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Entrevista a Antonio González (Sur-Gentes)

Derechos Humanos en Venezuela: una mirada contrahegemónica

Venezuela | 28 de julio de 2017

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La manipulación del discurso de los Derechos Humanos es uno de los principales instrumentos injerencista en contra del proceso bolivariano en Venezuela. Orquestada desde los centros de poder hegemónicos occidentales, opera a través de las grandes corporaciones mediáticas mundiales y de las ONGs por ellos financiadas. La estrategia no es nueva, y el resultado es la llamada “Inversión de los Derechos Humanos”: su utilización para destruir la humanidad en vez de promover la dignidad humana[1].

¿Cómo se lleva a cabo este ataque? ¿Por qué se utiliza este tipo de discurso? ¿Cuál es la situación real de los derechos humanos en Venezuela? A partir de estas y otras interrogantes, desde Alba TV hemos entrevistado a Antonio González, integrante del Colectivo Sur-Gentes, organización que trabaja por los derechos humanos y acompaña un proceso de autogobierno popular en San Agustín del Sur (Caracas).

¿De qué manera se está atacando a la Revolución Bolivariana a través del tema de los Derechos Humanos?

La Revolución Bolivariana es atacada con el discurso de los derechos humanos en una lógica de instrumentalización por parte de la derecha nacional e internacional, que pretende con ello deslegitimar el proceso político y presentar a Venezuela como un “Estado fallido”. Esto ocurre con una especie de articulación entre algunos de los organismos multilaterales, las principales ONGs liberales del mundo, las corporaciones mediáticas y actores locales, que construyen una matriz de opinión basada en el doble rasero de evaluación de la situación en Venezuela, presentando las violaciones de derechos humanos en Venezuela como excepcionales, atípicas y sistemáticas. En todos los países del mundo se violan los derechos humanos, esa no es una novedad. El tema es el modo en que se presentan en Venezuela esas violaciones: se miran de una manera distinta a otros países aliados de los poderes mundiales.

¿Por qué se utiliza el discurso de los Derechos Humanos como estrategia intervencionista?

Se utiliza el discurso de los Derechos Humanos porque es un discurso que tiene una amplia legitimación internacional. Es un discurso poderoso, que articula grandes consensos internacionales, como la Democracia, y en ese sentido se convierte en un instrumento eficaz de delegitimación de la Revolución Bolivariana y del Gobierno Bolivariano.

Esta no es una estrategia nueva, se ha hecho desde 1998, e incluso antes: en la campaña y en la precampaña electoral de Chávez ya se ha estado utilizando este discurso. La paradoja es que quienes han utilizado este discurso en Venezuela fueron los mismos que dieron el Golpe de Estado en 2002, que promovieron insurrecciones oligárquicas en 2003, que fomentaron las distintas guarimbas que han ocurrido y que aún hoy promueven la violencia. Eso demuestra que existe un vacío de contenidos real y moral en el discurso que utilizan.

¿Cuáles han sido los antecedentes de éste tipo de estrategia?

Los antecedentes de esta instrumentalización de los Derechos Humanos son las terribles invasiones a distintos países del mundo, por parte de las potencias occidentales. Cada vez que se construye desde afuera un “Estado fallido”, un “Estado forajido”, un “Estado violador de Derechos Humanos”, se hace como antesala de intervenciones de distinto tipo, no necesariamente armada (aunque algunas hayan sido directamente armadas). Son intervenciones que implican una configuración estratégica de alianzas entre corporaciones mediáticas, Estados poderosos del mundo occidental y sus aliados en los territorios vecinos.

¿Qué están haciendo las instituciones venezolanas en mérito?

En Venezuela hay políticas públicas desde 1999 estructuralmente favorables a los Derechos Humanos. La Constitución de 1999 es una de las constituciones más garantistas del mundo. Las políticas públicas de los años siguientes han sido consistentes con esa constitución y han logrado éxitos enormes como la reducción de la pobreza y de la desigualdad, el aumento de la inclusión, de la seguridad social, de la cobertura educativa. Se inició un proceso de reforma policial que apunta a garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal.

Ahora, todos estos procesos no ocurren sin tensiones, pero se ha venido avanzando. Se creó en 2014 el Consejo Nacional de Derechos Humanos; se activó un Plan Nacional de Derechos Humanos. Hay una evidente voluntad política favorable a los Derechos Humanos, aunque eso no implica que no haya retrocesos, tensiones y políticas que sean contrarias. Ejemplo claro de una política contraria a los Derechos Humanos es la OLP[2], que es una política de seguridad frente al delito que reproduce las lógicas clasista y racista de las políticas históricas de los cuerpos de seguridad de este País. También en el campo de la justicia penal, como denunciaba Chávez en el Plan de la Patria, se puede hablar de una justicia que es clasista y racista: siguen estando las cárceles llenas de pobres. Así que hay muchos retos y muchas deudas por delante.

¿Qué están haciendo las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en este contexto?

En Venezuela el movimiento tradicional de Derechos Humanos es un movimiento pequeño que, aunque venga de las filas de la izquierda, ha sufrido un proceso de polarización y en este momento se encuentra formando parte de la alianza de la derecha. De hecho, la mayoría de las ONGs de Derechos Humanos, con salvadas excepciones, en este momento forma parte articulada de una estrategia de la derecha[3].

Sin embargo, buena parte de los activistas que en los Ochenta y Noventa militamos en esos espacios, estamos acompañando la Revolución Bolivariana: somos parte de este proceso político y nos estamos activando en otros espacios, no siempre llamándonos a nosotros “activistas de derechos humanos”. Muchas veces simplemente acompañamos un proceso de organización popular, o procesos de lucha de los trabajadores en el campo sindical, o derechos de los niños; y no siempre con perspectiva de derecho. Pero algo que pretendemos reivindicar es que las luchas que da el pueblo chavista en la calle, en el movimiento de pobladores por la vivienda, o de los campesinos por la tierra, por ejemplo, son luchas de Derechos Humanos. Son luchas que están enfocadas en dignificar a los sectores populares y a otros sectores excluidos en campos concretos: en la vivienda, en la tierra, en la lógica de autogobierno, en la construcción de empresas de producción social. Son luchas por los Derechos Humanos aunque no siempre sean autovisibilizadas de esa forma.

¿De cara al proceso constituyente, cuáles aportes se pueden hacer en mérito a este tema?

Más allá del proceso constituyente, el movimiento popular chavista está construyendo una agenda de lucha estratégica para las próximas décadas. La [Asamblea Nacional] Constituyente es simplemente una coyuntura: el objetivo nuestro, al menos como colectivo y como seminario que estamos planteando actualmente, es intentar construir una agenda de lucha de más largo plazo. Sin embargo, evidentemente se pueden hacer propuestas importantes de cara a
la Constituyente. Hay dos elementos gruesos que es importante remarcar. Uno de ellos es la radicalización del carácter democrático de nuestro régimen político, que por una parte apunte a fortalecer los derechos económicos de las mayorías y plantee mejor visibilidad a la economía social, a la socialización de los medios de producción, y que, por otra parte, plantee mayor radicalidad a la democracia en lo político territorial, es decir que el socialismo territorial - entendido como Comuna y como autogobierno - tenga mayor visibilidad y mayores garantías.

Ahora, una revolución no se hace desde la Constitución, se hace desde la construcción de fuerzas en la calle y por eso, repito, la Constituyente no es más que una táctica coyuntural y no es el momento estelar del movimiento popular. La pelea está en la calle, no en las leyes.


Notas:

[1] El concepto de “Inversión de los Derechos Humanos” ha sido creado por el economista, filosofo y teólogo de la liberación Franz Hinkelammert. Citado en: Prograna de Formación de Estudios Jurícos de la UBV/Movimeinto Sociales en Defensa de la Constitución, Derechos Humanos e Injerencia, Caracas 2016.

[2] La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) es un dispositivo de seguridad nacido en 2015 para hacer frente a una fuerte y preocupante arremetida de control territorial por parte de bandas criminales paramilitarizadas en zonas económicamente estratégicas del País y en sectores populares, incluyendo a los nuevos urbanismos de la Gran Misión vivienda Venezuela (GMVV). Este hecho ha sido señalado como parte de la guerra no convencional contra la Revolución Bolivariana, con estrechas relaciones con la oposición y elemento programatico del plan de intervención estadounidense “Venezuela Freedom 2” . A pesar de una primera conceptualización de la OLP como modelo de seguridad no-represivo y garante de los Derechos Humanos, en la realidad eso no se ha cumplido, levantando fuertes críticas. En enero de 2017 el Presidente Nicolás Maduro ordena una restructuración de las OLP “que son necesarias, pero con el metodo humanista de respeto al pueblo y el respeto a la vida; con el método de la inteligencia preventiva”.

[3] Muchas de éstas ONGs reciben financiamiento por parte de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED) - agencias financieras estrechamente ligadas a la CIA - y han jugado un papel importante en el golpe de Estado de 2002 y en los intentos de desestabilización permanentes ejecutados por parte de la oposición venezolana contra el Gobierno Bolivariano.

IA/AlbaTV/2017

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