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Avanza el estado de excepción

Desalojan 700 familias en Brasil

Brasil | 19 de enero de 2017

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En la mañana de este martes, un batallón de choque de la Policía Militar (PM) de San Pablo desalojó violentamente unas 700 familias asentadas en la zona este de la ciudad. Durante el operativo, también fue apresado el dirigente social Guilherme Boulos y liberado unas horas después.

Con un centenar de oficiales, la PM llegó hasta la ocupación Colonial, como se conoce a lugar donde vivían estas personas, en el barrio San Mateus, zona este de la ciudad paulista.

Bajo mando del gobernador Geraldo Alckmin (PSDB) y del nuevo prefecto electo, Joao Doria (PSDB), las fuerzas de seguridad desalojaron a unas tres mil personas que fueron literalmente lanzadas a la calle.

El dirigente social Guilherme Boulos del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), que estaba presente en la ocupación Colonial en solidaridad con quienes estaban sufriendo el desalojo, fue detenido por la PM a pesar de haberse ofrecido a negociar para evitar una escalada de violencia aun mayor.

Boulos fue apresado bajo cargos de desobediencia civil y la policía le manifestó que ya había sido reconocido por ser parte de las movilizaciones contra el golpe que dio el actual presidente, Michel Temer, contra Dilma Rousseff.

En las redes sociales se pudo ver con crudeza el accionar de la PM y las repercusiones fueron inmediatas. Todo el arco de organizaciones populares, sindicales y muchos dirigentes políticos denunciaron duramente la violencia de la policía y dejaron en claro el grado injusticia de la detención de Boulos.

La propia Rousseff calificó como inaceptable la detención del dirigente y afirmó que se trata de ‘‘un fuerte retroceso que muestra que un camino que hiere la democracia y criminaliza la defensa de los derechos sociales del pueblo’’.

Alrededor de las 19 horas, Boulos fue dejado en libertad y en diálogo con la prensa declaró: “Fui detenido por la policía por el delito de resistencia. Para mí, la resistencia no es un delito, el crimen es dejar 700 familias en la calle sin alternativas’’.

Asimismo añadió: ‘‘Hay un avance del estado de excepción en el país, la idea es criminalizar a los movimientos sociales. Es una prisión política, no soy el primer militante en ir preso y tampoco voy a ser el ultimo’’.


Fuente: notas.org.ar

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