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Por Ricardo Vaz

¡Chávez Vive! ¡La Marcha Sigue!

Venezuela | 5 de agosto de 2019

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Por Ricardo Vaz

La Marcha Campesina Admirable irrumpió en el escenario político venezolano en julio y agosto de 2018, poniendo sobre el tapete el tema de las injusticias en el campo. Tras un año de promesas incumplidas, la lucha campesina resurge como dinamizadora de las luchas populares, sumando fuerzas junto a otros movimientos populares para defender el legado de Chávez.

* * *

El 1 de agosto de 2018 la Marcha Campesina Admirable llegó a Caracas. Tras 20 días y más de 400 kilómetros “a pata” para visibilizar las injusticias en el campo venezolano y exigir un encuentro con el Presidente Maduro, les esperaba un cordón policial en la Avenida Urdaneta.

Resuelta la tensión, tuvo lugar una emotiva cadena presidencial el 2 de agosto donde Maduro declaró su apoyo a la causa campesina y ordenó que se atendieran los problemas que enfrenta el pueblo en el campo: acceso a la tierra, acceso a semillas e insumos para la siembra, fin a los despojos de tierras y al sicariato, justicia para las víctimas, restructuración del Ministerio de Agricultura y Tierras y todos sus entes, revisión de los tribunales agrarios y la declaración de un “estado de emergencia” agrario, entre otros.

Tras el encuentro se conformaron mesas de trabajo junto con la vicepresidencia y la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, las mesas rápidamente se convirtieron en un obstáculo, y la falta de respuestas llegó incluso a motivar una huelga de hambre en protesta. Un año después de la marcha, las tragedias se siguen multiplicando en el campo venezolano y los avances en los temas planteados a las instituciones han sido mínimos o nulos. Así hace un mes la Plataforma de Lucha Campesina, una de las organizaciones que viene impulsando la lucha en el campo, organizó el regreso de decenas de campesinos a Caracas para montar una vigilia en el Instituto Nacional de Tierras (INTI).

La vigilia y una manifestación ante el Ministerio de Agricultura realizada el 11 de julio obligaron al ministro Wilmar Castro Soteldo y al responsables del INTI a reunirse con los campesinos. Esas reuniones se tradujeron en la entrega de algunos títulos de tierra y la promesa de cumplir algunas de las demandas de los campesinos. No obstante, los problemas estructurales persisten, los intereses de viejos y nuevos terratenientes siguen intactos, y la ofensiva en el campo va en aumento, a menudo en complicidad o con apoyo explícito de las instituciones.

El tema de sicariato y de la impunidad quedó en evidencia días después de la reunión con Maduro a inicios de agosto de 2019, con el asesinato de Kender Márquez, de 16 años, en Barinas. A él le seguirán casos como el de Orlando Reyes Parra (Barinas), Luis Fajardo (Mérida), José de la Cruz (Zulia), hasta llegar a la masacre de Ticoporo (Barinas) que dejó sin vida a seis militantes de la CRBZ hace apenas una semana. En total son 23 víctimas de la violencia terrateniente en el último año, siete de ellos participantes de la marcha, y ya más de 300 desde la promulgación de la Ley de Tierras en 2001.

Un elemento transversal a todos estos casos es la impunidad en la que han quedado los crímenes, con excepciones muy contadas (caso del mandato de captura del terrateniente Ricardo Mora, autor intelectual del asesinato de Reyes Parra, que no ha sido extraditado por el gobierno colombiano). Trágicamente, a los clamores de justicia del pueblo campesino, oídos sordos desde el Estado venezolano.

La impunidad alrededor de los casos de sicariato no es circunstancial sino un reflejo de una política de sectores importantes del Estado que es connivente y en algunos casos aliada de la contraofensiva latifundista que viene avanzando sobre terreno fértil. En territorios disputados, como en Sur del Lago, son frecuentes los ataques de grupos armados al servicio de terratenientes para amenazar y amedrentar a los campesinos.

A esto toca añadir los casos donde las amenazas y despojos están a cargo de las propias fuerzas de seguridad del Estado. De igual modo, instituciones y jueces agrarios se prestan una y otra vez para defender los intereses de los terratenientes, con órdenes de despojo que van en contra de la ley y procesos de judicialización como método para detener la lucha campesina. Hoy día son varios cientos los campesinos que están en régimen de presentación, y este fenómeno reciente no es accidental.

En lo que respecta al acceso a la tierra, las instrucciones del Presidente Maduro en la cadena del 2 de agosto siguen por cumplirse, con apenas algunos casos mediáticos y otras tantas promesas incumplidas. Tan solo la Plataforma de Lucha Campesina tiene en este momento 111 casos sobre la mesa, y en 93 de ellos los títulos de tierra siguen sin decisión por parte del INTI. Algunos casos caen en algo a que los campesinos se refieren como un “entramado político”, en el sentido que la disputa por la tierra toca intereses de gobernadores, alcaldes, o gente cercana al poder local. Ejemplos de esto serían Los Tramojos (Guárico), La Victoria (Zulia) y Agrícola Yaracuy (Yaracuy).

El ejemplo reciente del Hato Los Tramojos es emblemático. Con un área de 4800 hectáreas, las tierras fueron entregadas a los campesinos por Chávez en 2010. Luego de más de seis años produciendo, les arrebataron las tierras y las entregaron a un terrateniente. Durante dos años los campesinos reclamaron su derecho a las tierras por los canales legales, sin éxito, hasta que decidieron simplemente rescatarlas en el pasado mes de mayo. El intento terminó en represión, y esa fue la gota de agua que motivó los campesinos a regresar a Caracas.

En lo que respecta al Plan de Siembra y el apoyo del Estado a la producción campesina, los datos son poco alentadores y los campesinos alertan que el riesgo de un desabastecimiento todavía más grave es real. Según la Plataforma de Lucha Campesina se ha perdido más de un ciclo de siembra. En 2018 se presentó un plan para sembrar 45 mil hectáreas de leguminosas que no recibió ningún apoyo del Estado. Para este año se presentó un plan de siembra de 37 mil hectáreas, de las cuales 12 mil fueron aprobadas. Sin embargo, solo se recibieron semillas para 5000 hectáreas, e insumos apenas para 1750 hectáreas. Esta realidad se extiende comunas agrarias y miles de pequeños productores, que sin embargo producen el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en Venezuela.

Esto sucede mientras las políticas agrarias se vanaglorian de un “apoyo irrestricto y permanente” a los grandes actores privados, nuevos y viejos latifundistas o empresarios agroindustriales, sea en la asignación de tierras o en el acceso a semillas e insumos. Esta orientación permea el discurso oficial por doquier, con una línea en la que ni siquiera se plantea el fortalecimiento de los CLAP o de las “Ferias del Campo Soberano” o el “Plan de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica” sin ser a través de una mayor participación de los empresarios privados, con todo lo que eso implica.

Los constantes atropellos y ataques no se han topado con una respuesta pasiva por parte de los movimientos campesinos. Entre denuncias, protestas y marchas, hasta la toma (simbólica) del INTI en Barinas primero, y ahora en Caracas, el pueblo campesino sigue en pie de lucha y en defensa del legado del Comandante Chávez.

Tal y como sucedió con la Marcha Admirable el año pasado, la lucha campesina vuelve a sacudir al chavismo y visibilizar sus contradicciones y disputas (de clase) en sus expresiones más crudas y violentas. El momento actual es de desinfle progresivo del golpe imperialista, y en paralelo se abre nuevamente una ventana para luchar por la hegemonía del chavismo, en el discurso y la práctica.

En ese contexto, el movimiento campesino, con sus banderas, opera como motor de la lucha, sumando fuerzas y articulando con los movimientos populares urbanos. El reto es acumular fuerza y agregar los diferentes frentes de batalla, laborales, comuneros, campesinos, feministas, para volver a dibujar el horizonte socialista de Chávez.

Un agradecimiento a Andrés Alayo, Cira Pascual Marquina y Gerardo Rojas por sus aportes y sugerencias.

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