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Por Javier Calderón Castillo

¿Crisis de la frontera o crisis social colombiana?

27 de agosto de 2015

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El cierre de la frontera colombo-venezolana en el paso del Puente Internacional Simón Bolívar, al igual que la promulgación del estado de excepción en 5 municipios del Estado Tachira en Venezuela está siendo mostrada por la prensa hegemónica como un ataque a Colombia y a los colombianos. Más allá de las matrices mediáticas, la medida tomada por el presidente Maduro ha desnudado un problema profundo generado por dos modelos distintos de proyecto político-económico: el colombiano, profundamente neoliberal, represivo y contrainsurgente, que tiene al paramilitarismo como su estrategia; y el venezolano, un proyecto posneoliberal, distribuidor de la riqueza y que tiene como fundamento la alianza pueblo-fuerzas armadas.

Para entender lo que esta ocurriendo, es preciso recordar que en 1999, en los preparativos del Plan Colombia, fueron desplegados más de 5 mil paramilitares al mando del temible Mancuso, perpetrando masacres, amenazas y tomando control sobre la política departamental. Mataron o desplazaron al movimiento social y popular, se tomaron la seguridad privada de los barrios, copando la economía fronteriza y la política local, todo con el apoyo de las fuerzas armadas estatales y por los planes de guerra consignados en los manuales contrainsurgentes y antipopulares dictados desde Estados Unidos.

Ningún gobierno colombiano ha generado políticas sociales para los habitantes de la frontera, la pobreza es la regla en los departamentos (provincias) de Norte de Santander, la Guajira, Arauca, Vichada, no han llegado políticas de generación de empleo digno, de mejoramiento de la salud, de ampliación de la cobertura y calidad de la educación, ni mucho menos se ha ampliado la democracia. Todo lo contrario, desde la política central y local se han permitido los dominios de los prestamistas, usureros, traficantes de seres humanos, narcotraficantes, contrabandistas, entre otros. Una política de frontera que obliga a los colombianos de esas regiones exigir a Miraflores lo que no le exige a la Casa de Nariño.

Lo que ha generado un impacto negativo en la economía venezolana y ha ocultado la ausencia de políticas sociales redestributivas en la frontera. Una dinámica delictiva liderada por el narco-paramilitarismo colombiano, que ha generado una cadena de corrupción con ganancias exhorbitantes, según el presidente de la federación de productores avicolas- FENAVI de Colombia, al mes ingresan del vecino país alrededor de 1500 toneladas de pollo de contrabando (Sandoval: 2015), en 2006 entraban al país ilegalmente cerca de 672.000 galones de gasolina provenientes de Venezuela (Revista Semana, 2006), lo cual permite dimensionar el negocio que tiene una cadena de valor y corrupción que llega hasta las estaciones de gasolina en Colombia ( Egea: 2013, pág. 97)[1].

Pero la acción narco-paramiltar no es sólo económica. Con la llamada Parapolítica en Colombia quedó demostrada la estrecha relación de políticos de derecha colombianos con el poder narco que ostentan los paramilitares, una estrategia de poder territorial que se extendió en todos los departamentos de frontera y que se irradia hacía Venezuela en la forma de injerencia extranjera en la política Venezolana (El Tiempo; infografía: 2009), ¿es casualidad que de los 335 municipios que tiene Venezuela la oposisición gobierne en 68, y que de estos 68,32% estén en la frontera con Colombia?; los hechos nos indican que no es casual, que corresponde a una política apoyada por la derecha colombiana y en especial por el extremista Alvaro Uribe Vélez.

contrabando.jpgEl cierre de la frontera decretado por el gobierno Venezolano, es una medida que obliga a discutir la política social y económica del Estado colombiano, no las políticas venezolanas. Desde Colombia el gobierno y la prensa hegemónica le exige a los vecinos que respeten los derechos humanos de los migrantes, cuando el gobierno colombiano viola sistemáticamente el de su propia población; le exigen a Venezuela no cerrar la frontera, porque allí los colombianos reciben salud, educación y sobreviven de los negocios generados por el contrabando de la gasolina, con la comida subsidiada de MERCAL y PDVAL, entre otras cosas. El gobierno colombiano y los medios hegemónicos le exigen a Venezuela otorgar derechos a la población colombiana, que el gobierno neogranadino no le otorga a los cucuteños ni a ningún otro colombiano.

El presidente Santos hace uso del negacionismo, cuando minimiza el exodo de colombianos/as hacía Venezuela. En el país vecino hay más de 300 mil refugiados o peticionarios de refugio desplazados por el paramilitarismo, y más 3.5 millones de migrantes o exiliados de la crisis social y económica colombiana. Muchos colombianos tuvieron casa propia por la misión vivienda Venezuela, tuvieron estudios superiores por la misión Miranda, todos quieren la ciudadanía venezolana para que les llegue algo de bienestar que nunca les ha llegado de Bogotá.

Santos y la derecha colombiana, niegan cinicamente la existencia del paramilitarismo, pero sigue siendo una política de Estado, apoyada por empresarios y terratenientes que pretenden mantenerse en el poder a sangre y fuego, como lo demuestran los hechos. Estos paramilitares representan los sectores del poder que no quieren la paz con justicia social, los que pretenden seguir encendiendo las fronteras para promover una crisis en Venezuela que ponga en jaque a la región y con ello los mismos diálogos de paz, en los que el país vecino actúa como facilitador, y ha jugado un papel central como acompañante del sueño de la solución política al conflicto que moviliza al pueblo colombiano.

El Estado colombiano se debe hacer cargo del subsidio a la gasolina en la frontera, de la atención médica integral y gratuita de la población, de las políticas de empleo digno y bien remunerado, que subsidie los alimentos, que genere planes de vivienda social, que amplíe la oferta educativa estatal en todos sus niveles. Que el Estado nacional se haga cargo de los derechos de los habitantes de la frontera con venezuela es una tarea del movimiento político y social colombiano que está emergiendo como alternativa. Hay que lograr tener un gobierno que genere tantos derechos sociales en Colombia, que viajar a Venezuela, o cualquier otro país, sea una opción de turismo o de movilidad y no la única opción para vivir dignamente. Eso sólo será posible cuando se derrote al neoliberalismo.

El gobierno Venezolano debería incluir al movimiento popular y social colombiano en la búsqueda de soluciones a lo que se ha denominado crisis fronteriza, generar un puente real con los proyectos latinoamericanistas en Colombia que trabajan en búsqueda de una sociedad posneoliberal. El pueblo venezolano y colombiano son hermanos y no pueden permitir que broten distancias entre dos naciones que son las dos alas del mismo ideario bolivariano, la diplomacia de los pueblos puede convertirse en la alternativa para luchar conjuntamente contra el paramilitarismo y el neoliberalismo que padecen los colombianos y que se pretende imponer en Venezuela.

La crisis que existe entonces es la pobreza generalizada en Colombia, producto del modelo neoliberal y la represión sistemática. La crisis es entre dos modelos antagónicos que están en disputa en toda nuestra américa.

Por Javier Calderón Castillo
Marcha Patriótica Internacional

[1] Una pimpina de 26 litros de combustible le cuesta a un venezolano sólo 1,80 bolívares fuertes, pero Carlos se la compra a 32 bolívares fuertes: el margen de ganancia es de 1.677%. Pero el negocio es aún más lucrativo: esa misma pimpina Carlos la vende después a 18.000 pesos (42,85 bo- lívares fuertes) a un segundo intermedia- rio, que lleva esa gasolina hasta Bucara- manga, donde se le vende al consumidor final por 30.000 pesos (71,45 bolívares fuertes). En pocas palabras: un litro de gasolina que costó 7 céntimos del lado venezolano se vende, un par de días des- pués, a un consumidor colombiano por el equivalente a 2,75 bolívares fuertes” (Perereira y Castro, 2010).

Fuente: http://www.marchapatriotica.org/

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