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La imperiosa necesidad de materias primas y recursos energéticos que acusan las grandes potencias, las importantes reservas con que cuenta el país aún inexplotadas, pero sobre todo las ventajosas condiciones brindadas por el Estado a las multinacionales, han convertido a Colombia en un apetecido territorio de inversión para la explotación minera.

En torno de la actividad minero-energética gira el plan de desarrollo. Y la aprobación de las más importantes iniciativas, emprendidas por el gobierno, tiene que ver con sacarlo adelante. La Regla fiscal, la Ley de regalías y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, apuntan en esta dirección, pero también en apalancar las otras cuatro locomotoras de “crecimiento”: infraestructura, vivienda, agro, e innovación.

Las enormes inversiones que demandan las obras de infraestructura necesarias para integrar los centros de producción minera con los sitios de consumo, y en general con la actividad económica del país, evidencian los propósitos que el gobierno persigue con las restricciones que la Regla Fiscal le imponen al gasto social, y con la centralización de recursos que la Ley de Regalías busca orientar hacia los grandes proyectos. En cuanto a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, su propósito principal consiste en atraer y brindarle mayores garantías jurídicas a la inversión extranjera legalizando la propiedad de las tierras despojadas para vincularlas al mercado y no, como debiera ser, en darle a las víctimas plenas garantías para la restitución de sus tierras y el disfrute de ellas libres de amenazas.

Indudablemente, el fin del proyecto minero-energético, y las medidas y políticas que lo acompañan, propenden por responder a las necesidades del capital internacional y no a los intereses nacionales, como engañosamente insiste el gobierno, al atribuirle efectos redentores sobre la economía y el bienestar de los colombianos. En su implantación Álvaro Uribe literalmente subastó gran parte del país entre las grandes multinacionales mineras, y lo hizo con el agravante adicional de incluir en ello la supervivencia de páramos y parques nacionales, comprometiendo a la vez los territorios de comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas. Al área titulada de 8.5 millones de hectáreas que dejó su gobierno1, Santos le adiciona primero 2.9 millones y luego 17.6 millones ubicándolas como reserva estratégica destinada a la minería2.

El proyecto minero-energético, se ha abierto paso siguiendo una vía no estrictamente económica, como suele presentarse, sino que es fruto ante todo de una estrategia de violencia y de terror estatal y paraestatal, que le dio rienda suelta al despojo y al desplazamiento masivo, situación que hoy persiste y prevalece. Las cifras dan cuenta de mas 32.000 desapariciones forzadas3, cerca de 4 millones de desplazados, y mas de 6 millones de hectáreas despojadas4. En poco más de una década, el mapa de distribución de la tierra cambió ostensiblemente en favor de los grandes terratenientes, empresarios, grupos económicos y multinacionales; las técnicas de explotación de la gran producción minera, unidas al creciente afán de ganancia, trajeron consigo la contaminación irreparable de aguas y suelos, una acelerada devastación del medio ambiente y un irreversible desequilibrio ecológico; aunado a un recrudecimiento generalizado de la violencia.

Ahora bien, el camino recorrido por el gobierno de Juan Manuel Santos se inscribe en un contexto internacional caracterizado por una severa y prolongada crisis del sistema capitalista, cuyos efectos desastrosos en Europa y los Estados Unidos no cesan y que golpea en diferente grado al resto de los países del mundo. Las políticas neoliberales que precipitaron crisis son la fórmula que hoy se aplica para salir de ella. Esto es mucho más evidente si se analizan las medidas, cada vez más excesivas y severas, que los países desarrollados les vienen imponiendo a los países dependientes como el nuestro, a fin de extraer mayores ganancias de sus inversiones y poder sortear las crisis monetarias, con reformas financieras que protegen el capital internacional.

Visto desde esta perspectiva, el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos es congruente con estas políticas de dominación y explotación y con las repuestas que el gran capital internacional le exigen: someter la economía nacional -sin garantías- frente a la creciente competencia internacional, mercantilizar los derechos sociales, privatizar empresas del Estado, envilecer el salario y la pensión de los trabajadores y entregar sin par de los recursos naturales. Ello explica también el rumbo y la naturaleza de sus políticas: la inusitada proliferación de tratados de libre comercio que como los de Canadá, Europa y Corea, están en curso, o los ya perfeccionados y en vigencia como el TLC con los Estados Unidos y Chile5. La política económica sigue privilegiando los intereses de los grandes capitales, en detrimento de la inversión social; ejemplo de ello es la agenda de metas y tareas del gobierno en dónde la salud y la educación quedan a la deriva.

La Ley de Educación Superior, se frenó gracias a la fortaleza del movimiento estudiantil, sin embargo el gobierno nacional la sigue presentando como prioritaria e imprescindible. La inminente reforma al sistema de salud, así como la anunciada reforma tributaria, la reforma pensional y la privatización del 20% de Ecopetrol y de las empresas de energía eléctrica departamentales; comprueban la orientación macro-económica que se implementa en Colombia, con mayor ahínco luego de la apertura económica de 1991, fecha referente para visualizar la concreción y consolidación del modelo neoliberal que se había acogido desde la década de los ochenta.

Como parte de estas políticas, le ha correspondido al gobierno corregir también otro tipo de situaciones. Uribe tuvo la perversa virtud de aislar a Colombia del resto de países de la región, gracias al manejo de una política exterior torpe y prepotente que finalmente obstaculizó en varios aspectos la estrategia norteamericana en el continente, que condujo a la ruptura de relaciones con Venezuela y Ecuador, con graves consecuencias económicas y políticas para el país y para los grandes empresarios. El gobierno de Santos reorientó y mejoró, con relativo éxito, las relaciones exteriores de Colombia con sus más cercanos vecinos. Su política externa está desempeñando un nuevo rol diplomático y un mayor protagonismo en el continente, en consonancia con la estrategia imperialista estadounidense, que consiste en atenuar el momento de cambios en las relaciones de poder en el mundo, que hace menos visible, pero más efectivo el forcejeo por doblegar a los países que rompen y se distancian de su política en la región.

Pero por otra parte, su tarea también se ha encaminado a restablecer y redefinir la unidad del bloque de poder dominante, limitando o reduciendo el protagonismo en el poder político de las fuerzas que representa Uribe, en la idea de forjar una alianza de mayor envergadura a su favor basada en un programa de conveniencias mutuas que es la que ha logrado obtener con la denominada política de Unidad Nacional. Esta alianza obedece a la necesidad de contar con una capacidad de respuesta más ágil y efectiva por parte del Estado, para hacerle frente al creciente rechazo y determinación que despierta entre los distintos sectores populares las medidas adoptadas para atacar los efectos de la crisis, así como del impacto económico, social y ambiental que produce la implementación del proyecto económico y político en curso.

En este contexto, lugar destacado ocupa la reforma constitucional a la justicia, la cual, presentada, acordada y objetada por el propio gobierno, representa su mayor descalabro. Tras el “encomiable” propósito de descongestionar y hacerla más eficiente, la reforma tenia entre sus objetivos sentar los primeros pasos hacia su privatización, reducir las competencias de la rama jurisdiccional, revestir de una acorazada capa de inmunidad al congreso y proteger la gestión de los altos funcionarios del Estado. A lo largo del proceso de discusión, las prebendas concedidas a las cortes y a las demás instancias del establecimiento, encubrieron la almendra de los acuerdos, que consistían en sepultar los procesos en contra de los más cercanos colaboradores de Uribe judicializados, garantizando así su completa libertad, evidenciando la corrupción institucional y los mecanismos de impunidad a los que recurren los políticos imputados. La dimensión del acuerdo avivó en secreto las contradicciones en las esferas más encumbradas del poder, en las que el peso de la embajada norteamericana jugó un papel definitivo. Fueron estas contradicciones, así como las críticas de rechazo al contenido de la reforma, proferidos en el curso de los debates por las fuerzas de izquierda, los sectores democráticos y desde el mismo movimiento popular, las que generaron un ambiente de repudio e indignación generalizado que echó por tierra la reforma.

Y no es que el texto de la Comisión de conciliación halla desbordado los límites del acuerdo, como argumentó Santos para hundirla y luego el propio congreso al deshacer sus aprobaciones; sino que fueron tan burdos y evidentes los términos en que fue confeccionada y redactada la reforma, y tan desmesurado y grotesco el acuerdo, que ni el mismo gobierno tuvo manera de justificarlo.

Los inverosímiles razonamientos a los que acudieron tanto el gobierno como el congreso para demostrar la justeza de su revocatoria, totalmente contrarios a los argumentos que emplearon para aprobarla, antes que convencer a la opinión pública, produjeron un efecto contrario. Al desnudo quedó la podredumbre que carcome los tres poderes públicos, el inmaculado “buen gobierno” en el que insiste Santos, la falsa y timadora lucha contra la corrupción de la que tanto se ufana. El derrumbe de la reforma y en consecuencia del acuerdo, resquebrajó la cohesión de las fuerzas participes de la Unidad Nacional, las relaciones entre gobierno, congreso y cortes, y el intento por conciliar las diferencias con el sector económico y político que representa Uribe. El contexto proveía todos los elementos para visibilizar una profunda crisis de gobernabilidad, sin embargo, los medios de comunicación cómplices y obedientes, han hecho su mejor trabajo para dejar todo en el olvido de la opinión pública nacional.

Recientemente se oficializó el marco de acuerdo para la paz con las FARC-EP, sí bien es una decisión aplaudida por los sectores democráticos y genera una profunda expectativa frente al posible logro que se pueda concretar en las discusiones sobre la agenda propuesta; es rechazada por los sectores de ultraderecha que insisten en una victoria militar, en la continuación de la guerra y que se oponen y sabotean el diálogo como salida civilizada al conflicto social, político y armado que enfrenta Colombia. El diálogo se desarrollará entre voceros del gobierno colombiano y de las FARC-EP, en medio de la guerra y tendrá como propósito el fin definitivo de la confrontación armada. Este será uno de los mayores retos que deberá asumir el gobierno de Santos, ya que tiene concentrada la atención no sólo de los distintos sectores de la sociedad colombiana, sino de la comunidad internacional.

Los dos años de trabajo de Juan Manuel Santos al frente del Estado, referencian la naturaleza de continuidad de sus políticas macro económicas, y deja claro los intereses que beneficia su gobierno, y visualizan lo que será el segundo tiempo de su mandato, luego del tan anunciado ajuste ministerial, que en definitiva queda representado como un reacomodamiento y no como un recambio de orientación. Los frágiles blindajes de la economía, que se desvanecen ante la fuerza depredadora de la crisis mundial y la exposición cada vez más fuerte de la economía a la dinámica neoliberal, afectarán ostensiblemente el empleo, el ingreso y la informalidad en la que sobreviven los sectores populares. La imposición de una verdadera cascada de medidas regresivas, en beneficio del gran capital. hará más amplia y acentuadas las diferencias sociales y la inequitativa distribución de la riqueza y de la tierra.

Lo anterior tiene como contrapartida el creciente despertar a la organización social y la lucha de amplios sectores populares que se resisten a las políticas del gobierno, sectores que se niegan a dar por aceptado e irrevocable el sistema social y de vida que las somete. La aparición en el escenario nacional de nuevas fuerzas sociales y políticas que con un renovado aliento atizan la rebeldía popular en función de cambios estructurales, animan la esperanza de hacer posible un futuro diferente.

Por Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes Doctoranda Estudios Políticos (Flacso)

1 Entre 2002 y 2009 el área titulada pasó de un millón a 8,5 millones de hectáreas. Guillermo Rudas. Política Ambiental del Presidente Uribe, 2002-2010. Consejo Nacional de Planeación en octubre de 2010.

2 En medio de la Cumbre de Rio+20 sobre el Desarrollo sustentable, el gobierno suelta el anuncio lapidario que declara 17,6 millones de hectáreas del país como “reserva estratégica minera”, la cual involucra el territorio amazónico de Colombia. Revista Semana, Junio 21 de 2012. Santos declara 17,6 millones de hectáreas del país como “reservaestratégica minera”.

3 Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, desapariciones a mayo de 2011.

4 En 150 mil crece el número de desplazados por año en Colombia: ONU. Caracol Radio Mayo 4 de 2010.

5 En el marco de la CAN, Ecuador y Venezuela, y con los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)

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