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¿Cómo superar la guerra económica?

Develando las claves de la guerra económica, entrevista con Victor Hugo Majano

Venezuela | 12 de diciembre de 2016

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La guerra económica que está enfrentando el pueblo venezolano está compuesta por diferentes elementos, que son necesarios desenmascarar y entender para poder así contrarrestarla y garantizarían estabilidad económica para el país, en aras de seguir avanzando en la construcción del proyecto bolivariano. Así lo explica Víctor Hugo Majano, periodista e investigador, responsable de la página web “La Tabla”, en una entrevista especial realizada por Alba TV.

La caza fraudulenta de la renta petrolera

“Para entender lo que es el proceso de desarrollo de esta situación ofensiva contra la economía y la capacidad de consumo del pueblo, quizás el primer elemento que hay que tomar en cuenta es el carácter de la burguesía venezolana” argumenta Majano, “una burguesía que a partir de la aparición del petróleo en Venezuela, al inicio del siglo XX, se dedicó a apoderarse de la renta petrolera. Estando el control de la explotación petrolera en mano del Estado, la burguesía ubicó apoderarse de esa renta petrolera básicamente de dos maneras: a través de grandes contratos de obras públicas financiadas por el Estado, y fundamentalmente a través del control de las importaciones y de su distribución interna. "Ese carácter fundamentalmente importador de la burguesía venezolana trajo como consecuencia la configuración de una estructura productiva altamente dependiente de las compras externas, controlada por grupos de la burguesía venezolana en vinculación directa (inclusive, a través de lazos familiares) con grandes factores multinacionales del comercio a nivel global, alega Majano".

Tratándose de una burguesía “siempre a la caza de esa renta petrolera” y que sobre ésta construye su poder económico, cualquier elemento que modifique la cantidad de divisas que ingresen al país desestabiliza su posibilidad de apoderarse de más recursos provenientes de ahí. Eso fue lo que pasó en Venezuela a partir del año 2013, cuando por un lado empieza el proceso de descenso del ingreso petrolero debido a las coyunturas económicas mundiales, y por otro lado, el Estado venezolano empieza a tomar control sobre el sistema importador, desvelando los mecanismos fraudulentos a eso ligados.

De hecho, explica Majano, ese proceso de apropiación de la renta se ha venido dando básicamente a través de un esquema de fraude importador y sobrefacturación, que lleva las importaciones venezolanas a ser las más caras, en comparación con otros países de América Latina, y cuyos precios son inflados artificialmente, sin depender del costo de los productos a nivel global. “La sobrefacturación, es decir cobrar, facturar más por cada producto que es entregado al país, le permite a la burguesía venezolana apoderarse de una parte de esas divisas que además eran entregadas con una especie de mecanismo de subsidio, a un precio que el Estado consideraba pertinente para mantener la economía, la capacidad de compra y de consumo del pueblo venezolano.”

Además, cuando se empezó a investigar y revisar los datos, cuenta Majano, vino a la luz que “muchos de los importadores detectados en Venezuela acaparando y escondiendo mercancías, así como tenían empresas en Venezuela para importar, tenían también empresas ubicadas en los grandes centros de comercio del exterior - Panamá, Miami, la zona del Lejano Oriente – donde con empresas formadas por ellos mismos, se vendían y se facturaban por supuesto lo que ellos quisieran”, imponiendo a ese tipo de transferencia de bienes y servicios un sobrecosto enorme y sustrayendo los recursos económicos del país. Se calcula que la fuga de divisas hacía el extranjero realizada a través del mecanismo del fraude importador en éstos último años (sobretodo desde el año 2003-2004, cuando comenzó el proceso de control de cambio) supere los 300 mil millones de dólares.

Entonces si, a partir de 2013, hubo por un lado una reducción del ingreso petrolero, y por otro lado un aumento del fraude importador por parte de la burguesía interesada a aumentar sus ganancias, por supuesto que eso impactó directamente en la cantidad de productos que se están trayendo al país: “esa es la clave para entender porque hablamos efectivamente de una situación de guerra económica. Está vinculada efectivamente a la necesidad de la burguesía de mantener un flujo de divisas que permanecen en el exterior y que no están destinadas a surtir el consumo [del pueblo venezolano], y mucho menos está destinado al proceso de sustitución de importaciones, de creación de una base industrial que garantizara a Venezuela tener acceso a ese tipo de bienes esenciales, producidos en cierta medida localmente y con un menor requerimiento de divisas y de componentes externos” explica Majano.

Ataque múltiple a la economía venezolana

Los dos mecanismos operativos utilizados por la burguesía venezolana para desestabilizar la economía y tratar de revertir un proceso político que no conviene a sus intereses, están anclados en dos puntos, aduce Majano: el ataque a la moneda para obtener el control del taso de cambio, y la ofensiva para el control de la fijación de los precios. Se trata de dos ámbitos en los cuales el Estado venezolano ha ido imponiéndose para salvaguardar la economía del país, de un lado con el control de cambio para hacer frente a la fuga de divisas, y por otro lado con la aprobación de la Ley Orgánica de Precios Justos, propuesta por el Presidente Chávez en 2011, basada en garantizar la viabilidad de la producción pero también la accesibilidad de la población al consumo de los productos. Frente a este avance del Estado, cuenta Majano, la burguesía venezolana empezó casi inmediatamente a activar un proceso de restricción de la oferta de productos, a través de una manipulación de la vía logística de distribución, para así poder disparar los precios asociándolos a la escasez.

Al mismo tiempo, se incrementó el ataque a la moneda a través de la manipulación del cambio existente en la zona fronteriza con Colombia, especificadamente en la zona que limita con el estado Táchira por el lado venezolano y el norte de Santander del lado colombiano. Allí, históricamente, se realiza un cambio especial local entre bolívares venezolanos y pesos colombianos. “La norma es que las divisas de conversión, a nivel global, sean solamente 3 o 4: el dólar, la libra esterlina, el euro y desde hace poco, el yen. Es decir que cualquier tipo de cambio no se va a dar directamente de una moneda local a otra moneda local, sino tomando como referencia esas monedas” aclara Majano. Sin embargo allí, “lograron en términos concretos, en términos objetivos, que el punto de referencia del bolívar sea el peso colombiano hasta llegar a su homologación, lo cual implica un proceso de devaluación que en los últimos dos meses ha superado el 200%”. Eso se realizó a través de un esquema de casa de cambio informales (se habla de más de 2000 casas de cambio informales en esa zona, del lado colombiano), que provocaron una devaluación sistemática del bolívar venezolano en aras de generar más lucros para el contrabando de extracción de productos venezolanos.

“Este proceso está apuntalado por otro fenómeno que se da en la frontera, el del lavado de capitales provenientes del delito, llámese narcotráfico u otro tipo de delito, que han tenido en la zona fronteriza, en el Norte de Santander, como una especie de zona de expansión, sobretodo a partir del año 2008 cuando el ex-presidente Uribe promovió y consolidó los acuerdos de pacificación y desmovilización de la fuerza paramilitar. De alguna manera consiguieron confinar en esa zona geográfica a un grupo de actores políticos, de actores armados, y darle como salida ese mecanismo de comercialización cuyo objetivo está dirigido a deteriorar la economía venezolana, a través del ataque a la moneda y del contrabando de extracción.” El resultado: la consolidación del desabastecimiento en Venezuela y el encarecimiento de los precios, debido no sólo al deterioro del tipo del cambio, sino también a la misma fijación directa de los precios, ya que los precios referenciales comienzan a ser los de Colombia.

Nuestro talón de Aquiles

Existen además unos elementos que complejizan todo el proceso y han favorecido el impacto de la guerra económica, sigue Majano: se trata del tema de los patrones de consumo de la población venezolana y de los paquetes tecnológicos a éstos asociados, ambos consecuencia del carácter de la burguesía venezolana y del modelo “productivo” altamente dependiente del sector externo.

Con respecto a los patrones de consumo, a través de los años se han anclado en los productos presentes en el mercado, en su mayoría industrializados y determinados por el sector importador. “Lo vemos si lo comparamos con la cesta alimentaria de los demás países de América Latina: tenemos países donde el 60-70% de la cesta alimentaria son productos agrícolas no procesados o procesados artesanalmente: es el caso de Paraguay, y de la misma Colombia. Pero en el caso de Venezuela esa relación es absolutamente a la inversa: el 70% de la dieta básica es de productos industrializados, muy difíciles de desplazar de la mesa de la población venezolana”. Se trata, además, de productos industrializados absolutamente dependientes de la importación, porque, agrega Majano “nuestras grandes empresas «productoras» no son productoras: son empaquetadoras, son ensambladoras, son procesadoras de alimentos pero no los producen: simplemente compran los productos afuera y los empacan aquí, o los mezclan simplemente". El mismo hecho de que gran parte de la cesta básica venezolana sea constituida por rubros industrializados no perecederos ha facilitado la guerra económica, permitiendo el acaparamiento y la fácil movilización de este tipo de productos.

Autocrítica para poder avanzar

“Creo que el elemento fundamental para entender por qué durante todos estos últimos años no logramos avanzar en lo que era la consolidación de un modelo distinto es que simplemente tratamos de remplazar con la misma metodología, con las mismas técnicas, con los mismos patrones de consumo, con los mismos paquetes tecnológicos, la forma de producir del capitalismo, y resulta que el modelo es inherente al capitalismo” explica Majano, añadiendo que a eso se debe parte del fracaso relativo del intento de industrialización impulsado por el Comandante Chávez a partir del 2006-2007. En esos años hubo un proceso sistemático de industrialización de elementos claves de la producción, aunado a una serie de procesos orientados a remplazar le rol de la burguesía (en particular la importadora), por una base industrial propia que además había sido abandonada por ella. Es el caso, por ejemplo, de Lácteos Los Andes y de Industrias Diana, empresas que habían sido quebradas por sus dueños. “Si vamos a ver todas las empresas que la burguesía mediáticamente dice que el Estado no ha sabido manejar, son empresas que el Estado se vio obligado a tomar bajo control tanto para garantizar la producción cuanto para garantizar los puestos de trabajo”, agrega Majano.

¿Cuáles han sido los errores en este proceso? Según Majano, se deben al “haber tratado de hacer las cosas con los mismos elementos de dependencia tecnológica y para satisfacer el mismo patrón de consumo”, incurriendo en la dependencia de insumos importados y de tecnologías con licencia de uso, sin avanzar en el rompimiento del modelo rentista. En este último caso, “la limitación no sólo implicaba el pago de esa licencia sino que también a esa industria multinacional [propietaria de la licencia] no le convenía estar contribuyendo con un proceso alternativo de modificación de los elementos productivos que ahí estaban asociados”.

Otro error ha sido desarrollar una producción orientada no hacia el consumo masivo sino a surtir otros sectores industriales, en manos de la burguesía, quien a la hora de meter en acto su ofensiva económica, paró la producción, y por lo tanto la compra de los insumos. “Entonces paradójicamente, mientras teníamos a la gente sufriendo porqué no tenía acceso directamente al producto de consumo, el producto que hubiera podido ser consumido por la gente estaba deteriorándose, dañándose en estas plantas porque no era comprado por las industrias que procesaban posteriormente con base en este tipo de insumo”.

¿Qué hacer?

“Yo creo que en términos muy concretos y muy inmediatos, aquí hay cosas muy sencillas que se pueden hacer y que incluso la gente ya las está haciendo, sólo tenemos que meterle un poco de tecnología y de metodología. [En ámbito alimentario] hay que avanzar directamente hacia el tema de garantizar como mínimo una base de carbohidratos y de proteínas no industrializados y de producción y distribución masiva” sugiere Majano. “Nuestra sociedad tiene capacidad productiva para poder autoabastecerse, simplemente habría que ordenarla”, dice Majano, a través de procesos muy sencillos de incorporación tecnológica (relativos por ejemplo a la molienda y a la cadena del frio) que van a garantizar volúmenes importantes y sin mayores costos para producir estos tipos de alimentos. Se trata de procesos de desindustrialización, que permitirían garantizar estabilidad productiva (y hasta emocional, dice Majano) en el cortísimo plazo y que permitirían abordar áreas mucho más complejas. En éste ámbito por supuesto entrarían en juego los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como elemento fundamental en la creación de alternativas productivas, para procesar, producir y distribuir localmente lo que se está generando.

Con respecto al ámbito macroeconómico, opina Majano, el Estado tiene que volver a asumir el control del cambio, sobretodo reactivando el cierre de frontera con Colombia, así como ya se hizo por unos meses obteniendo cierto nivel de estabilidad: porque allí en la frontera hay elementos concretos que influyen sobre el tipo de cambio y que dan veracidad a lo que puedan publicar las notas páginas web que se dedican a especular y a formular propuestas de tasas de cambio absolutamente desvinculadas de los elementos macroeconómicos. Hay que asumir que además de esas páginas web, dice Majano, el elemento concreto que dispara esa tasa de cambio es el intercambio comercial en condiciones absolutamente asimétricas con la República de Colombia.

“En la medida en que nosotros podamos tener control de ese tipo de cambio, vamos a poder incidir en términos concretos sobre el tema de los precios”, sigue Majano, “y el Estado tendrá que asumir nuevamente su rol de regulador de precios”, retomando el Registro de Costos de Bienes y Servicios, presente en las primeras versiones de la Ley Orgánica de Precios Justos: “un volumen de datos que permitiría saber cual es la estructura de costo de cada uno de los rubros” consintiendo así de fijar precios sobre la base de lo que sea viable tanto para el productor como para el consumidor.

Se trata de aprender de los errores cometidos, prestar atención a las alertas presentes y asumir la necesidad de “romper con los patrones de consumo existentes, con los paquetes tecnológicos impuestos, cambiar los mecanismos de producción. Y asumir de que a estas alturas, después de un año que el Gobierno trató de retomar un especie de acuerdo con la burguesía, ya nos hemos dado cuenta en estos últimos meses que evidentemente esa es una burguesía en la cual no podemos confiar” asevera Majano.

“Eso implica volver a poner la vista en lo que es el tema de la producción de base, de la producción a través de empresas de producción directa o indirecta, de la transferencia de tecnología, de recursos y de herramientas que de hecho ya están disponibles”. Esas medidas incluyen la entrega de plantas productoras a sus propias trabajadoras y trabajadores, “que han demostrado poder hacer mucho más de lo que hace esta burguesía. Y, en todo caso, una posible alianza con esa burguesía está vinculada a la participación de los trabajadores, de los productores y de los consumidores”.

Majano termina alertando sobre los peligros del monopsonio, a través del cual se entrega la entera producción de un rubro a una única empresa (transnacional o local), “ya que en vez de estar potenciando la capacidad productiva, estaríamos comprometiendo nuestra producción a unas empresas que probablemente en este momento tienen la voluntad y la capacidad para absorber y procesare esos volúmenes, pero en cualquier momento simplemente esa relación se puede romper, dejando nuestros productores con su producción sin ser procesada en términos masivos, en términos colectivos, como debería ser el proceso que debemos adelantar”.


IA/AlbaTV/2016

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