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El narcotráfico cambia de manos en Rio de Janeiro

Brasil | 11 de marzo de 2011

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No era la primera vez que el Ejército subía los morros cariocas, los mismos que durante décadas estuvieron abandonados al dominio del narcotráfico ante la ausencia de un Estado que sólo aparecía para entrar, matar y volver a salir. Pero ahora, dicen, es diferente. Las autoridades brasileñas, empezando por el gobernador del Estado de Rio, Sérgio Cabral, aseguran que hoy, al contrario que en 1994, el Estado ha llegado para quedarse al Complexo do Alemão, el inmenso complejo de favelas que las autoridades consideraban reducto de la facción criminal Comando Vermelho (CV). Más de 2.000 soldados y policías cercaron y ocuparon el Alemão el 28 de noviembre y, si Defensa accede a la petición de Cabral, se quedarán medio año más, el tiempo que tardará en implementarse una de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP)con las que el Gobierno de Rio ha ‘pacificado’ ya catorce favelas de la ciudad.

Desde entonces, la prensa carioca celebra en un clima de euforia el éxito de la ocupación del Morro do Alemão, como si se tratara del desembarco de Normandía. El día D de la guerra contra el crimen organizado; la batalla definitiva contra el narcotráfico. El discurso mediático ha ido calando y la operación militar ha ganado un inédito apoyo no sólo de la clase media carioca sino también de los vecinos de las favelas, que se debaten entre la esperanza de paz que encarnan las UPP y el miedo a la actuación de una policía que se ha ganado a pulso la fama de brutal. “Se está presentando como una victoria dentro de una guerra del bien contra el mal: la policía contra los criminales. Pero esa interpretación es falsa y peligrosa”, explica el antropólogo Luiz Eduardo Soares, ex secretario nacional de Seguridad y coautor del libro Elite da Tropa 2. “Esa visión maniqueísta enmascara elementos centrales para el análisis, como la cuestión policial: la policía como incubadora y protagonista del crimen, y no sólo connivente o cómplice”. Es más: “No existe ninguna forma de criminalidad en Rio en que no estén presentes segmentos de la policía corrupta”.

El declive de las facciones

Para Soares, buen conocedor de los bastidores de las políticas de seguridad en Brasil, lo que se juega estos días en Rio de Janeiro no es el fin del crimen organizado, sino más bien un cambio de modelo: el sistema de ocupación territorial característico de facciones como el Comando Vermelho (CV) se ha convertido en un modelo “pesado, caro y arcaico”, incapaz de competir con las milicias, esto es, los grupos paramilitares, formados por policías y militares que en los últimos años han consolidado su control en alrededor de 200 favelas cariocas. Las milicias son una evolución, más estructurada y poderosa, de los ‘grupos de exterminio’ que surgieron en los años 70 y, valiéndose de la extorsión, la tortura y el asesinato, exigían ser pagados para garantizar la seguridad en los barrios que controlan. Frente a las facciones criminales, las milicias cuentan con varias ventajas: en primer lugar, no se centran en un único nicho de mercado, las drogas, sino que obtienen ingresos de otras fuentes: desde la extorsión –mediante el cobro de ‘tasas de seguridad’ a vecinos y comerciantes- al abastecimiento de servicios básicos como transporte, internet, gas o TV por cable en las comunidades que dominan. En segundo lugar, si las facciones precisan armar y formar un ejército, “nada de eso es necesario en las milicias, pues sus miembros ya son policías”. Y, como lo son, también se ahorran el pago del ‘arrego’, esto es, el soborno que pagan los narcotraficantes a los policías corruptos en todas las ‘bocas de fumo’ –puntos de venta de drogas- de las favelas cariocas. El auge de las milicias, que ya podrían haber establecido acuerdos con la facción Terceiro Comando Puro (TCP) o Amigos dos Amigos (ADA), ha corrido paralelo al inevitable declinar del CV.

“Las facciones del narcotráfico son un lugar de barbarie, de violencia y de muerte, pero no son el crimen organizado. Son las milicias las que tienen los recursos y los vínculos con el poder. Milicia es mafia ”, afirma Marcelo Freixo, diputado de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro. Veterano activista por los derechos humanos, en 2007 instigó una comisión parlamentaria de investigación (CPI) que finalizó en 2008 con el encarcelamiento de más de 200 milicianos y demostró las conexiones de los policías corruptos con políticos de todos los partidos, que se beneficiaban de los corralitos electorales en los que los milicianos exigían el voto a un candidato mediante la extorsión. Desde entonces, medio millar de milicianos han sido presos: se ha acabado con su impunidad y con el mito de que son un mal menor frente al narcotráfico. Sin embargo, las milicias han crecido en número: “De nada sirve apresar a sus cabecillas si no se acaba con la estructura económica”, recuerda Freixo.

La llegada de las UPP

Los acontecimientos de noviembre han precipitado los planes del gobernador Cabral, que, con las Unidades de Policía Pacificadora, convirtió al Estado fluminense en la avanzadilla para la implementación del Programa Nacional de Seguridad Pública Ciudadana (Pronasci), que parte de dos principios: la conjunción de fuerzas de los diferentes niveles del Estado –federal, estadual y municipal- y la creación de una policía comunitaria. Para ello, se da a los agentes una formación específica y se les compensa con una mejora salarial del 40%. “El sistema anterior era entrar, matar y salir; ahora se trata de que el Estado ocupe el territorio, permanezca y se vincule con la comunidad mediante programas sociales e inversiones en infraestructura”, resume Tarso Genro, gobernador electo de Rio Grande do Sul, que participó en la elaboración de esta política como ministro de Justicia. Desde 2008, las UPP se han implantado en catorce favelas cariocas y, si no han acabado con el tráfico de drogas –ni siquiera es su pretensión-, sí lo han desarmado. En favelas como el Morro da Providência ya no hay tiroteos y se han erradicado aquellas imágenes obscenas de adolescentes cargando fusiles.

Hasta el momento, con la excepción de Cidade de Deus, las UPP se habían instalado en favelas pequeñas y situadas en la zona sur, la más rica de la ciudad, la que concentrará la mayor parte de las inversiones motivadas por la celebración del Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Por eso cree el diputado Freixo que “las UPP no representan una política de seguridad pública, sino un proyecto de ciudad, de viabilidad de un área escogida. Las UPP sólo pueden entenderse junto con los muros y los desalojos de las favelas que estorban a la especulación inmobiliaria”. Hasta el momento, las inversiones del proyecto olímpico se centran en los morros de la zona sur: las playas de Copacabana e Ipanema, la Barra de Tijuca, los barrios de Botafogo o São Conrado. Algunos proyectos requerirán remover ciertas favelas, como Vila Autôdromo, que lleva años resistiendo a intentos de desocupación como los que motivaron los Juegos Panamericanos de 2007. “Es una política de limpieza urbana: quieren invisibilizarnos todavía más”, afirma Gizele Martins, vecina del Complexo da Maré, al norte de la ciudad, y responsable del diario comunitario O Cidadão.

Los desalojos no son nada nuevo para los cariocas: en los años 60, los desalojos de los territorios más deseados por la inversión inmobiliaria tuvieron un papel relevante en el ‘milagro económico’ brasileño. Pero las cosas han cambiado: “Ya no son tiempos de dictadura: en democracia, el Estado tiene que ser más sutil”, apunta Wesley Denílio, rapero y estudiante de cine que vive en Acarí, en la zona norte. Las UPP serían una remoción maquillada, una ‘remoção branca’: la pacificación de las favelas y la llegada de infraestructuras, de teleféricos que suben el morro o de servicios tan básicos como el de correos, hasta hoy vetados para los habitantes, llevan también consigo la llegada de las facturas y un alza de los precios difícilmente soportable por su población. Además, “las UPP tienen la misma cultura represiva que las milicias”, en palabras de Gizele. Marcan las reglas en la comunidad, establecen horarios y prohíben manifestaciones culturales como los bailes ‘funkies’. Y ya hay rumores de que en algunas favelas han comenzado a hacerse con el control del tráfico de drogas.

Con todo, la implementación de las UPP supone un interesante cambio en las políticas de seguridad de Brasil. “Aunque las críticas sean certeras, las UPP son una vieja aspiración de la izquierda y los movimientos sociales: buscan el fin de la incursión bélica en las favelas, que provocaba la muerte de inocentes y no cambiaba las cosas, y va hacia un modelo de policía que ofrezca un servicio de calidad y respete los derechos humanos”, explica Luiz Eduardo Soares. Él fue responsable, hace una década, de un proyecto similar que no llegó a cuajar porque “no había voluntad política y las instituciones policiales estaban en contra”. En 2008, el recrudecimiento de la violencia en las favelas y la cercanía de los eventos deportivos de 2014 y 2016 recolocaron el proyecto de la policía comunitaria en la agenda. “La pregunta es cómo transformar un proyecto piloto en una política pública, con escala y sustentabilidad”, apunta Soares. ‘Pacificar’ trece favelas requirió de unos dos mil agentes, los mismos que se estiman necesarios para ‘ocupar’ el Complexo do Alemão; la operación requerirá dos millones de reales, que provendrán de un fondo de donaciones privadas. ¿Puede Cabral cumplir su promesa de llevar UPP a las 965 favelas de Rio contando con apenas 40.000 agentes para toda la ciudad? De otro lado, las UPP se han formado hasta ahora con nuevos agentes, para evitar la corrupción, en un tácito reconocimiento del Estado de que en las instituciones policiales la ilegalidad es mucho más que la excepción a la regla. Pero no se puede seguir contratando eternamente. Y entonces, ¿cómo implementar las UPP con cuadros de una policía degradada y tomada por la brutalidad? “Las UPP no tienen futuro si no se da una reformulación de las instituciones policiales ”, responde el antropólogo.

En 2002, Soares intentó esa refundación institucional de las fuerzas del orden. El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva quería tomar cartas en el asunto de la seguridad, pero sus asesores le recomendaron que eludiese el tema y dejase esa ‘patata caliente’ en manos de los gobernadores. Pero la cuestión de fondo sólo se resolverá con un “inmenso pacto político” que comience por modificar el artículo 144 de la Constitución, donde se definen las Policías Civil y Militar: “Es un modelo precario, inadmisible e incontrolable”, subraya Soares. En la base del problema, unos salarios de miseria para los policías que crean el campo de cultivo para la proliferación de la corrupción. El Estado tolera, aunque sea ilegal, que los agentes complementen su exigua retribución con trabajos informales de seguridad privada –el llamado ‘bico’-. Esa es la más benigna de las formas de ilegalidad que protagonizan los policías: luego están los arreglos con traficantes de armas y drogas, los grupos de exterminio, las milicias.

Para Soares, la corrupción y la brutalidad policial son dos caras de la misma moneda. “Cuando se le da a la policía la libertad de matar, se le está dando también para no matar, para llegar a acuerdos. Y esa es una moneda que se inflaciona rápido: se crea un mercado de intercambio de la vida, una economía de la corrupción que se va ampliando y complejizando y a una aceptación generalizada de la ilegalidad”. Como recuerda Marcelo Freixo, la de Rio “es la policía que más mata y más muere del mundo”. Sólo en el Estado fluminense, cada año más de mil personas mueren víctimas de las mal llamadas ‘balas perdidas’. Entre 2003 y 2009 fueron más de 7.800 ejecuciones sumarias que se disfrazan de ‘autos de resistencia’ en las estadísticas del Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Rio de Janeiro. De los 1.195 ‘autos de resistencia’ registrados en 2003, un 65% presentaban características de ejecución extrajudicial. “Son asesinatos, un genocidio con rasgos sociales muy claros: hombres jóvenes, pobres y la mayoría de las veces, negros, que viven en las favelas y periferias”, afirma Soares. Una “pena de muerte informal”.

En el Complexo do Alemão, soldados y policías entraron sistemáticamente en todas las casas para comprobar si escondían criminales. Para el ‘favelado’ no existe la presunción de inocencia. Los medios han descrito una operación limpia, menos letal que otras veces, pero las autoridades no han facilitado la cifra de bajas –el último dato apuntaba a unos 50 muertos- y los vecinos han denunciado abusos, desde robos y saqueos a vejaciones y amenazas. No es nada nuevo: “La policía siempre subió el morro con el fusil en la mano, como si todos fuésemos bandidos y prostitutas”, resume Gizele Martins. No es ningún secreto que las fuerzas del orden son racistas en Brasil. Y no hay muchas expectativas de que la situación mejore: “El Estado no está mínimamente interesado en resolver el problema. Cabral dijo públicamente que la mujer de la favela es una máquina de producir marginales. Y esa es la visión del Estado, que comparte la sociedad carioca: la culpa es de los pobres: por no estudiar, por no trabajar, por no ir al teatro ni seguir sus patrones. Nosotros somos el problema”, dice Gizele.

Los poderes públicos, con la inestimable ayuda de la prensa, llevan décadas construyendo un discurso legitimador de las políticas de criminalización e higienización de la pobreza. Desde que, en los años 20 del siglo pasado, las favelas se consolidaron como un espacio relevante en la ciudad, la prensa las refleja como “algo ajeno, extraño a la polis”. Como un “lugar sin moral ni higiene: un espacio a erradicar” . La prensa conservadora sostiene ese ancestral temor de la clase media carioca de que legiones de ‘favelados’ miserables bajen de los morros al asfalto para reclamar su parte del pastel. Si hace un siglo un diario carioca describía la favela como “espacio de miseria e inmundicia que pone en riesgo el sosiego y la estética de la ciudad”, hace pocos meses, el semanario conservador Veja titulaba en portada: “La periferia cerca la ciudad”. Un discurso que estigmatiza a la juventud pobre como criminal en potencia y que ha cuajado en el seno de una sociedad dual, donde, como diría George Orwell, unos ciudadanos son más iguales que otros…

Fuente: Rebelión http://www.rebelion.org

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