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Al mejor estilo de las dictaduras, 40 legisladores votaron una ley sobre delitos informáticos, firmada el martes anterior por la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, que puede llevar a la cárcel a cualquier ciudadano o comunicador de cuatro a ocho años por revelar “información política secreta”.

Las protestas de los comunicadores, blogueros y ciudadanos no han esperado, y este jueves aumentó la molestia ya que se considera violatorio a pactos internacionales sobre derechos fundamentales, como la Carta Interamericana de Derechos Humanos (Art. XIII), o la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. XIX).

Además, en la nueva legislación se establece la frase “Información Política Secreta”, que no está definida en el Código Penal, ni en su actual reforma.

A raíz de la firma de la nueva Ley, las protestas, a través de medios de comunicación y redes sociales han aumentado, y por ello Casa Presidencial anunció que revisará dicha Ley, a pesar de que fue firmada y está en trámite para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

La aprobación de la Ley y su rápida firma por parte de la mandataria, se registra en momentos en que recrudecen las denuncias por daños ambientales y corrupción en la construcción de la Ruta 1856, paralela al río San Juan, que fue declarada “Secreto de Estado”.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), anunció que solicitó la intervención de la Defensoría de los Habitantes con un recurso de amparo contra dicha reforma ante la Sala Constitucional.

El presidente del IPLEX, Alejandro Delgado Faith, informó que ante la reciente sanción de la ley que reforma los artículos 167, 196, 196 bis, 214, 217 bis, 229 bis y 288 del Código Penal, para regular los delitos informáticos, la entidad que representa “se permite externar su preocupación por la amenaza a la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública que contienen algunos artículos del texto, concretamente el numeral 288”.

“La Constitución no hace referencia al término incluido en la ley y al establecer un concepto tan amplio se abarca una gran cantidad de información con lo que se violenta el derecho el precepto constitucional”, indicó.

Aseveró que “esta norma se constituirá en motivo de auto censura para los periodistas, quienes, ante el temor de eventuales denuncias o condenas penales preferirán el silencio”.

“Ante lo anterior es que, respetuosamente le solicitamos, al amparo de la facultad que le otorga a la Defensoría el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, interponer una acción de inconstitucionalidad antes de que a algún periodistas o cualquier ciudadano se le acuse al amparo de ese delito”, solicitó el IPLEX a la Defensoría.

Además, anunció que “el IPLEX se compromete a acompañarle en esta gestión, todo en defensa del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública”.

Fuente: El País http://elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/69856