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Coronashock y la guerra híbrida contra Venezuela

Venezuela | 2 de junio de 2020

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Coronashock No 2
Coronashock es un término que se refiere a la forma en que un virus golpeó al mundo con fuerza avasalladora; y a cómo el orden social en los Estados burgueses se desmoronó, mientras que el orden social en las partes socialistas del mundo parece más resiliente.

Este es el segundo de una serie estudios sobre el coronashock, cada uno dividido en varias partes. Se basa en un conjunto de artículos escritos por Ana Maldonado (Frente Francisco de Miranda, Venezuela), Paola Estrada (Secretaría de la Asamblea Internacional de los Pueblos y Capítulo Brasil de ALBA Movimientos, Zoe PC (People’s Dispatch), y Vijay Prashad (director del Instituto Tricontinental de Investigación Social).

La locura de la guerra híbrida

El coronavirus se mueve rápido, corre atravesando continentes, saltando océanos, aterrorizando a la población en todos los países. El número de infectadxs sigue aumentando, así como el número de muertes. Se lavan manos, se hacen pruebas, se observa distanciamiento físico. No está claro cuán devastadora será esta pandemia ni cuánto tiempo durará.

El 23 de marzo, 12 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara una pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres dijo, “La furia del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso pido hoy un cese al fuego inmediato en todos los rincones del mundo. Es tiempo de poner en cuarentena al conflicto armado y juntos concentrarnos en la verdadera lucha de nuestras vidas”. El secretario Guterres habló de silenciar las armas, detener la artillería y acabar con los ataques aéreos. No se refirió a un conflicto específico, dejando que su llamado flote pesadamente en el aire. Después de seis semanas de deliberación y retrasos causados por Washington, en la primera semana de mayo, el gobierno de los Estados Unidos bloqueó, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la votación sobre una resolución que pedía un alto al fuego global.

Los Estados Unidos bloquearon esta resolución, pero ella no ponía atención en el tipo de guerra que EE. UU. está llevando a cabo contra Cuba, Irán y Venezuela –entre otros. Ha impuesto una guerra híbrida. El complejo militar estadounidense ha avanzado en su programa de guerra híbrida que incluye una serie de técnicas para socavar gobiernos y proyectos políticos. Estas técnicas incluyen la movilización del poder de los Estados Unidos sobre las instituciones internacionales (como el FMI, el Banco Mundial y el servicio de transferencias electrónicas SWIFT) para evitar que algunos gobiernos gestionen actividades económicas básicas, así como el uso del poder diplomático estadounidense para aislar a los gobiernos, el uso de sanciones para evitar que empresas privadas hagan negocios con ciertos gobiernos, el uso de la guerra de información para presentar gobiernos o fuerzas políticas como criminales o terroristas y así. Este poderoso conjunto de instrumentos consigue –a plena luz del día– desestabilizar gobiernos y justificar cambios de régimen (para más sobre este tema, véase el dossier No 17 del Instituto Tricontinental de Investigación Social: Venezuela y las guerras híbridas en Nuestra América).

Durante una pandemia, se esperaría que todos los países colaboraran de todas las formas posibles para mitigar la propagación del virus y sus impactos en la humanidad. Se esperaría que una crisis humanitaria de tal magnitud brindara la oportunidad de poner fin a todas las sanciones económicas inhumanas y a los bloqueos políticos contra ciertos países. El 24 de marzo, un día después del pedido del secretario general de la ONU, Guterres, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estuvo de acuerdo en que “en este tiempo crucial, tanto por razones de salud pública global como para apoyar los derechos y las vidas de millones de personas en estos países, las sanciones sectoriales deben ser relajadas o suspendidas. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.

Pocos días después, Hilal Elver, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación dijo que le complacía oír tanto a Guterres como a Bachelet pedir el fin del régimen de sanciones. El problema, indicó, radica en Washington: “Estados Unidos, con su gobierno actual, está muy interesado en continuar con las sanciones. Afortunadamente, algunos otros países, no. Por ejemplo, la Unión Europea y muchos países europeos están respondiendo positivamente y suavizando las sanciones en este tiempo de coronavirus. No han levantado completamente las sanciones, sino que las han interrumpido y hay comunicaciones en curso, pero no en los Estados Unidos por desgracia”.

El 6 de mayo, otros tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU, Olivier De Schutter (extrema pobreza y derechos humanos) Léo Heller (agua potable y saneamiento) y Koumbou Boly Barry (educación) –dijeron que “a la luz de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos debería levantar inmediatamente las sanciones generales, que están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano”. Sin embargo, el gobierno de Trump ha dejado de lado toda preocupación y continuado con su agenda de guerra híbrida para lograr un cambio de régimen.

La costumbre de los cambios de régimen

A medida que la covid-19 se movía hacia Sudamérica, el gobierno estadounidense aumentó la presión sobre el gobierno venezolano. En febrero de 2020 en la Conferencia de Seguridad de Munich, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que EE. UU. busca “expulsar a Maduro”. Al mes siguiente, el 12 de marzo, Estados Unidos endureció las sanciones contra Venezuela y a continuación el Departamento del Tesoro estadounidense presionó al Fondo Monetario Internacional para que no permita que Venezuela acceda a los fondos de emergencia para enfrentar a la pandemia. Nada de esto funcionó. A pesar de la falta de apoyo del FMI, el gobierno venezolano movilizó a su pueblo para romper la cadena de infección, con ayuda internacional de China, Cuba y Rusia, así como de la Organización Mundial de la Salud.

En este punto, el gobierno estadounidense cambió su enfoque. Sugirió que el presidente Nicolás Maduro y los altos dirigentes de su gobierno están involucrados en el narcotráfico. No se ofreció ninguna prueba de esta afirmación alucinada, aunque hay evidencia sustancial de la culpabilidad de políticos colombianos de alto nivel en el tráfico de drogas. El presidente de EE. UU., Donald Trump autorizó que un destacamento naval permanezca frente a la costa de Venezuela, amenace a su gobierno e intimide a la población. El 30 de abril, para aumentar la presión sobre Venezuela, el gobierno de Trump activó partes de la Reserva Seleccionada de las Fuerzas Armadas para apoyar a las fuerzas armadas estadounidenses en una misión llamada “Enhanced Department of Defense Counternarcotic Operation in the Western Hemisphere” [Operación Antinarcóticos mejorada del Departamento de Defensa en el Hemisferio Occidental]. Todas las señales apuntan a la maldad de EE. UU. y sus aliados contra el pueblo venezolano.

El gobierno de Estados Unidos ha sido completamente sincero acerca de su objetivo de derrocar al gobierno venezolano, actualmente dirigido por el presidente Maduro, y revertir la Revolución Bolivariana. En agosto de 2017, Trump habló abiertamente de la “opción militar” al mismo tiempo que Estados Unidos, Canadá, Colombia y una lista de otros países gobernados por la extrema derecha y subordinados al Grupo de Lima formado por Washington. El Grupo de Lima intentó mantener una pátina liberal alrededor de su objetivo, declarando que quería “facilitar… la restauración del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”. Trump arrancó la hoja de parra de este lenguaje liberal e interpretó la frase “restauración del orden democrático” con razón como un llamado a un golpe militar o una intervención armada para derrocar al gobierno.

En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos profundizó su guerra híbrida con una astuta maniobra diplomática. Declaró que Juan Guiadó, un político insignificante era el presidente de Venezuela y le entregó importantes activos venezolanos en el extranjero. Un intento de levantamiento liderado por Guaidó y la extrema derecha en Venezuela para derrocar a Maduro y tomarse el poder no pudo materializarse y Guaidó se encontró con más amigos en Washington y entre la oligarquía colombiana que en casa en Venezuela. Sin embargo, este intento fallido de derrocar al gobierno venezolano no disuadió a los Estados Unidos. De hecho, el fracaso profundizó la intervención estadounidense en la región

En mayo de 2019, el senador Lindsey Graham apareció en las páginas del Wall Street Journal para argumentar que “EE. UU. debe estar dispuesto a intervenir en Venezuela de la misma manera que lo hicimos en Granada”. En 1983, los marines estadounidenses desembarcaron en Granada para derrocar al gobierno legítimo y destruir el Movimiento New Jewel. Si no se toman ciertas medidas, escribió el senador Graham, Estados Unidos “debería trasladar sus efectivos militares a la región”. EE. UU. intentó crear una falange de aliados entre los ejércitos brasileño y colombiano para preparar una invasión a Venezuela. Afortunadamente, en la reunión del Grupo de Lima en febrero de 2019, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão dijo a la prensa que Brasil no permitiría a Estados Unidos usar su territorio para una intervención militar en Venezuela. Los planes de una invasión de gran escala tuvieron que ser suspendidos.

Castigo colectivo

El 10 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, nos dijo que las “medidas coercitivas ilegales y unilaterales que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela son una forma de castigo colectivo”. El uso de la frase “castigo colectivo” es significativo; según la Convención de Ginebra de 1949, cualquier medida que infringe daño a toda una población es un crimen de guerra. Las medidas de Estados Unidos, nos dice Arreaza, han “resultado en dificultades para la adquisición oportuna de medicamentos”.

Sobre el papel, las sanciones unilaterales estadounidenses dicen que los suministros médicos están exentos, pero esto es una ilusión. El 26 de marzo, 11 senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin para decir: “Entendemos que el gobierno ha declarado que las necesidades médicas y humanitarias están exentas de las sanciones estadounidenses, pero nuestro régimen de sanciones es tan amplio que los proveedores médicos y las organizaciones de socorro simplemente se mantienen lejos de cualquier actividad en Irán o Venezuela por temor a quedar accidentalmente atrapados en la red de sanciones estadounidenses”. Ni Venezuela ni Irán pueden comprar suministros médicos sencillamente, ni pueden transportarlos fácilmente a sus países, ni utilizarlos en sus sistemas de salud, que son en su mayoría del sector público. El embargo contra estos países, aún más en estos tiempos de covid-19, no solo es un crimen de guerra según las normas de la Convención de Ginebra (1949), sino que también es un crimen de lesa humanidad como lo define la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1947).

En 2017, Trump estableció fuertes restricciones a la capacidad de Venezuela para acceder a los mercados financieros. Dos años después, el gobierno estadounidense puso en una lista negra al Banco Central de Venezuela y puso un embargo general a las instituciones estatales venezolanas. Si alguna empresa comercia con el sector público de Venezuela, podría enfrentarse a sanciones secundarias. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) [Ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones] en 2017, que endureció las sanciones contra Irán, Rusia y Corea del Norte. Al año siguiente Trump impuso una serie de nuevas sanciones contra Irán, que sofocaron la economía del país. Una vez más, el acceso al sistema bancario mundial y las amenazas a empresas que comerciaban con Irán hicieron casi imposible que este país haga negocios con el mundo. Especialmente, el gobierno estadounidense dejó claro que cualquier negocio con el sector público de Venezuela e Irán estaba prohibido. La infraestructura de salud que cubre a la mayoría de la población tanto en Irán como en Venezuela es administrada por el Estado, lo que quiere decir que enfrenta dificultades desproporcionadas para acceder a equipos y suministros, incluyendo kits de pruebas y medicamentos.

Venezuela e Irán dependen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener medicinas y pruebas. Sin embargo, la OMS enfrenta sus propios retos con las sanciones, en particular en lo que tiene que ver con el transporte. Estas duras sanciones obligaron a las empresas de transporte a reconsiderar la prestación de servicios tanto a Venezuela como a Irán. Algunas aerolíneas dejaron de volar hacia allá y muchas empresas de transporte decidieron no enfadar a Washington. Cuando la OMS intentó enviar kits de prueba de covid-19 desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU) hacia Irán, se encontró con dificultades –como lo dijo Christoph Hamelmann de la OMS– “debido a restricciones de vuelo”. Los EAU enviaron el equipo en un avión de transporte militar.

De la misma manera, nos dijo Arreaza, Venezuela ha “recibido solidaridad de los gobiernos de países como China y Cuba”. A fines de febrero, un equipo de la Sociedad de la Cruz Roja de China llegó a Teherán para intercambiar información con la Media Luna Roja y con funcionarios de la OMS. China también donó suministros y kits de prueba. Las sanciones, nos dijeron los funcionarios chinos, no deberían tener consecuencias durante una crisis humanitaria como esta, no las vamos a honrar.

Mientras tanto, los iraníes desarrollaron una aplicación para ayudar a su población durante el brote de covid-19. Google decidió eliminarla de su tienda de aplicaciones como consecuencia de las sanciones estadounidenses.

¿Qué clase de fibra moral mantiene unido un sistema internacional donde un puñado de países puede actuar de una forma que va contra todas las más altas aspiraciones de la humanidad? Cuando Estados Unidos continúa sus embargos contra 39 países, pero con mayor intensidad contra Cuba, Irán y Venezuela, cuando hay una pandemia en marcha, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder y la autoridad en nuestro mundo? Las personas sensibles deberían estar ofendidas por este comportamiento, su mala fe es evidente en las muertes no naturales que provoca.

Cuando le preguntaron a la secretaria de Estado de EE. UU., Madeleine Albright, en 1996 por el medio millón de niñxs iraquís que murieron por las sanciones estadounidenses, dijo que esas muertes eran “un precio que valía la pena pagar”. No era ciertamente un precio que lxs iraquís querían pagar, ni los iraníes ni los venezolanos o, de hecho, la mayoría de la humanidad.

El FMI recibe órdenes del Tesoro de los Estados Unidos

El 16 de marzo de 2020, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva escribió una publicación en el blog del sitio web del Fondo; representa el tipo de generosidad necesaria en medio de una pandemia. “El FMI está listo para movilizar un billón de dólares de nuestra capacidad de préstamo para ayudar a nuestros miembros”, escribió. Los países con “necesidades urgentes de balanza de pagos” podrían recibir ayuda del “conjunto de herramientas de respuesta flexible y rápido desembolso” del FMI. A través de estos mecanismos y contra su propia historia de condiciones de ajuste estructural, el FMI dijo que podría proporcionar 50.000 millones de dólares a los países en desarrollo y 10.000 millones a los países de bajos ingresos a una tasa de interés de 0%, sin las habituales condiciones.

El día antes de que Georgieva hiciera esta declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela envió una carta al FMI pidiendo recursos para financiar los “sistemas de detección y respuesta” del gobierno por sus esfuerzos contra el coronavirus. En la carta, el presidente Nicolás Maduro escribió que su gobierno está “ejecutando diferentes medidas de control muy completas, estrictas y exhaustivas… para proteger al pueblo venezolano”. Estas medidas requieren de financiamiento, por lo que el gobierno está “dirigiéndose a su honorable [organización] para requerir su evaluación sobre la posibilidad de financiar 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI) para Venezuela, recursos que contribuirán significativamente a fortalecer nuestros sistemas de detección y respuesta”.

La política de Georgieva de proporcionar asistencia especial a los países debería haber sido suficiente para que el FMI proporcionara la asistencia que el gobierno venezolano había solicitado. Pero, muy rápidamente, el Fondo negó la petición de Venezuela.

Es importante subrayar el hecho de que el FMI realizó esta negativa en un momento en que el coronavirus había comenzado a propagarse en Venezuela. El 15 de marzo, el día en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envió la carta al FMI, Maduro también se reunió con altos funcionarios del gobierno en Caracas. La empresa estatal farmacéutica venezolana (CIFAR) y las empresas venezolanas de equipos médicos dijeron que podrían aumentar la producción de maquinas y medicamentos para enfrentar la crisis, pero, dijeron, necesitaban materias primas clave que tenían que ser importadas. El gobierno de Venezuela acudió al FMI para poder pagar estas importaciones. La negativa del préstamo impactó directamente al sistema venezolano de salud e impidió a Venezuela enfrentar adecuadamente la pandemia de coronavirus.

“Esta es la situación más grave que hayamos enfrentado nunca”, dijo el presidente Maduro, mientras emitía nuevas medidas. El gobierno venezolano impuso una cuarentena nacional indefinida y ha implementado procesos de distribución de alimentos y suministros clave, basándose en el autogobierno local, encarnado en las comunas, que se desarrollaron con la Revolución Bolivariana. Todas las instituciones del Estado están ahora involucradas en hacer su parte para ayudar a “aplanar la curva” y “romper la cadena” de contagio. Pero, por la negativa del préstamo del FMI, el país tiene más dificultades para producir kits de prueba, respiradores, y medicinas clave para aquellos infectados por el virus.

Venezuela es un miembro fundador del FMI. A pesar de ser un país rico en petróleo, ha acudido varias veces al FMI por distintos tipos de asistencia. El ciclo de intervenciones del FMI en Venezuela en los años ochenta y comienzos de los noventa llevó a un levantamiento en 1989 que deslegitimó a la elite venezolana, fue a raíz de las protestas populares contra el FMI que Hugo Chávez construyó la coalición que lo llevó al gobierno en 1998 y a comenzar la Revolución Bolivariana en 1999. Para 2007, Venezuela pagó sus deudas pendientes tanto al FMI como al Banco Mundial y el país cortó sus lazos con estas instituciones, con la esperanza de construir un Banco del Sur con sede en América Latina como una alternativa. Pero antes de que se pudiera establecer este banco una serie de crisis golpearon a la región, forzadas por una caída en los precios de las commodities desde 2014-15.

La economía venezolana depende de la exportación de petróleo para generar los ingresos necesarios para importar bienes. Con la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2018 llegó un ataque directo a Venezuela por parte de Estados Unidos, que impuso una nueva ronda de sanciones unilaterales. Estas sanciones impidieron que las compañías petroleras y las empresas de transporte hicieran negocios con Venezuela. Los bancos internacionales se apoderaron de activos venezolanos en sus bóvedas (incluidos 1.200 millones de dólares en oro en el Banco de Inglaterra) y dejaron de hacer negocios con Venezuela. Este régimen de sanciones, reforzado aún más por el gobierno de Trump, perjudicó profundamente la capacidad de Venezuela para vender su petróleo y comprar productos, incluidos los suministros para el sector público de salud.

En enero de 2019, después de que Estados Unidos apoyó el intento de Guaidó de usurpar el poder, los bancos estadounidenses se apresuraron a incautar los activos del Estado venezolano que tenían y los entregaron al autoproclamado presidente. A continuación, en un movimiento sorprendente, el FMI dijo que no se le permitiría más al gobierno venezolano utilizar sus 400 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG), la moneda del FMI. Dijo que había tomado esta medida debido a la incertidumbre política en Venezuela. En otras palabras, por el intento de golpe de Estado –fallido– el FMI dijo que “no tomaría partido” en Venezuela. Al “no tomar partido”, el FMI se negó a permitir que el gobierno de Venezuela accediera a sus propios fondos. Sorprendentemente, el asesor de Guaidó, Ricardo Hausmann, un ex presidente del Comité de desarrollo del FMI y representante de Guaidó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo en ese momento que esperaba que cuando ocurriera el cambio de régimen, el dinero estaría disponible para el nuevo gobierno. Esto es el FMI interfiriendo directamente en la política venezolana.

Ni en ese momento, ni ahora, el FMI ha negado que el gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno legítimo de Venezuela. El FMI continúa reconociendo en su sitio web que el representante de Venezuela ante el FMI es Simón Alejandro Zerpa Delgado, el ministro de Finanzas del gobierno de Maduro. Una de las razones para ello es que Guaidó no pudo probar que tenía el apoyo de la mayoría de los Estados miembros del FMI. Como Guaidó no pudo probar su posición, el FMI, una vez más, extraordinariamente, ha negado al gobierno de Maduro su legítimo derecho a sus propios fondos y a pedir préstamos con las facilidades que el Fondo ofrece a sus miembros.

Normalmente, el FMI se toma su tiempo cuando recibe una solicitud de fondos. El requerimiento debe ser estudiado por analistas que consideran la situación del país y miran si la solicitud es legítima. En este caso, el FMI respondió inmediatamente. Dijo que no.

Un vocero del Fondo, Raphael Anspach, no respondió preguntas específicas sobre esta negativa. En 2019, el había tenido una cautela similar acerca de hablar sobre la negativa de acceso a los 400 millones de dólares en DEG. Esta vez, Anspach nos envió la declaración formal que el FMI había divulgado a los medios de comunicación. La declaración decía que, aunque el FMI simpatiza con el predicamento del pueblo venezolano “no está en posición de considerar esta solicitud”. ¿Por qué es así? Porque, dice el FMI, su “involucramiento con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por la comunidad internacional”. “No hay”, dice la declaración, “ninguna claridad acerca del reconocimiento en este momento”

Pero si hay claridad. El FMI continúa listando al ministro de Finanzas venezolano en su sitio web. La ONU sigue reconociendo al gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Ese debería ser el estándar oficial para que el FMI tome su determinación. Pero no lo es. Está siguiendo los dictados del gobierno estadounidense. En abril de 2019 el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue al Consejo de Seguridad de la ONU y les dijo que la ONU debería aceptar a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, se dirigió hacia el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada Acosta y le dijo: “No debería estar aquí”. Ese es un momento de gran simbolismo, Estados Unidos actuando como si la ONU fuera su casa a la que pudiera invitar y desinvitar a quien quiera. La negativa del FMI al pedido de 5.000 millones de Venezuela acompaña el sentimiento de Pence. Se trata de una violación del espíritu de cooperación internacional que está en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas.

Hay signos de debilidad en la posición estadounidense. El 18 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó –sin votación– una resolución que aceptó las credenciales de los diplomáticos nombrados por el gobierno de Maduro. El hecho de que no hubo votación muestra que Estados Unidos no quiere revelar a plena vista el apoyo minoritario en el mundo para su posición de aislar al gobierno de Venezuela. EE. UU. prefiere renunciar a la votación en su interés de fabricar y mantener una narrativa de humo y espejos supuestamente sostenida por la «comunidad internacional», que permitir a la comunidad internacional real votar abiertamente y mostrar que acepta al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela.

Las alucinantes acusaciones de narcotráfico

En una conferencia de prensa el 26 de marzo, fue casi cómico la poca evidencia que el Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionó cuando acusó al presidente Nicolás Maduro y a varios otros líderes de su gobierno de narcotráfico. Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por el arresto de Maduro y 10 millones por los demás. Maduro, dijo muy dramáticamente el fiscal de Estados Unidos Geoffrey Berman, “muy deliberadamente empleó la cocaína como arma”. ¿Evidencia de esto? No se ha presentado ninguna. Una acusación no es un veredicto de culpabilidad, en este caso, es simplemente una nota, preparada por el gobierno estadounidense contra un adversario. Nada en la acusación prueba que ninguna de las personas mencionadas tenga algo que ver con el contrabando de narcóticos. Es evidente por la rueda de prensa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se trata de teatro político, un intento de deslegitimar aún más al gobierno de Maduro.

Es surrealista que Estados Unidos –durante la pandemia de covid-19– elija poner sus esfuerzos en esta acusación ridícula y sin evidencias contra Maduro y otros miembros de su gobierno. Ya hay presión sobre Estados Unidos para levantar las sanciones, no solo contra Venezuela sino también contra Irán (hasta The New York Times pidió el 25 de marzo el fin de las sanciones contra Irán). La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que no es el momento de obstaculizar la capacidad de los países de obtener suministros preciosos para enfrentar la pandemia. Por desesperación, Estados Unidos intentó cambiar la conversación, que no se hable más de covid-19 y las sanciones, sino de narcoterrorismo.

Cuando se le preguntó por estas acusaciones durante la pandemia de covid-19, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr trató de decir que la culpa no era de Washington sino de Caracas. Dijo, sin evidencia alguna, que Venezuela está impidiendo la entrada de ayuda al país. Nada más lejos de la realidad, ya que Venezuela ha dado la bienvenida a personal y suministros médicos de China, Cuba y Rusia, así como de la OMS. De hecho, la OMS ha presionado a los Estados Unidos para permitir mayor libertad a la entrada de mercancías en el país, un pedido al que EE. UU. se ha negado. Barr puede decir fácilmente lo opuesto a la verdad porque ninguno de los medios de comunicación en la conferencia de prensa lo desafiaría debido a asuntos que son bien conocidos públicamente.

En 1989, Estados Unidos utilizó la acusación de narcotráfico –específicamente tráfico de cocaína– para manchar la reputación de su ex colaborador, el entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega. Con base en esa acusación y otra en Florida, los Estados Unidos finalmente invadieron el país, capturaron a Noriega, plantaron un títere de Washington en Ciudad de Panamá y arrojaron a Noriega a una prisión en Florida. La sombra de lo que hizo Estados Unidos con Noriega se cierne sobre Caracas.

La recompensa por las cabezas de Maduro y otros líderes sugiere que el gobierno estadounidense ha dado esencialmente un golpe de tipo mafioso contra estos venezolanos. Se trata de un movimiento muy peligroso de Estados Unidos. Esencialmente, da a los gánsteres luz verde para intentar el asesinato dentro de Venezuela. La negativa a permitir que Maduro viaje fuera de Venezuela es una violación de una serie de convenciones internacionales que promueven la diplomacia por sobre la beligerancia. Pero, dada la forma ilegal en que Estados Unidos ha formulado su estrategia de cambio de régimen de Venezuela –y a lo largo de la historia– es poco probable que alguien vaya a criticar esta jugada.

Unas horas antes del anuncio en Washington, empezó a correr la voz de que Estados Unidos iba a colocar al gobierno de Venezuela en la lista de “estados patrocinadores del terrorismo”, la más alta condena de un gobierno. Pero tuvieron que hacer una pausa. Y la pausa en sí misma llegó por razones absurdas. Si el gobierno estadounidense acusa al gobierno de Maduro de ser un “estado patrocinador del terrorismo”, entonces estaría reconociendo tácitamente que el gobierno de Maduro es realmente el gobierno de Venezuela. Desde enero de 2019, uno de los intentos de desestabilización ha sido negar que el gobierno de Maduro es el gobierno legítimo de Venezuela, de hecho, negar que es cualquier tipo de gobierno. Sería imposible decir que el gobierno de Maduro es un “estado patrocinador del terrorismo” sin reconocer que es el gobierno de Venezuela. Entonces, Estados Unidos tuvo que detenerse, atrapado por su propia lógica.

La declaración lanzada por el Departamento de Justicia estadounidense se lee como un thriller, y la falta de evidencia la hace comparable a la ficción. Enumera nombres y acusaciones, hace referencias constantes al “narcoterrorismo” y afirma que el gobierno de Venezuela quiere “inundar” a Estados Unidos con cocaína. Haría falta un esfuerzo sobrehumano de ceguera para creerles cuando despotrican y desvarían sin fundamento. Pero el problema es que el pueblo venezolano debe tomar esto en serio, porque se profundiza la beligerancia del gobierno de Estados Unidos. El pueblo de Venezuela es consciente de los peligros de una situación como la de Panamá. Es difícil culparlos. Ese es el historial del gobierno de Estados Unidos.

La comparación con una situación como la de Panamá no puede ser considerada como paranoia. El 1 de abril, Trump dio una conferencia de prensa en la cual anunció un “nuevo esfuerzo antinarcóticos” del Comando Sur de Estados Unidos. “Estamos desplegando más destructores de la marina, barcos de combate, aviones y helicópteros de la Armada; guardacostas y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, duplicando nuestras capacidades en la región”, dijo. El objetivo de esta misión –a la que se unirán otros países– es “aumentar la vigilancia, interrupción e incautación de cargamentos de droga”. “No debemos permitir que los carteles de droga exploten la pandemia para amenazar las vidas de los estadounidenses”, añadió.

Menos de una semana después de la acusación de Estados Unidos, queda claro que el punto no es realmente interrumpir el tráfico de cocaína, sino presionar a Venezuela. No se presentó ninguna prueba en la conferencia de prensa del Departamento de Justicia cuando Estados Unidos acusó a Maduro de narcotráfico y tampoco se presentó evidencia alguna en la conferencia de prensa de Trump cuando anunció que un grupo de portaaviones navales entraría en el Caribe. No se presentó ninguna evidencia en ninguno de los dos eventos de alto perfil, porque no hay evidencia disponible o necesaria. No está disponible porque incluso las propias agencias del gobierno estadounidense dicen que Venezuela no es ni el origen ni quien trafica narcóticos, y no es necesaria porque Estados Unidos ha estado deslegitimando consistentemente a Venezuela para derrocar al gobierno basándose en historias cada vez más alucinatorias sobre el gobierno venezolano.

En diciembre de 2019, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) publicó su ‘National Drug Threat Assessment’ [Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas]. Este estudio ofrece la mirada más detallada al movimiento de la droga en Estados Unidos. En varios puntos del estudio, la DEA dice que Colombia “es la principal fuente de la cocaína incautada en EE. UU.” De acuerdo con el Programa Insignia de Cocaína de la DEA, en 2018, “aproximadamente el 90% de las muestras de cocaína examinadas eran de origen colombiano, 6% eran de origen peruano y 4% eran de origen desconocido”. En lo que respecta a la propia agencia de drogas de los Estados Unidos, no hay cocaína ni ningún otro narcótico que provenga de Venezuela.

En ambas conferencias de prensa, la del Departamento de Justicia y la de Trump, se mostraron mapas que indicaban el tráfico de cocaína de Venezuela a los Estados Unidos. Esto simplemente no es cierto, con base en la información de la DEA: “La mayoría de la cocaína y la heroína producidas y exportadas por organizaciones transnacionales criminales colombianas a los Estados Unidos se transporta a través de América Central y México”, escriben los funcionarios de la DEA en su informe de 2019. Sin embargo, se sugiere en el informe que los narcotraficantes colombianos a veces “almacenan grandes cantidades de cocaína en áreas remotas de Venezuela y Ecuador hasta asegurar el transporte marítimo o aéreo”. Es importante reconocer que la cocaína y la heroína están escondidas en “zonas remotas” de los vecinos de Colombia, siendo Colombia el centro de todo el tráfico de drogas. En ninguna parte del documento de 146 páginas de la DEA, ni en documentos de años anteriores, los funcionarios de drogas estadounidenses hicieron ninguna declaración que implique al gobierno venezolano en la producción, almacenamiento o transporte de cocaína y heroína. El único momento en que Venezuela entra en escena es cuando los narcotraficantes colombianos esconden su cocaína y heroína en “áreas remotas” de Venezuela antes de traficarla vía América Central y México hacia a Estados Unidos.

Sin embargo, hay evidencia significativa, como la presentada el periodista colombiano Gonzalo Guillén en La Nueva Prensa el 3 de marzo de 2020, de que el presidente de Colombia, Iván Duque y su patrocinador, el ex presidente Álvaro Uribe, tenían vínculos estrechos con el narcotraficante José Guillermino Hernández Aponte, alias Ñeñé. El día anterior, Duque estuvo en la oficina de Trump que lo regañó por no hacer lo suficiente para erradicar la producción de cocaína en Colombia. Bueno, “vas a tener que fumigar”, le dijo Trump a Duque, “si no fumigas, no te vas a deshacer de ellos”. “Así que tienes que fumigar, con respecto a las drogas en Colombia”

Trump hablaba de fumigaciones con glifosato, que el gobierno de Colombia paró en 2015 porque la OMS dijo que tales fumigaciones causaban cáncer. A pesar de ello, Duque dijo que volvería a fumigar. No se mencionaron las acusaciones de que el propio Duque está vinculado a los narcotraficantes; como es dócil con Washington, sus propios supuestos delitos no cuentan mucho. El patrocinador de Duque, Uribe, ex presidente de Colombia y actualmente senador, está implicado en más de 270 juicios en Colombia con cargos que incluyen escuchas telefónicas ilegales, crimen organizado, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. Uribe y su familia tienen vínculos probados con el grupo paramilitar Bloque Metro, de Antioquia, que fue responsable por miles de asesinatos de civiles colombianos y que está profundamente involucrado en el narcotráfico.

Extrañamente, en esa conferencia de prensa, tanto Trump como Duque hablaron de Venezuela, pero ninguno de ellos mencionó las drogas o el narcotráfico. Todo fue sobre el cambio de régimen.

El 31 de marzo, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Venezuela debería tener un gobierno de transición, eso en sí mismo es extraño porque Pompeo no es ni venezolano ni funcionario de Naciones Unidas y aún así se sintió lo suficientemente envalentonado como para hablar en nombre del pueblo venezolano. Su plan “Marco de Transición Democrática para Venezuela” pedía al presidente Maduro que renunciara y al sustituto favorito de Washington, Juan Guaidó, que continuara con su imaginaria reivindicación del poder. Los miembros de los cuatro principales partidos, incluyendo el Partido Socialista de Maduro formarían un consejo dirigido por un “presidente interino”. Si este plan es aceptado, Washington levantaría sus sanciones coercitivas unilaterales que había impuesto en 2014.

El fin de semana anterior, Guaidó anunció en Twitter que Venezuela necesitaba un “gobierno de emergencia” que contara con la participación de todos los partidos y que gobernaría hasta que se hicieran nuevas elecciones. Tras el anuncio de Pompeo, Guaidó se atribuyó el mérito y agradeció públicamente a Pompeo. Otros políticos de extrema derecha, como Leopoldo López, Carlos Vecchio, y Julio Borges saludaron el plan de Pompeo y agradecieron a Estados Unidos por apoyar al “gobierno de emergencia” de Juan Guaidó. Cuando escuchó que las lanchas cañoneras se acercaban a las costas venezolanas, María Corina Machado, del partido Vente Venezuela tuiteó “Así se construye la amenaza creíble…”. Es creíble porque las cañoneras ya han hecho esto antes.

La Organización de Estados Americanos (OEA) que se comportó como el brazo largo del Departamento de Estado de EE. UU. durante el golpe contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia en noviembre pasado, se unió al coro iniciado por Pompeo y Guaidó. En una declaración la OEA dijo que “considera que el plan presentado constituye una propuesta válida para un camino que termine con la dictadura usurpadora y restaure la democracia en el país”.

El gobierno venezolano liderado por el presidente Maduro rechazó el plan. Pero no estaba solo. El principal oponente de Maduro en las elecciones de 2018, Henri Falcón del partido Avanzada Progresista, también rechazó el plan Pompeo – Guaidó y el despliegue de buques de guerra en la costa venezolana. La destitución de Maduro, escribió, “es un proceso y no una imposición; requiere acuerdos entre adversarios para que tenga éxito. La solución en Venezuela es entre venezolanos”. La pandemia escribió “hace estragos en el mundo. Venezuela es uno de los países más vulnerables. Sería humanitario y de mucha grandeza que vengan barcos con ayudas y medicinas, y sería muy inhumano, que lleguen cargados con armas y amenazas”.

La mayoría de la oposición en Venezuela, como Falcón, no aprueba la sumisión de Guaidó a Trump y a Pompeo. Claudio Fermín del Partido Soluciones para Venezuela atacó la “irresponsable y fantasiosa tesis” de Guaidó y sus seguidores, que se basa en “la nube fantasiosa de las instrucciones que les envían sus jefes Elliot Abrams, Pompeo y Trump”. Henrique Capriles Radonski, que perdió dos veces las elecciones presidenciales dijo que Maduro tiene “control interno”, mientras que la gente de Guaidó tiene “alianzas internacionales”.

Mucho de esto es déjà vu. El 7 de octubre de 1963, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy reunió a sus asesores en la Casa Blanca para discutir como derrocar al gobierno democráticamente electo de João Goulart en Brasil. Kennedy preguntó francamente: “¿Ustedes ven próxima una situación en la que podríamos encontrar deseable intervenir militarmente nosotros mismos?” Su embajador en Brasil, Lincoln Gordon, dijo que había trabajado en un plan con el Comando del Sur –entonces con sede en Panamá– y con sus contactos en el ejército brasileño. Una invasión de Estados Unidos, le dijo Gordon a Kennedy, requeriría una “operación militar masiva” que “depende totalmente de lo que hagan los militares brasileños”. Cualquier golpe sin un gran apoyo militar llevaría al “comienzo de lo que podría ser una guerra civil”.

En lugar de arriesgarse a una guerra civil, Gordon dijo los militares tenían que actuar y los Estados Unidos tenían que proporcionarles apoyo diplomático y militar. En marzo de 1964, Gordon dijo que “el desarrollo más significativo es la cristalización de un grupo de resistencia militar bajo el liderazgo del General Humberto Castelo Branco”. Washington dio luz verde. La operación Brother Sam [Hermano Sam] se puso en marcha, incluía lanzar huevos a los generales y enviar una fuerza naval masiva a ubicarse frente a la costa sur de Brasil. Un portaaviones, dos destructores con misiles guiados y otros barcos de apoyo zarparon de Aruba y realizaron un muy público viaje a Brasil. El general Castelo Branco se movió contra Goulart, ese golpe creó una dictadura militar –apoyada por Washington– que duró 21 años y mató, detuvo y torturó a decenas de miles de personas.

El grupo de portaaviones de EE. UU. que se encuentra frente a la costa de Venezuela parece estar imitando la Operación Hermano Sam de 1964. En vez de centrar su atención en el acuciante problema de controlar el coronavirus en Estados Unidos –o incluso entre sus fuerzas armadas– Trump ha comenzado maniobras que podrían llevar a un enfrentamiento serio y peligroso en el Mar Caribe.

El pueblo colombiano rechaza la guerra híbrida contra Venezuela
El 21 de noviembre de 2019, el pueblo colombiano salió masivamente a las calles para rechazar las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. En particular, el pueblo pidió que el gobierno elimine dos políticas. Primero, querían que el gobierno de derecha de Duque avance en los Acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Estos Acuerdos, negociados de buena fe, podrían haber terminado una guerra que ha durado seis décadas (el 70% de la sociedad colombiana nació durante esta guerra). Segundo, el pueblo quería el fin de las duras políticas de austeridad impulsadas por el gobierno de Duque, que incluyen recortes a las universidades públicas, al sistema de pensiones, y al gasto social en general. La principal federación sindical, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convocó a la protesta, que luego se amplió a un levantamiento masivo contra Duque y el sistema político colombiano.

El secretario general de la CUT y portavoz del Congreso de los Pueblos, Edgar Mojica, estuvo diariamente en las barricadas, contribuyendo a dar forma al levantamiento masivo que sugería que la sociedad colombiana ya no quería ser rehén de los caprichos de su oligarquía esclerótica y del gobierno de Estados Unidos. Ese era el estado de ánimo. Estaba claro en los eslóganes y grafitis que aparecieron primero en Bogotá, la capital de Colombia, y luego en las ciudades y pueblos más pequeños. Las dos demandas –implementar los Acuerdos de Paz y acabar con la austeridad– están relacionadas. La oligarquía colombiana teme que, si contribuye a construir una paz abarcadora y genuina, la llegada de las FARC al escenario político fortalecerá a la izquierda, y una izquierda más fuerte tendría el poder, no solo de anular la agenda de austeridad sino también la orientación pro-estadounidense de las clases gobernantes en Colombia (para más sobre este tema, pueden consultar el dossier No 23 del Instituto Tricontinental de Investigación Social: Paz, neoliberalismo y cambios políticos en Colombia)

La otra organización de izquierda –el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– ha tratado de negociar de buena fe con el gobierno de Duque, pero le han cerrado la puerta en la cara repetidamente, como le dijo Pablo Beltrán, un líder del ELN, a la periodista y educadora argentina Claudia Korol, el año pasado. Duque ha intensificado la campaña militar contra el ELN. Si los Acuerdos de Paz con las FARC y las conversaciones con el ELN se profundizan, socavarían el poder de la oligarquía y de Washington. Como dijo Olimpo Cárdenas, miembro del Congreso de los Pueblos hace dos años, “Hay un sector de la oligarquía colombiana que se beneficia de la guerra”.

Hay días en que parece que el presidente Duque no pudiera tomar decisiones sin consultar con el gobierno estadounidense y con su mentor, Álvaro Uribe. Los consejos que recibe son de profundizar la alianza con los Estados Unidos, incluso al costo de la opinión pública en Colombia. Sería apropiado llamar a la política de Duque respecto a los Estados Unidos una “política de felpudo”, en la que ofrece a Colombia como el felpudo para que los Estados Unidos se limpie los pies antes de marchar sobre la vecina Venezuela. Cuando hablamos recientemente con Mojica, dijo, “El gobierno colombiano es un gobierno sumiso y proclive a las decisiones del gobierno norteamericano”

Esto no es una novedad. A comienzos del siglo XX, la política exterior de Colombia estaba definida por el principio de Respicim Polum (Mirar hacia el Norte). Más recientemente, en la década de 1990, la política estadounidense cambió su mirada de América Central hacia Colombia. El Plan Colombia desarrollado en 1999, impulsó una agenda militarizada de Estados Unidos y la oligarquía colombiana en la “Guerra contra las Drogas” que era esencialmente un intento de derrotar cualquier insurgencia revolucionaria y consolidar el control sobre el territorio andino-amazónico. Lo que es realmente nuevo, dice Mojica, es que Duque ha hecho todo para facilitar tanto el bloqueo contra Venezuela como una posible intervención militar en ese país.

Cuando los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos instaron a sus socios de América Latina a crear una plataforma contra Venezuela, que se convirtió en el Grupo de Lima en 2017, Colombia fue un participante entusiasta. En febrero de 2019, Duque dio la bienvenida al Grupo de Lima a Bogotá durante una apuesta arriesgada de Estados Unidos para derrocar al gobierno venezolano del presidente Maduro. En ese momento, Mojica y otros líderes de movimientos sociales criticaron la forma en que su país estaba siendo utilizado por la oligarquía colombiana y los Estados Unidos con fines estrechos, en contra de los intereses del pueblo colombiano. Mojica nos dijo: “hemos estado denunciando desde el año pasado cuando el presidente Duque se prestó para legitimar el gobierno del señor Guaidó y para legitimar todas las posturas que ha tenido el grupo de Lima frente a la situación de Venezuela”. El aumento de la tensión militar con Venezuela se ajusta a la agenda del gobierno de Duque. Significa que puede dejar de lado cualquier conversación sobre la plena implementación de los Acuerdos de Paz y dejar de lado cualquier crítica a sus políticas de austeridad. Desde 2016, cientos de líderes de movimientos sociales han sido asesinadxs en toda Colombia; esta violencia se ve oscurecida por la atención que los medios de comunicación le dan a la frontera colombo-venezolana.

Con el absurdo del gobierno de Estados Unidos diciendo que Venezuela es la fuente del narcotráfico, –incluso cuando todas las pruebas apuntan a que el narcotráfico tiene sus raíces en Colombia– le quita a Colombia la presión de tener que lidiar con sus problemas con la droga. De hecho, los íntimos vínculos entre la oligarquía y los narcotraficantes están ahora ocultos por la delirante afirmación de que el mismo Maduro está involucrado en este comercio.

Mojica nos dijo que toda esta política de narcóticos es una “distracción” porque no logra comprender el problema real. “Y esas políticas de aspersión de cultivos y de chantaje con políticas al gobierno colombiano las hemos venido rechazando”. El gobierno estadounidense utiliza su poder institucional para forzar cambios en las políticas del país. Mojica explicó que, debido a que la producción de hojas de coca por los llamados sembradores, pequeños agricultores, es “el primer paso de la producción”, y porque los sembradores no tienen otra fuente de ingresos para mantener a sus familias, se convierten en “el eslabón más débil de la cadena” y un blanco fácil para los programas de erradicación de la cocaína.

Estos pequeños agricultores, cuyas propiedades y cuerpos estarán saturados de químicos tóxicos, no son los principales culpables del tráfico de drogas, ni su bienestar le preocupa al gobierno de Duque, pero proporcionan un chivo expiatorio conveniente para enmascarar las acciones de aquellos que realmente mueven los hilos. La responsabilidad por el colosal comercio de drogas por el cual el gobierno de Trump y sus compinches están supuestamente tan preocupados recae principalmente en los grandes narco-carteles colombianos, que trafican las drogas a través de México y Centro América hacia América del Norte; en la mafia de las drogas dentro de los Estados Unidos, y en la inmensa demanda de los consumidores, mayormente en Estados Unidos y en Europa, por cocaína sudamericana.

Pero ninguno de los principales culpables enfrenta el peso de la política de erradicación de drogas, reservada para el “eslabón más débil”. A los sembradores de coca dice Mojica, “no se les presenta una alternativa distinta en términos de radicación, diversificación y garantías de sostenimiento productivo y alimentario para estas familias”. A pesar de esto, se han convertido injustamente en la línea de frente de la guerra. Los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016 si proporcionaron un mecanismo para apoyar a los agricultores en la transición para dejar de sembrar cultivos ilícitos. Sin embargo, como ocurre con muchas otras cosas en este proceso de paz, el protocolo no se ha respetado; las comunidades campesinas han denunciado repetidamente incidentes de erradicación forzosa por parte del ejército. El asesinato de líderes de estas comunidades a menudo lo llevan a cabo grupos paramilitares, cárteles y una sección de las fuerzas armadas conocida como Fuerza Pública.

Las administraciones de Estados Unidos y de Duque, dice Mojica, están utilizando la cuestión de las drogas para impulsar una agenda de cambio de régimen en Venezuela. La cosa es tan grave que el gobierno colombiano ha permitido a tropas estadounidenses entrar en su territorio, tanto en la costa del Caribe como en la frontera colombo-venezolana, en la zona de Catatumbo. “Creemos que desde allí se está preparando una invasión terrestre” dice Mojica. Son tiempos tensos, con la inminente posibilidad de que las maniobras militares se conviertan en una guerra.

El Senado colombiano ha sido muy claro en su oposición al uso del territorio colombiano para desestabilizar a Venezuela. En abril de 2020, un grupo de congresistas colombianos escribió una carta pública a Duque, diciendo que su país no debe participar en el cambio de régimen en Venezuela. Si Duque quiere llevar a cabo tal agenda, debe solicitar permiso al Congreso. Mojica nos dijo que los movimientos sociales colombianos “rechazan completamente” la agenda de Trump. “No somos su patio trasero”, dijo refiriéndose a los Estados Unidos y por lo tanto tampoco su felpudo. “No compartimos sus políticas antidrogas, no compartimos sus políticas de saqueo de nuestros recursos naturales y bienes de la naturaleza”.

“Bahía de Cochinillos”

En la madrugada del domingo 3 de mayo, lanchas rápidas salieron de la costa colombiana y se dirigieron a Venezuela –aunque no tenían autorización para cruzar la frontera marítima– y atracaron en la costa venezolana en el estado de La Guaira. Esta fue claramente una acción hostil ya que las lanchas llevaban armamento pesado, incluyendo rifles de asalto y municiones. Las personas que iban en las embarcaciones tenían teléfonos satelitales, así como uniformes y cascos con la bandera de Estados Unidos. La incursión fue interceptada por militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que los combatieron. Ocho de los beligerantes murieron, dos fueron interceptados y varios escaparon temporalmente. Uno de los arrestados dijo que era un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). En la madrugada del lunes 4 de mayo, fuerzas de seguridad venezolanas con la ayuda de pescadoras y pescadores de las Milicias Bolivarianas en el pueblo costero de Chuao arrestaron a otros ocho mercenarios en una lancha rápida que intentaba entrar al país. Otros dos fueron capturados el mismo día en Puerto Maya. Durante el arresto, las fuerzas de seguridad venezolanas incautaron más armamento y equipo de inteligencia militar.

Néstor Reverol, el ministro del Interior de Venezuela, dijo a los canales de televisión venezolanos horas después de la frustrada incursión que el gobierno recibió información sobre el ataque de fuentes en Colombia y de sus propias patrullas regulares de la costa venezolana. “No podemos tomar ninguna de sus amenazas a la ligera” dijo el prominente político Diosdado Cabello. “Lo que sucedió hoy”, dijo, “es un ejemplo de la desesperación” de Estados Unidos y sus aliados.

Este tipo de complots rodea a Venezuela, y en ellos participan una serie de personajes de los sectores más sórdidos de los cuarteles y del mundo de la droga, así como de la inteligencia estadounidense y del paramilitarismo colombiano. El plan para una pequeña invasión en 2019 que se descubrió, está ahora documentado por Joshua Goodman de Associated Press. El complot fue liderado por Jordan Goudreau, que sirvió en el ejército estadounidense como médico en Irak y Afganistán y luego se convirtió en contratista de seguridad privada. El trabajó con Cliver Alcalá, un ex oficial del ejército venezolano, que juntó a unos pocos cientos de desertores venezolanos para conducir la incursión. Alcalá está ahora en prisión en los Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas. Goudreau y Alcalá estaban respaldados por el guardaespaldas de Trump, Keith Schiller, y por Roen Kraft de Kraft Foods. Toda la operación huele a una loca aventura de la CIA, similar a la fallida invasión de Cuba en 1961, en Playa Girón.

Uno de los aspectos más desagradables de la incursión militar de 2020 fue que –en nombre de combatir el narcotráfico– toda la operación parece haber sido financiada por narcotraficantes. José Alberto Socorro Hernández (alias Pepero), que fue capturado durante la invasión, admitió que el cartel colombiano La Guajira le ofreció 2 millones de dólares por sus acciones. Pepero confesó que la operación fue financiada por Elkin Javier López Torres (alias La Silla, o Doble Rueda), un pariente de la mujer de Alcalá, Marta González.

Es probable que la mas reciente invasión de mayo de 2020 surgiera del campamento militar de desertores establecido por Alcalá en Colombia. Uno de los hombres involucrados era el capitán Robert Levid Colina, también conocido como Pantera. Colina había participado en el intento de golpe de Estado en nombre de Juan Guaidó el 30 de abril de 2019 y es estrecho colaborador de Alcalá. Antonio Sequea, ex miembro de Guardia Nacional Venezolana, visto por última vez el 30 de abril de 2019, durante el fallido golpe de Estado liderado por Leopoldo López y Juan Guaidó, estaba entre los detenidos. Se cree que Sequea dirigió la operación. También cabe destacar el arresto de dos militares estadounidenses de Texas, Luke Denman y Airan Berry, miembros de la empresa de mercenarios estadounidense Silvercorp. El gobierno estadounidense ha negado cualquier participación en la operación y básicamente la ha ignorado, pero según uno de los mercenarios detenidos, la pareja tiene relaciones con el jefe de seguridad de Trump.

Silvercorp es la empresa de Jordan Goudreau, a quien Guaidó prometió pagar 212,9 millones de dólares por “capturar, detener o “remover” al presidente Nicolás Maduro e instarlo a él en su lugar”, como informó el periodista Alan MacLeod. En febrero de 2019, Goudreau y su empresa proporcionaron seguridad a la derecha venezolana durante el provocador concierto de Ayuda Humanitaria. También aparecieron en redes sociales videos y fotos mostrando un contrato firmado entre Goudreau y Guiadó. El ex agente especial estadounidense expresó su frustración porque Guaidó no cumplió su parte del trato, y Silvercorp aún no ha recibido el pago por su trabajo.

Se cree que la operación, que ha sido investigada por las autoridades venezolanas durante los dos últimos meses, fue organizada, planificada y financiada por la oposición venezolana y sus diversos aliados con el objetivo de asesinar al presidente constitucional Nicolás Maduro y a otros líderes de alto nivel del gobierno venezolano. Es probable que la recompensa del gobierno estadounidense por Maduro y otros líderes haya jugado un papel en este intento de invasión.

Sin embargo, como explicó Hernán Vargas, integrante del Movimiento de Pobladoras y Pobladores y de la Secretaría de ALBA Movimientos, parece que la misión de este grupo “no era controlar el país ni derrocar al gobierno, si no llevar a cabo una serie de actividades que se coordinarían con otras fuerzas, que dependían de una cadena de acontecimientos que no se produjeron… Ellos esperaban quizá una respuesta de las Fuerzas Armadas, una movilización callejera, u otro grupo armado que se iba a unir, y eso no ocurrió”.

No obstante, los mercenarios jugando a luchadores por la libertad, “no esperaban una respuesta del pueblo” dijo Vargas, y subestimaron enormemente la habilidad de la inteligencia venezolana. Explica que quizá tenían en sus cabezas la idea de que serían “recibidos con aplausos y vítores. Pensaron que la gente iba a apoyar esto o que una fuerza armada iba a apoyarlos… pero no hay gente en Venezuela dispuesta a hacerlo. La mayoría de los venezolanos quiere que se resuelva en paz. No hay sectores que estén dispuestos a asumir esta apuesta o no lo suficiente para lo que necesitan en este momento”.

La amenaza, sin embargo, permanece. Vargas pide que se estudie con detenimiento el contrato de Silvercorp con Juan Guaidó y Juan José Rendón –un consultor político de derecha y ex asesor de Guaidó– donde señala que hay “toda una serie de cláusulas que permiten o acuerdan violaciones de derechos humanos, ejecución de civiles, uso de armas pesadas, lo que introduce otra dimensión. En otras palabras, es una situación igualmente peligrosa porque estos grupos pueden llevar a cabo fácilmente acciones terroristas, y también establecen objetivos estratégicos civiles y militares en Venezuela”.

Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, dijo que el gobierno y el pueblo habían derrotado este ataque y que permanecerían vigilantes contra otros complots similares. Uno de los rasgos característicos del proceso bolivariano ha sido la movilización de la población para defenderse, desde el fallido golpe contra Chávez en 2002 a la fecha. “Nos declaramos en rebelión”, dijo Padrino, añadiendo que Venezuela está ahora en estado de “vigilancia permanente”. A pesar de la pandemia, el viejo libro de jugadas de la CIA y del gobierno estadounidense en su conjunto –actualmente dirigido por la administración Trump– con sus golpes sucios y sus guerras híbridas, sigue operando. Así como los cubanos derrotaron la invasión respaldada por Estados Unidos en Playa Girón en Bahía de Cochinos (1961), el pueblo venezolano derrotó este complot “Bahía de Cochinillos” en La Guaira (2020).

La debilidad del poderío estadounidense

Cinco buques cisterna iraníes cargados de gasolina se desplazaron rápidamente con sus banderas ondeando y sus radares abiertos a la detección desde Bandar Abbas (Irán) hacia el Mar Caribe. Uno de ellos, llamado casualmente «Fortune«, rompió el nervioso bloqueo naval estadounidense y entró en El Palito, Venezuela, el 24 de mayo. El hecho de que Estados Unidos no haya podido forzar un enfrentamiento con los buques iraníes muestra la debilidad de su posición. Se abre un nuevo puente marítimo entre dos países bajo inmensa presión de EE. UU.; esto demuestra las limitaciones –pero no el final– del poderío de Estados Unidos y de la guerra híbrida.


Tricontinental/Alba Tv

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