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A cinco años de su asesinato

Caso Sabino: aún queda pendiente el juicio a los autores intelectuales

Venezuela | 3 de marzo de 2018

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Figura emblemática y combativa del proceso de rescate de las tierras indígenas, el cacique Sabino Romero Izarra fue asesinado el 3 de marzo de 2013, vía el Tokuko, en el estado Zulia, mientras se dirigía a una asamblea. Pertenecía al pueblo Yukpa, cuyas tierras, ya reducidas a partir de la colonización europea, entre 1920 y 1970 fueron entregadas por los gobiernos nacionales a familias pudientes, para la instalación de haciendas ganaderas. La creación de esos latifundios causó el desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas desde las tierras planas hacia el piedemonte y las montañas de la Sierra de Perijá, originándose así su lucha por la recuperación del territorio.

La reivindicación del pueblo Yukpa sobre sus tierras se fortalece cuando la Revolución Bolivariana, desde el proceso Constituyente de 1999, asume llevar adelante el complejo proceso de demarcación de las tierras ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas, con la intención de saldar una deuda histórica de justicia social. Las comunidades yukpa de la cuenca del río Yaza, donde Sabino es cacique, marcan la batuta y a partir del año 2001 adelantan un proceso de autodemarcación, ocupación y rescate de sus tierras.

El conflicto se vuelve más intenso: hay una cantidad muy grande de haciendas que se han instalado en esa zona, desplazando a las comunidades indígenas. Aunque muchas de esas fincas a finales de siglo se encuentren en estado de abandono o presenten un uso indebido de las tierras, el poder y la influencia ejercida por las familias de terratenientes dificulta el rescate por los yukpa. Además, los terratenientes agrupados en la asociación Ganaderos de Machiques (GADEMA) responden con la violencia, el sicariato, la criminalización de la lucha indígena, en complicidad con las autoridades locales, en especial modo la Fiscalía 20 de Machiques.

Las dificultades del inédito proceso de demarcación, las demoras por parte del Estado en el pago de las bienhechurias de las tierras rescatadas y el complejo contexto de la zona fronteriza agravan aún más la situación de tensión. Sabino es la figura más simbólica, conocida y expuesta de esta lucha, y su asesinado en 2013 es la propia muerte anunciada.

Por la muerte de Sabino han sido llevados a juicios los autores materiales: funcionarios corruptos de cuerpos de seguridad del Estado identificados también como sicarios y guardaespaldas de ricos ganaderos pertenecientes a GADEMA.

Una primera parte del juicio involucra a cinco funcionarios policiales del Municipio de Machiques (Rigoberto Socorro, Jhon Petit, Eusquides Derizan, Delvis Cárdenas y Giovanny Delgado), quienes en 2014 son condenados a 6 años de prisión por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, asociación para delinquir y lesiones personales y daño contra Lucía Martínez, pareja de Sabino, herida en el hecho.

Luego, en una segunda parte del juicio, en 2015, se condena también a Ángel Romero Bracho, alias “el Manguera”, operador del Grupo Anti Extorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Romero Bracho fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de sicariato y asociación para delinquir.

En el expediente del juicio para el asesinato de Sabino, también son señalados terratenientes de GADEMA como los autores intelectuales del asesinato. Para ellos se pauta una tercera parte del juicio, prevista para finales de 2015. Sin embargo, en junio de 2016 el Ministerio Público cierra el caso del asesinato de Sabino, sin haberlos llevado a juicio y perpetuando su impunidad. Por otro lado, también ha sido solicitada una revisión de la sentencia a los cinco polimachiques, sin tener resultados.

Con respecto al proceso de demarcación de las tierras indígenas, pocos meses después del asesinato de Sabino, el Gobierno Bolivariano (en la entonces reciente gestión del Presidente Nicolás Maduro) reanuda el proceso de adquisición de las tierras solicitadas. Éste finaliza el 25 de septiembre de 2015, con la entrega de los títulos de 38 haciendas como propiedades colectivas. Pero algunas de las tierras solicitadas por los indígenas para su rescate han quedado por fuera y sigue la violencia de los ganaderos hacia las comunidades yukpa aledañas a las tierras ocupadas.

Además de Sabino, entre 2008 y 2014 nueve integrantes más de las comunidades Yukpa han sido asesinados en el marco del proceso de rescate de las tierras. El último de ellos, en junio de 2014, es Cristóbal Fernández, menor de edad, hijo de la luchadora Carmen Anita Fernández: estarían involucrados en su asesinato efectivos de la GNB del puesto fronterizo del Tukuko. Cristóbal era uno de los más importantes testigos del asesinato de Sabino.

El tráfico de influencia de los ganaderos estaría en la base de la impunidad que caracteriza todos estos asesinatos. En junio de 2015 un pequeño equipo de fiscales comenzó a recoger los expedientes dispersos con la intención de hacer justicia, sin embargo, uno de ellos fue removido de su cargo y el trabajo quedó paralizado. Se espera que la nueva gestión del Ministerio Público, a cargo del Fiscal General de la República, Tareck William Saab, pueda hacer justicia.

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