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Uruguay entre los países con mayor porcentaje de extranjerización de la tierra

Diez años de lucha por la tierra en Uruguay

Uruguay | 12 de abril de 2016

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El 15 de enero del presente año se cumplieron 10 años de la ocupación de tierras que obtuvo como resultado la primer experiencia de acceso y adjudicación de tierras estatales a manos de un sindicato de asalariados rurales.

Por otra parte, el 26 de marzo de 2010 cientos de productores rurales del centro sur del país (de la zona de la Cuchilla Grande) se movilizaron “a caballo” por primera vez contra la megaminería a cielo abierto en el Uruguay, frente a un proyecto pionero que afectaría 30.000 hectáreas de campo natural dedicado principalmente a la ganadería vacuna y ovina. A seis años de este último acontecimiento acaba de confirmarse oficialmente que dicho proyecto de explotación minera quedó sin efecto, según voceros del gobierno “desestimulado por las exigencias de la Ley de minería y el precio internacional del hierro”.

Haciéndose eco de esta información los analistas les cargan las tintas al mercado o al Estado, pero por si acaso ¿no influyó en esto el movimiento social generado en torno a la “defensa de la tierra y los recursos naturales”?, ¿ cómo se generó este movimiento en el Uruguay rural de la “amortiguación social”?. ¿Se trata de un movimiento social en torno a la “cuestión de la tierra”?. En la emergencia o el bloqueo a dichos movimientos sociales ¿qué papel jugaron las clases rurales?. ¿Cuales son sus perspectivas de futuro?.

En primer lugar debemos distinguir tres clases sociales en el campo uruguayo:
- Los productores empresariales capitalistas (grandes, medianos y pequeños),
- Los “productores familiares” que trabajan la tierra sin contratar asalariados (y que en el resto de América Latina se consideran “campesinos”);
- Los asalariados rurales.

En segundo lugar hay que considerar que en el Uruguay moderno dos de estas tres clases rurales tuvieron históricamente expresiones organizativas clasistas, tales como la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que promovió el alambramiento de los campos (a fines del siglo XIX) o la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) que promovió el “desalambrarlos” si se trataba de latifundios improductivos que podían cumplir una función social (décadas del ’60 y ’70 del siglo XX). Pero también existieron históricamente expresiones orgánicas policlasistas, donde se fundieron y confundieron los intereses de la patronal agraria, la pequeño burguesía y la producción familiar, como la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias (MCGA) que condujo temporalmente la protesta rural iniciada el 13 de abril de 1999.

En tercer lugar, lo que hoy se registra oficialmente como “productor familiar” para focalizar determinadas “políticas diferenciadas” cubre un amplio abanico de fracciones de clase que van desde empleadores capitalizados hasta empleados transitorios que tienen algún medio de producción (como los productores de ganado sin campo). Por esta razón utilizaremos por un lado el término “productor familiar registrado” cuando nos referimos a dicha concepción policlasista reconocida oficialmente. Y por otra parte utilizaremos el término “productor familiar” como el componente de una clase propiamente dicha, distinta a la pequeño burguesía y que se caracteriza por su trabajo directo en la tierra, por no contratar asalariados permanentes y por una diversidad de formas de resistencia a la hegemonía del capital, independientemente si se beneficia o no de las políticas diferenciadas.

Conflictos por la tierra y clases sociales en el siglo XXI

  • Algunos estudios internacionales (Rullia, 2012) ubican a Uruguay entre los países con mayor porcentaje de extranjerización de la tierra del continente (al rededor de 19%) en el marco de un acaparamiento vertiginoso desde el año 2000 hasta el día de hoy. El empresariado rural y el capital financiero, necesitaron eludir restricciones legales: encubrirse como “Sociedades Anónimas”, o detrás de tratados de inversión o de capitales de Estados extranjeros, generando “excepciones” para primero acceder y luego detentar el 40% de la superficie productiva de la tierra (MGAP, 2011) . También fue necesario tentar a cambiar de campo, a “liquidar” para cubrir antiguas deudas o a “vivir de rentas” a pequeños y medianos propietarios arraigados en el interior, para que no se opusieran al avance agrícola y ganadero de gran escala, ni a la forestación masiva con destino a las plantas de celulosa. Por estos y otros factores, las pocas tensiones a la interna de las distintas fracciones de la burguesía rural y las gremiales “policlasistas” no desembocaron en contradicciones insalvables. Así en los últimos años se marca una diferencia con el ciclo de protestas rurales del período 1999-2003 (conocido por la consigna “rentabilidad o muerte”), donde renovadores dirigentes de las gremiales pequeño-burguesas y “policlasistas” lograron liderar el cuestionamiento a las medidas económicas del sistema político y al tradicionalismo gremial más aristocrático.

Por una parte la lucha por la tierra de la pequeña burguesía agraria fue abortada en el período 2004-2009, donde no se reaccionó colectivamente frente al acaparamiento de la tierra, más allá de algunos actos locales de protesta indirectamente relacionados con este conflicto. También fracasó la campaña de recolección de firmas, impulsada por la pequeño burguesía, para limitar la extranjerización de la tierra 1 mediante el recurso a un plebiscito, a pesar de que esta preocupación podría contar con el 52% de respaldo popular. 2

Por otra parte, las gremiales más representativas de “productores familiares registrados” han recorrido exclusivamente las vías institucionales para solicitar el acceso a la tierra o el aumento de impuestos al gran capital propietario, desde una postura tan “cercana y propositiva” con los sucesivos períodos de gobierno del Frente Amplio (2005-2016), que no superaron la etapa de “debates”, o discursos confrontativos, y no motorizaron ningún tipo de movilizaciones que cuestionaran la concentración y extranjerización de la tierra, ni movilizaciones en defensa de la policlasista “producción familiar registrada”. Alineamiento político “progresista” e institucionalización de las demandas por la tierra que también alcanzó la clase trabajadora organizada, donde hay que considerar el alto grado de urbanización de los sindicatos, de la población y de la izquierda nacional, así como el bajo peso de los sindicatos rurales en el conjunto del movimiento obrero. Estos factores entre otros explican la falta de “condiciones subjetivas” y de movimientos sociales masivos que instalen el problema de la “concentración y la extranjerización de la tierra” en el conjunto de la sociedad, que pongan en el tapete la “cuestión de la tierra”.

Condiciones “objetivas” que evidencien la disputa por la tierra con el “gran capital” existen, tomando en cuenta que el 48% de la tierra productiva se compró/vendió en el mercado entre los años 2000 y 2015 (DIEA, 2016) y como efecto de que en el mismo período la inversión extranjera directa aumentó 20 veces su valor anual (El Espectador, 12/10/ 2015 ). Sin embargo, ni por iniciativa de la política estatal, ni por reacción a los reclamos sociales se reguló el dinámico mercado de tierras o se evitó la consecuente expulsión de 12.000 “productores familiares” entre los años 2000 y 2011.

La única respuesta estatal en relación a la distribución de la tierra se dió a través del Instituto Nacional de Colonización, que afecta apenas el 4% de la superficie productiva del país, pero que “en sus sesenta años de existencia no ha logrado modificar el patrón de distribución de la tierra” (Piñeiro, FAO,2011: 524). Como “política diferenciada” y focalizada en la “producción familiar registrada” más vulnerable, ofrece al usuario una renta subsidiada, más accesible que los precios de arrendamiento en el mercado.

En este contexto político y sin alterar el clima de inversiones, trabajadores rurales sindicalizados (y también grupos de demandantes sin tal afiliación), territorializaron el conflicto por la tierra, mediante una serie de acciones colectivas localizadas principalmente en el interior, que incluyeron ocupaciones de campos y de oficinas públicas, cortes de ruta, campamentos de protesta, entre otras medidas desde el año 2006 hasta la actualidad. El argumento de que estas modestas medidas por el “acceso a la tierra” cuestionaron los “derechos de propiedad” de los campos públicos utilizados irregularmente por “colonos empresarios”, se apoya en interpretar (entre otros síntomas) que la sanción gubernamental de la Ley de “usurpación” surgió como respuesta a la ARU y a las grandes empresas inmobiliarias que presionaron al Poder Ejecutivo y Judicial por la “seguridad jurídica” y el respaldo del “estado de derecho” ante las ocupaciones de tierra en el Departamento de Artigas impulsadas por la UTAA.3 Desde esta interpretación el objetivo político de la Ley 18.116 del año 2007 sería “criminalizar” a los trabajadores ocupantes, evitando una oleada de ocupaciones de tierra, canalizando la demanda de acceso a la tierra exclusivamente mediante las vías del mercado o las vías institucionales de asignación formal de tierras publicas, en definitiva impidiendo expresiones de demandas colectivas conflictivas que no armonizaran con la “gobernabilidad”. Para la clase propietaria el objetivo económico de la Ley fue evidente.

Durante el año 2010 se generó otro tipo de conflicto por la tierra liderado por organizaciones policlasistas que representan fracciones de la pequeño burguesía agraria y la producción familiar. No por iniciativa propia, sino por reacción a una iniciativa de territorialización de capitales globales. En dicha ocasión, no fue la “cuestión de la tierra” sino la “cuestión ambiental” la que generó el hecho político, concitando la solidaridad de amplios sectores sociales (tanto rurales como urbanos que participaron en las marchas nacionales realizadas en Montevideo) en torno a una reivindicación concreta: la no instalación del primer proyecto de megaminería a cielo abierto para la extracción de concentrado de hierro y su exportación como materia prima.

Desde las acciones colectivas territoriales se llevó a las gremiales empresariales tradicionales a tomar una posición contraria al Proyecto de la empresa multinacional Zamin Ferrous “Aratirí”, generando lo que podríamos caracterizar como una contradicción interna entre diferentes fracciones de las clases propietarias.

Resultados obtenidos y perspectivas de clase

En definitiva en los últimos 10 años el incipiente conflicto, en torno al acceso y la tenencia de la tierra, se desató en el Uruguay profundo, desde acciones locales, territorializadas y “nuevas formas organizativas”, en los bordes de las gremiales rurales y del movimiento obrero y motorizadas por grupos directamente involucrados en el conflicto territorial: fueran pobladores rurales o vecinos afectados por un megaproyecto (que contaron con los aprendizajes del ciclo 1999-2004) o fueran asalariados “zafrales” y productores familiares que reclamaron por acceder a los campos del Instituto Nacional de Colonización (que contaron con la tradición de luchas de UTAA por la expropiación de los latifundios del norte del país).

Si bien, “el agro uruguayo se ha caracterizado por tener una baja conflictividad social,” lo cual se explica “por la existencia en la sociedad uruguaya de mecanismos generales de integración social y de amortiguación de los conflictos” (Piñeiro, 2004:292), el inédito “ciclo de protestas” desencadenado tras la consigna “en defensa de la tierra y los bienes naturales” y conducido (durante el período 2010-2013)4 por los actores rurales más directamente afectados por el proyecto megaminero, y las ocupaciones de “tierra para trabajar” han demostrado que los mecanismos de amortiguación de conflictos pueden ser vencidos. La “resistencia de a caballo” desde el año 2010 frente a un mega-proyecto trasnacional fue tan novedosa para la sociedad rural como las ocupaciones de tierra de los asalariados rurales desde el año 2006.

A 10 años de tales luchas territoriales, el balance podría dar como resultado un movimiento social en torno a la “cuestión ambiental” de carácter poli-clasista, y por otro lado un accionar colectivo clasista que no logró generar un movimiento social en torno a la “cuestión de la tierra”.

En cuanto a las perspectivas de futuro, la burguesía agraria puede capitalizar la “cuestión ambiental” si la lucha antiminera es absorbida por las gremiales empresariales y los partidos tradicionales. La pequeño burguesía puede incorporar a sus filas - vaya “paradoja campesina” - una nueva fracción de colonos con ansias de ser “empresarios”, para seguir “conviviendo con el capital” y eludiendo el conflicto. Los trabajadores rurales (con o sin tierra) pueden disputar los medios de producción, creando experiencias autogestionarias, alternativas a la explotación capitalista y espacios de autonomía frente a la ideología burguesa; son en definitiva quienes pueden “sembrar campesinado” con la perspectiva de “sepultar” a la burguesía.

Sin ser sujetos puros, los movimientos sociales pueden generar alternativas, como espacios sociales y políticos; y a medida que se consolide cualquier movimiento social podrá ir generando sus propios procesos formativos donde asumir sus desafíos internos y donde conquistar mayores grados de coherencia y convocatoria, o podrán institucionalizarse, limitarse a los reclamos corporativistas de corto alcance, sin construir alternativas reales a la política de hechos consumados del gran capital que también se territorializa.

1 El proyecto modificativo establece que «La propiedad inmueble rural solamente podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales. La ley establecerá el máximo que podrá adquirir cada ciudadano».(MONADET, 2008)

2 Encuesta de opinión Pública “Casi el 60% a favor de reformar la Constitución” (2009) http://www.interconsult.com.uy/unoticias09/091109f/091109.HTM

3 VER: “Sociología de las ocupaciones de tierra”, Nordan, Mdeo., 2009. Disponible en: http://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/sociologia.pdf

4 A partir de tal fecha podríamos pensar que el conflicto instalado a nivel “nacional” se repliega nuevamente hacia el predominio de acciones locales, mientras “copa” el protagonismo una articulación de colectivos que oficiaban originalmente como redes de apoyo a los directamente involucrados. VER: http://www.elacontecer.com.uy/21162-en-defensa-del-suelo-y-contra-la-meg...

Referencias

DIEA, Dirección de Estadísticas Agropecuarias, MGAP, 2016,SERIE “PRECIO DE LA TIERRA” Compraventas Año 2015 3 de marzo de 2016. Disponible en:
file:///home/udelar/Descargas/Precio+de+la+tierra-Compraventas2015.pdf

El Espectador, Radio, Montevideo: http://www.espectador.com/
Martins de Carvalho, Horacio, 2015, “Camponeses: mais além da convivência com o capital”, Disponible en: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/539241--camponeses-mais-alem-da-conv...

MGAP, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Censo General Agropecuario –CGA- Año 2011 , Disponible en: http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,diea,diea-principal,O,es,0,

Piñeiro, Diego, CLACSO, 2004, “En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina”, Buenos Aires. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/identidad/Cap6.pdf

Piñeiro, D., "Dinámicas en el Mercado de la Tierra en América Latina . El caso de Uruguay", 2011, FAO, Roma

Rullia, Maria Cristina (et alli,) “Global land and water grabbing” (2012), Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Virginia, Charlottesville, Editado por BL Turner, (Arizona State University, EUA.

Fuente: Zur

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