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Habla la delegación de paz del ELN:

“El tiempo de la paz tiene que ver con soluciones a los problemas de la sociedad”

Colombia | 8 de abril de 2016

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Caracas. 06 abril.- Colombia recibió con júbilo en anuncio de la fase pública de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional –ELN- y el Gobierno Nacional. En medio de este episodio histórico, Alba TV, Contagio Radio y Colombia Informa, conversaron con los voceros de la delegación de paz de esa guerrilla: los comandantes ‘Pablo Beltrán’ y ‘Antonio García’.

Nunca antes Colombia se había acercado tanto a conseguir la solución política del conflicto armado entre insurgencias y Gobierno. El anuncio de esta nueva mesa de conversaciones alimenta la esperanza para construir caminos hacia la paz y a propósito de las particularidades de la agenda, de los tiempos de la negociación, de las coincidencias con el proceso de La Habana y el papel de la sociedad en esta mesa de conversaciones conversamos tres medios alternativos de Colombia y Venezuela con dos comandantes de una de las guerrillas más históricas del mundo.

“Estamos pendientes de contribuir a las reflexiones sobre la paz y, sobre todo, a introducir nuevos elementos que vitalicen la participación de la sociedad en el proceso de diálogo”, manifestó Antonio García.

Frente al tema de la participación de la sociedad, ustedes han planteado una serie de mecanismos. En el acuerdo se habla de varias formas en las que podría participar la sociedad civil, ¿ustedes creen que hay tiempo si se va a firmar un acuerdo conjunto en 2016?

Antonio García: Si se requiere que se avance en la solución política del conflicto, lo fundamental es que haya tiempo para que la gente pueda formular interrogantes a los problemas que históricamente no se han resuelto. El tiempo de la paz necesariamente tiene que ver con trabajar soluciones a los problemas que la sociedad necesita. No es un tiempo cronológico o simplemente de números, de años o de meses, sino la búsqueda de la soluciones. En la medida que la sociedad pueda estructurar soluciones, que pueda discutir los problemas, que pueda crear un nuevo consenso en la búsqueda de soluciones que interpreten a la diversidad de Colombia, no solamente a una parte. El tiempo va a requerirse para estructurar soluciones, analizar los problemas y crear un nuevo consenso. ¿Cuánto tiempo nos lleve? Eso vamos a discutirlo en la primera etapa el proceso, donde se analice con la sociedad de qué manera van a participar, quiénes van a participar, en qué temáticas van a participar y sobre todo que podamos estructurar una lógica donde el proceso no lleve a desarrollar un gran diálogo nacional.

Justamente por eso, la guerrilla del ELN es histórica. Que ha tenido varios intentos de hablar de paz, de construir paz, de sentarse en un proceso, ustedes creen que ahora es el momento realmente en que un proceso de conversaciones puede generar esas condiciones de las que habla el comandante Antonio?

Pablo Beltrán: Nosotros estamos participando en estos procesos desde el año 91, 25 años. Cuál es la diferencia de este con procesos anteriores? Es más madura, eso es cierto. Ambas partes tenemos más conciencia de lo que es posible y de lo que no es posible. Somos más realistas. Qué problemas tiene en nuestro caso? 25 años de intentos de procesos de solución política también dejan muchas enseñanzas. Lo que nosotros vemos es que buena parte de las lecciones que se deben extraer de ahí, no se han sacado y la vida enseña que cuando uno aprende de los errores rectifica. Ese es un riesgo que tiene este proceso. Que si bien es más realista, todavía no ha terminado de interiorizar todo lo que fueron estos esfuerzos que en el caso de los compañeros de las FARC, son desde el año 84. Creemos que hay ese vacío.

¿Pero ahora sí? ¿Será el tiempo de la paz?

P.B.: La paz necesita voluntad política. A nosotros nos mandaron a explorar a ver si el régimen tiene voluntad política para la paz. Ese es el proceso que vamos a arrancar.

A.G.: El tiempo de la paz tiene que estar ligado, muy relacionado con el tiempo de las soluciones, de la implementación de los acuerdos. El acuerdo de la solución política no es la paz. Eso es hipotéticamente. Hay que ir a la realidad para ver si esos acuerdos se pueden implementar, que puedan incidir sobre la realidad y cambiar las circunstancias del conflicto. Y podemos decir que el tiempo de la paz ha llegado en la medida que hay una sincronía con la ejecución de los acuerdos. No es solamente la voluntad que se expresa en firmar un acuerdo sino en que ese acuerdo pueda tener la fuerza, la capacidad, la audiencia el consenso en la sociedad colombiana para cambiar el país. No es solamente que la insurgencia piense que país debe cambiar, o que el Gobierno piense que el país debe cambiar, sino que la sociedad debe tener la fuerza también para hacerse escuchar y poder incidir en la transformación.

Y como se ha dicho en otros escenarios, conocer de lo que se está hablando. Algunas personas dicen que el proceso de conversaciones de La Habana está muy alejado de la realidad de la gente, ¿cómo acercar ese proceso y este proceso a esa realidad, de tal manera que se puedan impulsar esos cambios sociales?

P.B.: Una de las experiencias que se extraen de proceso anteriores es esa. Para que estos procesos tengan éxito, hay que empoderar a la sociedad como sujeto protagónico e independiente de las partes que están en la mesa. Poner eso como una meta, como un requisito, justifica que hayamos determinado como primer punto de la agenda la participación. ¿Cómo lograr eso? El diseño no lo va a hacer el ELN ni el Gobierno, lo tiene que hacer la misma gente. ¿Cuál es punto de partida? El conjunto de la sociedad colombiana que se está movilizando por la paz. De ahí se parte para trascender más allá hacia los sectores que no están ni organizados, ni movilizados ni interesados en estos procesos. El punto de partida es un diseño muy preciso con esas organizaciones y en esa dirección.

Sin embargo, a muchos de esos procesos el Gobierno les ha incumplido, ¿cómo hacer que esos procesos de participación sean eficaces cuando, según dice la gente misma, no hay una voluntad política real de cambio por parte del Estado?

A.G.: Una solución política es el reconocimiento de que la sociedad vive un conflicto que lo ha llevado a la confrontación militar, quiere decir que no ha tenido la capacidad de tramitar correctamente los conflictos. Es un conflicto mayor producto de que la democracia no funciona bien. Se requiere de una gran reflexión: es la diferencia entre un pliego de peticiones y el reconocimiento de la incapacidad del Estado para tramitar los conflictos que tiene que irse a buscar el origen de la confrontación en las luchas del movimiento social y político, de los pueblos originarios, de los pueblos negros, de las mujeres.
Se requiere reconocer que en Colombia no hay democracia y se necesita una manera diferente de reconocer que en nuestro país hay pobres, marginados, trabajadores, desplazados, víctimas. Es de ese reconocimiento y de esa diversidad de donde nace un nuevo consenso. La solución política abre una tremenda posibilidad de generar un proceso democratizador.

¿Ustedes creen que con esta fase pública y por la vía política sí se va a lograr lo que en estos años no se ha conseguido con la confrontación armada?

P.B.: Este proceso es un experimento y una exploración. Los intentos anteriores no han sido tan claros. ¿Se acuerda de un proceso en el año 91? Se hizo una nueva Constitución, un pacto que lleva más de 30 ajustes en función de las transnacionales. Eso da una muestra de la voluntad política porque las constituciones son tratados de paz, para mencionar la inmediatamente anterior. Entonces si esta que viene va a tener éxito, lo va a dar el empoderamiento de la sociedad porque si estos procesos se quedan solamente en la mesa, no pasan de ser uno más. Pero si la gente lo retoma, será un proceso democratizador y por supuesto se abre una vía muy importante que de verdad va a aportar a que las cosas cambien.

Es decir, ¿constitución? ¿Constituyente?

A.G.: No es que en Colombia falte una constitución o una constituyente. Incluso muchas de las cosas que están en al constitución, si se aplicaran, no tendríamos tantos problemas. Hay que ver por qué mucha de la letra no se cumple. Tiene que ver en la manera de ver la política, las instituciones, cómo se orienta el tratamiento a los problemas de la sociedad. Muchas veces, para decirlo de una manera muy concreta, la medicina puede existir pero si no está el médico que identifique la enfermedad o que el paciente no tenga el dinero para comprarla o que la EPS le dé la cita para formularle la medicina… Eso es la constitución, la medicina, pero si no se aplica o depende de a quién se le aplica, ¿entonces?

En Colombia no hay ciudadanía. No todos tenemos los mismos derechos ni las mismas condiciones para acceder a ellos. No estamos ni siquiera en un Estado garantista porque no se reconocen las deficiencias en hacer efectivos los derechos de la sociedad. No es un Estado ni de derecho ni garantista entonces, ¿para qué una constitución si estamos fallando en lo básico?

¿Esta manera de entender el conflicto con el Estado se discutió ya en el ELN? ¿Fue la participación un punto de tensión en el V Congreso del ELN?

P.B.: Desde los años 90 en el ELN hemos dicho que hay que darle la voz a la sociedad. Se decía, la Convención Nacional para que identifiquen cuáles son los cambios que se requieren. Este ejercicio es continuidad de eso. Sin embargo, una cosa es enunciar una salida y otra es que ande. Miren cómo, de un tiempo para acá, se incrementaron los asesinatos y la persecución de líderes sociales, políticos y alternativos… Eso, como decimos en Colombia, ¿cómo se come?

Si estamos en una época de diálogos de paz y crece la persecución, ¿qué es lo dominante, la retórica de la paz o los hechos de persecución política? Ese es el momento en el que estamos…

Y es, sobre todo, lo que la gente ve como problema. El paramilitarismo tiene preocupado al país, ¿cómo entienden ustedes ese fenómeno y que plantean de entrada al respecto?

A.G.: El paramilitarismo para el ELN es una lógica creada por el Estado y enmarcada en una política internacional del Pentágono. Es la participación del Estado en el control sobre quien disienta de las políticas de Gobierno. Para eso, se desarrollan estructuras que encubren, que protegen al Estado y que aparentemente funcionan paralelamente a la institucionalidad pero responden a las directrices del Estado. Pero en Colombia eso se ligó tanto que llegó un punto en el que no se pudo diferenciar. Nosotros, en el campo de la confrontación militar, cuando atacábamos a los paramilitares resultábamos combatiendo con compañías o batallones del Ejército. No se pudo ocultar porque los paramilitares llegaron a tener helicópteros que eran aprovisionados por combustibles del propio Ejército colombiano. Los paramilitares se movían en una lógica de complementariedad en la confrontación militar con el Estado.
Ahora, que eso ya se haya superado, no lo creemos. Lo que ocurrió fue que el paramilitarismo se trasladó hacia adentro de las instituciones, lo que permitió posteriormente los falsos positivos. Ese es un reflejo de que el paramilitarismo está adentro. Es una manera de escaparse a la justicia para obedecer unas disposiciones políticas. En estos días están llamando a declarar al general Montoya porque es quien más exigía resultados. Él no pedía heridos, no pedía capturados: Pedía muertos.

Cuando se pierde el respeto en aras de los resultados en una organización militar es muy grave porque se pierde el honor, que es lo último que un militar puede perder. Uno debe mirar a su enemigo de frente, respetarlo, y saber cómo actuar en determinado momento: si se está en el campo de batalla, en un escenario de diálogo, en un contexto familiar o personal. Todo eso, los militares lo tenemos claro. Sin embargo, la ética del paramilitarismo se trasladó al Ejército.
Por otro lado, las directrices venían por el alto mando. El General Montoya no actuó en algunas unidades militares, también direccionó episodios como el de la Comuna 13 de Medellín, la Operación Orión, que se hizo con el mismo criterio del paramilitarismo aliado con bandas de la misma comuna.

Es un fenómeno que ahora va a ser muy difícil tratar y para eso se requiere que la sociedad participe, que identifique dónde está el tema del paramilitarismo porque hubo un momento en el que se dijo “esta guerra la ganó” pero, ¿dónde están los perdedores? Seis millones de desplazados, ahí está el registro de la guerra: ¿son ricos, son hacendados, son los grandes empresarios? No, la mayoría son pobres, huérfanos, mujeres. Ahí está el registro: una guerra orientada hacia un sector de la sociedad.

En los últimos días, el paro de las AGC dejó 17 víctimas. Unos mencionados en panfletos, otros amenazados. Este es un fenómeno vivo, no solamente se ha dedicado al control social, está matando gente. ¿A ustedes les preocupa eso de cara al proceso?

P.B.: Los paramilitares están aliados con los sectores de ultraderecha que no quieren los procesos de paz. Sin embargo, el Gobierno niega la existencia de estos grupos, dice que ya no existe el paramilitarismo, que son bandas. La realidad demuestra que sí existen, que sí tienen relaciones con el Estado, pero insisten en que solo son ‘manzanas podridas’. Aseguran que no es una decisión del Estado la guerra sucia, que se trata de casos aislados de personajes que se extralimitaron en sus funciones. Si los que desataron al guerra sucia no reconoce que son los responsables, ¿el futuro cuál es? ¡Que lo sigan haciendo!
La discusión sobre justicia tiene que ver con eso, con asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido, por lo que está ocurriendo, ¿sí o no? Nosotros, como guerrilla, las vamos a asumir pero lo que vemos del Gobierno es que no, que ellos individualizan los casos pero como Estado, como régimen, no lo quieren a asumir.
¿Qué piensan de que la Oficina del Valle de Aburrá haya manifestado su disposición para dialogar con el Gobierno?
A.G.: Diálogo siempre han tenido. Que lo vayan a legalizar ahora, es otra cosa. Diferentes instituciones del Gobierno han estado conectadas con el fenómeno de violencia contra las comunidades. Sería bueno que, en el ejercicio que se haga con las víctimas, se pudiera establecer un registro de los hechos que aclare de dónde vienen las responsabilidades porque en muchos casos las acciones de los paramilitares se hicieron a escasos metros de las bases militares o de Policía. Entonces, ¿qué pasó con el compromiso del Estado de proteger a la sociedad?
Ausencia de Estado, como ocurrió en muchas masacres de los paramilitares y como todavía ocurre, que las autoridades no dicen nada.

Hablando del tema de la justicia, existe un controvertido acuerdo al respecto construido en el proceso de La Habana, ¿qué piensan de la jurisdicción especial para la paz? ¿Puede servir para el ELN?

P.B.: Sobre lo que se ha trabajado en La Habana, nosotros decimos que son acuerdos que se han hecho allá. Por supuesto, que si el Gobierno quiere llevar los conceptos o el modelo que se ha trabajado allá a esta negociación, nosotros no tenemos problema.
No obstante, creemos que es imposible que haya justicia si no hay verdad. ¿Las clases dominantes tienen disposición de reconocer la verdad del conflicto o va a ser solo el cuento de las ‘manzanas podridas’? Ese es el corazón del problema porque sin verdad, no hay reparación ni garantías de no repetición.

Esa es la discusión cuando en el punto de víctimas hablamos del tema de no olvido. Hay que hacer memoria, estos pueblos necesitan memoria colectiva e historias comunes. En ese sentido, ese es un punto que vamos a tocar en el diálogo sobre víctimas, acá debe haber verdad histórica, no es un asunto solo de académicos. Muy bueno que los historiadores ayuden pero, ¿somos capaces los colombianos de tener una historia común del conflicto o cada uno va a hacer su historia por aparte?

Y entonces ¿cómo se hace para construir la memoria histórica, para desenterrar la verdad?

A.G.: En el caso del ELN hacemos una precisión. Una cosa es el tema de las víctimas y otra, muy diferente, la situación jurídica de nuestros integrantes. Porque a veces se quiere relacionar la justicia como si la insurgencia fuera una ‘fábrica de victimarios’ y nosotros no estamos acá para negociar eso. El ELN tiene una condición de ser un movimiento alzado en armas y va a negociar con el Gobierno colombiano cómo va a ser la nueva situación jurídica del ELN y sus integrantes para hacer la política legal.
Ya, el tema de justicia, será abordado por la comunidad de víctimas. Eso no es con el ELN. Vamos a contribuir para que ese tema sea tratado por los afectados, ¿cómo va a ser el mismo Estado, quien se hizo ausente para proteger a la sociedad y para aplicar la justicia cuando se violó, el que la aplique ahora?

Se trata de reconstruir los hechos, que es la verdad histórica, lo que nos debe llevar a la verdad jurídica. Establecimiento de responsabilidades, qué fue lo que pasó. De ahí va a nacer una justicia que esté fundamentada en la historia, no como hechos individuales ni perdones individuales sino como lógicas colectivas: qué se afectó en la comunidad, en su proyecto social, en su proyecto político, con ese líder, con esa comunidad. Se desbarató una historia y en muchas partes hasta la geografía y el modelo económico se afectaron.

Por todo lo que mencionan surge la necesidad de hablar de Estado Unidos, ¿cuál es el papel de Estado Unidos, su responsabilidad en este conflicto?

P.B.: Frank Pearl mencionó en la rueda de prensa de la delegación de paz del Gobierno: “vamos ganando esta guerra”

Es decir, ¿Estados Unidos es parte de la guerra o del equipo ganador?
En una publicación del Washintong Post del mes de diciembre de 2013, en la que el Pentágono comenta que las FARC están negociando porque ‘hicimos’ la guerra. Y no lo digo yo, lo dice Estados Unidos: “la guerrilla está sentada gracias al diseño de guerra que aplicamos”. Ellos hacen la guerra para qué. Por ejemplo, ¿cuál es el departamento que tiene más tierra productiva en el país? El Vichada. ¿Cuál fue el modelo de guerra en este territorio? De paramilitarismo, de descomposición del tejido social y comunitario indígena, de disgregación de la organización social de los indígenas. ¿Después qué vino? Las Zidres que piden la entrega de la altillanura a las multinacionales del agronegocio.

¿Todo eso es una coincidencia? No, son etapas del mismo plan. El despojo de las comunidades afro en el Bajo Atrato lo motivó la constitución de grandes empresas para la producción de palma aceitera. Primero vino el paramilitarismo, la expulsión de las comunidades negras, el apropiamiento de los paramilitares de esas tierras, vendérselas al agronegocio, asociarse al capital extranjero y hoy existe una mezcla entre ese capital y los testaferros de los paramilitares que expulsaron a las comunidades negras. Ese modelo es la prueba de que primero viene la guerra sucia, toda la destrucción del tejido social y luego los grandes proyectos de palma aceitera, de caucho, de cacao: del agronegocio.

Es decir, ¿hay una responsabilidad de Estados Unidos en todo eso?

A.G.: Lo que termina de decir Pablo es muy importante porque en el fenómeno que analizamos confluyen varios elementos. Uno, el narcotráfico que fue introducido para comprometer a la población en la siembra. Después se introdujo el paramilitarismo en las zonas de cultivo y de ahí mismo se financió. Tercero, el diseño militar: hubo una gran reestructuración que terminó de hacerse en 2003 y sigue. Luego viene el modelo neoliberal y dentro de ese contexto la lógica norteamericana.

Son fenómenos que a veces se los mira de manera diferenciada pero nosotros en los territorios lo hemos visto de una manera muy palpable. Se monta el narcotráfico y con eso se ilegaliza a la población, al campesino. Si él no acaba el cultivo, viene la Fiscalía a amenazarlo y si tiene una relación con el movimiento campesino, peor. O al paramilitar tenía que venderle la producción el campesino. Sobre ese diseño se monta la estructura actual de las Fuerzas de Tarea, de las Divisiones, de los Comandos Operativos Conjuntos y el modelo neoliberal que tiene que ver con el monocultivo y las transnacionales mineroenergéticas.

P.B.: Un funcionario del Gobierno de Estados Unidos saludó la constitución de esta mesa de diálogo. Eso está muy bien. El ELN quisiera que ese saludo fuera un llamado a que Estados Unidos no solamente diga ahora que está de acuerdo con la paz de Colombia sino que no vuelva a impulsar el proyecto de guerra como lo ha hecho en el país.

Ahora bien, ¿qué implica hacer este anuncio en Venezuela, teniendo en cuenta la situación de guerra económica?

Es Venezuela, aun en medio de sus dificultades políticas internas, la que ha promovido el proceso de paz en Colombia. Gracias al presidente Chávez, las FARC iniciaron un proceso de diálogo con Álvaro Uribe que hoy sigue en La Habana. También gracias a él empezamos diálogos exploratorios con Santos, en la sede de la cancillería en Caracas.

En América Latina está cambiando el panorama. Vuelve la derecha a Argentina, difícil la situación en Bolivia y Brasil, complicada en Ecuador ¿Qué decirle a esa izquierda?

La lucha contra el colonialismo es ardua. Hoy Estados Unidos da un pie atrás en el norte de África y Medio Oriente, lo que implica que van a cuidar más su ‘patio trasero’. Hace poco, Obama en su visita en Argentina afirmó: “vengo a apoyar esta transición”.

¿A qué se refería Obama? A revertir todas las medidas progresistas y democráticas, en eso están concentrados. El capital financiero no considera que sus ganancias en Brasil sean suficientes y si el gobierno de Dilma sigue en función de regularlo, van a insistir en el golpe, van a conspirar para derrocarlo. La transición de Obama es revertir los avances de la última década.

Nuestros campesinos dicen que llueve y escampa. Y los pueblos luchan. Fíjese en la cultura política del pueblo argentino: El 24 de marzo salieron a la calle a 40 años de la dictadura, 700 mil personas, le dijeron a Obama que no lo querían allí. Puede haber un gobierno funcional a los Estados Unidos, pero hay un pueblo educado y movilizado que no va a permitir que se echen atrás los logros de los procesos democráticos.
Así, la conversación versó sobre diferentes aspectos, todos muy importantes para la construcción de una paz estable y duradera. Hasta el momento el país espera conocer cómo será el desarrollo concreto de los ciclos de diálogo pero, sobre todo, cuáles serán los caminos para que la sociedad pueda participar de las transformaciones necesarias para llegar a lo que los negociadores entrevistados llamaron “un nuevo consenso nacional”.

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