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Por La Araña Feminista

Economía para la vida

Venezuela | 17 de julio de 2016

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La crisis de los cuidados ha sido motor de la feminización de los procesos migratorios, e implica la redistribución del trabajo reproductivo y de cuidados desde los países mas ricos a los mas pobres.

Esta redistribución de los trabajos de cuidados a nivel global implica injusticias y exclusiones que van desde el tráfico de mujeres pasando por la precarización laboral, las estrategias de sobrevivencia basadas en remesas, llegando a la importancia y dependencia económica de los países receptores de remesas. Los circuitos de inmigración no formal son en muchos casos utilizados para someter a las mujeres a situaciones de prostitución, negocio creciente asociado con la industria del turismo y del espectáculo. El volumen de las remesas recibidas por El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Jamaica en relación con su PIB hace que la “exportación de mujeres” sea una de las principales actividades económicas de estos países. Las corrientes migratorias dentro de América Latina son, hoy por hoy, mayormente femeninas y sobre todo entre países vecinos.

La crisis de los cuidados es parte de la crisis sistémica del modelo patriarcal-capitalista, porque el mercado no garantiza el cuidado mas que cuando hay dinero para pagarlo; el Estado provee de cuidados de forma insuficiente, otro tipo de organizaciones que presten cuidados de manera no jerárquica son escasas, el peso sigue recayendo en las mujeres. La crisis de los cuidados, pone en evidencia la subordinación de las necesidades humanas a las necesidades de los mercados, y cómo el modelo tradicional para resolverlos estaba basado en la opresión de las mujeres y esta opresión, además de garantizar la continuidad de la sociedad patriarcal, es esencial para el desarrollo de la sociedad de mercado y de su lógica. La injusticia estructural de género es útil y da base al capitalismo.

El modelo capitalista de ciudadanía considera como sujeto de derechos políticos y económicos a quien es autosuficiente y se mueve en la esfera de lo público, sea la política o los mercados. Es decir, solo se reconocen derechos a quien protagoniza, material y simbólicamente, la esfera pública.

Las cuidadoras, adquieren una ciudadanía económica secundaria o derivada, tanto si trabajan no remuneradamente como si lo hacen a cambio de un salario. El trabajo doméstico asalariado suele ser el peor pagado y es realizado en gran medida por mujeres de origen indígena. En países con gran población indígena, como Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, las condiciones laborales de estas trabajadoras son precarias y el trato que reciben corresponde mas a una relación de servidumbre.

La sociedad debería poner la vida, su sostenibilidad y su reproducción ampliada en el centro de la organización socio-económica, destronando a la hoy dominante lógica del beneficio y haciendo responsable del mantenimiento de la vida al conjunto social. Esto implica que todas las personas tenemos el derecho humano a ser cuidados y derecho a cuidar y a no cuidar. Toda persona ha de ser, o de poder ser, parte de una red amplia y horizontal de cuidados; o de múltiples redes colectivas y autogestionadas.

La forma en que nos organicemos para sostener materialmente el bienestar humano nos incumbe tanto a varones como a mujeres.

Los cambios se centran en la transformación cultural de las formas de trabajo de producir y cuidar la vida, y de consumo. Todo eso supone la transformación del significado de qué es trabajar, de los límites entre trabajo y no trabajo, visibilizando la diversidad del trabajo, en los trabajos de cuidados. El mundo del trabajo se expande a través del flujo de la vida.

La economía debería cambiar su sentido a fin de garantizar la sostenibilidad de las vidas personales y comunitarias, preguntándose: por lo que produce, cómo lo produce y cómo lo distribuye. La economía para la vida “se ocupa de las condiciones que hacen posible la vida a partir del hecho de que el ser humano es un ser natural, corporal, necesitado (sujeto de necesidades).

En el siglo XXI ha de cambiar la organización social y cultural de los cuidados, desde una óptica de derechos y corresponsabilidad societal y familiar. Todas y todos necesitamos y tenemos derecho al cuidado, y todas y todos podemos hacerlo.

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