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Banco de Guayaquil figura en la lista

Empresarios y banqueros también se beneficiaron de la sucretización

Ecuador | 19 de marzo de 2017

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El feriado bancario y el congelamiento de depósitos en Ecuador fue el peor atraco pero no el único. En 1983, el gobierno democratacristiano de Oswaldo Hurtado, quien ahora apoya al candidato presidencial de derecha Guillermo Lasso, aprobó la sucretización como medida de auxilio para rescatar a grupos empresariales privados que se hallaban sobreendeudados.

Mediante Decreto Ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983, el gobierno dispuso que el Banco Central del Ecuador asumiera la deuda externa que mantenían los grandes empresarios con la banca privada internacional. Esas deudas millonarias que alcanzaban el 25% del total de la Deuda Externa pasaron a manos del BCE causando un perjuicio Estado de 4.462 millones de dólares.

Entre los “mayores beneficiarios” de la sucretización, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, señala a empresas como Mavesa, Banco del Pacífico, Industrias Artepráctico, Banco de Guayaquil, Continental, Progreso, Amazonas, Cofiec, Pichincha, entre otras.

Las personas naturales que obtuvieron beneficios de esa operación, entre otras fueron: Fernando Aspiazu (expropietario del Banco del Progreso), Gonzalo Córdova Galarza, Ricardo Crespo, Washington Bonilla. Los exministros Roberto Dunn Barreiro y Raúl Baca Carbo, el exvicepresidente Alberto Dahik, entre otros, según un informe de la Comisión.

El BCE consolidó las deudas de todo el sector privado, asumió nueva deuda con el sistema financiero internacional, firmó el Acuerdo de Consolidación y se comprometió a pagar desde 1988. Pero, además, el BCE convirtió a sucres (la moneda de curso las deudas en dólares que había contraído el sector empresarial privado, con lo cual el Estado asumió el pago en dólares con el consecuente incremento de la deuda externa hasta superar los 1.300 millones de dólares.

“Los beneficios otorgados al sector privado fueron ampliados en 1984 y 1985 por disposiciones de la Junta Monetaria, sin autorización legal del Ejecutivo. La falta de control fue una puerta abierta para que pudieran sucretizarse créditos ficticios y créditos irrecuperables”, señala un informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.

La deuda externa acumulada por el sector privado estaba respaldada por el sistema financiero. El Estado entonces debió salir a salvar no solo a los empresarios que no pudieron pagar sus deudas sino al sistema financiero que corría el riesgo de asumir esas deudas por las garantías y por tanto caer en iliquidez. Se trató del primero salvataje bancario.

Con el decreto más la Regulación 101-83 de la Junta Monetaria, el entonces ministro de Finanzas, Pedro Pinto, (exvicepresidente de Gustavo Noboa) y el gerente general del BCE, Abelardo Pachano, expresidente ejecutivo de Produbanco, suscribieron varios convenios de refinanciamiento.

De acuerdo con el informe de la Comisión Auditora, esta operación fue uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de su política neoliberal y para concretar la firma de las denominadas cartas de intención que permitían el apoyo financiero para Ecuador.

En el marco de la política neoliberal, con el fin de aliviar el peso de la deuda, el gobierno dispuso el incremento del precio de los combustibles y devaluó la moneda en varias ocasiones afectando a los sectores más pobres. Las minidevaluaciones llevaron a que el sucre perdiera el 40% de su valor.

Un año más tarde, en 1984, el presidente León Febres Cordero, a través de la Junta Monetaria (JM), expidió la Regulación No. 201-84 del 15 de octubre de 1984, que “extiende aún más las ventajosas condiciones de pago de la deuda externa sucretizada” y amplía los plazos de pago de 3 a 7 años, aumenta el período de gracia 18 meses a 54 meses y congeló la comisión de riesgo cambiario, según el informe de la Comisión Auditora.

“Los beneficios otorgados al sector privado fueron ampliados en 1984 y 1985 por disposiciones de la Junta Monetaria. La falta de control fue una puerta abierta para que pudieran sucretizarse créditos ficticios y créditos irrecuperables”, señala el informe

Otro elemento es la reglamentación de la JM durante el gobierno de Febres Cordero que permitió la Compensación, Capitalización y Conversión de la deuda, con los cual el sector privado adquirió deuda ecuatoriana en el mercado secundario a precios que fluctuaban entre el 30% y 40%, y luego la vendían al BCE.

En el año 2005, Febres Cordero justificó su decisión: “Cuando en 1983 autoricé a la Junta Monetaria que aprobara la sucretización de la deuda externa contratada por la empresa privada, para salvarla de la quiebra, mantener puestos de trabajo y evitar el colapso del sistema financiero, dispuse que se protegiera al Banco Central frente al riesgo crediticio que asumiría”, según una carta publicada en diario El Universo.

Estas medidas aseguraron el patrimonio de los banqueros y evitaba que perdieran. El informe de la Comisión detalla que desde 1984 hasta 1994 el stock de la deuda sucretizada subió de $ 1.371 millones a $1.569 millones. Al incluir pagos por capital más interés el monto llegó a $ 1.327,7 millones (suma correspondiente al 93% de la deuda sucretizada original).

El diferencial cambiario se calculó en $ 1.557,10 millones, con lo que el monto global de la sucretización bordó los 4.500 millones de dólares.


Fuente: Andes

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