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Acordaron un fondo autónomo con 1.5 billones de pesos

Crónicas del paro y nueva ruta de lucha en Buenaventura

Colombia | 22 de junio de 2017

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El pasado 16 de mayo inició un paro cívico en el distrito portuario de Buenaventura en el Valle del Cauca, Colombia, seis días después de iniciado un paro departamental en Chocó y cinco días después del paro nacional de profesores y profesoras convocado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Esa misma quincena pararon sus servicios taxistas en Cali, estudiantes de la Universidad Nacional se declararon en paro por el mal servicio alimenticio y educativo del que son víctimas, mientras el servicio de seguridad penitenciaria también se declaró en paro, no permitiendo temporalmente el ingreso de más internos a los centros de reclusión.

Estas expresiones de protesta de diversos sectores de la sociedad colombiana son producto de la inconformidad y la exigencia por mejores condiciones laborales, educativas, de asistencia social, y en general son muestras de lucha por una vida digna. En el caso de Buenaventura las condiciones adversas de la ciudadanía se acentúan cuando vemos que registra un 18% de desempleo (entre los más altos del país) y el 46,0% de los ocupados son por cuenta propia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia en 2016, a pesar de ser este el puerto más importante del pacífico colombiano por donde ingresa cerca del 52% de las importaciones al país.

Históricamente la región del pacífico colombiano y en específico el departamento Valle del Cauca ha registrado las mayores desigualdades sociales e índices de pobreza entre su población, a pesar de ser el puerto de Buenaventura una válvula importantísima en la economía colombiana y por donde circula la mayoría del comercio con el mercado asiático, pero cuya administración está en mano de empresas privadas desde los años 90 cuando se liquidó Colpuertos y se crearon instituciones como las Sociedades Portuarias Regionales (SPR), la Superintendencia General de Puertos y empresas de operadores portuarios privados.

La inversión social del sector privado es prácticamente nula y vemos un puerto con tecnología de avanzada que registra las mayores dinámicas económicas del pacífico suramericano, junto al puerto de Valparaíso en Chile y al de Guayaquil en Ecuador, pero a su espalda la ciudad y sus pobladores debieron articular un paro cívico para exigir que se cubran necesidades tan básicas como el suministro de agua potable para toda la ciudadanía.

Estas condiciones adversas vienen generando movilizaciones y mesas de trabajo con mayor fuerza desde el 2013 y 2014 para acá, indica Astolfo Aramburo, miembro de Proceso de Comunidades Negras (PCN) organización afrocolombiana cuyas bases formaron parte activa del paro cívico. Astolfo indica que todos estos antecedentes “estuvieron asociados al sentir y las necesidades básicas de la comunidad como el agua, la educación, la salud o el territorio”, generando el acumulado que permitió la movilización masiva de la sociedad en mayo de este año.

Las organizaciones y sectores sociales promotores se articularon en el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, desde donde se instalaron ocho mesas de trabajo según las diferentes reivindicaciones que vienen trabajando los movimientos sociales y la población en general: educación, salud, territorio, víctimas, empleo, ambiente, acceso a la justicia, cultura – género – recreación, para facilitar el proceso de negociación con las delegaciones presidenciales designadas para atender la situación.

Desde el inicio, la solicitud del Comité fue la declaración del “estado de emergencia social, económica y humanitaria en la localidad” como método para garantizar la inversión e intervención del Estado en la resolución de las necesidades identificadas. Sin embargo, la representación del gobierno de Juan Manuel Santos nunca cedió hasta la petición llegando así congeladas las negociaciones al 19 de mayo cuando por primera vez desde iniciado el paro el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) arremetió contra los manifestantes.

La circunstancias de este primer choque entre fuerzas del orden público y la población bonaverense se dio en condiciones que vale la pena destacar: Ese mismo día los representantes del gobierno se levantaron de la mesa de negociación aún si llegar a ninguna acuerdo pero asegurando que no actuarían fuerzas del orden público en la mediación del conflicto; las primeras 72 horas de paro hubo presencia de la policía municipal en las cercanías de los comercios, pero la tarde del viernes 19 sin explicación se replegaron de las zonas donde posteriormente se registrarían saqueos que fueron la justificación para la intervención del ESMAD; esa noche se registra la única víctima fatal a causa de arma de fuego en todo el proceso del paro, cuyas circunstancias aún están bajo investigación por los entes responsables.

Astolfo define esta acción represiva del ESMAD como un punto de quiebre en el transcurso del paro: “creemos que hubo un hecho coyuntural en el proceso del paro que impacto de manera positiva y exorbitante la dinámica del mismo. Hasta el viernes 19 la gente se mantuvo manifestando pacíficamente en la calle, haciendo uso de la vía y los diferentes escenarios públicos, como no había tráfico los jóvenes salían a jugar fútbol, la gente sacaba el bombo, la marimba y se ponían a cantar nuestras músicas de la región como el curulao, también se contaban leyendas tradicionales, eran actividades culturales y pacíficas, eso tenía a la gente muy contenta porque la ciudadanía tenía sed de esos espacios y el paro los permitió, nutriéndose muchísimo la dinámica y haciendo que la gente saliera a las calles, como estaban suspendidas las clases la gente se sumó a la actividad cultural conectándose con las peticiones del paro”.

Continúa Aramburo: “en ese contexto el gobierno ordena al ESMAD que entre a la ciudad, reprima la manifestación pacífica y recupere el control de las vías. Cuando el ESMAD entra de forma abrupta lanzando gases lacrimógenas contra la gente y mal tratando a las personas, generó una reacción muy fuerte en la población que se sintió humillada y muy agredida, algunos vándalos saquearon locales comercios y el alcalde decretó el toque de queda”. Astolfo asegura que lejos de desmovilizar a la población, la indignación por el atropello de las fuerzas represivas duplicaron el número de bonaverenses activos en las acciones del paro al día siguiente.

Lo acordado

Transcurridos 22 días de paro, con 180 heridos y un fallecido - según los datos de la mesa de Derechos Humanos del Comité del Paro Cívico - se llega finalmente a un acuerdo con los representantes de la presidencia, ya que a pesar de la exigencia de los bonaverenses, el Presidente Juan Manuel Santos nunca hizo presencia en el municipio. El principal acuerdo es la creación de un proyecto de Ley que contendrá un plan de desarrollo social a 10 años, financiado a través de un fondo autónomo en el que el gobierno aportará el 50% a la renta para garantizarlo.

Con este fondo se compromete la financiación de proyectos en infraestructura, garantizará la cobertura del 100% de la población con agua potable; impulsará la calidad, cobertura y pertinencia de la educación. El gobierno nacional creará un crédito externo de 76 millones de dólares para construir: la ciudadela hospitalaria, la construcción de la primera fase del sistema de alcantarillado, los acueductos rurales, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Ablanque de la Plata, el tecnoparque industrial pesquero y agrícola, y el muelle de cabotaje.

El gobierno de Colombia garantizó recursos por 1.5 billones de pesos (unos 500 millones de dólares), comprometiéndose a depositar medio billón de lo acordado en una subcuenta del fondo para agilizar la entrega de recursos y el proceso de ejecución de las obras en Buenaventura.

Los fondos serán distribuidos de la siguiente manera: 165 mil millones para vivienda, 53 mil millones para productividad y empleo, 34 mil millones para ambiente, 251 mil millones para agua y saneamiento básico, 30 mil millones para energía, 170 mil millones para educación, 18 mil millones para deportes y 62 mil millones para acceso a la justicia , protección y víctimas.

Seguimiento a los acuerdos

Astolfo describe que durante el proceso de negociación intervienen diferentes instituciones que ahora cumplirán un papel de acompañantes o veedores al cumplimiento de los acuerdos, entes como la Procuraduría o la Defensoría, delegaciones de Naciones Unidas, quienes junto a las organizaciones sociales que conforman el Comité del Paro serán los principales garantes de que no se desvíen los recursos o se amañen los contratos, ya que la corrupción es la principal amenaza en la fase de desembolso de los recursos y ejecución de las obras según experiencias anteriores.

En relación al proyecto de Ley “hay que estar pendiente de que el congreso no le ponga ’micos’ o ’arandelas’ como decimos acá en Colombia (…) nos preocupa en este caso, que como siempre pasa, los recursos no tengan la suficiente fiscalización, que en la Ley se condicione el Fondo Autónomo para que lo maneje uno u otro ente del Estado, entes donde el gobierno tiene amigos o personas cercanas que pueden hacer la ejecución de esos proyectos, entonces allí habría que estar pendiente de garantizar que los recursos no sean ejecutados por los mismos de siempre, porque nuevamente van a ser obras que no se van a cumplir, los mismos de siempre van a meter sus amigos para que se enriquezcan”, indicó Aramburo.

La mayor garantía para el cumplimiento de los acuerdos será la participación del pueblo con un papel contralor, y en ese sentido hay que destacar que el Comité declaró la suspensión del paro, no su levantamiento definitivo, por lo que sigue latente la posibilidad de que los bonaverenses vuelvan a tomar las calles en caso de incumplimientos.

Por otra parte, Astolfo afirma que la ciudadanía a raíz del paro esta activa y dinámica, se ha vuelto un sujeto político participativo y consciente de la problemática social, “la ciudadanía no va a hacerle seguimiento solo al gobierno frente a posibles incumplimientos, sino también va a hacer control a la implementación de los acuerdos, a quienes van a ejecutar las obras que hayan que ejecutar”. Sin embargo, no existe y sería una buena herramienta construir una ruta específica de seguimiento comunitario que acompañe a cada una de las ocho mesas de trabajo que harán seguimiento de los acuerdos por área, de modo que no recaiga solo sobre el Comité la responsabilidad fiscalizadora en representación de la comunidad.

Estas condiciones de una ciudadanía sensibilizada, activa y movilizada en torno al logro que representa haber forzado al gobierno de Juan Manuel Santos a sentarse y comprometerse con respuestas concretas a las necesidades más sentidas de la población, es la principal conquista del pueblo colombiano, que va construyendo de los acuerdos de negociación con el gobierno, herramientas para orientar y viabilizar la lucha de las comunidades.


JC/AlbaTv/2017

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