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Por Arlenin Aguillón

El ABC de la OEA

Venezuela | 6 de junio de 2016

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Eran alrededor de las 9 de la noche, cuando Juan José Arcuri, quien guiaba la reunión, dio el martillazo que cerraba la sesión, solicitando un aplauso.
Justo en ese instante, cuando todos comenzaban a levantarse de sus asientos, el Jefe de Gabinete de la Secretaría General, Gonzalo Koncke, solicitaba un derecho de palabra.

En el salón Simón Bolívar, estaba reunido el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no estaba en la reunión, pero él podía designar a su representante para que hablara.

En la sala todo estaba muy tenso. La relación, entre la Secretaría General de ese Organismo y Venezuela, genera muchas sensibilidades. “Si hablaba, se hubiese podido generar otro debate”, comentó uno de los negociadores.

Néstor Méndez, Secretario General Adjunto de la OEA, estaba en el Salón que conmemora a El Libertador. Es la segunda autoridad del Organismo. A pesar de su investidura, no pidió derecho de palabra. Algo que sí hizo Koncke.

Arcuri, que llevaba ya diez horas coordinando las negociaciones, miró al Jefe de Gabinete de Almagro, y le negó la solicitud. “Utilice los canales regulares”, le dijo.
“Realmente, fue una cachetada”, comentaron en el salón. Koncke no pudo cumplir el objetivo.

Horas antes, a pocos metros del debate, Almagro se reunía en su oficina con Carlos Vecchio, prófugo de la justicia venezolana y protegido en Estados Unidos.

Vecchio es la ficha que maneja, en Washington, Voluntad Popular, una agrupación terrorista que opera camuflada, como partido político, en Venezuela. De esa reunión poco se sabe. O mucho. Según Almagro, este venezolano -que huyó del país para no purgar una posible condena-, le entregó un documento emitido por el Parlamento en Caracas, que aprobaba sus gestiones al frente de la OEA.

Un prófugo en su oficina

El 27 de febrero de 2014, en horas de la tarde, el Tribunal 16° en Funciones de Control, a cargo de la Juez Ralenis Tovar Guillén, emitió una orden de captura contra Carlos Vecchio.

La orden contra este ultraconservador figuró dentro del mismo expediente, emitido en contra del principal activista de Voluntad Popular, Leopoldo López, hoy tras las rejas.
Desde ese momento, Carlos Alfredo Vecchio Denari es solicitado por las autoridades venezolanas. La Dirección General de Contrainteligencia Militar tiene la orden de captura, por la presunta comisión del delito de determinador en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación.

Almagro sabe que Vecchio huyó de Venezuela, acusado de terrorista. Aun así, lo recibe en su oficina y acepta un documento emitido por el Parlamento venezolano, a pesar que Vecchio no es diputado.

El rol de Almagro ha dado un giro de 180 grados. En 2014, en medio de los ataques ejecutados por Voluntad Popular y otras organizaciones terroristas, en 17 ciudades venezolanas, el uruguayo fungió como articulador del diálogo entre Gobierno y oposición.
El Consejo Permanente de la OEA se reunió, entre el 6 y el 7 de marzo, de aquel año, para tratar la situación en Venezuela. Uruguay, Argentina y Brasil, fueron los promotores de la iniciativa. Almagro, en ese momento, fungía como Canciller uruguayo.

La votación, aquella vez, fue, 29 a 3, a favor de Venezuela y sus autoridades. Almagro lo celebró. Dos años después, 34 de los 35 países, miembros de la OEA, votaron a favor del diálogo. Sólo Paraguay se abstuvo. En esta ocasión, Almagro “chilló”, y un argentino mandó a callar a su Jefe de gabinete.

Qué hay detrás de Almagro

Sorprende la manera “histérica, torpe y nada ética”, con que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, intenta, a ultranza, servir a oscuros intereses, reclamó Cuba a través de un comunicado emitido 48 horas después del Consejo Permanente, desarrollado el pasado miércoles.

La Habana rechazó que Almagro, con ayuda de elementos de la oposición golpista venezolana y de otros personajes reaccionarios de dudosa reputación, escribiera un calumnioso e injerencista informe que, en violación de procedimientos, hizo público.
Vamos más allá. El informe, de más de 130 páginas, no lo hizo Almagro. Lo escribió, en Caracas, un grupo de operadores políticos de la oposición.

Este informe será la base para una nueva batalla diplomática a desarrollarse en la OEA, entre el 10 y el 20 de este mes. Almagro solicitará aplicar, en Venezuela, la Carta Democrática Interamericana que podría, como punto más severo, expulsar ese país del Organismo.

Una vez más, el uruguayo no cumple con el abc de los procedimientos internos del Organismo, ni del marco jurídico de la diplomacia internacional.

“Almagro incurre en el abuso flagrante del espíritu y contenido de la Carta Democrática Interamericana”, denunció Bernardo Álvarez, representante permanente de Caracas en la OEA.

Está clara la “posición adelantada” que juega el uruguayo. “Las relaciones internacionales son conducidas por los Estados, a través de sus poderes ejecutivos”, agregó Álvarez.

La Carta Democrática Interamericana es una Resolución de la Asamblea General de la OEA, no es un Tratado, no obstante, genera compromisos a todos los Estados Miembros y a los Órganos de la OEA, incluida la Secretaría General.

Almagro se ha parcializado, sin escrúpulo alguno, ni ética, con los sectores golpistas, violentos y antidemocráticos que, con apoyo de factores injerencistas internacionales, promueven el derrocamiento del Gobierno legítimo y constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros, denunció Caracas.

Al uruguayo no le importan las acusaciones. “Detrás de él hay una fuerza”, alertó Alí Rodríguez Araque, Embajador de Venezuela en Cuba. “Es la (fuerza) más grande que ha conocido la historia, desde el punto de vista militar y económico”, agregó, refiriéndose al respaldo que tiene Almagro de Estados Unidos.

No hay motivos para invocar la carta

No existe en Venezuela alguna situación fáctica, que requiera la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.

Los Artículos 19 y 20, de esa Resolución, establecen que la “(…) ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional (…)”, son motivos para la Aplicación, pero ninguna de esas dos situaciones se presentan en el país.

Para invocar la Carta Democrática Interamericana, “la apreciación de la situación y la actuación posterior” de la OEA, requiere el consentimiento del Gobierno venezolano, expuso Bernardo Álvarez, representante venezolano ante ese Organismo. Es decir, el Estado afectado (Poder ejecutivo-Gobierno) no sólo debe solicitar, sino que le corresponde autorizar la propia aplicación de la Carta. Esto es un aspecto fundamental, para proteger el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados Miembro de la OEA, agregó Álvarez.

Se requiere que 18 países voten a favor de la aplicación, pero la aplicación no significa suspensión. Para proceder a la suspensión, ellos necesitan 24 votos de los 35 países que componen el Organismo.

Entre el 10 y el 20 de este mes, probablemente, se concrete el conteo. Almagro solicitó que se precise la fecha de la discusión. Aún no tiene respuesta.

OEA: Ministerio de colonias

Almagro cree, en serio, que la OEA es un ’Ministerio de Colonias’, bajo el yugo de los yanquis.

“Él se cree representante de un Ministerio de Colonias”, advirtió el Embajador Alí Rodríguez, en La Habana. El diplomático no está seguro si Almagro actúa de manera consciente, o si, simplemente, es un ignorante.

“Hay quienes le dictan lo que tiene que hacer”, denunció Rodríguez. Y Almagro lo hace.
El Departamento de Estado, de EEUU, describió, esta semana, a la OEA como "un foro apropiado”, para que la Región “haga recomendaciones".

Escudándose en la postura yanqui, el uruguayo ha “recomendado” que el Gobierno venezolano libere a una serie de criminales, que participaron en el asesinato de 43 personas en 2014, además, solicitó la desintegración del Tribunal Supremo de Justicia, y la conformación de una instancia internacional que vaya a Venezuela a combatir la corrupción.

Razón tuvo el Presidente Nicolás Maduro cuando le recomendó a Almagro, en lenguaje popular, hacer un tubito con la Carta y metérsela por donde mejor le quepa.

Todo por 20 mil dólares

Múltiples instancias acusan al Gobierno venezolano de ser un violador de Derechos Humanos. No obstante, todas estas versiones se apegan a un guión pagado, literalmente, desde Washington.

Veamos, apenas, dos casos: La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El Presidente ecuatoriano Rafael Correa denunció que ONG´s, radicadas en EEUU y Canadá, costean el 96,5% del presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras que, sólo EEUU, proporciona el 54% del presupuesto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, dijo el historiador venezolano, Luis Britto García.

En este contexto, otros poderes fácticos, desde Europa, aprovechan los movimientos en la OEA, para unificar esfuerzos y debilitar la imagen del Gobierno venezolano. En líneas generales, y apoyados en instancias de DDHH, estos grupos de poder promueven la idea que en Venezuela existe un Estado forajido.

“La idea es meter presión por todos lados”, reconoció Julio Borges, vocero principal del ultraconservador partido Primero Justicia. “Presión externa a través de la OEA, del Mercosur y de Parlamentos”, agregó.

María Corina Machado, una de las operadoras políticas más representativas del fascismo en Venezuela, fue mucho más allá: “Los países que deciden darle más tiempo a Maduro, deben asumir que eso tiene un precio: muertos”.

En toda esta telaraña, Almagro tiene una preocupación mayor. Debe cuidar su salario de 20 mil dólares mensuales, y que le den la nacionalidad yanqui.

Koncke, el mismo que fue mandado a callar la noche del primero de junio, tiene las mismas preocupaciones.

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