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Por Jorge Forero

El problema energético en la frontera colombo-venezolana

Venezuela | 18 de septiembre de 2017

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1. Breve introducción

El flujo ilegal de combustibles de decenas de millones de litros de combustibles mensuales desde Venezuela hacia Colombia, significa una fuga de capitales y una transferencia de renta de gran escala.

Es una fuga de capitales porque para la producción de combustibles se requiere de insumos y de procesos tecnológicos-logísticos, que derivan en costos extraordinarios para PDVSA en el mercado internacional. Es decir, el Estado venezolano debe invertir parte de sus ingresos en divisas internacionales para garantizar el abastecimiento nacional.

Es una operación extraordinaria de transferencia de renta, porque representa una pérdida neta millonaria para la hacienda nacional, en razón de que el procesamiento de un litro de gasolina en nuestro país tiene un costo aproximado a los 800 Bs, lo que implica un subsidio de gran escala realizado por el Estado venezolano que pierde su sentido originario mediante la extracción de decenas de millones de litros de combustible mensuales del territorio nacional.

Tal situación tiene el agravante de que fortalece estructuras paramilitares, las cuales son reconocidas como un factor geopolítico que atenta contra la soberanía, la integridad territorial y la paz nacional. Además, las ganancias que se obtienen por la extracción ilegal de combustible, representan una de las fuentes de negocios fundamentales que sostienen las operaciones de especulación financiera que se realizan en la bolsa de valores ilegal localizada en Cúcuta, las cuales derivan en la depreciación inducida de la moneda venezolana.

2. Los orígenes del problema

Durante décadas en las ciudades y localidades del oriente de Colombia, se ha instaurado una dinámica de suministro ilegal de combustible de origen venezolano, dado por el déficit histórico de abastecimiento por parte de la estatal petrolera colombiana (ECOPETROL) hacia esa región.

Tal situación, combinada con el abismal diferencial de precios acentuado durante los últimos años, ha determinado la instauración de poderosas redes de contrabando de combustible (dominadas fundamentalmente por grupos paramilitares en sus diversas versiones), cuya filiación con actividades como el tráfico de armas y la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico es explícita.

Las inmensas ganancias que se obtienen mediante el contrabando de combustibles en la frontera colombo-venezolana, producen una presión económica de gran intensidad, ante lo cual han resultado ineficaces las medidas de control y regulación implementadas por PDVSA.

Aunque los mayores flujos de contrabando se generan por la acción coordinada de mafias en grandes escalas, el contrabando al menudeo también es representativo en la región fronteriza y ha configurado una economía paralela e ilegal.

Se calcula que diariamente decenas de miles de vehículos se trasladan a la línea fronteriza a vender gasolina con utilidades astronómicas. Además existe el agravante de que en las localidades fronterizas e incluso en la zona metropolitana de San Cristóbal, se ha creado un mercado negro de combustibles, cuyos precios exorbitantes estimulan el crecimiento del mismo.

Por otra parte, del lado colombiano, los denominados pimpineros (calculados en Cúcuta en más de 10.000 durante 2015), y sus formas rudimentarias de almacenamiento y distribución, son una expresión concreta de esa dinámica de ilegalidad cimentada en la exclusión estructural de los pueblos de la región fronteriza colombiana.

El Estado colombiano ha implementado medidas punitivas y ha criminalizado públicamente esta actividad, pero en la práctica debe tolerarla porque es un eslabón –el más débil y vulnerable- del abastecimiento ilegal de combustible venezolano.

Pero el eslabón más poderoso de esa red es el que controla su distribución en localidades como Puerto Santander, Villa del Rosario, Los Patios y El Escobal de Cúcuta, pues impone los precios sobre la base de su control de los flujos en la línea fronteriza y distribuye hacia otras regiones de Colombia[1] con un aumento notable en sus tasas de ganancia (dados porque en Cúcuta el combustible tiene un valor menor que en el resto del mercado colombiano). Ese elemento explica los conflictos de alta intensidad que se desarrollan en esa zona por el control de las denominadas trochas[2].

3. La crisis energética como expresión de marginación de las regiones fronterizas colombianas

Según fuentes oficiales de la República de Colombia, antes del cierre del tránsito de vehículos en los puentes fronterizos (agosto de 2015), la empresa estatal de hidrocarburos de Colombia ECOPETROL, suministraba apenas el 32% de la demanda de combustibles en Norte de Santander. Mientras que en los departamentos de Arauca y La Guajira recibían el 28% y el 0,0% respectivamente. Es decir, Colombia apenas una cuarta parte de la demanda de combustible de esa región fronteriza.

Tales datos constituyen una evidencia de que el Estado colombiano tiene una política sistemática de desatención de las necesidades energéticas de su población fronteriza. Además demuestran que de manera intencionada se crearon las condiciones para que Venezuela atendiera la demanda energética de esa región, lo que expresa la complicidad de las autoridades de ese país con la industria ilegal del contrabando de combustible de origen venezolano.

El volumen de combustibles que se fuga de manera ilegal cada mes alcanza cifras enormes. Durante las primeras semanas del cierre de tránsito de vehículos en la frontera, la demanda de combustibles en el estado Táchira se redujo en 37 millones de litros, cifra que coincide con el estimado de demanda no satisfecha por ECOPETROL en el departamento del Norte de Santander.

Precisamente la crisis fronteriza de agosto de 2015 determinó que el Estado colombiano, mediante la Resolución 31483 del 18 de septiembre de 2015, se comprometiera al suministro del 95% de la demanda de ese departamento. Sin embargo, estimaciones de actores económicos vinculados con la materia afirman que la cobertura de combustible de ECOPETROL al Norte de Santander apenas cubre el 50% de la demanda en el mejor de los casos. Ante lo cual, la gasolina venezolana sigue siendo fundamental para el abastecimiento de ese departamento.

La diferencia abismal en los precios del combustible (un litro de gasolina en Cúcuta tiene un valor de 7650 Bs[3]) hace que el contrabando de esa mercancía permita aliviar una demanda insatisfecha. Además, las astronómicas ganancias que se obtienen mediante esa actividad ilegal, han representado un factor fundamental para el sostén económico de dos aparatos de agresión directa hacia los intereses de nuestra Nación:

i) Aparatos de especulación financiera que atacan nuestra moneda, mediante la imposición de una tasa de cambio diferenciada de la legal que ha producido graves distorsiones, la cual se determina de manera irregular, con el propósito es socavar la estabilidad de la economía venezolana.

ii) Ejércitos mercenarios –los denominados grupos paramilitares-, que han usurpado por la fuerza funciones sustantivas de los Estados nacionales, tales como el monopolio del uso de la fuerza, la regulación social y el control sobre los flujos económicos; y han impuesto un marco normativo transgresor del orden legal vigente en la región fronteriza.

4. La crisis energética de Colombia como factor del conflicto político actual

El gobierno oligárquico de la República de Colombia actúa como un satélite –y como el martillo- de la política exterior de los EE.UU., en su campaña de asedio-desprestigio y su política hostil contra Venezuela. Tal situación se debe fundamentalmente a dos variables:

i) La tradición histórica de subordinación de la oligarquía colombiana a los designios de los Estados Unidos.

ii) La crisis energética que atraviesa ese país.

Según fuentes oficiales del Estado colombiano, ese país posee reservas comprobadas de 2,05 miles de millones de barriles de petróleo, lo que apenas le garantizaría cuatro (04) años de suministro para su demanda nacional y representaría el cese de sus exportaciones lo que significa el colapso financiero de ese país, ante la pérdida de miles de millones de dólares anuales por ese concepto.

La caída de los precios del petróleo en el mercado mundial también afectó notablemente a la economía colombiana. En primer lugar, porque ha reducido sus ingresos fiscales. Entre enero de 2015 y enero de 2016, se produjo una reducción cercana al 50% en esa industria (más de 1000 millones de dólares mensuales).

En segundo lugar, porque está en desarrollo la pérdida de autosuficiencia petrolera, que implica la imposibilidad de sostener sus niveles de producción, así como la reducción de sus exportaciones, e incluso, un déficit de abastecimiento interno que obligaría a importar combustibles para satisfacer la demanda nacional en materia de combustibles.

La crisis energética de Colombia es orgánica e inexorable, y en gran medida está relacionada con dos factores:

i) La caída estrepitosa de sus reservas petroleras. Según un informe de la Contraloría General, en 2019 se dará el colapso de la autosuficiencia petrolera. En 2020 entrarán en recesión las exportaciones, y en 2021 no habrá capacidad de abastecer el mercado interno.

ii) Un barril de petróleo colombiano tiene un costo de producción de 35,30 USD. Ante la caída de los precios internacionales de ese rubro, se han estancado las inversiones para exploración de nuevas reservas.

La situación es más grave para ese país porque la empresa estatal petrolera colombiana ECOPETROL, experimenta en la actualidad su más grave situación financiera. Dicha empresa tiene en la actualidad una deuda mayor a los 15 mil millones de dólares –cifra que supera sus ingresos anuales de 2016-.

Otro indicador que demuestra el colapso de la industria petrolera colombiana, tiene que ver con la caída estrepitosa de las inversiones que ha capitalizado, las cuales han sufrido una caída del 71% en los últimos dos años.

Por último y no menos importante, ECOPETROL ha perdido solvencia financiera, lo que ha derivado en que desde enero de 2016 hasta la actualidad, el precio de la acción de esa compañía cayó 27,7 % en la Bolsa de Valores de Colombia y 33,5 % en la Bolsa de Valores de Nueva York.

El conjunto de elementos enunciados explican las acciones hostiles de Colombia hacia Venezuela y permite comprender las causas que motivaron la creación de una legislación irregular (transgresora de los principios del derecho en materia de relaciones internacionales por parte del Estado colombiano en la frontera colombo-venezolana), en materia de la política monetaria[4]y en materia de mecanismos de control para el contrabando de combustibles[5].

5. Perspectivas

A continuación se exponen un conjunto de consideraciones en torno a las tendencias que se configuran en torno a la problemática energética en la frontera colombo-venezolana. En primer término se plantearán las perspectivas desde el análisis de la realidad concreta en la frontera. En segundo término, se vislumbran tendencias del problema desde Colombia.

5.1 Desde el punto de vista de la realidad energética en la frontera:

I) Los diferenciales de precio y el déficit de abastecimiento por parte de ECOPETROL, representan una presión de alta escala para que resulte inviable detener el flujo de combustible venezolano hacia Colombia mediante acciones punitivas o de regulación.

II) ECOPETROL no está en condiciones de garantizar la demanda de combustible de los departamentos fronterizos, especialmente de Cúcuta, la sexta área metropolitana más importante de ese país.

III) La situación financiera de ECOPETROL no permite sostener el subsidio de combustibles hacia los departamentos fronterizos. Solo en Norte de Santander el subsidio de combustibles se aproxima a los 650.000 Dólares americanos mensuales para la estatal petrolera.

IV) Aunque lo nieguen voceros del gobierno de Colombia, el contrabando de combustibles venezolanos atiende más del 50% de la demanda en sus regiones fronterizas. Eso explica que mantengan una legislación que favorece el contrabando.

V) Colombia requiere del suministro de combustible venezolano para satisfacer la demanda de sus regiones fronterizas. Un convenio energético con Venezuela le conviene desde el punto de vista político, financiero y social.

VI) Si no se diseña e implementa una Estrategia Nacional para crear un nuevo modelo de negocios en ese suministro binacional de combustibles (que además de redundar en ingresos fiscales para la nación, debe romper una de las fuentes fundamentales de finanzas de los grupos paramilitares en la frontera).

VII) Actores políticos, económicos y sociales de los departamentos fronterizos de Colombia, tienen disposición para el diseño y la implementación de modelos de negocios convenientes para la región fronteriza, para los intereses de PDVSA e incluso para los principios que rigen la política exterior de la revolución bolivariana.

5.2 Desde el punto de vista de la realidad energética de Colombia

La crisis energética de Colombia, significa una amenaza de gran envergadura para el sistema de dominación vigente en ese país. Además de la reducción de las exportaciones -de sus ingresos en divisas extranjeras-, necesitará adquirir petróleo y sus derivados en el mercado internacional, lo cual afectará severamente su balanza de pagos.

Lo más complejo, es que la situación financiera descrita, inducirá a la clase dominante de Colombia a tomar medidas drásticas, tales como:

i) Una nueva reforma fiscal más regresiva y lesiva contra el consumo interno que la implementada en 2017;

ii) Un ajuste estructural severo que significa acentuar las tensiones sociales;

iii) Una acción geopolítica con dos opciones:

a- Una agenda diplomática con Venezuela que permita fundar un modelo de negocios signados por la cooperación binacional –con base en la lógica de Petro Caribe- para garantizar el abastecimiento seguro, confiable y de calidad;

b- Una acción bélica contra Venezuela (su fuente de energía más cercana y factible).

6. Recomendaciones

La venta legal de combustible venezolano para satisfacer la demanda energética de las regiones fronterizas colombianas, representaría un cambio drástico en la lógica que domina esa actividad. En primer lugar, significaría el ingreso de decenas de millones de dólares mensuales (con la misma gasolina que se fuga en la actualidad a un precio subsidiado).

En segundo lugar, alteraría la balanza comercial en beneficio de Venezuela, y con ello permitiría contrarrestar la devaluación inducida de nuestra moneda, factor esencial de la guerra económica del capital monopólico transnacional contra el pueblo venezolano.

A continuación se exponen un conjunto de recomendaciones para crear una nueva lógica en el suministro de combustible hacia Colombia, que rompa con la lógica dominante en la coyuntura actual y permita contener y mitigar los graves problemas caracterizados brevemente en este análisis, los cuales afectan de manera significativa los intereses de la Nación:

i) Ampliar el espectro de Estaciones de Servicio para el suministro de combustible bajo un régimen de precios especial (Las Estaciones de Servicio Alternativa y las Estaciones de Servicio Exclusivo), cuyo precio debe fortalecer las finanzas de PDVSA y redundar en beneficios sociales para el pueblo de la frontera.

ii) Reimpulsar el lanzamiento de las Estaciones de Servicio con fines internacionales localizadas en las adyacencias de los puentes internacionales, para estimular en las regiones fronterizas de Colombia el debate en torno al interés mutuo de vender gasolina de calidad a un mejor precio para las partes –en el corto plazo esa venta debe ser en divisas mediante tarjeta de crédito-.

iii) Promover acercamientos con actores económicos, políticos y sociales de los departamentos fronterizos de Colombia, para hacer viable la materialización de exportaciones directas-, entre PDVSA y empresas colombianas, sobre la base de modelos de negocios solidarios, que permitan generar procesos sociales que fortalezcan la imagen de Venezuela ante el pueblo colombiano.

iv) Buscar alianzas con actores políticos nacionales, así como con agentes del mundo académico colombiano, afines a la visión estratégica de la revolución bolivariana, para promover una agenda común orientada hacia la construcción de un Plan de Desarrollo Fronterizo centrado en la Paz, la Justicia Social y en la erradicación de la economía delictiva en la frontera compartida. En dicho plan el tema energético es sustantivo.


[1] Mediante operaciones de mediana y gran escala tales como la que se aprecian en el reportaje publicado por el diario La Opinión de Cúcuta en enero de 2017: https://www.laopinion.com.co/reportero-ciudadano/asi-fue-vista-una-caravana-de-contrabando-en-la-ocana-125948

[2] https://www.laopinion.com.co/judicial/balacera-cerca-al-puente-internacional-de-la-parada-138830

[3] Calculado con la tasa irregular que domina el mercado cambiario en la frontera para el día 11 de septiembre de 2017.

[4] Resolución externa Nº 8 del Banco de La República, promulgada en el año 2000 y con una reforma sustantiva en 2005, la cual es un instrumento de desregulación monetaria que permite –e incluso estimula- la especulación financiera y la legitimación de capitales.

[5] El conjunto de leyes irregulares que rigen el negocio del contrabando de combustible venezolano: Decreto 2195 de la Ley 681 de 2001 (mediante el cual ECOPETROL cede a terceros el negocio del combustible en la frontera con Venezuela); Decreto 4236 de 2004 (que permite la legalización del combustible de contrabando); Decreto especiales para regular el combustible de contrabando en departamentos fronterizos con Venezuela (2338, 2339, 3353, 4237 y 4238); Ley 1762 de 2015 (flexibiliza los estándares para determinar las mercancías como contrabando).

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