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El 19 de abril de 1810

Venezuela | 20 de abril de 2010

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EL 19 DE ABRIL DE 1810

Papel de Trabajo para la discusión

Carmen Bohórquez

Al igual que en otros países de la América Latina, los venezolanos nos aprestamos a celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia respecto al otrora imperio español. Más que exaltar una fecha en particular, estaremos conmemorando todo un ciclo de acontecimientos, porque la independencia de entonces, tal como la actual, constituyó un largo proceso de lucha a lo largo del cual muchos hombres y mujeres comprometieron su esfuerzo y entregaron sus vidas mismas para que Venezuela deviniera una república independiente, soberana y próspera, signada por la igualdad y la justicia.

A ello consagraron su vida entera Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y muchos otros que sintieron el dolor de la patria oprimida y tuvieron la conciencia de estar viviendo en una sociedad ficticia, en tanto ésta se encontraba sometida al férreo yugo de un imperio: el español, cuyo poder había sido construido a partir de la conquista militar, la explotación de las cuantiosas riquezas de América y la colonización de las almas y voluntades de sus habitantes.

Tras trescientos años de aparente “calma” bajo el dominio español – como lo reclamó el joven Bolívar en el momento de las grandes decisiones – los diversos intentos de emancipación que, sobre todo el último cuarto del siglo XVIII, se habían estado manifestando tanto en la Provincia de Venezuela como en otras circunscripciones coloniales de la América hispana, encontraron la circunstancia apropiada para comenzar a materializarse.

En efecto, a partir de 1806, el mismo año en que Miranda arma su expedición libertadora y logra desembarcar en La Vela de Coro, España entra en alianza con la Francia de Napoleón creyendo, como le suele suceder a muchos, que plegarse a los poderosos asegura tranquilidad y permanencia. Muy pronto comprenderá la tragedia de su error, pues como se explica más adelante, será Napoleón quien ponga en evidencia y acelere la decadencia del imperio español. Al mismo tiempo, la crisis de poder generada por la ocupación francesa del territorio español y la prisión de Fernando VII, servirá de acicate para que las ideas de independencia, presentes desde hacía ya cierto tiempo en un creciente número de criollos en diversos rincones de América, encuentren cauce para su expresión concreta.

En Venezuela, diversos factores confluyeron para que el 19 de abril de 1810, un Jueves Santo, un grupo de blancos criollos de Caracas, en consuno con algunos pardos, decidieran deponer a la máxima autoridad española de la provincia, el Capitán General Vicente de Emparan, y constituir una Junta de Gobierno autónoma que si bien juró lealtad al rey Fernando VII, prisionero en ese momento de Napoleón, comenzó a tomar de inmediato un conjunto de medidas políticas y económicas que a las claras indicaban que sería muy difícil, en caso de que el imperio superara su crisis y Fernando retomara el cetro, que se volviera al anterior estado de sujeción. De hecho, no tardó esa Junta en incitar al resto de las provincias de América a seguir su ejemplo, así como en convocar a las otras ciudades de la Provincia de Venezuela a elegir diputados con el objeto de instalar en Caracas un Congreso Constituyente que decidiera la nueva forma de gobierno que Venezuela habría de darse.

De modo que si bien en ese día del 19 de abril de 1810 no llega a hablarse de independencia, no sólo ese espíritu estaba claramente presente en varios de los que precipitaron los acontecimientos de esa fecha, sino que la decisión tomada de constituir una Junta de Gobierno autónoma, será el primer ejercicio de libertad que ensayen los venezolanos.

A este movimiento se incorporará Miranda ocho meses después y su presencia, junto a la del joven Bolívar, será determinante para que al siguiente año, el 5 de julio de 1811, la provincia de Venezuela sea la primera de la América hispana en declararse República independiente.

Con el propósito de facilitar el conocimiento de lo que ocurrió ese día y a objeto de que sirva de insumo para la discusión que todos y todas debemos dar sobre el significado y trascendencia del 19 de abril de 1810, hemos preparado una síntesis del hecho mismo y del contexto histórico en el cual éste se dio, tanto en lo que respecta a nuestro territorio, como a lo ocurrido en España y en el resto de América.

Hacemos la salvedad de que el presente texto constituye a su vez un resumen de trabajos ya existentes, cuyas referencias se dan al final del mismo.

Finalmente, queremos invitar a todos y a todas a generar a partir de ahora una gran discusión colectiva sobre lo que se avanzó en aquel entonces en el camino de la independencia y sobre lo que aún falta por hacer. El proceso de liberación iniciado hace doscientos años por Miranda y Bolívar está aún inconcluso. Intereses de clase, ambiciones personales, afán de riquezas, traiciones y mezquindades coartaron el sueño de libertad que el pueblo venezolano había comenzado a construir. Las burguesías nacionales se aliaron con nuevos imperios, más poderosos que el español, convirtiéndonos de nuevo en sumisa colonia. Hoy, que la espada de Bolívar campea de nuevo victoriosa por América Latina, estamos obligados a completar la magna obra de nuestra independencia y a construir esa sociedad justa y de iguales, fundamento de toda libertad y de toda prosperidad.

Junto con las diversas efemérides bicentenarias de nuestro proceso de independencia, celebremos también las de nuestros países hermanos. No olvidemos que hace 200 años nuestra América nació unida para la libertad, y en tanto herederos que somos del Padre Libertador, es también nuestra responsabilidad ayudar a recuperar y consolidar esa unidad.

I. Prolegómenos del 19 de abril de 1810

I.1. La situación en España

En 1806, tras fracasar su intento de invasión a Inglaterra, Napoleón decreta un bloqueo total contra esa nación y prohíbe el comercio de productos británicos en el continente europeo. Portugal, tradicional aliada de Inglaterra, se niega a acatarlo y en virtud de ello, Napoleón decide entonces invadir Portugal. Para lograrlo, busca una alianza con España a objeto de que ésta permita el paso de las tropas francesas por su territorio.

El 27 de octubre de 1807, Francia y España firman el Tratado de Fontainebleau, mediante el cual se acuerda la invasión militar conjunta de Portugal, para lo cual España se compromete a permitir el paso de tropas francesas por territorio español. Conforme a este Tratado, una vez ocupado Portugal, su territorio sería dividido en 3 partes, las cuales serían repartidas entre ambas potencias invasoras; dejándose para un acuerdo posterior la distribución de las colonias portuguesas de América.

Esta invasión franco-española de Portugal va a provocar que el 29 de noviembre de ese mismo año, la familia real portuguesa, encabezada por el Príncipe Regente, futuro rey Juan VI, y otras quince mil personas, abandonen Portugal en una flota inglesa hacia Brasil, donde residirá desde entonces la Corte portuguesa hasta 1821, en que Juan VI regresa a Lisboa. Un año más tarde, Pedro I, hijo de Juan y quien había quedado en Brasil como regente, se une a los nacionalistas y proclama la independencia de esa nación respecto a Portugal, asumiendo además como emperador.

La presencia de tropas francesas en España, que inicialmente llegó a tener 65 mil soldados, le permitió a Napoleón no sólo controlar Portugal, sino también gran parte del territorio español, así como las comunicaciones de su aliada con Portugal y con la misma Francia. El 13 de marzo de 1808, la familia real española, temiendo lo peor, abandona Madrid para instalarse en Aranjuez, desde donde le sería más fácil emprender camino hacia Sevilla y embarcarse para América, siguiendo el ejemplo del Príncipe Regente de Portugal.
Crisis de la monarquía española e inicio de la Guerra de España contra Francia

El 17 de marzo de 1808 se produjo el Motín de Aranjuez, que provocó la caída del Primer Ministro Manuel Godoy, favorito de Carlos IV y de quien se sospechaba era aliado de los franceses. Esta revuelta provoca también la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de su hijo Fernando VII. El 23 de marzo, las tropas francesas, encabezadas por el mariscal Murat, entran en Madrid, a donde también se traslada el nuevo rey Fernando, quien todavía considera a Napoleón como su aliado y cree que todo sigue enmarcado dentro de los acuerdos de Fontainebleau.

Sin embargo, el emperador francés tenía otros planes. Valiéndose de subterfugios logra que padre e hijo acudan a reunirse con él en Bayona, a donde llega Fernando el 20 de abril (dejando en Madrid como su representante a una Junta de Gobierno), en tanto que sus padres, Carlos IV y María Luisa de Parma, lo hacen el día 30. Una vez reunidos, Napoleón presiona a ambos para que abdiquen a su favor, lo que ocurre el 5 de mayo de 1808, y, de seguidas, entrega la Corona de España a su hermano José Bonaparte.

Estas abdicaciones van a coincidir con un levantamiento popular en Madrid contra la ocupación napoleónica, dando así comienzo a las luchas del pueblo español contra Francia por la recuperación de su territorio y de su soberanía.

El 23 de mayo, una vez difundidas las noticias de las abdicaciones de Bayona, la insurrección continúa en la ciudad de Valencia y en los días siguientes en Zaragoza, Murcia, Oviedo, Sevilla y otras ciudades, constituyéndose en cada una de ellas Juntas de Gobierno que se declaran autónomas respecto al gobierno francés y defensoras de los derechos de Fernando VII. En Sevilla, la Junta local adopta el nombre de Junta Suprema de España e Indias. La mayor parte de estas Juntas estaban compuestas por militares, representantes del alto clero, funcionarios y profesores, todos ellos conservadores de los derechos de la Casa Real española.

Sin embargo, a pesar de que estas Juntas organizan ejércitos que comienzan a enfrentar con éxito a las tropas francesas, pronto se puso de manifiesto la dificultad de coordinación entre los diferentes niveles del poder español para constituir una autoridad única tanto política como militar, que permitiera consolidar los progresos realizados y seguir avanzando en la campaña contra el ejército ocupante.

A las rivalidades entre los líderes militares, que emprendían acciones sin coordinación entre sí, se sumaba la falta de acuerdo político en cuanto a la necesidad de producir algunas reformas en el sistema del Antiguo Régimen, así como el surgimiento de reclamaciones particulares que en cada territorio exigían mayor autonomía, estimuladas por el clima de federalismo de facto que había surgido con la constitución de las diferentes juntas de gobierno provinciales. A pesar de ello, un acuerdo general permitió constituir, el 25 de septiembre de 1808, en Aranjuez, la denominada Junta Suprema Gubernativa o Junta Central, presidida por el conde de Floridablanca, la cual tenía por función asumir el poder del Estado español durante la ausencia del rey Fernando VII, cuya abdicación había sido también declarada nula. Igualmente, se conformó una Junta Militar, que resultó totalmente ineficaz, como lo va a demostrar la sucesión de acontecimientos posteriores.

Ante la creciente resistencia del pueblo español, Napoleón decide entonces intervenir directamente y al mando de un ejército de 250.000 hombres, entra a España desde Francia. Luego de que sus experimentadas tropas causen sucesivas derrotas a los ejércitos españoles, Napoleón entra en Madrid, en noviembre de 1808, para continuar luego hacia el sur. Ante esta situación, la Junta Central, que gobernaba sobre la España no ocupada, abandona Aranjuez para refugiarse, primero en Sevilla, y luego por mar en Cádiz; ciudad que se mantenía resistiendo a un terrible asedio por tierra.

Debido a la profunda crisis creada por la guerra, la Junta Central Suprema ordena, mediante decreto del 22 de mayo de 1809 y asumiendo una atribución que hasta entonces sólo era competencia del rey, la celebración de Cortes Extraordinarias y Constituyentes. Dada la ocupación casi total de España por los franceses, las Cortes, previstas para 1810, tuvieron de reunirse primero en San Fernando, entonces Isla de León, y después en Cádiz, que se mantenía sitiada por tierra por las fuerzas francesas.

El 29 de enero de 1810 la Junta Central, desacreditada por las sucesivas derrotas militares ante los franceses, promulga un decreto autodisolviéndose y creando el Consejo de Regencia de España e Indias, que será el que finalmente organice la convocatoria y constitución de las Cortes.

El 24 de septiembre de 1810 se instalan dichas Cortes en Cádiz, manteniéndose activas hasta el retorno de Fernando VII en 1814; retorno que se hizo posible luego de que las fuerzas españolas, con el decisivo apoyo del ejército inglés, comandado por el Duque de Wellington, lograran derrotar a los franceses y reconquistar su territorio. Sin embargo, tan pronto Fernando se entroniza, disolverá las Cortes, ordenará la detención de los diputados liberales, anulará la Constitución, la primera que tuvo España y que las Cortes habían promulgado en 1812, y restablecerá el Absolutismo como forma de gobierno.

Los debates constitucionales comenzaron el 25 de agosto de 1811 y terminaron a comienzos de 1812, con la promulgación de la Constitución el 19 de marzo de ese año. La discusión se desarrolló en pleno asedio de Cádiz por las tropas francesas. La tarea de las Cortes de Cádiz fue crear un conjunto de leyes de carácter liberal que permitiera crear un nuevo orden social en sustitución de la sociedad estamental que había caracterizado a España hasta ese momento. El nuevo sistema político se sustentaba en el principio de la soberanía nacional, mantenía la monarquía como forma de gobierno, pero establecía al mismo tiempo la división de poderes, a semejanza de Inglaterra. Igualmente, se reconocían derechos como la libertad de imprenta, la igualdad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, y otros derechos más propugnados por el pensamiento liberal.

En las Cortes de Cádiz estaban representados los tres estamentos. Los liberales, los conservadores y los burgueses, quienes sustituyeron a algunos representantes conservadores, al no poder acceder estos a Cádiz debido a la ocupación francesa. En general, las Cortes estaban compuestas en principio por algo más de trescientos diputados, aunque nunca se alcanzó esa cifra en ninguna sesión; de los cuales, cerca de sesenta fueron o representaban a los americanos.

En todo caso, ninguno de ellos pertenecía a las clases populares, aunque algunos decían representarla. La mayor parte eran eclesiásticos y abogados, pertenecientes a la burguesía intelectual y funcionarial, a los que se sumaban algunos aristócratas con título nobiliario, que habían logrado refugiarse en Cádiz. Serán, pues, estas clases altas, en las que predominan las ideas de la ilustración y del liberalismo, las que efectuarán la revolución liberal en España.

I.2. La situación en América

Varios años antes de que la crisis del imperio español alcanzará su punto máximo, impulsada por la ocupación de las tropas francesas y la abdicación de sus reyes en favor de Napoleón, en el contexto americano se venían produciendo rebeliones y movimientos de liberación que se van a hacer más concretos y definitivos a partir de 1804, cuando los esclavos de Saint Domingue proclamen su independencia de Francia y constituyan la República de Haití.

Cinco años después, en 1809, y favorecido por la crisis española, se iniciará en casi toda la América hispana el proceso de conformación de Juntas de Gobierno Autónomo que, a la manera de las creadas en Oviedo y Sevilla, asumen su propio gobierno y se declaran defensoras de los Derechos de Fernando VII y contra la ocupación francesa: Chuquisaca y Quito en 1809; Caracas, Buenos Aires, Bogotá y México (Grito de Dolores) en 1810. Poco tiempo después, en la medida en que las fuerzas revolucionarias se van imponiendo sobre las conservadoras, se comienzan a producir las declaraciones definitivas de Independencia, entre las cuales la primera será la de Venezuela el 5 de julio de 1811, siendo seguida por la de las Provincias Unidas de Nueva Granada el 27 de noviembre de 1811, las Provincias Unidas de América del Sur (Argentina) el 9 de julio de 1816, Chile en 1818, Perú en 1820, México en 1821, Ecuador en 1822 y Bolivia en 1825, hasta culminar con la independencia de Cuba en 1898 ; todas en medio o como culminación de largos años de cruentas batallas entre patriotas y realistas, durante los cuales muchas veces el sacrificio llegó a parecer inútil dadas las reconquistas sucesivas del territorio por parte de las huestes monárquicas.

Si bien en la América hispana las primeras repúblicas no se establecen sino al iniciarse la segunda década del siglo XIX, las ideas que las impulsaron se habían originado por lo menos unos 30 años atrás. A la luz de los documentos históricos resulta hoy innegable que para fines del siglo XVIII, algunos criollos americanos se habían planteado ya tanto la necesidad como la posibilidad de independizar al menos su provincia del dominio español; llegando incluso a formular, como veremos luego, la intención de establecer en ella un gobierno republicano. Las ideas de la Ilustración, junto al ejemplo de independencia dado por las colonias inglesas de Norteamérica y, posteriormente, el cuestionamiento que de la monarquía representó la Revolución Francesa, así como los principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, contribuyeron a hacer aflorar las contradicciones internas que subyacían en esa totalidad aparentemente homogénea que hasta entonces había sido la monarquía española.

En América, estas contradicciones se hicieron más patentes durante la segunda mitad del siglo XVIII, desembocando en la multiplicación de las rebeliones, tanto lideradas por blancos criollos, tal como la emprendida por Juan Francisco de León (1756) o Manuel Gual y José María España (1797) en Venezuela, como por negros esclavos o líderes indígenas, entre las que cabe mencionar la sublevación que dirigió el indígena maya Canek (1730-1761) en Nueva España en 1761 o la rebelión de José Gabriel Condorcanqui (1738-1781), conocido como Túpac Amaru, descendiente de la última aristocracia indígena en el virreinato del Perú, en 1780, y cuyas consecuencias se dejaron sentir hasta Nueva Granada y el occidente de la Provincia de Venezuela.

Igualmente, se encuentran referencias de que ya en 1742, en Nueva España, algunos criollos mexicanos habían buscado el apoyo de las tropas británicas para poner en ejecución un plan de tipo autonomista. Intenciones similares habrían sido alimentadas, entre otros, por Antonio del Prado en 1782, quien soñaba con un gobierno independiente para el Río de la Plata y el Perú, así como por Luis Vidal o Vidalle, Vicente de Aguiar y Dionisio Contreras en 1784, y por Francisco de Mendiola en 1785. Los tres primeros habrían buscado emancipar a la Nueva Granada, en tanto que Mendiola pretendía hacerlo en México1. Anterior a ellos, en 1766, un militar francés, el marqués de Aubarède, acompañado de algunos mexicanos descontentos, habría presentado al gobierno de Londres un vasto plan para emancipar Nueva España. El mismo plan habría sido nuevamente presentado a las autoridades inglesas en 1770-17712.

Cierto es que se hace necesario tomar con prudencia algunos de estos antecedentes, sobre los cuales muchas veces no existen sino vagas referencias que van siendo retomadas sucesivamente por los diversos historiadores. Pero es igualmente cierto que al lado de estos dudosos antecedentes se encuentran otros proyectos que sí están mejor documentados. A este respecto, vale considerar las propuestas hechas al gobierno inglés por los antiguos jesuitas Juan José Godoy y Juan Pablo Viscardo y Guzmán.

Juan José Godoy, ex-jesuita chileno llegado a Londres en 1781, parece haber presentado al gobierno inglés un proyecto que buscaba establecer, con el apoyo de la marina británica, un gobierno independiente en el sur de América, específicamente en las regiones de Chile, Perú, Tucumán y la Patagonia. Godoy, quien actuaba bajo el falso nombre de Anger, tenía en su poder mapas de esas regiones y documentos que lo acreditaban como representante del reino de Chile y encargado de negociar el apoyo de Inglaterra3. Luego de infructuosos intentos por obtener dicho apoyo, Godoy deja Londres, en 1785, para irse a los Estados Unidos. Sin embargo, la Corona española, que mantenía bajo vigilancia a los jesuitas americanos exiliados en Europa4 y que temía, sobre todo después de la independencia de las colonias angloamericanas, la aparición de movimientos independentistas en sus colonias, va a interpretar la partida de Godoy de Londres como el inicio de una eventual expedición armada contra sus posesiones en América. En consecuencia, desde Madrid se envía una circular acompañada de la descripción de Juan José Godoy, a Perú, Chile, Santa Fe y otras regiones del continente americano, hasta que, finalmente, el ex-jesuita es localizado por el gobierno español en Charleston, Carolina del Sur; organizándose de inmediato un plan para apoderarse de su persona. Engañado, Godoy es inducido a embarcarse rumbo a Cartagena, donde es hecho prisionero. Más tarde será transferido a Cádiz, España, donde muere en prisión en 1787.

Durante la misma década, llega a la capital inglesa Juan Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798). Inicialmente exiliado en Italia, este jesuita, oriundo de Arequipa (Perú), va a requerirle en 1781 al gobierno inglés, a través de sus representantes en la Toscana, que envíe tropas a América en apoyo al levantamiento de Túpac Amaru. Para reforzar su petición viaja a Londres en 1782; sin embargo, aunque Inglaterra siempre codició las colonias españolas en América, más le preocupaba mantener el equilibrio de poder en Europa y en ese momento no tenía ningún interés en provocar un nuevo conflicto con España, puesto que se estaban dando los preliminares del tratado de Versalles.

Viscardo permanece en Londres hasta mayo de 1784, para regresar más tarde en 1792. Es en este último año que escribe su larga y fundamental "Carta a los Españoles-Americanos", verdadera justificación ideológica de la independencia global de la América meridional5. Al regresar a Inglaterra, este antiguo jesuita peruano, quien actuaba bajo el nombre de Paolo Rossi, retomará sus contactos con el gobierno, pero sin lograr tampoco interesarlo en sus planes. Para ese momento, la Gran Bretaña se encontraba muy próxima a España y al resto de las monarquías europeas que se oponían a la Revolución francesa. De allí que lo único que Viscardo logra obtener del gobierno inglés es una pensión de trescientas libras esterlinas que le permitirá radicarse en Londres. Sin llegar siquiera a publicar su "Carta", muere en esa ciudad a fines de febrero de 1798, y Miranda, quien ha regresado de París un mes antes, no escuchará hablar de él sino hasta después de su muerte6.

Además de Godoy y Viscardo, otros jesuitas parecen haber llegado también a Londres durante esos años con los mismos propósitos independentistas, tal como se desprende de documentos de la época7. Igualmente cabe resaltar la influencia de otros jesuitas expulsados de América en la conformación de la ideología emancipatoria, en particular Francisco Xavier Clavijero y el abate Juan Ignacio Molina, así como algunos franciscanos y miembros del bajo clero que tenían contacto con todos los estratos de la población a lo largo del continente, y quienes contribuyeron a acrisolar la conciencia de la identidad americana en muchos patriotas.

El problema de la conformación y de la conciencia de la identidad americana constituyó en ese momento uno de los obstáculos más difíciles de superar en el camino a la independencia. En efecto, aún cuando la desigualdad en el acceso al poder político había generado a lo largo del período colonial una oposición cada vez más marcada entre peninsulares y americanos, la misma no había impedido, hasta ese momento, que los “vasallos nacidos en las Indias” consideraran a España como su nación o su patria. A falta de referencias políticas alternativas, la monarquía era tenida –a pesar de cualquier descontento– como el sistema “natural” de gobierno, y la pertenencia a un reino, como la referencia primera de la definición política de los individuos.

Por otra parte, fuerza es notar que la permanencia de la situación colonial había ido produciendo en las sociedades americanas un descentramiento de los polos de identificación cultural en provecho de la metrópoli. Los criollos, educados conforme a los valores fundamentales de la sociedad española, como lo eran la nobleza del linaje, la pureza de sangre, la fe cristiana y el cultivo de la lengua castellana, veían en el cumplimiento de esos valores las condiciones esenciales del único modelo posible de humanidad. Este factor y la arraigada fidelidad real, se llegaron a combinar de tal modo que a los patriotas americanos no les será posible resolver el problema de la sustitución de la monarquía, como sistema de organización social y política, por un régimen republicano, sin enfrentar, simultánea y necesariamente, el problema de la identificación cultural de los ciudadanos.

Al respecto, se señala como antecedente de la búsqueda de una identidad propia la reacción de algunos criollos de la segunda mitad del siglo XVIII ante el menosprecio que la mayor parte de los europeos mostraban hacia América y los americanos, como se mostraba particularmente en las obras de Buffon y de De Pauw. Varios son los textos que como los de Clavijero, el padre Molina, Caldas, José Manuel Dávalos o Hipólito Unanue, se producen en defensa tanto de la tierra y las riquezas americanas, como de ciertos rasgos culturales específicos de sus habitantes. De esta manera, tanto como reacción a influencias ideológicas exógenas, que como resultado de las contradicciones internas generadas por la dominación colonial, va a comenzar a desarrollarse en la América hispana, en las últimas décadas del siglo XVIII, un proceso de “desidentificación” tanto político como cultural respecto a la “madre patria”. Proceso que permitirá entender mejor los sucesos que se desencadenarán a partir de 1808, cuando los reclamos de autonomía comiencen a encontrar vías de expresión a través de la conformación de Juntas de Gobierno en distintos lugares de nuestra América.

Este proceso de distanciamiento respecto a España no será nada fácil. La desidentificación política exigirá, por una parte, la conciencia de estar siendo desposeído injustamente del derecho a conducir el propio destino y, por la otra, la capacidad de proponer un modelo alternativo de gobierno. En cuanto a la desidentificación cultural, puesto que se trata de un proceso ligado a la esencia misma de los individuos, el mismo requerirá que previamente se produzcan cambios profundos a nivel de las mentalidades. Pero estos no pueden darse sino a partir de cambios igualmente profundos en el cuerpo social del cual los individuos han aprendido a sentirse parte constituyente.

Históricamente hablando, la desidentificación política va a ser alcanzada mucho más temprano que la ruptura de la identidad cultural generada a lo largo de la colonia, y a pesar de la interdependencia entre ambas, el proceso de esta última continuará a todo lo largo del siglo XIX y llevará a la mayor parte de los pensadores latinoamericanos, desde Juan Bautista Alberdi hasta casi nuestros días, a reclamar para el subcontinente una “segunda independencia” o una “emancipación mental”.

Por lo que respecta a la ruptura política –a pesar del juramento de fidelidad a Fernando VII y de las vacilaciones y dudas que signaron constantemente el proceso– la tendencia general de las Juntas de Gobierno que se instalan en Hispanoamérica y que comienzan a transformar su reclamo de autonomía en claro deseo de independencia a partir de 1810, fue la de regirse por los principios de la democracia republicana. Esta tendencia, en gran parte producto de las influencias exógenas ya mencionadas, encerraba igualmente la necesidad de profundizar la ruptura con lo que a partir de ese momento comenzó a ser referido como “los tres siglos de opresión” o “la horrible tiranía”, ejercida por los representantes de las monarquías europeas en el Nuevo Mundo.

En todo caso, fue la élite criolla la que hegemonizó el proceso político de independencia, iniciándose éste de manera más consciente con actores tales como José Antonio Rojas [1732-1816] en Santiago de Chile; Antonio Nariño [1765-1823] y Pedro Fermín de Vargas [1762-1830] en Santa Fe de Bogotá; José Baquijano y Carrillo [1751-1818] e Hipólito Unanue [1755-1833] en Lima; Eugenio de Santa Cruz y Espejo [1747-1795] en Quito; Manuel Belgrano [1770-1820] en Buenos Aires; Manuel Gual [1759-1800], José Félix Ribas [1775-1815] y Miguel José Sanz [1756-1814] en Caracas, y muchos más que habría también que mencionar como precursores de lo que luego será una campaña continental por la independencia, de la que Miranda será el gran iniciador y Bolívar la figura señera.

I.3. La situación en Venezuela

Francisco de Miranda es tal vez el primer sudamericano en quien se manifiesta de manera explícita esa doble necesidad de alcanzar tanto la independencia política como la emancipación mental. Por esta razón, si se le puede llamar con justo título el Precursor de la independencia de las colonias hispanoamericanas, no ha de serlo tanto por haber sido el primero en armar una expedición con propósitos liberadores y desembarcar con éxito en territorio de una colonia española, como efectivamente lo hizo en La Vela de Coro el 3 de agosto de 1806, como por su anticipación en negar los fundamentos de legitimación de la dominación española y por proponer para la América meridional –tomada como unidad continental– no un simple cambio de gobernantes o la supresión de algún impuesto, meta generalmente perseguida por los movimientos contestarios ocurridos hasta ese momento, sino el sistema republicano como modelo político alternativo. En segundo lugar, y tal vez de mayor importancia ontológica, es igualmente precursor por su empeño en tratar de discernir las notas características del ser americano. Para ello, Miranda debió también realizar su propio proceso de ruptura personal con esa totalidad en la cual aprendió a situarse existencialmente.

Desde esta doble vertiente, el problema que se le plantea a Miranda, como a muchos otros americanos y, en particular, a esa primera generación de emancipadores (Antonio Nariño, Fermín Vargas, Manuel Gual, etc.), es el de que a pesar de que consideran rota y traicionada la relación tradicional de reciprocidad entre servicio al rey y derechos de vasallo, y de que las nuevas teorías políticas los llevan a interrogarse sobre la legitimidad de la monarquía española en América, no les será fácil romper con la secular identificación rey-patria sobre la cual se asienta su propia identidad cultural.

Es debido quizás a esta temprana conciencia que, de todos los planes presentados a Inglaterra solicitando apoyo para independizar la América del dominio español, los de Miranda sean no sólo los mejor estructurados y los de mayor alcance, sino también los primeros en que se solicite apoyo de ese país para emancipar a la América española en su totalidad. A diferencia de sus predecesores, quienes sólo pedían ayuda para emancipar su provincia, Miranda pretendía acabar definitivamente con el sistema de opresión global instaurado por España en América.

Las causas de los levantamientos que sacudían la América eran de variada índole. La primera a la cual Miranda hace referencia es a la secular discriminación practicada contra los criollos, a quienes los españoles negaban la posibilidad de obtener "empleos militares, civiles o eclesiásticos de alguna consideración y confiriéndolos sólo a españoles europeos de baja esfera por lo general, que vienen allí para enriquecerse, ultrajar y oprimir a los infelices habitantes con una rapacidad increíble"8. En tanto que estos españoles de "baja esfera" se enriquecían injustamente, "la nobleza americana" se encontraba sometida a un doble yugo: se le impedía viajar libremente, incluso a la metrópoli y, más grave aún, "el infame Tribunal de la Inquisición" la había reducido a no pensar. Del mismo modo que los Scythas - dice Miranda en una nota a pié de página - arrancaban los ojos de sus esclavos para que batieran con más paciencia la leche, asimismo España, con una crueldad todavía más refinada, arrancaba a los americanos "los ojos del entendimiento" para poder someterlos aún más. A todo esto - continúa - deben agregarse los impuestos excesivos, las injusticias y abusos de todo tipo que llevaban a los pueblos de las diversas provincias a rebelarse constantemente.

Habiendo expuesto la naturaleza y las causas de la opresión, Miranda consagra de seguidas algunas líneas a refutar los pretendidos derechos de España sobre América. Para ello, se contenta con retomar una tesis del cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, según la cual los conquistadores habían actuado "a sus propias expensas"9; de donde resulta - concluye Miranda - que la Corona española no tendría materialmente ningún derecho sobre América. En cuanto a la donación de las tierras americanas que el Papa Alejandro VI había hecho a los Reyes Católicos, consideraba que era un asunto "para tratarlo (más) jocosamente en el día que en una discusión seria".

La América, pues, se encontraba plenamente justificada en su búsqueda de independencia, y para el éxito de esta empresa contaba, además, con la ventaja de una población superior en número y con riquezas mucho más grandes que las de España. Sin embargo, la inmensidad de su territorio y la ausencia de medios de comunicación interna habían impedido hasta el presente la coordinación efectiva de las acciones revolucionarias entre las diversas provincias que la integraban. Estando estas relaciones casi reducidas a hacerse por vía acuática, era evidente la necesidad de contar con una fuerza naval capaz de resistir a las escuadras españolas y de proteger esa vía de comunicación. En este contexto, Inglaterra se presentaba como la potencia mejor preparada para hacerle frente a los españoles y la más interesada en hacerlos abandonar América.

Una vez obtenida la independencia, el porvenir de la América meridional sería el de una nación ilustre, próspera y respetable, que habría de contribuir a instaurar el equilibrio de poder en el mundo, al momento amenazado por el poderío de Francia.

Este futuro esperado habría de ser la consecuencia lógica de los efectos "que es necesario produzca la libertad y el buen gobierno" sobre la población; tesis cara a la Ilustración y sostenida por Miranda desde 1783, y cuyas primeras manifestaciones pueden ya constatarse en su diario de viajes por los Estados Unidos. Va de suyo que estos efectos no podían ser obtenidos sino dando "una instrucción general a la masa de la Nación", es decir, a través de la educación del pueblo. En coherencia con lo que había venido considerando como la causa principal del estado de atraso de las colonias hispanoamericanas, Miranda subraya, igualmente, que esa educación debe estar dirigida a expulsar progresivamente "las preocupaciones religiosas en que están imbuidos aquellos pueblos, por otra parte honrados, hospitalarios y generosos".

Como complemento a esta tesis, Miranda agrega, en una nota a pie de página, una cita del padre Benito Feijoo en la cual éste recalca que en sus relaciones con "algunos caballeros indianos" ha podido constatar que "la cultura en todo género de letras humanas ... florece más en la América que en España". Dicho de otro modo, se hacía necesario deshacerse del obstáculo que representaban las supersticiones religiosas y la influencia de España para que los americanos pudieran desarrollar su inteligencia natural y sus capacidades creadoras10.

Este primer esbozo del proyecto político para la América meridional - a la que en sus papeles privados ya Miranda llama Colombia - es apoyado por mapas y documentos relativos tanto a España como a América, adquiridos durante sus viajes y que le sirven ahora para probar la veracidad de sus afirmaciones ante el gobierno inglés. Desde el punto de vista militar, Miranda llegó incluso a describir la estrategia que a su juicio se adaptaba mejor al contexto americano, estimando que con doce o quince mil hombres y quince "navíos de línea", el objetivo podía ser alcanzado. Para despertar aún más el interés de los británicos, concluye la Propuesta con una idea largamente acariciada por Inglaterra: "la posibilidad de formar sin mayor dificultad un Canal de navegación en el Istmo de Panamá, que facilite el comercio de la China y del Mar del Sur con innumerables ventajas para la Inglaterra, la América..."11

En cuanto al modelo político a instaurar en la nueva nación emancipada, puede comprobarse una sensible evolución en los escritos de Miranda entre las ideas sostenidas en 1790, año en el que solicita por primera vez apoyo del gobierno inglés para su proyecto emancipador, y las ideas que aparecen recogidas en el Proyecto de Gobierno Federal redactado en 1801 y que hará circular años más tarde entre los Cabildos americanos. Aun cuando la terminología escogida para nombrar las diversas instancias y cargos políticos sea similar en ambos planes, la estructura organizacional y las relaciones políticas entre el pueblo y el gobierno son, por el contrario, diferentes. En el primer proyecto, determinado sin duda por su gran admiración hacia el sistema constitucional inglés, defiende la idea de una monarquía parlamentaria para la América meridional. En el segundo, se hace totalmente republicano.

Estos planes de gobierno recogen el pensamiento constitucional de Miranda, y serán estos los que, perfeccionados, enviará el Precursor desde Londres a los diversos Cabildos americanos en 1808, los que, igualmente. llevará consigo cuando regrese a Caracas en 1810 y los mismos que presentará, en 1811, ante la comisión encargada de redactar la primera Constitución republicana de Venezuela y de la América hispana.

El pensamiento político de Miranda, como el de otros americanos, se sitúa en el marco de los referentes conceptuales de la Ilustración : la preeminencia de las virtudes de la razón, el orden como fuente de bienestar y la fe en el progreso ilimitado del hombre. Persuadido de que sólo la razón puede conducir a la humanidad hacia la perfección, Miranda va a rechazar toda vía en la cual no sea posible establecer un principio conductor de la acción. De allí que sus propuestas políticas giren en torno a la noción de “libertad racional”, queriendo significar con ello una libertad subordinada al orden, única garantía de bienestar permanente y de progreso constante en una sociedad. Concomitantemente, rechazará toda manifestación de anarquía, a la que considera expresión máxima de la irracionalidad; lo que se traducirá en su empeño por lograr “un cambio sin convulsiones”, esto es, una revolución pacífica.

Es evidente que la posibilidad de una nueva estructura organizacional para la América meridional se sustentaba sobre el presupuesto de una ruptura política radical con el orden establecido, lo que a su vez implicaba la negación de los fundamentos de legitimidad de tal orden. Es así como, paralelamente, Miranda asume la tarea, apoyándose en textos de los filósofos y publicistas de más prestigio en la época, como lo eran Locke, Hume, Voltaire, Raynal o Vattel, de refutar las tesis del derecho divino de los reyes, de la legitimidad de la donación papal de las tierras de América a españoles y portugueses, del derecho de conquista, de la preconizada inferioridad de América y los americanos y de su consecuente incapacidad para dirigir su propio destino.

De la misma manera y ya en la maduración de su pensamiento, Miranda va a desarrollar argumentos dirigidos a marcar una clara diferenciación cultural entre americanos y españoles; diferenciación ésta que, a su juicio, está fundamentada en la relación originaria del hombre con la tierra en la que nace. Para Miranda, el nacer en tierra americana, dice citando a Feijoo, no sólo hace a los hombres más dotados para las luces y menos propensos a los vicios, sino que, contrario al principio del derecho de sangre, es este hecho es el que va a determinar el criterio primordial de ciudadanía: “Son ciudadanos americanos todos los que hayan nacido en el país de padre y madre libres...” (Proyecto de Gobierno Federal, 1801). Criterio que va a ser adoptado por casi todas las Constituciones que se irán formulando en la América meridional en el curso del período independentista.

Si nos hemos extendido en la consideración de las ideas políticas del Precursor se debe, por una parte, al hecho de que la mayor parte de estas ideas –reflejo de las tesis ilustradas que Miranda conoció con bastante profundidad y anticipación– formaban parte de una especie de arsenal político del cual fueron echando mano casi todos los ideólogos de la emancipación y, por la otra, por el interés de contribuir a superar el desconocimiento que sobre sus propuestas muestra la mayor parte de los estudios históricos existentes sobre este período.

El proceso de ruptura política con España

Este complejo discurso identitario, independentista y republicano tomará sin embargo varios años en hacerse común en suelo americano, y en el transcurso del proceso, el mismo sufrirá marchas y contramarchas. En una primera etapa, la disidencia va a girar en torno a las desigualdades existentes entre españoles y americanos, así como a subrayar la necesidad de superar el estado de ignorancia que en todos los órdenes del conocimiento reinaba en América, pero sin que tales circunstancias llegaran a poner en entredicho la adhesión a la monarquía.

Las divergencias se agudizarán con el impacto de la Revolución francesa, la cual no sólo profundizará la brecha que las ideas de la Ilustración habían abierto en el monopolio ideológico ejercido por las metrópolis iberas en sus colonias, sino, más importante aún, mostrará la precariedad de las monarquías. Como efecto inmediato de esta “nueva era” comienzan a constituirse, tanto en la Península como en América, Sociedades Patrióticas o de Amigos del País, cuyo objetivo es, en principio, la transformación “pacífica” de las estructuras económicas; un poco al estilo de una revolución industrial. Así, por dar un ejemplo entre muchos, Eugenio de Santa Cruz y Espejo insta, en 1789, a la creación en Quito de una “Escuela de la Concordia”, utilizando para ello un discurso que constituye un fiel reflejo de la ambigüedad de los propósitos perseguidos para ese momento: mientras que por una parte se denuncia la indeseada ignorancia, se realzan las virtudes americanas, se argumenta en favor de una reforma sustancial de la agricultura, el comercio, la industria, etc., y se esgrimen ideas de consecuencias revolucionarias como lo es la necesidad de apuntalar el rol de la educación como garante de progreso en una sociedad, por la otra se afirma que la sujeción al rey será en adelante más firme por cuanto será una obediencia nacida del conocimiento.

Es probable que la marcada ambigüedad de estos discursos fuese en algunos casos preconcebida, a fin de asegurarse la circulación de ciertas ideas con el mínimo de riesgo personal. En todo caso no puede negarse que, para el último cuarto del siglo XVIII, se encontraba presente en América una cierta corriente de pensamiento radical que planteaba ya la necesidad de una total independencia económica y política. Sabido es que el texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos circulaba clandestinamente en Caracas y otras villas hispanoamericanas en 1777, al igual que lo harán los Artículos de la Confederación y la Constitución de esa nueva nación, proclamada en 1787. Poco tiempo después, en 1792, Antonio Nariño traduce y publica en Bogotá la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y aunque gran parte de la edición fue destruida por las autoridades españolas, los pocos ejemplares que escaparon a la confiscación circularon profusamente de mano en mano.

Por lo que respecta a Venezuela y más allá de los intentos que venía realizando Miranda desde el exterior, el primer movimiento organizado que se intentó en la América hispana con objetivos claramente independentistas y que contaba con una propuesta política democrática y republicana, es el conocido como la “Conspiración de Gual y España”. Originado en Macuto y La Guaira en 1797, este movimiento aglutinó a criollos y pardos de diversos estratos sociales; fungiendo como cabecillas José María España y Manuel Gual, a los que se va a sumar Juan Bautista Picornell, español liberal complicado en la conspiración de San Blas y enviado preso en consecuencia al castillo de La Guaira, de donde logró evadirse con el concurso de soldados simpatizantes de la causa. La conspiración fue denunciada la víspera de su realización y sus propulsores ejecutados, presos o exiliados.

En el Discurso preliminar dirigido a los americanos, que acompañaba a una traducción de la segunda y más radical versión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los conspiradores se proponían como objetivos de este movimiento el establecimiento de un nuevo contrato social fundado en la democracia; por lo que la autoridad debía ser colectiva, electiva, alternativa y momentánea. Más radical aún, para que ese nuevo contrato pudiera tener éxito se planteaba la necesidad de depurar el cuerpo social, esto es, de expulsar o exterminar del mismo aquellos elementos que representaran cualquier compromiso con la dominación española.

Este precedente del Decreto de Guerra a Muerte de Bolívar se repetirá con bastante frecuencia en los textos revolucionarios de las primeras décadas del siglo XIX y, en general, aparecerá en estrecha vinculación con otra compartida concepción de implicaciones identitarias: la de considerar al pueblo americano como sujeto de todas las virtudes, en contraposición al europeo, fuente de todo vicio. Concepción que remite sin duda a la tesis de Montesquieu del pueblo como sujeto de buenas cualidades. De allí que se plantee, en consecuencia, la necesidad de efectuar, coetáneamente a la revolución política, una revolución moral que permita el resurgimiento de las virtudes originarias del pueblo americano. Expresiones tales como “pueblos honrados y generosos”, “regeneración de las costumbres”, “manifestación (sin impedimentos) de nuestra modestia y carácter”, etc., testimonian el objetivo que paralelamente se pretende alcanzar. La frecuencia con la que se encuentran enlazadas estas dos ideas en los textos políticos de fines del Siglo XVIII y los primeros años del XIX, habla, a todas luces, de la creciente necesidad planteada a los actores del proceso de provocar una ruptura ideológica total con el modelo instaurado.

Por otra parte, siendo en este pueblo virtuoso donde reside además la soberanía, y habiéndose demostrado que los reyes no poseen ningún carácter divino, sino que por el contrario son perversos, nada impide que ese pueblo recurra a la fuerza para restituir su derecho a vivir en libertad y restablecer la felicidad general : “Cercioraos de la inutilidad de los recursos suaves ... No hay otro que el de la fuerza”, reza el documento de la conspiración de 1797 ; “Es preferible morir que dejar de ser libres” o “libertad o muerte”, anunciará similarmente Dessalines en Haití en 1804, luego de proclamar la independencia absoluta y el odio a los franceses.

Si para esos años estos llamados radicales representaron posiciones un tanto aisladas y hasta temibles, los mismos comenzarán progresivamente a multiplicarse a partir de 1810. Ejemplo de ello es el Plan de Operaciones ... para consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia, que Mariano Moreno propone a las Provincias Unidas del Río de la Plata: “cortar cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa ... porque ningún estado envejecido o provincias pueden regenerarse sin cortar sus corrompidos abusos, sin verter arroyos de sangre”. Lo mismo hará Morelos en su Plan Político de 1813: “Para reedificar es necesario destruir lo antiguo”; o Antonio de Irisarri en Chile, en febrero de ese mismo año, al clamar por “sangre y fuego” en el editorial con el que se inaugura el periódico El Semanario Republicano.

Sin embargo, si para algunos la doctrina de la soberanía del pueblo legitimaba la vía de la violencia como medio para recuperar una libertad incautada por los “tres siglos de infame opresión”, para otros, inicialmente mayoría, legitimaba tan sólo el acto mediante el cual los Ayuntamientos –esto es, los representantes del pueblo– se constituían en poder autónomo. Integrados por españoles y ricos terratenientes criollos, la mayor parte de estos Cabildos, cuyos integrantes son los mismos que van a conformar las Juntas de Gobierno autónomas a partir de 1809, va a actuar al comienzo con mucha cautela. Mientras que, por una parte, independizarse de la metrópoli representaba para los criollos la ocasión tantas veces reclamada de asumir el absoluto control político y económico de sus provincias, por la otra temían no poder contener las crecientes demandas de participación de los otros grupos sociales, en particular, de los pardos y mestizos; lo que equivaldría a la pérdida de sus privilegios. La memoria de los excesos de la Revolución francesa durante la época del Terror y, en particular, de la más cercana experiencia haitiana, los enfrentaba al dilema de renunciar a una monarquía opresora, aunque católica, aceptando un gobierno francés signado por el deísmo12; o aprovechar la ocasión para declararse absolutamente libres de toda dependencia; lo que implicaba declarar libres a todos los componentes del cuerpo social y proceder al establecimiento de un nuevo contrato entre sus miembros. La mayoría va a optar en ese momento por declararse libres, pero de los franceses que ocupan España, y proclamar la fidelidad al cautivo Fernando VII, gobernando en su nombre.

Esta primera ruptura política con la metrópoli trae como consecuencia una radicalización de la oposición entre peninsulares y americanos. Oposición que se manifiesta desde una doble perspectiva: mientras que por un lado se subraya una pretendida diferencia cultural, por la otra se proclama la igualdad política de americanos y españoles; ambas dirigidas a justificar el control del poder político. Proliferan así las argumentaciones destinadas a probar que es a los americanos, por ser nacidos en estas tierras, por descender de los conquistadores y hasta por estar de alguna manera emparentados con los habitantes originarios (mestizaje inicial), a quienes corresponde por derecho legítimo el gobierno de las provincias de América. La diferencia entre el rey y el gobierno, que había justificado en el pasado algunas protestas y levantamientos, se hace ahora más marcada.

Con todo, los primeros intentos de constituir Juntas de Gobierno autónomas no proponen ninguna reforma de fondo. Salvo la ruptura –en ese momento declarada como temporal– del vínculo con la metrópoli, las estructuras establecidas permanecen en general con poca o ninguna modificación. Interesan más los beneficios que de esta ruptura se derivan: mayor poder político, supresión de impuestos, desaparición de los privilegios de que gozaban los peninsulares, libertad de comercio y otras medidas tendientes a lograr que los recursos se queden y reproduzcan en América; lo que debía redundar en beneficio colectivo. Si la proclamación de la fidelidad al rey permitía resolver el conflicto moral de la deslealtad a la madre patria, la conservación de las estructuras sociales y administrativas facilitaba la transición –sin sorpresas desagradables– hacia el establecimiento de un nuevo orden13.

Es a partir de estos antecedentes y en este contexto histórico que se sucederán los hechos del 19 de abril de 1810; fecha a partir de la cual la Provincia de Venezuela, hasta entonces una de las colonias que España mantenía firmemente sujeta en América, iniciará el tránsito hacia su conversión en República independiente.

II. El 19 de abril de 1810

Al tiempo que en España las diversas provincias constituían Juntas de Gobierno con el doble propósito de asegurar el poder local y de organizar la resistencia armada contra el invasor francés, en América los criollos vieron la oportunidad de aprovechar el momento para, oponiéndose también a la ocupación francesa, asumir en mano propia la conducción de los asuntos políticos de la región, hasta entonces en manos casi exclusivas de los peninsulares.

En Venezuela, el recuerdo de antiguas rebeliones, los antecedentes de la Conspiración de Manuel Gual y de José María España, así como la expedición y la continua campaña epistolar de Miranda incitando a la rebelión, se mantenían en la conciencia de la población en general y de los criollos en particular, como evidencia de que el dominio de España en América no era tan homogéneo como se pretendía y podía ser, además, cuestionado.

Para el momento en que ocurren los eventos de España, era un hecho generalizado en América el descontento de los blancos criollos contra lo que consideraban una injusticia por parte de la Corona, al excluirlos de los cargos públicos de mayor prestigio; sobre todo si tenemos en cuenta que tanto en Venezuela como en otras circunscripciones coloniales, los criollos ejercían el poder económico a través del control del Cabildo, el Real Consulado y la agricultura, por lo que también aspiraban a la preeminencia en el campo del poder político.

Por ello, resultaba lógico que al enterarse de la fragmentación y casi desaparición del poder monárquico español por causa de la invasión francesa y del arresto de Carlos IV y del ahora monarca legítimo, su sucesor Fernando VII, el mantuanaje caraqueño considerara propicia la ocasión para hacer realidad sus preteridas aspiraciones de poder. Así, tan pronto se conoce en Caracas la noticia de que las provincias españolas habían constituido juntas de gobierno autónomas con el objeto de dirigir sus propios asuntos y organizar la resistencia contra las fuerzas invasoras, en noviembre de 1808, un grupo de mantuanos caraqueños, entre los cuales se encontraba el joven José Félix Ribas y Luis López Méndez, acuden ante el capitán interino de Venezuela, Juan de Casas, para pedirle que organice también una junta con las misma características de las españolas y en la cual aspiraban tener un lugar preponderante. Este intento, conocido como Conspiración de los Mantuanos, tuvo sin embargo un fin casi inmediato, pues el capitán general en lugar de acceder a las demandas de los mantuanos, ordena detenerlos, confinando a la mayoría a prisión domiciliaria, en tanto que otros son enviados al exilio. Vale señalar, que en el rápido fracaso de este movimiento incidió el rechazo que el mismo tuvo entre las milicias de pardos, quienes, sintiéndose objeto de permanente desprecio por parte de los mantuanos, ofrecieron de inmediato su apoyo a Casas, brindándose incluso a combatir militarmente contra estos. Una señal más de las tantas contradicciones que imperaban en la sociedad colonial.

En mayo de 1809, el oficial español Vicente Emparan asume como nuevo Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela. Casi un año después, a comienzos de Abril de 1810, en Venezuela se conoce la noticia de que la provincia de Andalucía ha sido ocupada también por las tropas francesas y que la Junta Central, ante su fracaso en la defensa de España, ha decidido disolverse y ser sustituida por un Consejo de Regencia. El 18 de Abril, llegan a Caracas dos comisionados enviados por ese consejo, para exigirle a los venezolanos que reconocieran la autoridad del nuevo cuerpo.

Estos hechos impulsan a los criollos a retomar la idea de conformar una Junta de Gobierno autónoma que asumiera el gobierno de la Capitanía General a nombre de Fernando VII, y sin sujetarse al Consejo de Regencia. A falta del Rey legítimo, las provincias venezolanas, que lo mismo que las del resto de América habían sido declaradas iguales a las provincias españolas por la Junta Suprema al momento de convocar las Cortes, se consideraron entonces con derecho a darse un gobierno propio hasta tanto se restableciera la monarquía española.

Acordados sobre el particular, los miembros del Ayuntamiento partidarios de constituir una Junta convencieron al alcalde José de las Llamozas que convocara a un cabildo extraordinario para el siguiente día Jueves Santo, dada la gravedad de las noticias que acababan de llegar de España. Igualmente hicieron correr la voz entre la población de que al siguiente día, jueves 19, todos debían congregarse en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento. La idea era convertir esa sesión extraordinaria en un cabildo abierto y exigir al gobernador Emparan que definiera su posición respecto a los acontecimientos de España, y forzar así la constitución de la Junta de Gobierno ante la falta de un gobierno legítimo. Para esta acción, los mantuanos habían logrado implicar a los batallones de veteranos y otros cuerpos de milicias, así como comprometido el apoyo de muchos notables de la ciudad, intelectuales, parte del clero y un grupo importante del pueblo llano.

El centro de la discusión era la constatación de la imposibilidad de la metrópoli de asegurar su propio gobierno y, más aún, de impedir que los franceses se apoderaran también del territorio americano. De modo que no había otra solución para mantener la legitimidad del gobierno, asegurar la tranquilidad de la población y resguardar los derechos del rey prisionero que constituir una junta similar a las formadas en España que pudiera regir los destinos de la provincia.

La sesión del Cabildo caraqueño comenzó muy temprano en la mañana del día 19, con los mantuanos decididos a conformar una Junta de Gobierno en defensa de los derechos de Fernando VII en la provincia y sin que mediara en su determinación las protestas de Emparan, quien aducía que ya existía un gobierno legítimo en la Península que representaba al rey, y que ese gobierno era el Consejo de Regencia. Enfrentado a esta situación inesperada y en vista de las pretensiones de los mantuanos, el capitán general Vicente Emparan, deseoso de ganar tiempo e indeciso ante el camino a seguir, suspendió la sesión del Cabildo aduciendo la obligatoriedad de asistir a la catedral para tomar parte en los oficios del Jueves Santo, procediendo de inmediato a salir del recinto.

Algunos integrantes del Cabildo creyeron que su plan había fracasado, pero otros, más audaces, insistieron en acelerar el proceso y salieron tras Emparan. Casi a las puertas de la catedral, uno de los revolucionarios, Francisco Salias, interrumpió el paso del capitán general y tomándolo del brazo lo conminó a regresar al Cabildo. La actitud de Salias fue celebrada por un grupo de conjurados y por parte de la multitud allí congregada. Sin embargo, ante su osadía, los soldados que formaban la guardia del capitán general intentaron apercibir sus armas, pero una orden del oficial venezolano que los comandaba y que estaba en acuerdo con los conjurados, los mantuvo firmes en sus puestos, sin intervenir. Dadas la circunstancias, Emparan no tuvo otra alternativa que regresar al Cabildo, acompañado de los alcaldes, regidores y notables, mientras una multitud se congregaba a las puertas del mismo. De seguidas se incorporaron al Cabildo, aunque no eran miembros del mismo, los abogados Juan Germán Roscio y José Félix Sosa, el canónigo chileno José Cortés Madariaga, el presbítero Francisco José de Ribas, y el tribuno popular José Félix Ribas, aduciendo ser representantes del pueblo y del clero con derecho a participar en una discusión de tanta importancia para el destino de la Provincia.

Estando clara para todos la difícil situación de España, la discusión se centró en las formas jurídicas a seguir y en la legitimidad de la Junta a constituir. Como primera fórmula se propuso que la misma fuera presidida por el mismo Emparan, ante lo cual reaccionó Madariaga, convencido de que esa salida frustraría todos los planes revolucionarios. Para impedir que se aprobara esta propuesta, el canónigo inició un discurso vibrante y fuerte, en el que acusaba a Emparan de engaño y perfidia, agregando que una junta presidida por el Capitán General no ofrecería ninguna garantía, porque éste bien podría disolverla y plegarse a los franceses; por lo que exigía la inmediata destitución de dicho Capitán. Éste, sintiéndose perdido, sale al balcón buscando el apoyo del pueblo reunido en la Plaza Mayor y pregunta a la muchedumbre si están satisfechos con su gobierno. Alerta, Madariaga se apresuró a colocarse justo detrás de Emparan y, levantando el brazo, lo movió de un lado a otro para incitar al pueblo a que respondiera negativamente. De inmediato, el Doctor José Rafael Villareal, quien se encontraba entre la muchedumbre y estaba al tanto de lo que se estaba decidiendo en el Cabildo, comenzó a gritar: "No..... No..... No", siendo seguido en coro por el resto de la gente concentrada en la plaza. Ante el rechazo manifiesto de la población, Emparan pronunció entonces la frase que señalará el principio del fin del dominio español en Venezuela: "pues yo tampoco quiero mando". El movimiento había triunfado y pudo crearse entonces "la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII", que comenzará a gobernar a Venezuela en nombre propio.

Ese mismo 19 de abril de 1810 es redactada el acta en la cual se consagra el establecimiento de un nuevo gobierno. En la misma se precisa que el Gobernador y Capitán General Vicente Emparan, el Intendente de Ejército y Real Hacienda, el Subinspector de Artillería y el Auditor de Guerra y asesor general, así como la Real Audiencia, quedaban privados del mando que ejercían; a la vez que se suprimían esas instituciones. No se depuso al Consulado, encargado de los asuntos del comercio, pues éste era un bastión de los criollos. En sustitución de los depuestos, se nombran personas de confianza del nuevo orden. En consecuencia, los dos alcaldes del Cabildo de Caracas, José de las Llamozas y Martín Tovar y Ponte (uno peninsular y uno criollo), asumen la conducción de la Junta de Gobierno, incorporando a la misma a representantes del clero, del pueblo y de los pardos, hasta ese momento excluidos de toda instancia de poder. Al mismo tiempo, la Junta asegura también el mando militar, confiando su conducción momentáneamente al teniente coronel Nicolás de Castro y al capitán Juan Pablo Ayala. Los funcionarios españoles depuestos fueron conducidos luego a La Guaira y encerrados en las fortalezas o confinados a bordo de buques anclados, hasta que se les expulsó fuera del territorio de la Provincia.

El acta del 19 de abril fue firmada por todos los asistentes al Cabildo extraordinario de ese día, incluyendo los funcionarios españoles destituidos, entre los cuales el propio Emparan. Ese mismo día, el acta fue leída en diversos lugares de Caracas por los escribanos Fausto Viaña y José Tomás Santana, quienes certificaron que la población reaccionó gritando las siguientes consignas: "Viva nuestro Rey Fernando VII, viva el nuevo Gobierno, el Muy Ilustre Ayuntamiento y los Diputados del Pueblo que lo representan".

La Junta Suprema quedó constituida por veintitrés vocales, dos presidentes y dos juntas subordinadas, una de Guerra y Defensa, y otra de Hacienda, con siete miembros en cada una; además de un Tribunal de Policía con un Juez, y doce diputados. De inmediato, esta Junta Suprema procedió a enviar delegados al resto de las provincias que conformaban el territorio de la Capitanía General de Venezuela para invitarlas a seguir el ejemplo de Caracas. Sin embargo, algunas influyentes oligarquías regionales, antagonistas y rivales de la caraqueña, no se mostraron muy acordes con la propuesta pues la interpretaban como una subordinación a Caracas. De allí que Guayana, Maracaibo y Coro se declaren, por el contrario, leales al Consejo de Regencia, llegando incluso a detener y encarcelar a los enviados por la Junta. En esta ocasión, Coro llega a sostener que dada la deposición de las altas autoridades, Caracas dejaba de ser ciudad capital y por tanto, de sumarse al movimiento, a ella le tocaría asumir ese rango por ser la población más antigua del país. El resto de las provincias, se van a mostrar dispuestas a sumarse al movimiento, pero exigiendo que se les reconozca también a cada cual su autonomía respectiva. Así, Cumaná y Barcelona se suman el 27 de abril; Margarita el 4 de mayo; Barinas el 5 de mayo; Mérida el 16 de septiembre y Trujillo el 9 de octubre.

A una semana de los acontecimientos del 19 de Abril, la Junta Suprema, se dirige también a todos los Cabildos de América, invitándolos a imitar la conducta de Venezuela. Bajo la dirección de Juan Germán Roscio, se preparan rápidamente misiones diplomáticas en busca de ayuda y apoyo para la nueva empresa. La más importante de estas gestiones es confiada a Simón Bolívar, quien para entonces tenía veintiseis años y había sido nombrado coronel por la misma junta. A Bolívar se le encarga viajar a Londres a solicitar del gobierno británico el reconocimiento de la Junta y la protección de la armada inglesa contra cualquier intento de Francia de intentar apoderarse del territorio americano. El 9 de junio de 1810, el joven Simón embarca en la nave de guerra inglesa Lord Wellington, acompañado de Luis López Méndez y llevando como secretario a Andrés Bello. Llevan la orden expresa de no juntarse con el traidor Miranda, quien venía clamando por el desconocimiento total de la monarquía española y la declaración definitiva de la independencia.

Roscio había redactado una especie de minuta para los comisionados de la Junta, en la que anticipaba respuestas a las posibles preguntas que haría el Ministerio Británico sobre los motivos de la remoción de las autoridades españolas, la instalación del nuevo gobierno y su política futura en relación al gobierno británico. El 11 de julio los viajeros desembarcaron en Southampton y de inmediato siguieron a Londres. Desechando las recomendaciones de la Junta, Bolívar hará contacto con Miranda y lo pondrá en antecedentes de todo lo ocurrido en Caracas. En el mes de diciembre de ese año el Precursor retorna a Caracas, después de casi cuatro décadas de ausencia durante las cuales mantuvo una permanente campaña en Europa y otros lugares del mundo por la independencia de toda la América meridional. Su incorporación al movimiento patriota acelerará la declaración definitiva de independencia, la que se producirá el 5 de julio de 1811.

La Junta Suprema gobernó desde el 19 de abril de 1810 hasta el 2 de marzo de 1811. En esta última fecha se instaló el Primer Congreso de las Provincias Venezolanas, poder ante el cual la Junta declinó los suyos, pasando entonces a ser la Junta Provincial de Caracas.

Esta Junta Suprema fue, pues, un gobierno surgido de los sucesos del 19 de abril. Actuó durante poco menos de un año y constituyó un gobierno de transición, no independiente, sino más bien partidario de la Corona española. Sin embargo, la Junta realizó una labor positiva y facilitó el camino para la radicalización del movimiento patriota. Así, llevó a cabo reformas importantes en el orden interno, trató de unificar las provincias y de reforzar su autonomía, hizo gestiones en el exterior para obtener el apoyo de las otras colonias y las llamó a seguir el ejemplo dado por Caracas, y solicitó ayuda y reconocimiento de algunas naciones extranjeras. Asimismo, suprimió el impuesto de alcabala sobre los comestibles y artículos de primera necesidad, decretó la libertad de comercio con las naciones amigas y neutrales; abolió el tributo indígena; y prohibió la introducción de esclavos al país.

Sin embargo, el carácter de este gobierno "conservador de los derechos de Fernando VII" no le permitía ir más allá de la autonomía que se había proclamado el 19 de abril. Por esa razón, la Junta resolvió convocar a elecciones e instalar un Congreso Nacional que decidiera la suerte futura de las provincias venezolanas. Esta convocatoria a elecciones fue la medida de mayor trascendencia política de la Junta, pues aseguró la transformación del gobierno de facto en un régimen constitucional independiente.

La convocatoria fue hecha en junio, y las elecciones de diputados al Congreso se dieron en octubre y noviembre de 1810. No obstante, el reglamento electoral promulgado sólo otorgaba derecho al voto a los hombres libres, mayores de veinticinco años y propietarios de bienes raíces. En consecuencia, no votaron las mujeres, ni los esclavos, ni la gran mayoría de la población carente de bienes de fortuna. De esta manera, vino a resultar un Congreso formado casi en su totalidad por representantes de la oligarquía criolla, a quienes por su propia condición no les interesaba llevar a cabo transformaciones radicales en el orden social o económico, interesándose únicamente en el cambio político, que era lo que venía buscando desde hacía tiempo la mayoría de ese mantuanaje propietario y rico.

De esta manera, si bien la Junta que se instala el 19 de abril de 1810 no tiene entre sus propósitos declarar la independencia de Venezuela, sino que se erige para defender los derechos de Fernando VII ante las pretensiones imperiales de Napoleón, su aparición constituye sin embargo un acto de gran trascendencia histórica para la conformación de la nación venezolana. Se trata de la primera organización autónoma que logran crear los venezolanos tras 3 siglos de colonización y dominio peninsular, y con ello, se facilitan las condiciones para que las fuerzas radicales y patriotas, que venían manifestándose desde por lo menos el último cuarto del siglo XVIII, encuentren vías expeditas para hacer prender en el resto de la población la chispa revolucionaria que conducirá a la naciente Venezuela hacia la proclamación de su independencia absoluta el 5 de julio de 1811.

Acta del 19 de Abril de 1810

En la ciudad de Caracas a 19 de abril de 1810, se juntaron en esta sala capitular los señores que abajo firmarán, y son los que componen este muy ilustre Ayuntamiento, con motivo de la función eclesiástica del día de hoy, Jueves Santo, y principalmente con el de atender a la salud pública de este pueblo que se halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del señor Don Fernando VII, sino también por haberse disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador de los franceses, y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la ocupación casi total de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada junta y, por consiguiente, el cese de su funciones. Y aunque, según las últimas o penúltimas noticias derivadas de Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de gobierno con el título de Regencia, sea lo que fuese de la certeza o incertidumbre de este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina, y a la reforma de la constitución nacional; y aunque pudiese prescindirse de esto, nunca podría hacerse de la impotencia en que ese mismo gobierno se halla de atender a la seguridad y prosperidad de estos territorios, y de administrarles cumplida justicia en los asuntos y causas propios de la suprema autoridad, en tales términos que por las circunstancias de la guerra, y de la conquista y usurpación de las armas francesas, no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y defensa; y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España, y a las máximas que ha enseñando y publicado en innumerables papeles la junta suprema extinguida. Para tratar, pues, el muy ilustre Ayuntamiento de un punto de la mayor importancia tuvo a bien formar un cabildo extraordinario sin la menor dilación, porque ya pretendía la fermentación peligrosa en que se hallaba el pueblo con las novedades esparcidas, y con el temor de que por engaño o por fuerza fuese inducido a reconocer un gobierno ilegítimo, invitando a su concurrencia al señor Mariscal de Campo don Vicente de Emparan, como su presidente, el cual lo verificó inmediatamente, y después de varias conferencias, cuyas resultas eran poco o nada satisfactorias al bien político de este leal vecindario, una gran porción de él congregada en las inmediaciones de estas casas consistoriales, levantó el grito, aclamando con su acostumbrada fidelidad al señor Don Fernando VII y a la soberanía interina del mismo pueblo; por lo que habiéndose aumentado los gritos y aclamaciones, cuando ya disuelto el primer tratado marchaba el cuerpo capitular a la iglesia metropolitana, tuvo por conveniente y necesario retroceder a la sala del Ayuntamiento, para tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública. Y entonces, aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo que más le importaba, nombró para que representasen sus derechos, en calidad de diputados, a los señores doctores don José Cortés de Madariaga, canónigo de merced de la mencionada iglesia; doctor Francisco José de Rivas, presbítero; don José Félix Sosa y don Juan Germán Roscio, quienes llamados y conducidos a esta sala con los prelados de las religiones fueron admitidos, y estando juntos con los señores de este muy ilustre cuerpo entraron en las conferencias conducentes, hallándose también presentes el señor don Vicente Basadre, intendente del ejército y real hacienda, y el señor brigadier don Agustín García, comandante subinspector de artillería; y abierto el tratado por el señor Presidente, habló en primer lugar después de su señoría el diputado primero en el orden con que quedan nombrados, alegando los fundamentos y razones del caso, en cuya inteligencia dijo entre otras cosas el señor Presidente, que no quería ningún mando, y saliendo ambos al balcón notificaron al pueblo su deliberación; y resultando conforme en que el mando supremo quedase depositado en este Ayuntamiento muy ilustre, se procedió a lo demás que se dirá, y se reduce a que cesando igualmente en su empleo el señor don Vicente Basadre, quedase subrogado en su lugar el señor don Francisco de Berrío, fiscal de Su Majestad en la real audiencia de esta capital, encargado del despacho de su real hacienda; que cesase igualmente en su respectivo mando el señor brigadier don Agustín García, y el señor don José Vicente de Anca, auditor de guerra, asesor general de gobierno y teniente gobernador, entendiéndose el cese para todos estos empleos; que continuando los demás tribunales en sus respectivas funciones, cesen del mismo modo en el ejercicio de su ministerio los señores que actualmente componen el de la real audiencia, y que el muy ilustre Ayuntamiento, usando de la suprema autoridad depositada en él, subrogue en lugar de ellos los letrados que merecieron su confianza; que se conserve a cada uno de los empleados comprendidos en esta suspensión el sueldo fijo de sus respectivas plazas y graduaciones militares; de tal suerte, que el de los militares ha de quedar reducido al que merezca su grado, conforme a ordenanza; que continuar las órdenes de policía por ahora, exceptuando las que se han dado sobre vagos, en cuanto no sean conformes a las leyes y prácticas que rigen en estos dominios legítimamente comunicadas, y las dictadas novísimamente sobre anónimos, y sobre exigirse pasaporte y filiación de las personas conocidas y notables, que no pueden equivocarse ni confundirse con otras intrusas, incógnitas y sospechosas; que el muy ilustre Ayuntamiento para el ejercicio de sus funciones colegiadas haya de asociarse con los diputados del pueblo, que han de tener en él voz y voto en todos los negocios; que los demás empleados no comprendidos en el cese continúen por ahora en sus respectivas funciones, quedando con la misma calidad sujeto el mando de las armas a las órdenes inmediatas del teniente coronel don Nicolás de Castro y capitán don Juan Pablo de Ayala, que obraran con arreglo a las que recibieren del muy ilustre Ayuntamiento como depositario de la suprema autoridad; que para ejercerla con mejor orden en lo sucesivo, haya de formar cuanto antes el plan de administración y gobierno que sea más conforme a la voluntad general del pueblo; que por virtud de las expresadas facultades pueda el ilustre Ayuntamiento tomar las providencias del momento que no admitan demora, y que se publique por bando esta acta, en la cual también se insertan los demás diputados que posteriormente fueron nombrados por el pueblo, y son el teniente de caballería don Gabriel de Ponte, don José Félix Ribas y el teniente retirado don Francisco Javier Ustáriz, bien entendido que los dos primeros obtuvieron sus nombramientos por el gremio de pardos, con la calidad de suplir el uno las ausencias del otro, sin necesidad de su simultánea concurrencia. En este estado notándose la equivocación padecida en cuanto a los diputados nombrados por el gremio de pardos se advierte ser sólo el expresado don José Félix Ribas. Y se acordó añadir que por ahora toda la tropa de actual servicio tenga prest (sic) y sueldo doble, y firmaron y juraron la obediencia a este nuevo gobierno.

Vicente de Emparan; Vicente Basadre; Felipe Martínez y Aragón; Antonio Julián Álvarez; José Gutiérrez del Rivero; Francisco de Berrío; Francisco Espejo; Agustín García; José Vicente de Anca; José de las Llamosas; Martín Tovar Ponte; Feliciano Palacios; J. Hilario Mora; Isidoro Antonio López Méndez; licenciado Rafael González; Valentín de Rivas; José María Blanco; Dionisio Palacios; Juan Ascanio; Pablo Nicolás González, Silvestre Tovar Liendo; doctor Nicolás Anzola; Lino de Clemente; doctor José Cortes, como diputado del clero y del pueblo; doctor Francisco José Rivas, como diputado del clero y del pueblo; como diputado del pueblo, doctor Juan Germán Roscio; como diputado del pueblo, doctor Félix Sosa; José Félix Ribas; Francisco Javier Ustáriz; fray Felipe Mota, prior; fray Marcos Romero, guardián de San Francisco; fray Bernardo Lanfranco, comendador de la Merced; doctor Juan Antonio Rojas Queipo, rector del seminario; Nicolás de Castro; Juan Pablo Ayala; Fausto Viana, escribano real y del nuevo Gobierno; José Tomás Santana, secretario escribano.

Publicación del Acta del Ayuntamiento

En el mismo día, por disposición de lo que se manda en el acuerdo que antecede, se hizo publicación de éste en los parajes más públicos de esta ciudad, con general aplauso y aclamaciones del pueblo, diciendo: ¡Viva nuestro rey Fernando VII, nuevo Gobierno, muy ilustre Ayuntamiento y diputados del pueblo que lo representan! Lo que ponemos por diligencia, que firmamos los infrascritos escribanos de que demos fe.

Viana, Santana.


DECRETO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA AL CUMPLIRSE EL PRIMER CENTENARIO DEL 19 DE ABRIL
SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA DEL 19 DE ABRIL 1810

La Academia Nacional de la Historia en cumplimiento del Art. 2º, Numeral 6 del Decreto Orgánico de su creación, y de conformidad con lo convenido en su Junta General celebrada el jueves 14 de febrero del año en curso, publica el acuerdo de 30 de abril de 1909 sobre la significación del 19 de Abril de 1810 en la Historia de Venezuela.

LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA,

Visto el Informe presentado por la Comisión nombrada para abrir concepto acerca de cuál fue el día inicial del movimiento revolucionario que llevó a cabo la emancipación política del Continente hispano americano, y tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª Que cuando el 19 de Abril de 1810, el Capitán General Emparan, desde el balcón de la Casa Capitular preguntó al pueblo amotinado: "si quería que él continuase en el ejercicio del Poder", el pueblo, por la voz de los conjurados, contestó: "no lo queremos", por lo cual, quedó aquél despojado, en el acto, de la autoridad que investía, e interrumpida y protestada así la dominación de España en Venezuela;

2ª Que el reconocimiento inmediato de los derechos imaginarios de Fernando VII por el Ayuntamiento constituye un hecho ficticio, pues, como se asienta en el célebre Manifiesto del Congreso Constituyente de 1811: (13) "si no debíamos depender de los Virreyes y Gobernadores, con mayor razón no podíamos estar sujetos a un Rey cautivo y sin derechos ni autoridad, ni a un ángulo peninsular de la Europa, ocupada casi toda por una fuerza extraña". Y que este ficticio reconocimiento solamente se hizo, como dice el señor Juan Germán Roscio: "por la necesidad de no alarmar a los pueblos";(14)

3ª Que en el propio documento se afirma: "el 15 de julio de 1808, el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, son tres épocas que formarán el primer período de los fastos de Venezuela regenerada, cuando el buril imparcial de la Historia trace las primeras líneas de la existencia política de la América del Sur". Y se añade: "El día en que la Religión celebra los más augustos misterios de la redención del género humano, era el que tenía señalado la Providencia para dar principio a la redención política de la América. El Jueves Santo, 19 de abril, se desplomó en Venezuela el coloso del despotismo, se proclamó el imperio de las leyes y se expulsaron a los tiranos";

4ª Que el Ayuntamiento de Caracas asumió desde luego la Suprema Autoridad y, en esta virtud, expulsó del País los funcionarios españoles, desconoció la autoridad del Consejo de la Regencia, organizó una expedición militar para someter a Coro y a Maracaibo, que se mantenían fieles a España, envió Agentes Diplomáticos a los Estados Unidos de la América del Norte, a la Nueva Granada y a Inglaterra, y, finalmente, convocó a elecciones para el Congreso Constituyente, ejerciendo, así, facultades que sólo incumben a la potestad soberana y al supremo imperio;

5ª Que en el Manifiesto de la Junta Suprema a los habitantes de Venezuela, con fecha 8 de diciembre, se dice: "En la carrera que habéis emprendido habrá muchos obstáculos que vencer; pero acordaos de la horrible perspectiva de males que os amenazaban y de la heroica resolución con que vuestras valientes manos rompieron las cadenas que há tres siglos pendían de nuestros encorvados cuellos, y mirad dulcemente un porvenir delicioso cuando vuestros nietos, entonando el himno de su libertad bendigan nuestra memoria";

6ª Que en la "Declaración de Independencia" se expone, textualmente: "Nosotros, los Representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el Continente-Meridional, reunidos en Congreso, y considerando la plena, y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del Trono Español por la conquista y sucesión de otra dinastía, constituida sin nuestro consentimiento";

7ª Que entre las muchas opiniones de los Próceres fundadores de la patria, son asaz pertinentes: la del Doctor Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Presidente del Congreso, que asegura que "fue tan justo y benéfico (el movimiento del 19 de abril) que inmediatamente lo imitaron Santa Fe, Cartagena y Buenos Aires";(15) la del Doctor Peña en el discurso leído en el Congreso el mismo día 4: "El Pueblo de Caracas, oprimido más que nunca por las manos de los antiguos funcionarios, llegó a comprender la necesidad de ilustrarse, y este conocimiento fue el que preparó la simultánea, la gloriosa explosión del 19 de abril. Este movimiento que siempre mirará con admiración y ternura nuestra posteridad; no fue, como se quiere persuadir por los enemigos de la causa común, un movimiento tumultuario, débil y desordenado; fue, sí, el inevitable resultado de tres siglos de tiranía; la consecuencia del orden de los sucesos políticos; la realización de las ideas que por más de dos años se habían difundido en el corazón de los venezolanos; y el funesto, el terrible espectáculo que anonadó a los mandatarios del otro hemisferio. El pueblo de Caracas proclamó el 19 de abril que era libre"; la de Zea, que dice en el Correo del Orinoco, en 1821;" Desde el año 1810, Venezuela derrocó el despotismo"; la de Antonio Muñoz Tébar al celebrarse el primer aniversario del 19 de abril: "Señores, hoy es el natalicio de la Revolución";

8ª Que el General Miranda desde Londres, dice a 3 de agosto de 1810 a la Junta Suprema de Venezuela: "El 19 de abril de 1810 es la época más célebre en la historia de la Provincia de Venezuela, y para los anales del Nuevo Mundo. Sean para siempre loados los varones ilustres que tan santa e inmortal obra ejecutaron! y que sus nombres vivan en los siglos venideros hasta la más remota posteridad";

.9ª Que el Libertador Simón Bolívar en la proclama que dirige al ejército el 19 de abril de 1820, exclama: "Soldados! Diez años de libertad se solemnizan en este día"; y termina con esta afirmación categórica: "Soldados! El 19 de abril nació Colombia";

10ª Que en el Himno Nacional, compuesto para solemnizar el 19 de abril, se glorifica al pueblo de Caracas porque rompió en aquel día el yugo colonial sin menoscabo de su honor y su virtud, y que se incita en él a que

Cuando algún tirano
Levante la voz,
Se siga el ejemplo
Que Caracas dio;

11ª Que el Cuerpo Municipal de Popayán dice al Congreso de Venezuela: " El pueblo de Caracas fue el primero que refrenó el orgullo del Gobierno español, haciendo entender a los mandatarios coloniales que ya no eran árbitros de nuestros destinos";

12ª Que el Congreso de 1834 declaró "fiestas nacionales" el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, y el Congreso de 1836 dispuso colocarlos en letras de oro en el Escudo Nacional, reconociendo así la igual importancia de ambas fechas;

13ª Que todos los pueblos de Venezuela han venido celebrando hasta hoy el 19 de abril, como la primera en orden del tiempo de nuestras efemérides;

14ª Que aunque es cierto que hubo movimientos precursores de la Independencia, tales como el 20 de abril de 1749, acaudillado por Don Juan Francisco León, nativo de Caracas; el de la revolución denominada de Gual y España, en 1797, y las dos expediciones del Generalísimo Miranda en 1806; estos meritísimos conatos de emancipación, así como los análogos verificados en 1781 en El Socorro y otras villas y corregimientos del Virreinato de Nueva Granada; el de 1808 en Chuquisaca, ciudad del Alto Perú, apellidando independencia; y el de Quito en 1809, no alcanzaron resultados de trascendencia mayor, sino que fueron unos como prolegómenos de la gran revolución de 1810;

Por tanto:

La Academia Nacional de la Historia, reconoce con los Ilustres Próceres fundadores de la Patria, con el Generalísimo Miranda, precursor de la Independencia, y con el mismo Libertador Simón Bolívar, que la revolución verificada en Caracas el 19 de abril de 1810, constituye el movimiento inicial, definitivo y trascendental de la emancipación de Venezuela.

Caracas, 30 de abril de 1909.

(Firmados)
Eduardo Blanco, Manuel A. Diez, Felipe Tejera, P. Arismendi B., Marco-Antonio Saluzzo, Teófilo Rodríguez, José Núñez de Cáceres, L. Villanueva, R. Villavicencio, Pbro. Ricardo Arteaga, Julio Calcaño, F. Tosta García.

(13) El 30 de julio.

(14) Sesión del día 4 de julio, 1811.

(15)Sesión del día 4 de julio de 1811

Resumen histórico basado en:

Carmen Bohórquez. “La tradición republicana. Desde los planes monárquicos hasta la consolidación del ideal y la práctica republicanas en Iberoamérica”. En El pensamiento social y político iberoamericano del siglo XIX. Edición de Arturo Andrés Roig. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 22. Editorial Trotta / ISIC. Madrid, España, 2000, pp. 65-86.

Carmen Bohórquez. Francisco de Miranda. Precursor de las Independencias de América Latina. Cuarta Edición en español, corregida. Editorial El Perro y la Rana, Ministerio de la Cultura, Caracas, 2006.

Carmen Bohórquez. “Filosofía de la Independencia”. En Diccionario del Pensamiento filosófico latinoamericano, del caribe y “latino” (1300-2000). Historia, corrientes, temas y filósofos. Editado por Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez. Siglo XXI (En prensa)

José Gil Fortoul. Historia Constitucional de Venezuela. Ediciones del Ministerio de Educación Nacional, Caracas, 1954.

García de Cortázar, F., González Vesga, J. M., Breve historia de España, Madrid, Alianza, 2004.

Miguel Martínez Cuadrado, Historia de España, Alianza Editorial, Madrid, 2001.

Fuente: Carmen Bohórquez

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