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Por Lenin Brea

El neoliberalismo-de-hecho y la lucha callejera por los precios del pasaje

Venezuela | 15 de noviembre de 2017

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Foto: Archivo.

Es preocupante que en muchos aspectos la actual política gubernamental puede definirse como un neoliberalismo-de-hecho. No se quiere decir que la política implementada sea ilegal, sino que los gobernantes no la reivindican como propia, es decir, como un conjunto de acciones implementadas en su propio nombre y por su voluntad, como un conjunto de medidas fundadas en el derecho que “tienen” para gobernar. Desde el punto de vista que manejamos, el derecho a gobernar es el producto del reconocimiento público que detentan los que tienen la responsabilidad de conducir. Si es verdad que en la actualidad y frente a la economía la decisión entre “intervenir” o “dejar hacer” define la orientación de cualquier régimen político, la situación del nuestro se nos revela como empantanada, pues no puede afirmar abiertamente que se propone “dejar hacer” y no obstante eso es lo que efectivamente hace. Se sigue hablando de socialismo y de regular la economía en pro de la soberanía y de una distribución de la riqueza hacia abajo, pero en los hechos lo que se vive es un proceso de ajuste cuyo peso recae en las clases asalariadas.

El caso más patente es el de las políticas en materia de precios y en particular de regulación del pasaje. Como es de conocimiento general los dueños de los medios de transporte público están –junto a otros sectores de la economía– en abierta rebelión contra las leyes que establecen el precio del servicio (por no hablar de los otros aspectos de su prestación) y, con esto, contra las autoridades.

Hasta ahora, la confrontación entre autoridades y apoderados del transporte público no ha llegado a ser directa ni violenta. Aunque en realidad no se sabe mucho sobre esto, parece que todo se reduce a la palabra airada que se expresa mediada por una mesa a la que están sentados representantes de uno y otro sector. Incluso es posible que a ese nivel no exista confrontación alguna, sino una negociación sobre la mejor manera para “todos” (gobierno y dueños de transportes) de llevar a cabo lo que ambos consideran ajustes inevitables.

Sea como sea que negocien o peleen, lo importante es que la confrontación verdadera, la violenta, tiene lugar en la calle, y se da entre choferes (y colectores) y usuarios, gente está que en su totalidad el gobierno representa y a la que debería proteger haciendo cumplir las leyes que él mismo promulga.

Protección por obediencia, tal es la forma que toma el intercambio que hace posible las relaciones entre quienes mandan y quienes obedecen. De un lado, el de los gobernados, se renuncia al ejercicio de la violencia como medio para realizar los propios fines a cambio de la protección que el gobernante dispensará. Protección quiere decir, además de la defensa contra el enemigo externo, la garantía que cada gobernado tiene de parte de las autoridades políticas de que actuarán dentro de los límites que les impone la ley haciéndola cumplir. También significa que de acuerdo a ella resolverán cualquier disputa que se presente entre los ciudadanos, e incluso entre estos y las autoridades. Esas son las condiciones de la obediencia voluntaria, del reconocimiento libre de la autoridad política. Sin protección no hay legitimidad para exigir obediencia. Cierto es que esta manera de plantear la cuestión no es la única ni la más democrática, pero parece la más adecuada para definir la forma que se espera que tengan las relaciones entre gobernados y gobernantes en nuestra actualidad. Así, ante el cobro del pasaje por encima de la tarifa legalmente vigente, los usuarios no pueden más que sentirse desamparados e impotentes, y se escuchan frecuentemente exclamaciones como: “¡Aquí no hay quien haga cumplir la ley!” o “¡Aquí no hay gobierno!”. Ante esta situación cada usuario se ve cotidianamente tentado a arriesgarse a meterse en un problema del que, según las circunstancias, se puede salir bien o muy mal parado.

Lo primero que se quiere destacar es que la lucha callejera y cotidiana por el precio del pasaje se caracteriza porque encierra como cosa inmanente la posibilidad de que en cualquier momento se torne violenta. Lo que constituye la verdadera amenaza no es la violencia individual, sino aquella colectiva y tumultuosa. En segundo lugar, se observa que en esta confrontación el papel de la fuerza pública es o nulo o ignominioso. Incluso se dirá que en el sentir de la gente el gobierno y las demás autoridades que representan al pueblo parecen ajenas a la situación, y todo ocurre como si les importase poco lo que sucede en la calle. Más allá, cuando se pronuncian o hacen anuncios no se ve por ningún lado la voluntad de hacer cumplir lo que dictaminan. Allí donde la fuerza pública hace acto de presencia no lo hace, las más de las veces, con la finalidad de hacer respetar la ley, sino para satisfacer sus propios intereses pecuniarios.

Dicho esto reiteramos que las mafias que controlan el transporte público y los transportistas en general, y sus subordinados y dependientes, optaron, hace tiempo ya, por la opción de la cañona contra la gente y por la desobediencia contra las autoridades. Del otro lado, el del público, solo se puede decir que para no pagar de más siempre es mejor recurrir al “no tengo más”, antes que invocar la ley o el colectivo (ese recorte del poder constituyente), lo que equivale a traer al frente el monopolio legal de la violencia. La primera acción se basa en la empatía y se hace pasar por sumisa, la segunda constituye un desafío que el otro tomará como una afrenta con posibles consecuencias violentas. Esto da cuenta de quién es el más fuerte, por ahora, en las relaciones entre transportistas y usuarios. Además la opción que le queda a la gente, la de la no violencia implicada en recurrir a argumentos no jurídicos como el “no tengo más”, no es suficiente y por sí misma no garantiza nada, a menos que fuese organizada.

La posibilidad de que estalle la violencia que late en el enfrentamiento cotidiano entre masas de usuarios y un grupo relativamente pequeño de propietarios y sus dependientes tuvo una realización histórica el 27 de febrero de 1989. Según se dice todo como comenzó con la negativa callejera a pagar el aumento del pasaje en un contexto inflacionario. De allí en adelante el candelero se llevó todo lo que pudo por delante y fue apagado a punta de peinilla y plomo, dejando su rastro indeleble de sangre y fuego. Claro que el gobierno de aquel entonces se propuso públicamente “dejar hacer” a los actores pudientes de la economía, fue abiertamente neoliberal. Qué puede suceder cuando un gobierno “deja hacer” como si “interviniese”, cuando en realidad se hace la vista gorda ante su deber de hacer cumplir las leyes que promulga para evitar los costos políticos de su (in)decisión, es algo que está por verse. El gran riesgo político que corre como poder es el de parecer o bien impotente o bien cómplice, con lo cual igualmente se falla en el “protejo” y por ende en el “obligo”. Por otro lado y más peligroso aún, con esto caen en un profundo descrédito las ideas de socialismo, libertad y gobierno participativo del pueblo, con las que se llenan la boca.

No está de más recordar que el control político de las instituciones no garantiza a las autoridades la gobernabilidad ni menos la estabilidad, y esto ni siquiera si se piensa que tales objetivos pueden lograrse a punta de control policial. A tal respecto el actual estado de excepción al que se ven sometidos en particular los jóvenes varones de las clases populares de entre 16 y 25 años es también preocupante. En realidad no se comprende qué hace un efectivo de la GNB o de la PNB revisándoles la bolsa de pan en la entrada del metro, por ejemplo, ni pidiendo documentos en lugares públicos solo porque llevan una cresta y están vestidos de forma “inusual”, o simplemente porque la fuerza pública presume su carácter antisocial.

Volviendo al tema, se plantea la cuestión de si es posible que en la actualidad el gobierno y la ANC puedan tomar medidas efectivas para el control de los precios en general y del transporte en particular, y si esto resultaría en beneficio para la gente, choferes y colectores incluidos. Yo no sé la respuesta y el debate “económico” se lo dejo a los especialistas. Sin embargo, creo que para dar cuenta de la situación basta con preguntar: ¿si puede, por qué no lo hace?, y si no puede ¿por qué insiste en ello?, ¿y si el dilema no pasase por poder o no poder, sino por una evaluación de los costos políticos de hacer o no hacer? Pero incluso, es posible preguntar: ¿a quién protege la actual conducta gubernamental con respecto a los precios, y en especial con relación al pasaje?, ¿a quién y a qué obliga dicha actitud? Ahí lo dejo.


Tomado de: 15 y último

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