guillermo Toledo se suma a los más de 300 campesinos venezolanos asesinados en la lucha por el derecho a la tierra. La mayoría de los casos ocurrió en los primeros años de vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001) a la cual la oligarquía criolla respondió con la violencia, promoviendo el sicariato y el uso de cuerpos paramilitares para amenazar, desplazar y asesinar a campesinos.

En el último año y medio se ha asistido a un repunte de esa violencia, caracterizada por una ola de desalojos a través de paramilitares pero también a través de cuerpos de seguridad tanto estatales como locales. Su gravedad ha requerido la intervención del presidente Nicolás Maduro, quien el pasado 9 de abril se ha pronunciado de manera firme en respaldo de campesinas y campesinos, ha puesto un alto a la ola de desalojos y ha ordenado una investigación profunda de los hechos por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. El caso del rescate Palo Quemao es uno de ellos.


IA/AlbaTV/2018

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