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Por Eloy Osvaldo Proaño

Dictan prisión preventiva y piden extradición del expresidente Correa

Ecuador | 4 de julio de 2018

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La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda en Colombia, en 2012, luego que la Fiscalía General pidiera la prisión preventiva en base a informes de inteligencia colombianos.

Daniella Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó prisión y emitió alerta roja para que la Interpol lo localice, capture y extradite. Se indicó que una vez que Correa esté en el país deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en El Condado, en el norte de Quito.

La medida de la jueza se tomó en la audiencia de revisión de medidas cautelares del exJefe de Estado. Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, calificó de arbitraria la disposición de la magistrada de que su cliente se presente cada 15 días en la Sala de lo Penal de la Corte (Quito).

Presentó seis documentos para demostrar a la jueza Camacho que su defendido reside en Bélgica y tiene su familia en ese país y pidió a la magistrada que se revise la medida para que el exmandatario pueda presentarse en el consulado de Ecuador en Bélgica. Tanto la Fiscalía como la defensa de Balda impugnaron los documentos presentados.

El fiscal General encargado, Paúl Pérez, fue quien solicitó la prisión preventiva del exmandatario, por no haberse presentado, el 2 de julio, en la Secretaría de la Corte. También pidió a la jueza que, si ordenaba la prisión del exmandatario, se notifique a la Policía Internacional (Intepol) para que este organismo emita una difusión roja y proceda a la búsqueda, captura y extradición.

El 18 de junio la jueza vinculó a Correa en la investigación por el secuestro de Fernando Balda, que ocurrió en 2012 en Bogotá. Además, ese día se le ordenó presentarse cada 15 días desde el 2 de julio en la CNJ. Correa incumplió la medida y acudió al Consulado de Ecuador en Bélgica durante la mañana del 2 de julio, donde solicitó que se dejara constancia de su visita por escrito y con sello oficial.

El certificado, que fue publicado por el exjefe de Estado en su cuenta de Twitter, tiene la firma del vicecónsul, Bernardo Burgos González. Allí, Correa indicó que su asistencia a la oficina diplomática se debió a que el fiscal general encargado, Paúl Pérez, solicitó a la jueza que la presentación sea en Bélgica. La jueza rechazó la solicitud del fiscal y aclaró que las oficinas diplomáticas “no están para eso”.

Correa dijo que como expresidente desea cumplir con las exigencias procesales, “a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses” y justificó su incumplimiento con el argumento de que ejercía sus derechos como ciudadano extranjero y citó a la Convención de Viena, entre otras normas internacionales.

Felipe Rodríguez, abogado de Balda, señaló que esta sería la primera acusación particular en contra del expresidente. “A partir de este momento la Justicia reconoce a mi defendido como víctima y a Correa como acusado”, resaltó.

En reiteradas oportunidades, Correa ha asegurado que no poseen ninguna prueba para vincularlo con el caso Balda y ha denunciado ser víctima de una persecución política y mediática, ante el hecho de colocar “una medida cautelar imposible de cumplir”.

El abogado del expresidente informó que ha interpuesto un recurso de apelación a la orden de prisión preventiva dictada por la jueza Daniella Camacho. Aseguró que tendrá que ser una de las salas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la que conozca el recurso.

“En esa providencia de la señora Jueza, la resolución no está ejecutoriada, yo he interpuesto un recurso de apelación y tendrá que ser una de las salas de la Corte Nacional de Justicia la que conozca de este recurso y pueda constatar todas las arbitrariedades y las violaciones del debido proceso que yo formulé esta tarde”, comentó.

“Aquí no se trata de hacer justicia, sino de venganza. No se trata de aplicar el debido proceso, sino de cumplir las consignas, de hacer méritos para que luego se les mantenga en los cargos en la administración de justicia”.

“Es decir, hemos visto un escenario en donde se han violado todas las garantías de carácter constitucional y legal. Aquí, lo que se cumplen son órdenes, se buscan razones para acusar, para buscar la detención preventiva, no para hacer justicia”, acotó.

El caso Balda y la “inteligencia” colombiana

Según Balda, el secuestro era una orden del entonces presidente Correa, ejecutada en Colombia por agentes ecuatorianos infiltrados, con la ayuda de un oficial de policía colombiano e incluso delincuentes. Por el caso declararon exfuncionarios de inteligencia, como Rommy Vallejo, y el propio expresidente Correa.

Balda vivía en Colombia desde 2009, cuando había salido de Ecuador huyendo de dos procesos legales. El primero lo inició Correa por atentar contra la seguridad del Estado y el segundo fue por por injurias calumniosas no graves, entablado por el exdirector de la Unidad Técnica de Seguros Óscar Herrera, a quien Balda acusó de tráfico de influencias por adjudicar irregularmente un contrato de bróker de seguros.

La revista colombiana Semana, señaló que la información entregada por la Fiscalía de Colombia en mayo de ese año, en el hotel Las Lomas de Bogotá, Balda habría conocido a otros tres ecuatorianos: Luis Chicaiza, Wilson Jarrín y Daniela Gaibor. El primero se acreditó como miembro de una ONG y los otros dos como parte de un movimiento político de oposición a Correa.

Los tres decían que participarían en el evento de la Fundación Internacionalismo Democrático presidida por Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Dos meses después, varios hombres y un policía disfrazado habrían hecho un primer intento para deportar a Balda hacia Ecuador, pero como su estancia en Colombia estaba en regla, la deportación no se concretó.

La fiscalía colombiana explicó que el 13 de agosto de 2012, cerca de las 7:40 de la noche, Balda, quien se habría despedido de Chicaiza y mientras caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, fue interceptado por una camioneta en la que cuatro hombres y una mujer lo subieron a la fuerza.

Mientras esto ocurría un taxista testigo del suceso, habría llamado a la policía y a otros taxistas que emprendieron una persecución que impidió el supuesto secuestro. Tras la persecución los secuestradores habrían escapado, abandonando a la camioneta y a Balda.

Durante las investigaciones las autoridades colombianas encontraron huellas digitales en el vehículo con las que pudieron detener a uno de los secuestradores (no identificado) en Puerto Tejada, a 301 kilómetros de Bogotá, quien dijo haber recibido una llamada de un amigo, cabo del Ejército (cuyo nombre tampoco ha sido publicado) de Colombia, quien le dijo que fuera a Bogotá para hacer “una vuelta” (un encargo): secuestrar a una persona y llevarla hasta Ipiales. El detenido iba a recibir unos 10 mil dólares por el secuestro.

La Fiscalía colombiana señaló que en el intento de secuestro también participaron agentes de inteligencia ecuatorianos. Los colombianos señalaron que la camioneta participante en el delito fue rentado por Chicaiza (quien apareció en las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel Capital acompañado del cabo del ejército colombiano que no ha sido identificado). Las autoridades ecuatorianas confirmaron que era un sargento activo de la Policía, parte de la Dirección General de Inteligencia de Ecuador.

· Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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