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En la mayoría de los casos son mujeres pobres

Condenan a mujeres por aborto involuntario

El Salvador | 16 de diciembre de 2013

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Penas de cárcel de treinta a cuarenta años, que se les deberían poner a sicarios, feminicidas, narcotraficantes, funcionarios corruptos y criminales de guerra, son impuestas por la justicia salvadoreña a mujeres como Tránsito Martínez y María Teresa Rivero por haber sufrido un aborto involuntario.

Se trata en la mayoría de los casos de mujeres pobres, con bajo nivel de escolaridad, desempleadas, obreras y empleadas domésticas entre los 18 y 25 años de edad, que llegan al hospital en busca de asistencia médica y son esposadas mientras se recuperan de su parto prematuro.

Angélica Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, afirma respecto al caso de las dos mujeres que existen pruebas que los jueces no tomaron en cuenta y que son elementos probatorios de que no cometieron el delito de homicidio, como les es tipificado.

"Estamos presentando un recurso de revisión, que es extraordinario, y se basa en presentar al mismo tribunal que condenó, elementos probatorios nuevos que antes no fueron examinados y valorados, y que exponen la inocencia de estas mujeres", abordó.

La justicia se ha estado aplicando al revés. Decenas de mujeres pagan una condena que resulta del error del sistema judicial, con jueces inquisidores que priorizan sus conjeturas y no la prueba directa y científica.

El presidente de la República, Mauricio Fúnez, aludió que está de acuerdo con el aborto terapéutico, pero que las reformas hechas al código penal en 1999 no permiten hacerlo, ni siquiera cuando la vida del bebé o de la madre están en riesgo.

Angélica Rivas, también de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, dijo que El Salvador es tristemente pionero en condenar de manera perversa a mujeres que sufren abortos involuntarios.

"Por esa razón se debería hacer una reforma constitucional, y el Estado debe revisar la documentación existente para que mujeres inocentes no se priven de su libertad y de su vida", expresó.

La investigación de la Agrupación Ciudadana, denominada "del hospital a la cárcel", revela que en El Salvador existen más de 130 casos de mujeres que pagan una condena carcelaria por haber abortado involuntariamente, y los primeros en denunciar son médicos y personal de los hospitales públicos, donde acude, en su gran mayoría, la gente pobre.

Fuente: ALER

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