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La defensa de los acusados se encuentra bajo la presión

El lunes se inicia juicio del caso Curuguaty

Paraguay | 25 de julio de 2015

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Campos Morombí sigue usurpando las tierras públicas de Marina Cue. Foto: Paulo López.

24/7/2015.-

La defensa de los acusados se encuentra bajo la presión de un sumario que se resolverá de acuerdo a cómo termine el juicio.

El próximo lunes 27 de julio, a las 8:00 horas, en el Palacio de Justicia de Asunción se iniciará el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012 y en la que fallecieron once labriegos y seis policías. El desalojo, cuyo resultado derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, fue llevado a cabo con una orden de allanamiento en unas tierras que habían sido donadas al Estado paraguayo, pero que se encuentran hasta ahora ilegalmente explotadas por la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

Entretanto, fueron sobreseídos Juan Alberto Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa, quienes fueron detenidos cuando fueron al hospital regional para averiguar si había algún familiar entre las víctimas de la masacre.

Ningún policía investigado

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

Rachid funda su acusación en que las tierras son propiedad de Campos Morombí y que a sabiendas de ello los campesinos conformaron una asociación criminal jerárquicamente organizada para matar policías y apropiarse del inmueble. Esto a pesar de que la titularidad de las tierras se encuentra aún en litigio entre el Estado y la firma privada.

Espada de Damocles

A más de ello, los abogados defensores Vicente Morales y Guillermo Ferreiro están sometidos a un sumario por supuestos incidentes dilatorios que, según los interventores, impidieron la culminación de la audiencia preliminar y la derivación del caso a juicio oral. Sin embargo, la audiencia concluyó en octubre de 2013 y el juicio oral fue suspendido en tres ocasiones, las dos últimas por decisión del propio tribunal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, decidió mantener abierto el sumario y resolver de acuerdo a cómo termine el juicio, ejerciendo de ese modo una presión sobre la defensa bajo la amenaza de sanciones como la suspensión o incluso la cancelación de la matrícula, con lo cual ya no podrán seguir ejerciendo la profesión.

Los abogados denuncian que un sumario abierto por presuntas actuaciones en la audiencia preliminar no se puede extender a una instancia superior y que antes del inicio del juicio se debió haber resuelto, ya sea en forma de una condena o una absolución. En este sentido señalan que mediante la no resolución del sumario dejan pendiendo sobre la defensa una espada de Damocles para disuadirlos de presentar objeciones a la labor del Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia en una causa que ya tiene una condena dictada de antemano.

Las irregularidades verificadas durante el proceso como el ocultamiento de pruebas y la adición irregular de otros elementos (la filmación del helicóptero, la multiplicación de las cajas, la escopeta denunciada como robada una semana después de la masacre, etc.) han obligado al tribunal a posponer la realización del juicio bajo pretextos poco fiables como la supuesta falta de combustible para notificar a los testigos –casi todos ellos policías– o la no disponibilidad de salas en el Palacio de Justicia para la realización de la audiencia oral y pública.

Fuente: Periódico E´a

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