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Por Diego Pinto

Diez ideas para salvar los Acuerdos con las FARC (y agilizar los del ELN)

Colombia | 19 de mayo de 2017

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Las FARC se declararon en alerta y “asamblea permanente” ante el frenazo de la Corte Suprema al ´fast track´; en Quito el gobierno no da señales de atender el reclamo del ELN de participación de la sociedad. Diego Pinto(*) reflexiona sobre el delicado momento político que atraviesa la Paz.

1. Múltiples sectores sociales hemos manifestado nuestras dudas y críticas sobre metodología de negociación y contenido del acuerdo de La Habana, que refleja una relación desfavorable de fuerzas para las FARC; sin embargo, defendemos de manera irrestricta el proceso de solución política con las insurgencias que incluye la implementación normativa, real y participativa de los acuerdos.

2. Es evidente que al gobierno y a los sectores políticos en el poder lo único que les interesa es desarmar a la insurgencia y no los posibles cambios y apertura democrática que podría traer la solución política al conflicto social, político y armado. Por lo mismo la ya demostrada intención de desmontar por la vía jurídica los acuerdos, reducir al mínimo las transformaciones institucionales, quitar todos los beneficios posibles a las FARC y ahogar las alternativas democráticas y de izquierda que hacemos vida política en el país. Ya son varios los caminos por los que se vienen renegociando de facto el acuerdo.

3. El ambiente en que se presentan estas situaciones es bastante ventajoso para las élites, ya que tras el fracaso del plebiscito quedó en evidencia que las mayorías nacionales no sienten la paz como algo que afecte su vida cotidiana. Esto le permite a quienes no quieren una paz con transformaciones reducir el alcance de los acuerdos (de por sí ya limitados por la correlación de fuerzas) sin mayor oposición, haciéndole un favor a la extrema derecha en cabeza de Álvaro Uribe.

4. Parece una constante la actitud de incumplimiento del gobierno y en general del establecimiento que pretende incumplir a las FARC, pero también a los maestros, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los pobladores urbanos. En resumen, una élite que tiene por costumbre firmar para incumplir. Muestra de ello lo que ha ocurrido con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular desde los paros de 2013.

5. A pesar del intento por ahogar la protesta social, el país se encuentra en movilizaciones permanentes de sectores que denuncian la miseria a la que el gobierno ha sometido a vastos sectores sociales. En el Pacífico están en paro cívico Buenaventura y Chocó, maestros y trabajadores estatales en paro, la rama judicial en paro, procesos de revocatoria de alcaldes y gobernadores andando con éxito pero con la misma élite de siempre intentando frenarlos a través del Consejo Nacional Electoral utilizado como órgano al servicio de los partidos políticos.

6. Hace dos días comenzó el segundo ciclo de diálogo entre gobierno y ELN: la agenda de dicha negociación tiene en el centro la participación de la sociedad como pilar para superar el conflicto armado. La insurgencia ha señalado reiteradamente que el carácter de la participación debe ser decisoria, vinculante y amplia, sin embargo en palabras del mismo jefe negociador del gobierno, el papel de la sociedad será solo a manera de sugerencia y mediante los mecanismos constitucionales reglamentados en las mismas leyes que el CNE pretende desconocer.

7. Las FARC llegaron a un acuerdo con el establecimiento que ahora está siendo recortado, limitado y desconocido, salvo pronunciamientos públicos bastante tímidos de los portavoces del gobierno que no son más que muestras de “voluntad” discursiva de cumplimiento, pero que no se materializan en acción que proteja el derecho a la solución política al conflicto armado, ante esta situación ¿Qué puede pensar el ELN si ve que su interlocutor no cumple a FARC que ya está en proceso de desarme? ¿Será una señal de paz para decir que si se dejan las armas hay garantías de participación democrática? ¿Será que ahora si van a cumplir? A esto se añade el sistemático asesinato de líderes sociales, de dirigentes y militantes de movimientos sociales y políticos; la negación permanente a reconocer que el paramilitarismo es una realidad que azota las regiones y ciudades del país. ¿Hay garantías para quienes están alzados en armas?

8. Se vienen las elecciones de 2018 y con ellas la necesidad de identificar alianzas posibles y enemigos. Es claro que se perfilan temas como la corrupción y la defensa de la paz como temas a posicionar, hasta el momento se han presentado como excluyentes uno de otro. Armonizar la lucha contra un sistema que es a la vez corrupto, asesino y guerrerista es posible si se piensa menos en el marketing electoral y más en las necesidades de las mayorías de este país. Necesitamos una paz con transformaciones concretas, sin corrupción, sin los de siempre en el gobierno.

9. El panorama no parece alentador para el campo popular que sigue discutiendo entre sí, en vez de configurar una alternativa real de poder y gobierno con posibilidad de cambios. Una alternativa que articule la movilización social y la lucha institucional deslindando de la política que representa el santismo y el uribismo. En este campo corresponde la necesidad de tejer líneas programáticas en un gobierno que defienda la solución política al conflicto armado, la paz como transformaciones estructurales y la lucha por los derechos de las comunidades.

10. La situación actual debe ser un llamado a cerrar filas para defender la implementación de los acuerdos de La Habana y acompañar a los integrantes de las FARC en su decisión de luchar por las vías legales; defender y rodear el proceso que en Quito se realiza con el ELN, sobre todo metiéndole pueblo, participación de la sociedad activa y vinculante; buscar la unidad de demócratas y sectores decentes de la política nacional para frenar la avanzada de la ultraderecha guerrerista y para detener la profundización del modelo neoliberal del santismo.

A defender la paz y la democracia, en las calles y en las urnas…


Fuente: Lanzas y Letras

* Diego Pinto es sociólogo, especialista en análisis de políticas públicas. Vocero del comité Unidos Revocamos a Peñalosa. Miembro de los Procesos Urbanos del Congreso de los Pueblos e integrante de la Dirección Política en Bogotá de Poder y Unidad Popular.

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