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Continúan intentos de desestabilización por parte de la oposición

Evo Morales pausa por un año aplicación del Código Penal

Bolivia | 20 de enero de 2018

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La derecha boliviana ha intentado boicotear durante más de un decenio al gobierno del presidente Evo Morales y su decisión de abrir un espacio de debate sobre el Código del Sistema Penal en realidad ha servido de pretexto para un debate político centrado en su participación en las próximas elecciones generales de 2019.

El presidente Morales anunció su decisión de congelar por un año la aplicación del nuevo Código Penal para divulgar su contenido, en medio de protestas por la controversial norma que atribuyó a una conspiración contra su gobierno. Lo cierto es que el polémico código no está en proceso de aplicación, pese a que fue aprobada por el Congreso de mayoría oficialista y promulgada por el mandatario a finales del año pasado.

La decisión presidencial intenta frenar una creciente agitación social y desestabilización política, en momentos en que varias regiones del país se planean huelgas contra la aplicación del código. Ya no hay más pretexto para seguir agitando el país, pero se sigue agitando, muchas personas sin conocer el nuevo código lo rechazan y salen a protestar movidos por informaciones manipuladas por la prensa hegemónica, por mentiras tendenciosas y por prejuicios raciales.

En Bolivia no hay convulsión social, lo que hay es una conspiración de grupos de la derecha contra la revolución democrática cultural, insistió Morales, quien consideró que este no es un problema por el código penal, es un asunto político.

Susana Rivero, legisladora del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, denunció que la derecha quiere volver al poder y por eso recurre a las trampas y mentiras sobre el nuevo Código del Sistema Penal para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales.

Explicó que el nuevo código pretende una transformación estructural de la justicia para que sea accesible a todos, no sólo a quienes tienen dinero: elimina la retardación y otros males del pasado, precisó. Sin embargo, advirtió que hay antiguos representantes de administraciones neoliberales que no están de acuerdo con el Gobierno, ni con la repostulación presidencial, y distorsionan la realidad para generar malestar.

Nos damos plazo de un año para debatir los artículos cuestionados por movimientos sociales, grupos de profesionales o de cualquier sector social, explicó Morales, quien dijo que también la Asamblea (legislativa) puede equivocarse: si se demuestra que un artículo afecta a una organización, a un sector, a profesionales, vamos a modificarlo, en tanto, el código todavía no está en proceso de aplicación, señaló.

La Iglesia católica se sumó a la oposición derechista y entró en el debate, señalando que la norma criminaliza el derecho a la protesta ciudadana, despenaliza el microtráfico, pone en entredicho la libertad de expresión, introduce control en las redes sociales, atenta contra la libertad religiosa y deroga artículos contra las ganancias ilícitas y los daños lesivos contra el Estado.

La prensa hegemónica dice que el gobierno sataniza la labor de los médicos, cuando en realidad le pone atenuantes a la mala praxis que carece el actual código penal (sancionado por el dictador Hugo Banzer); que no se penaliza el microtráfico de drogas, pero el código señala que cuando alguien trafique menos de 100 gramos tiene castigo, aunque con un tratamiento diferente.

La derecha vocifera que se persigue la práctica religiosa, cuando lo que se hace es proteger a niños y adolescentes del tráfico de persona, que se atenta a la libertad de expresión, cuando simplemente hace una actualización y señala que “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”.

Lo cierto es que todos estos puntos ya existen en el actual sistema jurídico boliviano. Por ejemplo, la sanción a la mala práxis de los médicos (pero sin salvedades); la sanción por calumnias e injurias, respecto al tema comunicacional, y la sanción por atribuirse los derechos del pueblo o por sedición, respecto a las movilizaciones sociales.

Por las redes sociales y medios de prensa se busca generar un estado de nerviosismo y paranoia, que podría llevar a la convulsión social, difundiendo falsedades como la suba del precio o el desabastecimiento de la gasolina, e incluso que aviones de combate chilenos habrían invadido Bolivia. Falsedad total.

La escalada desestabilizadora se rearmó después del paro de los médicos en demanda de la derogación del artículo 205 que sancionaba la mala praxis, cuando otros sectores sociales se movilizaron para pedir la abrogación del código del sistema penal y 15 diputados de la oposición se declararon en huelga de hambre, una situación que se da cada vez que el gobierno ha querido profundizar la democracia, afirmó Rivero.

Cuando se luchaba por una asamblea constituyente donde se reconociera que todos tenían los mismos derechos, se originó el golpe cívico prefectural, el que estuvo a punto de dividir el país y cuando se hizo una reforma para que las mujeres, los campesinos y pueblos indígenas tuvieran derecho a la tierra, hubo bloqueos y sabotajes económicos.

Hoy, cuando se quiere profundizar y democratizar la justicia, ocurren de nuevo sabotajes, infamias y mentiras, señaló Rivero, para quien es reflejo de las dos visiones de país existentes en Bolivia: los que piensan en las grandes mayorías y los que quieren volver a gobernar, pero no tienen una propuesta y por eso recurren a trampas y mentiras.


Fuente: Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
Por Sullkata M. Quilla

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