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Luis Britto García

El destino de Pdvsa

Venezuela | 11 de septiembre de 2020

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El mundo se sigue moviendo con hidrocarburos. Los países de la Opep poseen el 81,5 % de las reservas; los países productores no integrados en la Opep apenas el 18,5% de ellas. Venezuela tiene el 24,8% de las reservas de la Opep: más que el total de aquellas de que disponen los productores no Opep. Estas magnitudes difícilmente se modificarán: mientras la demanda sube en forma persistente, baja el número de descubrimientos de reservas y la cuantía de éstas: para 2012 hubo 2.478 nuevos descubrimientos con 30 millardos de barriles; para 2017, apenas 555 nuevos hallazgos, con sólo 6,7 millardos de barriles. Vamos hacia un mundo en el cual los hidrocarburos serán cada vez más escasos y valiosos. Desprenderse del control sobre la explotación de la más importante reserva global de ellos sería el más grave error político, social, económico y estratégico del siglo XXI.

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A fin de forzarnos a cometerlo mantiene el imperialismo constante agresión contra las empresas petroleras estatales, a veces con la complicidad de políticos locales o funcionarios internos. Todavía no hay un informe completo y concluyente que establezca responsabilidades en el proceso que llevó a Petróleos de Venezuela S.A. de una producción de 3.500.000 barriles diarios en 2015, a otra de 335.000 barriles en 2020.

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A gallina de los huevos de oro en aprietos nunca faltan degolladores. En la entrega 42 de sus Crónicas en Cuarentena, Juan Martorano denuncia que “La reestructuración de Pdvsa planteada por todos los expertos de Guaido propone en esencia una privatización de la industria, mas no de la empresa. Es decir su plan se basa en quitarle a la empresa su rol activo y por lo tanto el control y el componente político para así limitar sus poderes”. Su plan se resume en “privatización, inversión extranjera y menos o ninguna regulación estatal de la industria. La gente de Guaido propone remover el elemento político, es decir transferir nuestra soberanía a las potencias extranjeras bajo la cobertura de la privatización haciendo de nuevo a Venezuela un peón del juego geopolítico de los poderes facticos y en particular de los EEUU”.

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Al respecto, circula en internet desde marzo de 2020 una PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. sin firmas de personas o funcionarios que se responsabilicen por ella, suscrita por una “Dirección Ejecutiva de Planificación”, pero no por la Presidencia de la estatal. La anónima “Propuesta” usa en forma intensiva y exhaustiva la palabra “negocios” para referirse a las actividades de Pdvsa, hasta completar 39 menciones. También emplea en forma generosa términos en inglés, tales como “governement take” para aludir a la participación del Estado, la cual debe ser llevada “a un monto lo suficientemente atractivo para la inversión privada”, es decir, disminuida. A tal fin, se ordena para las empresas mixtas participantes la amnistía tributaria para los grandes capitales propia de todo plan neoliberal:

• Reducción permanente de la Regalía y del Impuesto Sobre la Renta
• Eliminación definitiva de la Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios y Exorbitantes
• Eliminación definitiva de Impuestos y Contribuciones Marginales
• Regulación por Ley de los Impuestos Municipales”.

¿De qué nos serviría entregar el tesoro de los hidrocarburos a empresas que no pagaran impuestos?

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La “Propuesta” anónima además exige la “modificación del artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, el cual pauta que “Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta Ley, serán realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad”. Y el citado artículo 9 dispone que “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley”. La derogatoria de este artículo permitiría excluir al Estado y las empresas de su exclusiva propiedad de la exploración, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

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La anónima “Propuesta” asimismo exige derogar el artículo 57 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, según el cual la comercialización de éstos sólo podrá ser ejercida por empresas “de la exclusiva propiedad del Estado para realizar las actividades establecidas en esta Ley y adoptar para ellas las formas jurídicas que considere convenientes, incluida la de sociedad anónima con un solo socio”. De derogarse dicha norma, la comercialización podría ser ejercida, no sólo por empresas que no sean de la exclusiva propiedad del Estado, sino por empresas de la exclusiva propiedad de particulares. Se entregaría así a capitalistas privados la comercialización, la fase más rentable de la explotación de hidrocarburos. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, implican riesgos y exigen pesadas inversiones. La comercialización se reduce a vender un producto indispensable ya elaborado por otros y cobrar por él un precio superior al que se pagó por obtenerlo. Hasta el presente han sido inútiles los esfuerzos del Estado por regular o moderar los precios que el sector privado impone a la ciudadanía. Nada autoriza a pensar que un sector privado distribuidor de hidrocarburos sería la excepción.

“Todavía no hay un informe…que establezca responsabilidades en el proceso que llevó a Pdvsa de una producción de 3.500.000 barriles diarios en 2015, a otra de 335.000 barriles en 2020”


Luis Britto García/Alba TV

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