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Álvaro García Linera

El Estado, la pandemia y el péndulo de la “comunidad ilusoria”

Internacional | 22 de junio de 2020

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“La institucionalidad que se insuflaba de haber creado una globalización por encima del Estado ahora tiende su mano en busca de dádivas gubernamentales”.

Por primera vez en la historia humana, tantas personas de tantos países han aceptado abandonar sus actividades remuneradas, dejar de concurrir a encuentros públicos y recluirse en sus domicilios durante semanas y meses. Vivimos una especie de “huelga general” planetaria que ha paralizado la mayor parte del transporte, el comercio, la producción y los servicios. Se calcula un decrecimiento de la economía mundial en el orden de un 3 al 9% (Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, 14 de abril del 2020). Para América Latina, La CEPAL prevé un decrecimiento del 5,3% de la economía regional. Por su parte, Goldman Sachs prevé una caída del -9% del PIB europeo, -8,9 en Alemania, -7,4 en Francia, -11,6 en Italia, -9,7 en España, -7,5 3n Inglaterra y -3,8 en EEUU; ver SARS-Coronavirus-2/COVID-19: An Update on Developments in Europa, 26 de marzo del 2020..

La gente ha acudido al confinamiento ante el llamado de sus instituciones estatales, que justifican la medida como modo de frenar la expansión del virus Covid-19, de elevada incidencia letal entre las personas. Dos preguntas relevantes ante este hecho social planetario son, en primer lugar, ¿cómo es que la gente ha aceptado suspender abruptamente la mayor parte de sus actividades laborales remuneradas, recreativas y sociales ante este llamado del Estado? Y, más intrigante aún, ¿cómo es que el Estado, que se supone está subordinado para reproducir el orden económico dominante (Bonnet, A., Piva, A., (comp.), Estado y capital. El debate alemán sobre las derivaciones del Estado, Editorial Herramienta, Argentina, 2017), decide suspender la reproducción ampliada del capital, colocando por “encima de la acumulación económica, la salud”? La mayor parte de nuestras definiciones sobre lo que es el Estado no ayudan a comprender este hecho extraordinario que involucra enteramente la relación estatal. Es como si la crisis hubiera hecho estallar también muchas de las categorías con las que analizamos la realidad.

Ciertamente, la información sobre la existencia de una enfermedad letal apareció primero en los medios de comunicación y salió también de especialistas médicos que explicaban sobre la peligrosidad y rapidez de la expansión del virus detectado en otros países. Periodistas, instituciones internacionales de salud y académicos hablaban de las distintas maneras de contener el virus; incluso mencionaban la técnica del confinamiento como una respuesta de urgencia. Sin embargo, eran eso: comentarios sin fuerza vinculante.

Aun cuando los contagios comenzaron a presentarse en muchos otros países, ni la alarma de los especialistas y líderes de opinión se tradujo en una reclusión voluntaria. Todos esperaban la voz autorizada del Gobierno para asumir la medida extrema. En algunos países, como Estados Unidos ,Brasil e Inglaterra sucedió que mientras todas las referencias médicas reconocidas planteaban la cuarentena inmediata, sus gobernantes optaron por la ambigüedad o el rechazo a implementar el aislamiento. Semanas después, fruto de una presión social contra gobernantes y de los trabajadores contra los empresarios, la cuarentena se efectivizó; pero solo cuando las autoridades oficiales del Estado así lo anunciaron.

1. El Estado como comunidad

¿De qué resorte, de qué poder se valió el Estado para lograr algo aparentemente imposible, como es colocar el freno al vértigo enloquecido de las sociedades modernas? No cabe duda que el pánico al riesgo de muerte ha catalizado la eficacia estatal. Pero el acatamiento del aislamiento social decretada por los gobiernos no tiene que ver solo con la información centralizada que ellos poseen, pues los argumentos que usaron para justificar la cuarentena ya habían sido usados anteriormente por los especialistas médicos y por otros gobiernos afectados tempranamente por el virus, sin que ello repercuta en el autoaislamiento de las sociedades con un número de infectados aún pequeño. Por lo que la idea de que el poder del Estado nace de la centralización o ventaja informativa no funciona.

Claramente se advierte que los recursos y el personal dedicados a centralizar la información de la sociedad (sobre la propiedad, los ingresos, las deudas, los delitos, sobre el funcionamiento económico, sobre movilidad social o actividades políticas, entre otras), hacen funcionar el engranaje estatal, pero no lo definen.

El análisis weberiano respecto al monopolio de la coerción (Weber, M., Economía y sociedad, pág., 1.056, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1998) tampoco ayuda mucho, porque cerrar fábricas y comercios paraliza la generación de ingresos económicos familiares de toda una sociedad, es una medida que interrumpe la única fuente que tienen las personas para garantizar sus medios materiales de vida y bloquea sus apuestas de trayectoria personal labradas durante décadas. Y para que más de 3.000 millones de personas acepten la parálisis temporal de su destino social sin más argumento que la coerción y la cárcel si no lo hacen, requeriría 3.000 millones de policías y militares que estén detrás de cada ciudadano obligándolo a acatar la cuarentena, lo que es imposible. La magnitud social de la atrofia mundial es de tal magnitud que ningún monopolio de la coerción tiene los medios ni el personal para imponerla por su cuenta. El añadido de “legítima” a la coerción tampoco es suficiente, porque si bien se requiere una tolerancia social al uso centralizado de la violencia para obligar a los cumplimientos decididos por el Gobierno, ella solo puede ejercerse si se aplica a una parte de la sociedad por motivos de “orden público” (subversión, delincuencia y demás); pero es insostenible si se aplica a toda la sociedad pues ya no hay sujeto de legitimación que avale el uso de la coerción. La violencia siempre ha sido y será un modo, de última instancia, de resolución de conflictos sociales; su monopolización brinda al que lo posee muchas mayores probabilidades de dirimir a su favor las controversias colectivas. Sin embargo, no se desprende de ello que un orden estatal pueda sostenerse, y mucho menos organizarse en el tiempo, por medio exclusivo de la violencia desnuda.

La tradición jurista germánica, que centra el poder de Estado en la existencia de un ordenamiento jurídico (Kelsen, H., Compendio de teoría general del Estado, págs. 123, 130, Editorial Colofón, México, 1992) o en la asociatividad de voluntades políticas dotadas de poder de dominación (Jellenek, G., Teoría general del Estado, pág. 190, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2017), tampoco alcanza para explicar los sucesos, ya que la mayor parte de la actual suspensión del mundo social se ha hecho sin el apoyo de leyes, e incluso en algunos casos, congelando las propias garantías constitucionales de desplazamiento. Como pocas veces sucede, la ley y las normas han sido licuadas por la velocidad de los acontecimientos políticos sin que por ello se hayan extraviado los visos de legalidad de las decisiones del Estado ante la valoración moral de los ciudadanos. La ley se muestra hoy de manera descarnada, ante la emergencia sanitaria, como un consagrador de segundo término de una relación de creencias de legalidad producidas por las tolerancias y licencias compartidas por la mayor parte de las personas.

Ciertamente, no hay Estado sin ordenamiento legal, pero no son los ordenamientos legales los que dan lugar a los Estados.

La propuesta de Jessop de que el Estado sería el conjunto de instituciones cuya función socialmente aceptada es de aplicar decisiones vinculantes (Jessop, B., El Estado, Editorial Catarata, Madrid, 2017), no explica precisamente el fondo del problema de la realidad estatal actual, de por qué esas instituciones tienen la “aceptación” social de aplicar decisiones vinculantes. ¿De dónde salió esa atribución, quién y por qué se les otorgó ese poder? Bourdieu trabaja el mismo elemento decisivo de la concentración de los consentimientos básicos de una sociedad al proponer que, además de la coerción, el “monopolio de la violencia simbólica” (Bourdieu, P., Sobre el Estado, págs. 14, 174, Editorial Anagrama, 2014) sería la característica de la forma estatal; pero al margen de que el Estado no es la única fuente de violencia simbólica -pues ella está presente en otros nodos sociales como las empresas, la familia y otros-, lo central radica en responder cómo es que el Estado logró y logra permanentemente administrar, reactualizar su capacidad de definir los esquemas dominantes de comprensión de la realidad con los que la sociedad se relaciona con el Estado. ¿Por qué la sociedad lo permite? La referencia a una violencia dura, fundadora de la imposición luego sedimentada, olvidada y reactualizada como violencia blanda reduce el poder de Estado a un viejo abuso, luego olvidado, que requeriría de falacias, imposturas reactualizadas para mantenerse en el tiempo. Si el Estado solo fuera un engaño permanente, bastaría con desengañarnos para hacer desaparecer el Estado, lo que es una lectura ingenua de la realidad del poder político.

No cabe duda de que el Estado somete a la sociedad a modos lógicos y morales de ordenar jerárquicamente el mundo con los cuales la misma sociedad, en parte, se vincula con el Estado reconociendo instantáneamente su autoridad; pero esto no explica cómo es que las sociedades han obligado a algunos Estados a decretar la cuarentena, cuando en principio no deseaban hacerlo. Si el monopolio del poder simbólico fuera tan constitutivo, el desencuentro entre creencias sociales y emisiones estatales no se hubiera producido.

No es suficiente, por tanto, hallar el núcleo del funcionamiento estatal ni en sus monopolios de coerción ni en su decisionismo territorialmente vinculante, sino en la autorización social para poder, precisamente, monopolizar decisiones vinculantes.

El miedo a la muerte producido por un microorganismo de material genético tiene, pues, más razón explicativa de la autorización de la autoridad del Estado.

Elías se fija en la contención a los miedos a la muerte inducidos externamente como el hecho articulador de la aceptación a la formación de los monopolios coercitivos y tributarios del Estado moderno (Elías, N., El proceso de la civilización, págs. 626-27), Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1989.. Pero esta explicación es aplicable como mucho a la generación marcada por permanentes guerras de saqueo territorial; mas no ayuda a explicar por qué la formación estatal es reproducida por los actos y expectativas de nuevas generaciones distantes del estruendo de las batallas de exterminio.

En el caso de la actual pandemia, la contención del miedo que genera podía haber sido canalizada, por ejemplo, por la compra o alquiler temporal de espacios hospitalarios para los que tienen dinero, y la reclusión y represión para los que interfieran esta asignación de cuidados. De hecho, esta es la respuesta propiamente de mercado a una pandemia. Pero lo más seguro es que hubiera desencadenado levantamientos populares muchísimo más peligrosos para las familias acaudaladas que el riesgo de contraer el virus.

La salida ante el riesgo común fue, entonces, demandar y esperar una salida estatal. ¿Por qué?

Porque el Estado es, precisamente, la creencia compartida del resguardo de todos a través de recursos que son públicos; la esperanza de la protección colectiva contra las guerras, las invasiones, la muerte violenta, antes; y de manera frecuente, contra las desgracias colectivas, las catástrofes económicas, los riesgos de perder las posiciones; hoy contra el riesgo de muerte por el virus.

Y es que en las respuestas colectivas ante los miedos constitutivos de los que nos habla Duby (Duby, G., Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1995) es donde podemos hallar pistas decisivas sobre los orígenes y funcionamiento de los Estados. Pero el miedo no es el Estado. El miedo a las invasiones, a la miseria, a la pérdida de lo poseído, a la peste, dan lugar a una comunidad de afectados que deviene en una comunidad política cuando todos deciden aceptar un modo de organización de recursos comunes que permita efectivamente detener, atenuar, derrotar los temores primarios inminentes o percibidos. No es el miedo ni la defensa ante él lo que hace de una aglomeración una comunidad política. Es precisamente la creencia y la acción práctica de consolidar una organización de medios comunes para sobrellevar esa u otra adversidad la que da lugar al momento político de la sociedad.

Es precisamente la creencia y la acción práctica de consolidar una organización de medios comunes para sobrellevar esa u otra adversidad la que da lugar al momento político de la sociedad.

No es, por tanto, solo una creencia de bienes colectivos para la protección común; es también una realidad material de organizar una forma de gestión de lo común (Gobierno, Parlamento, ministerios, aparato legal, aparatos coercitivos permanentes); es una realidad material de poseer recursos y bienes comunes para la protección (inicialmente impuestos, luego bienes públicos, servicios, ahorros, entre otros), por tanto, de dirección de lo común; y modos discursivos de delimitar territorialmente la comunidad de creencias (sistema escolar, identidad nacional, sistemas de reconocimientos, legitimidades estatales).

No estamos ante cualquier creencia sin materialidad verificable. Son creencias performativas que crean el orden institucional y material de lo que enuncian, pero también son creencias derivadas de realidades materiales en desarrollo. Son, por ello, creencias de un tipo de comunidad política validadas por realidades materiales territoriales de dicha asociatividad. De ahí que podamos hablar del Estado, en un primer momento, como una comunidad política de creencias y acciones sobre la vida en común objetivada por derechos y recursos materiales comunes dispuestos para ese objetivo, con efecto vinculante unívoco en todas las personas de un territorio específico.

Por eso, ante el riesgo de muerte o catástrofe, se da el vínculo formativo del Estado y entre los miembros de la sociedad, y es a lo primero que se interpela: medidas firmes y efectivas de protección médica, garantía de acceso a servicios básicos, alimentos, apoyo a las actividades económicas, créditos, donaciones. El Estado surgió de la demanda de protección colectiva; cada mes se aporta económicamente para sostenerlo; custodia los bienes considerados comunes a los integrantes de la sociedad, y, entonces, es el Estado al que de manera inmediata se acude cuando existe un riesgo que amenaza a todos.

Nadie escapa a este principio de protección social primario, ni siquiera aquellos que días atrás demandaban el Estado mínimo y el triunfo final de los mercados sobre el populismo estatista. A pesar de su soberbia y riqueza privadas son seres con miedo ante la democracia de una oleada de contagios sorteada entre todos con relativa igualdad.

Nadie escapa a este principio de protección social primario, ni siquiera aquellos que días atrás demandaban el Estado mínimo y el triunfo final de los mercados sobre el populismo estatista.

Con todo, más allá de los miedos constitutivos que develan descarnadamente el núcleo de la relación estatal, el Estado en su regularidad funciona como realidad material y creencia normativa porque gestiona recursos socialmente compartidos y colectivamente poseídos, como los servicios básicos, los sistemas de salud pública, la educación oficial, el medioambiente, los recursos naturales, la moneda, la seguridad ciudadana, la protección de la propiedad, los impuestos, los ahorros sociales, las empresas públicas y demás; por eso los momentos de mayor cohesión social o grado de adherencia de la sociedad a las estructuras estatales se han dado al momento de la expansión de los derechos o modo de democratización de bienes y reconocimientos públicos obtenidos por el incremento de la participación del Estado en la generación del Producto Interno Bruto. En el caso del llamado Estado de Bienestar del siglo pasado, los estados del mundo llegaron a administrar entre el 35 y el 40 % de la renta nacional, (Para el caso de Europa y Estados Unidos, ver, Piketty, T., Capital e ideología, págs. 548-549, Editorial Paidós, Argentina, 2019) en tanto que el capital público llego a ser entre un 20-30% del capital total (Ibíd., págs. 726-733).

Lo recortes presupuestarios, las privatizaciones de empresas públicas, de la salud, la educación o la propia pérdida de soberanía monetaria que ha vivido gran parte del mundo en los últimos 40 años no contradicen esta hipótesis de la fuente del orden estatal; lo muestran en movimiento, como proceso de expansión y reversibilidad. Y es que las privatizaciones y recorte de los gastos sociales nunca se hicieron a nombre de hacer más ricos a unos cuantos ricos, como en realidad sucedió; sino bajo el emblema de salvar a la sociedad de unas empresas públicas supuestamente “deficitarias” que solo beneficiaban a algunos dirigentes; o en el caso de la salud y educación, a título de que los ciudadanos se merecen un sistema educativo y médico más eficiente, fruto de la competitividad entre ofertas médicas y la “libre” elección del gasto de los ciudadanos. En los hechos, esto significó el abandono médico de millones de personas y la devaluación de la educación pública en el mercado laboral; pero hasta que estos resultados se vieran dramáticamente, no cabe duda que la ideología del “mérito personal”, del entusiasmo con la “libre elección”, de la ilusión de que todos podían enriquecerse compitiendo individualmente, del emprendedurismo privatizante, no solo se instaló como un prejuicio popular, sino como una certidumbre de que era la mejor forma de “democratizar la riqueza”.

En este ambiente cultural, cuando el Estado mismo desmontó la riqueza del Estado, en realidad lo hizo a nombre de la misma naturaleza social protectora del Estado: se dijo que era mejor vía para garantizar el bienestar de todos. Cuando la retórica neoliberal argumentaba que una empresa pública hace llegar tarde, poco y a lo largo de mucho tiempo sus réditos a todos y que es mejor ser propietario privado de un pedazo de esa empresa o, mejor, tener hoy por adelantado las ganancias de mañana, lo hicieron apelando al beneficio de todos, que es la llave del acceso de las legitimidades estatales; solo que ahora en clave o lenguaje individual y ya no colectivo.

Así, la época de las privatizaciones no significó un desplazamiento del Estado, sino una nueva forma de Estado caracterizado por la jibarización de los derechos sociales, la ampliación de sus acciones coercitivas, el reforzamiento de sus funciones discursivas y la patrimonialización clasista de sus bienes.

La época de las privatizaciones no significó un desplazamiento del Estado, sino una nueva forma de Estado caracterizado por la jibarización de los derechos sociales, la ampliación de sus acciones coercitivas, el reforzamiento de sus funciones discursivas y la patrimonialización clasista de sus bienes.

Según Piketty, en 1980 el capital público (empresas, inmuebles, participaciones, suelo, activos financieros) que representaba el 18% del capital total en EE. UU., el 28% en Inglaterra, el 30% en Alemania, el 18% en Francia; para el 2018 había caído a -5%, -8%, 5% y 2%, respectivamente (Ibíd., págs. 726,733).

Y es que fue el Estado el que organizó, defendió y legitimó la expropiación privada de los bienes públicos; fue el Estado el que transfirió fondos resultantes de deuda pública a manos privadas; es el Estado el que desmanteló el sistema protectivo del trabajador; fue el Estado el que disparó la inflación para castigar los salarios y confiscó los aportes de los pensionistas; fue el Estado el que gastó millones y millones de dólares para transformar los esquemas lógicos, procedimentales y morales de la sociedad en apego al individualismo competitivo y, por supuesto, la contención de las clases sociales descontentas. Lo que pasa es que los mercados y los inversionistas privados no tienen la fuerza territorialmente vinculante de las decisiones oficiales y las legitimidades políticas. Eso lo tiene el Estado y por ello es que los estados fueron el soporte organizativo imprescindible del ciclo neoliberal mundial.

Que esta trama de expropiación privada de lo público haya sido una apuesta para llevarla hasta el límite, ha sido una temeraria forma de tentar el abismo, porque con el tiempo vacía de contenido material verificable la creencia sustantiva del Estado como administrador de bienes comunes; y eso es algo que iba a estallar a inicios del siglo XXI en América Latina, y ahora en el mundo entero.

Los pregoneros del libre mercado y “la aldea global” hoy, ante la pandemia y la recesión económica mundial, aparecen como unos fervientes keynesianos advenedizos desde el Financial Times; pasando por el vicepresidente de la Comisión Europea, llegando al presidente de Francia (Le monde, París, 13 de abril de 2020), etc.. Está claro que no es un acto de arrepentimiento tardío, sino de lucidez estratégica, pues la clase social en la que se agrupan también será afectada en los volúmenes de su riqueza acumulable, por lo que requerirá del Estado para relanzarla a mediano plazo. Pero, además, el inevitable desencuentro catastrófico entre expectativas de ayuda económica a los sectores populares demandantes de bienestar colectivo y los limitados recursos disponibles puede desencadenar protestas que pongan en riesgo una parte sustancial de sus ganancias, e incluso, su propio patrimonio.

Así, en medio de las catástrofes y la concentración de expectativas sociales en las acciones gubernamentales, el Estado se evidencia inicialmente como una comunidad política de protección y dirección colectiva garantizada en derechos, recursos materiales, instituciones y creencias en torno a ese resguardo, con carácter vinculante y soberano en un territorio del planeta. Comunidad de creencias performativas, comunidad de bienes materiales colectivos, comunidad de instituciones que organizan la gestión de esas ideas y bienes comunes dan, pues, cuerpo ideal y material al Estado. Ahí radica el impulso de irresistibilidad o modo de adherencia social del Estado.

2. La comunidad como ilusión material

Pero no es una comunidad plena sino una comunidad que se organiza por monopolios, y en esta paradoja reside su determinación de artefacto de dominación indisociable de su irresistibilidad.

La forma Estado existe porque hay bienes compartidos, pero administrados monopólicamente por un segmento específico, permanente o rotativo, de la sociedad.

Las ideas compartidas, principios morales, lógicos, procedimentales e instrumentales con los que las personas desenvuelven su cotidianidad de manera implícitamente coordinada con otras personas, son enunciadas y administradas de manera monopólica por un pedazo reducido de la sociedad, en formatos exclusivos, llamados “enunciación oficial del Estado”. La fuerza pública protege la propiedad, grande, pequeña, material o incorporada como fuerza laboral, pero es una fuerza especializada, permanente y dependiente del Ejecutivo gubernamental que se atribuye para sí la exclusividad del manejo de la violencia. El Parlamento da cuerpo normativo a la estructura legal de la sociedad, pero monopoliza la exclusividad de la deliberación con efecto obligatorio en todo el territorio de soberanía. A los impuestos los pagan todos como base de los fondos compartidos, pero los gestiona monopólicamente una burocracia centralizada que asigna por decisión propia, y en función de intereses específicos, las maneras y el uso de esos fondos públicos. La inversión pública y el endeudamiento que involucra el destino de, al menos, dos generaciones, establece gastos para todos; pero quién de “todos” saldrá más beneficiado y quién será contratado para ejecutar ese desembolso, se decide monopólicamente por el Ejecutivo del Estado.

La salud y la educación públicas están a disponibilidad de todos los miembros de la sociedad, pero los lugares de atención, los recursos disponibles, la calidad de los servicios o los contenidos educativos son decididos por un grupo de funcionarios portadores de miradas comprometidas con determinadas facciones de la sociedad. Las ideas sobre la identidad oficial, el idioma oficial, los rituales de representación del colectivo y la propia imaginación de la nacionalidad están acaparados en su construcción por pequeños bloques intelectuales articulados en torno a los recursos gubernamentales, que utilizarán esa misma irradiación molecular del Estado para consagrar universalmente esa particular manera de ver o significar la historia y el mundo. Las riquezas públicas de las que dispone la sociedad de manera colectiva, sociales y naturales, están para ser usufructuadas por todos bajo la forma de derechos; pero la manera de distribuir el usufructo está monopólicamente organizado, normado y justificado por un aparato gubernamental que priorizará el acceso a unos sectores en detrimento de otros, o mejorará las oportunidades para acceder a esos recursos, de otros frente a unos.

Normas especiales, procedimientos complejos, plazos, garantías, temporalidades, sellos, laberintos administrativos, todo ese universo de micropoderes burocráticos utilizados para simular imparcialidad crean, en la práctica, un túnel oscuro en cuyo final quedan distribuidos los privilegios de unos frente a otros como fruto de una “neutralidad administrativa”. Los procedimientos burocráticos son, en realidad, sofisticadas tecnologías que transmutan voluntades e intereses particulares en universales. Este laberinto se hace aún más complejo si, además, tomamos en cuenta que los monopolios estatales no son plenamente piramidales, sino que también presentan divisiones horizontales entre el Legislativo y el Ejecutivo; entre el Ejecutivo y el Judicial; al interior del Ejecutivo existen submonopolios con sus autonomías relativas y liturgias especializadas, como el de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y demás; y en lo vertical, entre las distintas maneras de descentralización territorial del poder, que habilitan entre todos otro espacio de luchas interiores del Estado para expandir sus respectivos monopolios. De cierta manera, el Estado es también internamente un mundo político fragmentado en múltiples núcleos de poder que exigen acuerdos y concesiones para actuar coordinadamente, en determinados tiempos y en específicos temas.

En conjunto, y salvando las diferencias de dimensión geográfica y temas involucrados, el Estado es una relación de poder, como lo es la familia, la iglesia o el mercado, en la que intereses, miradas, criterios y acciones particulares se transmutan en intereses, miradas, criterios y acciones universales, generales, de todos. La diferencia es que el Estado tiene un poder territorializado con la capacidad de demarcar o, llegado el caso, de inmiscuirse en la gestión de los otros poderes. Este también es otro monopolio fundamental: el monopolio de las decisiones con efecto vinculante en todas las personas que están en el territorio demarcado como estatal. El Estado es, por tanto, el monopolio de los grandes monopolios de una sociedad.

Esta facultad, aparentemente mágica, misteriosa, de convertir en universal todo lo particular que toca, proviene de la manera de instrumentalizar esta, su realidad paradojal, de ser monopolio de bienes y recursos comunes. Entonces, la dimensión comunitaria del Estado está invertida como decisionismo de pocos sobre los bienes de muchos. Por ello, entonces, comunitarismo fallido. De ahí que Marx definiera al Estado como una “comunidad ilusoria” (Marx, C., La ideología alemana, en Obras escogidas en tres tomos, Tomo I, págs. 14, 30, Editorial Progreso, Moscú, 1980).

La dimensión comunitaria del Estado está invertida como decisionismo de pocos sobre los bienes de muchos. Por ello, entonces, comunitarismo fallido.

Y es por esta mediación política constitutiva del Estado que los derechos comunes a todos para instituirse, ejercerse o aplicarse han de estar regulados por una estructura de influencias sociales de clase.

Claro; un derecho estatal es una facultad individual aplicable a todos los integrantes de una sociedad sin discriminación alguna, pero la influencia de clase está presente desde el mismo momento de selección de las potestades. Desde la priorización de un potencial derecho frente a otro, pues no es lo mismo convertir en derecho la salud gratuita que requerirá una gigantesca inversión y beneficiará principalmente a los más humildes, que instituir el derecho a remitir las ganancias al extranjero, que, si bien es una facultad ejercible por cualquiera, en los hechos solo favorecerá a un puñado de empresas extranjeras. O en la redacción legal del mismo derecho que, en sus especificaciones, características, requisitos, plazos y procedimientos, ha integrado reparaciones a los afectados, puesto condicionantes para su aplicación y ha tomado en cuenta condiciones de favorecimiento para unos en detrimento de otros; es decir, ha comprimido en la norma legal del derecho una intensa conflagración jerarquizada de intereses de distintas clases sociales y segmentos de clase.

Cada ley y decreto estatal lleva inscrito en la redacción de cada párrafo un resumen comprimido de las jerarquías de intereses e influencias políticas, económicas y culturales que los distintos sectores de la sociedad tienen en la burocracia estatal en particular y en el Estado en general. La legalidad es, pues, una gramática de los intereses y capacidad de presión que poseen las clases sociales en el Estado y que, por tanto, ejercen el poder de Estado, la dominación de Estado.

La legalidad es, pues, una gramática de los intereses y capacidad de presión que poseen las clases sociales en el Estado y que, por tanto, ejercen el poder de Estado, la dominación de Estado.

Que en las sociedades capitalistas, los poseedores de grandes fortunas tengan mucho más poder de influencia que el resto de las clases sociales, se desprende de tres componentes relacionales: el primero surge de la propiedad de mayores volúmenes de dinero, del representante “general de la riqueza” moderna, cuya cantidad es directamente proporcional a su “fuerza de atracción sobre todas las riquezas materiales” (Marx, K, El Capital, pág. 89, Editorial Siglo XXI, México, 2008), incluida la fuerza de trabajo política burocrática y, con ello, de mercantilizar criterios morales, designios administrativos, lealtades políticas, lo que les permite influir, comprar, presionar, dialogar, con mayor eficacia en los distintos segmentos del Estado, desde la Presidencia, el Poder Judicial, pasando por las Fuerzas Armadas y la administración intermedia de la burocracia. El segundo viene estrictamente de la misma materialidad administrativa del Estado en cuanto monopolio de decisiones, de apropiación en manos de pocos de las decisiones, lo que produce de manera inmediata una afinidad lógica y procedimental con la propiedad y los propietarios del dinero que funcionan también como forma de monopolio de la riqueza. Y, en tercer lugar, de la congruencia cognitiva y de expectativas sobre las evidencias del mundo posible entre la mayor parte de los funcionarios del Estado y las élites económicas dominantes-dirigentes del país y el mundo. Educados desde su nacimiento en el sentido común de un mundo dominado por la propiedad privada y la abstracción de la “objetividad espectral”21Marx, K, El Capital, pág. 89, Editorial Siglo XXI, México, 2008 del valor de cambio como medida de la riqueza, los administradores del Estado han de ejercer la eficacia decisional del Estado, por lo general, mediante el encuadre del sentido común político al sentido común socialmente dominante. De ahí la pertinente reflexión de Marx sobre la necesaria transformación de la propia maquinaria estatal, mediante procesos de socialización de decisiones sobre los asuntos comunes, para viabilizar procesos de emancipación (Marx, C., La Guerra Civil en Francia, pag.127, en Obras Escogidas en tres tomos, Tomo II, Editorial Progreso, Moscú, 1980; también, Marx, carta a Kugelmann, 12 de abril de 1871, en Obras Escogidas, Tomo II, pag.244).

Mas, la relación entre el poder del dinero y el poder político no es una relación directa, como de una propiedad más del dinero sobre el Estado, ya que él tiene que preservar permanentemente su cualidad de administrador de bienes y derechos de todos para seguir ejerciendo su atracción y reconocimiento por el resto de la sociedad. De ahí que siempre haya una relación de mediación y negociación entre el poder económico y el poder de Estado.

El monopolio estatal es, por ello, el escenario donde se despliega una economía política de la construcción de derechos que prioriza, jerarquiza, promueve, viabiliza o segmenta unos, y contiene, ralentiza, obstaculiza o deroga otros. Esto es a lo que se puede llamar la “condensación material” de la correlación de fuerzas sociales del Estado (Poulantzas, N., Estado, poder y socialismo, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires/México, 1979), que es la sustancia social de la que se componen los actos estatales. No es que el Estado existe y luego se envuelven en él jerárquicamente las distintas fuerzas. El Estado mismo es una jerarquización viviente y en movimiento de la trama de correlación de fuerzas sociales que varía históricamente en su composición, dependiendo cuál grupo o clase social es capaz de postular sus intereses particulares mediante la integración de los intereses del resto de la sociedad; es decir, de entender la alquimia social de lo particular en lo universal. Por eso, aunque siempre hay una afinidad electiva de clase, ningún Estado es de clase en el sentido de que le pertenece como propiedad; porque por naturaleza solo existe como realidad social si integra los cuidados, riquezas y expectativas de todos; ahí radica la fuente de su necesidad práctica y legitimidad moral. Igualmente, no existe correlación de fuerzas hechas Estado con una única fuerza. Lo que es de clase es la conducción, la administración, las creencias dominantes, es decir, la materialidad organizativa e imaginada del Estado.

El Estado mismo es una jerarquización viviente y en movimiento de la trama de correlación de fuerzas sociales que varía históricamente en su composición, dependiendo cuál grupo o clase social es capaz de postular sus intereses particulares mediante la integración de los intereses del resto de la sociedad.

Los procesos históricos de construcción de monopolios que cristalizan continuamente las correlaciones de fuerza sociales no fracturan el Estado, porque precisamente se hace a nombre del principio de estatalidad primario que es la protección de los bienes y derechos de todos. Y es por medio de esta inversión de lo común donde se asienta el poder de Estado y, por tanto, la lucha por el poder de Estado.

Los monopolios hablan ciertamente de una forma y de procesos de apropiación de lo que es de todos, pero que se lo hace a nombre de la protección de esos bienes de todos. Es una ilusión, pero es una ilusión bien fundada, es decir, objetivamente sostenida por la persistencia, pequeña o grande, de esos bienes colectivos. Por ello “comunidad ilusoria”, porque lo común permanece concentrado en pocos como capacidad de mando y dirección de esos bienes o a veces como propiedad privada de una parte de ellos. Por todo ello, el Estado puede ser definido como una forma de organización procesual del gobierno de los recursos colectivos, las creencias comunes y los derechos de una sociedad por medio de monopolios de decisión con efecto vinculante a todas las personas que habitan un territorio definido.

La fascinación que el Estado provoca proviene de esta constitución paradojal de ser para todos, pero administrado por pocos. Todo Estado involucra a todas las personas de la sociedad; los involucra desde el pago de impuestos, el acatamiento a las normas, desde las más simples como las reglas de tránsito o las más complejas como el uso de un papel oficial en calidad de representante general de la riqueza. En ese sentido, nadie escapa a la relación estatal, ni siquiera la comunidad agraria más alejada ni el anarquista más ensimismado; al usar el dinero, al registrar una propiedad, al mandar a los hijos a la escuela, al pagar impuestos, al ejercer un derecho o la propia lucha para ampliar derechos siempre una parte de sus acciones están enmarcadas en una lógica estatal de la vida en común. Pero esto no significa que todos seamos Estado. Eso está reservado para los que ejercen el monopolio. Todos estamos atravesados por la trama estatal, de su correlación de fuerzas, alimentándola deliberada o inconscientemente. Pero solo los que administran los monopolios del Estado pueden atribuirse la representación del Estado.

En resumen, el Estado nunca será una realidad sociopolítica plenamente socializada, una comunidad real, porque siempre, aun en momentos de máxima presencia protagónica y dirigente de las clases populares en el Estado, habrá un sector que monopolice el mando. Pero a la vez, nunca será plenamente un monopolio privado, porque la realidad estatal solo funciona si hay bienes, derechos y riquezas comunes.

Lo que puede suceder dependiendo de los contextos históricos es que cada una de estas dos tendencias, la de la socialización real o la privatización de clase, una en detrimento de la otra, se acerquen a su máxima expresión, pero sin llegar a ser absolutas, como las asíntotas de una parábola o los extremos de los brazos de una herradura. Así, a más comunidad de decisiones, menos monopolio estatal; y a más monopolio de decisiones, menos presencia social en ellas.

El monopolio estatal cohesionador

De todos los monopolios estatales que se van construyendo en el tiempo existe uno que, sin tener una carga material institucionalizada pesada, de cierta forma cohesiona a todos. Se trata de las palabras e ideas con poder político, esto es, que influyen de manera irresistible y de manera vinculante sobre todos los miembros de la sociedad. No solo se trata de la violencia simbólica a la que se refiere Bourdieu y que logra que las personas piensen y actúen en relación al Estado y la sociedad con los parámetros que el propio Estado ha instituido arbitrariamente como esquemas de comprensión práctica de la realidad; sino también de la capacidad performativa de instituciones (Searle, J., Creando el mundo social, págs. 158-160, Editorial Paidós, España, 2017) que poseen esas ideas y palabras.

Nos referimos al poder deóntico que tienen las declaraciones oficiales de los personeros oficiales del Estado en hechos objetivamente estatales vinculantes territorialmente. Es el caso de una ley, decreto o instrucción presidencial que, una vez emitida, inmediatamente se convierte en una montaña de informes, estudios, procedimientos, desembolsos financieros, actividades laborales, hechos institucionales todo ello con efectos prácticos sobre toda la sociedad.

Ya sea que se trate de una nueva inversión, la contratación de una deuda pública, la aprobación de un nuevo derecho, toda una maquinaria de acciones, creencias y consecuencias materiales se pone en funcionamiento para implementarlo. El Estado es uno de esos pocos lugares donde la idea y palabra oficial devienen en materia social; en donde el mundo de las ideas antecede al mundo de la materia con efectos duraderos en toda la sociedad. Se trata de relaciones de dominación por actos de decisión gubernativa.

Las creencias con poder producen, por ello, dos formas de dominación: por inducción, cuando por autoridad estatal dejan ver e inhiben determinados cursos de acción posible que pudiera optar la sociedad; y por decisión, cuando las palabras estatales crean una realidad obligatoriamente vinculante para todos, incluidas a veces las siguientes generaciones, como en el caso de las deudas públicas, las guerras, los acuerdos comerciales, entre otros.

Claramente se advierte que este efecto de verdad y de materia social que contienen las enunciaciones estatales no tienen fuerza por sí mismas, en cuanto enunciaciones. Dichas por cualquier ciudadano normal son solo un deseo o dichas por un funcionario público como comentario, son declaraciones de una intencionalidad sin poder. Para que tengan efecto de poder necesitan ser enunciadas desde un lugar específico, el Estado, y en el marco de la ritualidad y liturgia oficial del Estado. Es un poder derivado, y es el poder de Estado más directo y cotidiano. Es por esta efectividad, versatilidad e impacto que es uno de los bienes más preciados por el cual compiten los bloques políticos con ambición estatal.

Pero este monopolio, además, cierra el círculo de las creencias como fuerza política sustantiva. Como vimos al principio, en un primer momento las creencias vinieron desde la sociedad como expectativa de protección y derechos hacia la comunidad política. Ahora las creencias vienen desde el Estado hacia la sociedad para imponerse, pero ya no como ideas de la sociedad sobre sí misma, sino de algo que aparece diferente de la sociedad porque monopoliza cosas de la sociedad. Es el fetichismo político del Estado como realidad social.

Se trata, sin embargo, de un fetichismo incompleto, fisurado, como todo fetichismo incluido el de la mercancía. Porque siempre hay espacios y actividades sociales que no se desdoblan directamente del orden de reproducción del capitalismo “La única antítesis del trabajo objetivado es el trabajo vivo y no-objetivado-El primero está presente en el espacio, el segundo en el tiempo; el primero está en el pasado, el otro en el presente; el primero está ya corporizado en el valor de uso; el segundo, en tanto actividad –en-proceso humana, esta generalmente comprometida con el proceso de auto-objetivación; el primero es valor, el segundo es creación de valor.” En Marx, K, Manuscritos 1861-1863, Cuadernos I y II, editados en Marx, Comunidad, Nacionalismos y Capital, Textos Inéditos, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2018., en este caso, creencias sociales sobre el Estado que no provienen del Estado, emergen de la sociedad que ha optado objetivamente por la protección y derecho a bienes comunes. Es el principio de realidad material de las creencias sobre el Estado; sin ellas el poder de Estado sería un artificio, un hábil engaño que no tendría fundamento objetivo de comunidad. Los fetichismos siempre tienen fragilidades, huecos, que es por donde se filtra la materialidad comprobable del mismo poder fetichizado.

Junto con ello, la fuerza de inducción de creencias del poder del Estado tampoco es una fuerza plenamente propia, emergente únicamente de la relación estatal. En realidad, es una fuerza de creencias que se sostiene sobre la utilización o colonización por parte del Estado de otros nodos de producción de lealtades, de otras instituciones sociales y relaciones de poder no estatales, pero que en momentos específicos y sobre temas específicos son acopladas por las emisiones discursivas del Estado para replicar, amplificar o validarlas. Hablamos de la familia, de las iglesias, de la “opinión pública”, de los medios de comunicación, de centros de investigación privados, de asociaciones cívicas, de empresas que son centros privados generadores de creencias colectivas ante las cuales el Estado establece interfases temáticos de mutuo aprovechamiento fundados en el orden establecido; de tal manera que esas instituciones se sirven del Estado para irradiar territorialmente sus preceptos, en tanto que el Estado se sirve de las clientelas poseídas por esas instituciones privadas para expandir su propio discurso. Se trata de un acople de legitimidades que le permite al Estado aumentar a su legitimidad pública la legitimidad de esos institutos privados dando lugar a un tipo de “externalización” de la producción de legitimidad política gubernamental.

No es que el Estado abarca toda la sociedad, sino que el Estado, temporal y temáticamente, se sirve de toda la sociedad para imponer sus fines y objetivos.

De ahí la lúcida definición gramsciana de que el Estado es “la sociedad política más la sociedad civil” o cuerpos “privados” de hegemonía (Gramsci, A., Cuadernos de la cárcel, 6 tomos, Cuaderno 6 y 12, Ediciones ERA, México, 1981-2000). El Estado es, pues, por momentos sociedad civil, en la medida en que se apoya, gatilla, utiliza relaciones de poder e instituciones de la sociedad civil diferenciadas del Estado para producir una densa red de ensambles cognitivos que funcionan como estructura.

Son los discursos y lógicas de poder patriarcal, o las relaciones despóticas de las fábricas, o los prejuicios racistas de una parte de la sociedad o, llegado el caso, los impulsos solidarios de los sindicatos y comunidades, o las propuestas de igualdad social de centros de producción de conocimiento, o en general de retazos del “sentido común” con los que, para determinados fines gubernamentales, el Estado se enlaza para crear un sentido común dominante. Esto vuelve la emisión estatal en prejuicio social, otorgándole al Gobierno mayor fuerza de legitimidad para actuar monopólicamente en la dirección de ese prejuicio colectivo.

Esta interdependencia entre Estado y “sentido común” no debe llevarnos a confundir el uno con el otro. El Estado no tiene el monopolio del sentido común, pues de tenerlo ya no habría sociedad civil y ella sería una autoreferencia del propio Estado. El Estado es uno de los productores de sentido común en la medida en que sedimenta en la sociedad modos lógicos, morales e instrumentales de largo plazo de la vida en común regida por el Estado; pero existen ámbitos de la vida social, más o menos expandidos, como el sindicato, los barrios, las empresas, las iglesias, los medios de comunicación, las agrupaciones políticas, las instituciones culturales que crean sus propias lógicas de acción, sus propios juicios morales social y clasistamente segmentados, que, con el tiempo, crean también sentido común. Cuando ambas construcciones se superponen, estamos ante el sentido común dominante.

Así, la fuerza estatal tiene en la propia fuerza de la sociedad civil una fuente de renovada retroalimentación que la muestra como una realidad ideal-material en movimiento, en permanente proceso de construcción. Y precisamente por eso, por estas continuas renovaciones de emisiones discursivas de la sociedad civil, fruto de modificaciones moleculares de las correlaciones de fuerzas en su interior, hay o puede haber lógicas de la acción, valoraciones morales de las cosas que excepcionalmente desborden la lógica estatal y que, por su cuenta, vayan creando modos distintos de imaginar lo común de la sociedad; formas diferentes de organizar sectorialmente la gestión de problemas comunes y que, con el tiempo, disputen la estructura de orden, las jerarquías sociales y las creencias presentes en el Estado. En esa excepcionalidad radican las conformaciones de fuerzas sociales movilizadas portadoras de proyectos de reforma moral e intelectual capaces con efecto de transformación estatal.

3. ¿Qué viene ahora?

La pandemia ha develado la composición básica de la relación estatal al presentarla como el único y último espacio social de protección ante el riesgo de muerte y la catástrofe económica. Los organismos internacionales han abdicado de sus prerrogativas ante el Estado; los mercados se desploman despavoridos y las empresas hacen fila para cobijarse en el endeudamiento público. La institucionalidad que se insuflaba de haber creado una globalización por encima del Estado ahora tiende su mano en busca de dádivas gubernamentales.

La institucionalidad que se insuflaba de haber creado una globalización por encima del Estado ahora tiende su mano en busca de dádivas gubernamentales.

No se trata de un regreso triunfal ni mucho menos un renacimiento del Estado, que como vimos, fue parte del comando de la implementación del neoliberalismo.

Lo que sucede ahora es que es un momento de inflexión histórica que abre una nueva fase de los procesos de estatalización de la vida social.

Y lo ha hecho desde el momento en que el Estado ha tenido poder para paralizar la acumulación capitalista de ganancias en la mayor parte del mundo.

Detener no es igual que sustituir el capitalismo pero, aun así, el que el Estado haya podido suspender temporalmente la producción capitalista, en algunos casos, presionado por la propia sociedad, como en Inglaterra y Estados Unidos, habla de un poderío estatal pocas veces visto como también de sus límites, porque hay momentos en los que la sociedad puede imponerse sobre el Estado. De hecho, hoy en algunos países, el propio relajamiento de la pandemia o -en algunos casos- su desconocimiento, está emergiendo de sectores de la sociedad civil por encima de las decisiones estatales.

La disputa por el monopolio estatal fundamental

Con todo, un Estado exigido en su papel de protector de las personas y financiador de recursos económicos para atenuar la recesión económica es la cualidad de la época que se ha abierto.

De manera instantánea, entre el 5 y 15 % del Producto Interno Bruto de los países ha sido movilizado bajo la forma de nueva deuda pública y garantías (FMI, Informe sobre la estabilidad financiera mundial, 14 de abril de 2010). Se trata del inicio de una serie de recurrentes endeudamientos que se incrementarán en los siguientes meses. En realidad, el monopolio del gasto fiscal y endeudamiento público es el monopolio fundamental del Estado que impulsa el movimiento de los otros monopolios; y este será el más visible al menos en lo que dure el tiempo de repago de lo prestado. Está en marcha una auténtica querella planetaria por el excedente económico de destino incierto sometido a intensas luchas sociales.

Está en marcha una auténtica querella planetaria por el excedente económico de destino incierto sometido a intensas luchas sociales.

Como los ingresos del Estado van a disminuir sustancialmente por la caída de los tributos, debido a la parálisis productiva, tres serán los sujetos sociales que tensarán dramáticamente las correlaciones de fuerzas para direccionar los usos de los nuevos recursos y para distribuir los costos históricos de esa deuda: las clases adineradas, los sectores populares y la burocracia estatal que absorbe entre el 10 al 30 % de la fuerza laboral en la mayor parte de los países del mundo (OCDE, Government at a Glance 2019; BID), Panorama de las administraciones públicas América Latina y el Caribe 2020..

Ante ello, los Estados van a oscilar a una de las asíntotas de la parábola estatal o brazos de la herradura conformada entre más democratización social o más monopolio. El que el desempeño estatal se incline por uno u otro polo ha de depender de las luchas de clases que refuercen su presencia y su fuerza de influencia en los administradores de los monopolios estatales. Y no se trata solamente de qué bloque social está o estará ejerciendo el poder de Estado, frutos de victorias electorales o golpes de Estado. Sino que ha de depender simultáneamente de la lucidez estratégica de influir en los otros bloques y segmentos sociales con capacidad de movilización y emisión discursiva que, como hemos visto, pueden direccionar las propias acciones del Estado sin ser necesariamente bloque de poder.

La crisis de las hipotecas subprime del año 2008 o de la caída de las materias primas de los años 2015-2016 muestran que los recursos públicos extraordinarios pueden ser transferidos a las élites empresariales para recomprar acciones, elevar ganancias privadas y nacionalizar pérdidas (Roberts, M.), Las razones subyacentes de la Larga Depresión, en Revista Sin Permiso, 17 de febrero de 2018., todo a nombre del “bien común”, pero recortando derechos y estabilidad para la mayoría. Ello se dio allá donde los gobiernos eran neoliberales, la sociedad estaba desmovilizada y el ambiente cultural del competivismo darwinista predominaba. Hoy, ante mayores pérdidas en la rentabilidad empresarial y mayores volúmenes de deuda, no tendría que ser diferente si es que las tres condiciones mencionadas se mantienen. Por ejemplo, la mayor parte de los dos billones de dólares dispuestos por el Estado norteamericano están destinada como liquidez para la recompra de acciones y subvenciones a las compañías privadas (Roberts, M.), La cicatriz económica de la pandemia, en Revista Sin Permiso, 3 de mayo de 2020.. En tanto que la ayuda social no es para una ampliación de derechos, sino para no caer temporalmente en la indigencia.

Para los capitalistas se trata de una nueva modalidad de la patrimonialización de clase de los bienes públicos que inevitablemente, para sostenerse, tiene que ir acompañada de renovadas modalidades de disciplinamiento social, de estrategias de contención de la ira popular ante estas injustas distribuciones de los recursos públicos. La racialización de los peligros sociales junto con el control de la pandemia mediante la monopolización de todos los actos digitalizados de las personas, incluidas conversaciones, mensajes, desplazamientos, preferencias personales, ahora comienzan a ser empleados en el control e inducción política algoritmizados desde el Estado. Un ejemplo de esto, y sin tanta sofisticación, viene sucediendo en plena cuarentena en Bolivia, donde el uso de los bienes públicos como patrimonio de clase o prolongación de la hacienda, junto con el encarcelamiento de personas que protestan por las redes sociales tienen más éxitos que la contención del virus.

Pero allá donde la correlación de fuerzas políticas se incline del lado de los sectores populares, donde hay gobiernos progresistas y una opinión pública inclinada hacia políticas de igualdad, probablemente los recursos públicos reafirmen antiguos derechos sociales y se amplíe a nuevos.

De hecho, el segundo aspecto relevante del nuevo momento histórico es que, ante el estupor cognitivo global del pensamiento conservador frente a la velocidad de la pandemia y parálisis productiva, las ideas y propuestas gestadas marginalmente en el seno de los colectivos de izquierda son los que se presentan hoy como las únicas plataformas de acción que están alimentando los debates públicos y las decisiones de los Estados ante el Covid-19 y la crisis económica, incluidos los gobiernos de derecha.

Protagonismo económico del Estado, inversión pública acrecentada, condonación del pago de la deuda externa, supresión del pago de interés bancarios de los pequeños ahorristas, renta básica universal, ecologismo social, cadenas cortas de valor y reindustrialización en áreas esenciales, proteccionismo selectivo, nacionalización de actividades económicas estratégicas, selectividad de mercados globales y ampliación de derechos sociales planetarios, distribución de la riqueza para reducir desigualdades, ampliación de derechos sociales, desmercantilización de la salud, repatriación de fortunas de paraísos fiscales, impuesto planetario a las empresas transnacionales para una red universal de salud, impuesto progresivo a las emisiones de carbono a países, empresas y personas, que lo hagan por encima de un `promedio acordado, etc., propuestas hechas hace años por la izquierda y practicadas de manera parcial por los gobiernos progresistas latinoamericanos a los que se los acusó de “populistas irresponsables”, ahora resultan que son la plataforma mínima del debate público, de acciones de los Estados y de un nuevo sentido común planetario.

Este es el tercer aspecto relevante del momento: la porosidad de las maneras de pensar, representar y actuar de la sociedad que, por lo general, son de alta resiliencia a los cambios. Hoy, los esquemas dominantes de ubicarse en el mundo, de juzgar las acciones de la gente que acompañaron los 40 años de neoliberalismo están paralizados ante el miedo y los riesgos catastróficos; las personas se muestran aturdidas para garantizar certidumbres duraderas a las sociedades. Esto habilita un espacio de apetencia colectiva de nuevos significantes para estabilizar el orden del mundo de cada persona. Se trata de una disponibilidad a escuchar nuevas razones morales y nuevos artefactos lógicos sobre la manera de estar en el mundo.

Pero esta disponibilidad de revocar creencias habilita un abanico cognitivo y práctico para todos los lados: desde horizontes más autoritarios, injustos y racistas, hasta horizontes más comunitarios; o, en el otro extremo, de huida hacia placebos mágicos y providenciales de “justo castigo” para enderezar la humanidad. No ha de pasar mucho tiempo para que esta apertura cognitiva de la sociedad, esta reconfiguración del sentido común, se clausure dando paso a un nuevo largo periodo de representaciones lógicas, morales e instrumentales predominantes.

Ante ello, el pensamiento crítico, las izquierdas tienen la obligación política de ayudar a construir un nuevo sentido común sobre una manera diferente de organizar la vida en común hoy y en el futuro, sustentados claramente en la justicia, la igualdad, la democratización permanente y la comunidad. Por ahora cuenta con una ventaja efímera que, con el tiempo, puede ser un lastre, al ser sus ideas las que marcan los ejes de discusión generalizados sobre cómo afrontar la crisis. Pero la demanda de horizontes de acción posibles es mucho mayor a lo propuesto hasta ahora; y lo que es peor, existe una creciente expropiación de sus ideas por parte de fuerzas conservadoras y reaccionarias que, al tiempo de inevitablemente desvirtuarlas, pueden quitar la iniciativa histórica a las izquierdas.

El pensamiento crítico, las izquierdas tienen la obligación política de ayudar a construir un nuevo sentido común sobre una manera diferente de organizar la vida en común hoy y en el futuro, sustentados claramente en la justicia, la igualdad, la democratización permanente y la comunidad.

El que el neoliberalismo tardío se arrope en fragmentos del pensamiento progresista lo menos que puede provocar es sospecha. Sociológicamente se da un desplazamiento del eje espacial de posiciones políticas que está llevando a las derechas a ubicarse, en algunos temas, en el antiguo lugar de las izquierdas. La apertura al gasto estatal, al endeudamiento público no es por convencimiento sino por conveniencia a sus propios intereses particulares. Lo más seguro es que se trate de reducir costos de la masa salarial mediante las subvenciones estatales a los trabajadores, en tanto que los flujos de caja asignados por el Estado al capital se traduzcan enteramente en ganancias y no en inversiones.

Ante ello, las izquierdas tienen que estirar y radicalizar el eje espacial de la posición de los discursos creando un nuevo “centro” y una nueva “izquierda” más a la izquierda, capaz de desplazar a la sociedad y al Estado hacia formas de mayor democratización de la riqueza social. Como siempre, democracia y propiedad son los dos pilares en los que se sostiene cualquier programa de igualdad.

Democratización de decisiones sobre todos los espacios de la vida en común, comenzando por la toma de decisiones sobre los derechos de todos, sobre la riqueza pública que es de todos; culminando en la gigantesca riqueza que está en manos de pocos y que tiene que servir para solventar los ingentes gastos que el Estado deberá realizar por décadas para garantizar el bienestar de la población. Y la izquierda que quiera ir más allá del Estado no lo puede hacer sino por esta vía de mayor democratización social. Claramente, todo ello depende de dos cosas mutuamente vinculadas: horizontes de futuro capaces de unificar las esperanzas prácticas de las personas y fuerza colectiva movilizada, territorial y temáticamente, con efectos de reorganización de la vida en común en torno a algunos nuevos principios morales, instrumentales, lógicos y procedimentales. No se trata de realidades que hay que inventar; sino de reforzar, de visibilizar e interunificar formas de acción colectiva, de creencias movilizadoras y expectativas ya presentes en los intersticios plebeyos de la sociedad actual.

En definitiva, el orden lógico y práctico de las sociedades y de las formas estatales están en suspenso táctico; por tanto, en disputa. No asumir con apasionamiento esas luchas es un desprecio histórico que puede llevar, por fuerza de la inercia a una reactualización envilecida y vengativa del viejo orden social-estatal neoliberal.

El péndulo de la “comunidad ilusoria”: Discurso inaugural del Seminario sobre La topología del Estado, en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 7 de mayo del 2020.

Álvaro García Linera

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia en el periodo 2006-2019 (Bolivia)

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