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Vía Campesina convoca semana de movilización

Exigen a la ONU legislación para que Transnacionales respeten Derechos Humanos

Internacional | 23 de octubre de 2017

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Movimientos, organizaciones sociales, comunidades afectadas por empresas transnacionales que operan en sus territorios, se manifestarán en Ginebra, Suiza, del 23 al 26 de octubre por el establecimiento de un tratado que imponga obligaciones internacionales, tanto a los Estados como a las empresas, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las comunidades, colectivos y personas que han sufrido la violación de Derechos Humanos por parte de las transnacionales.

Esta jornada se enmarca en la Semana de Movilización de los Pueblos, que a su vez coincide con la Tercera Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental que tiene el mandato de desarrollar un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para las Empresas transnacionales y otras empresas en materia de respeto de los Derechos Humanos.

Mientras las empresas transnacionales, sus asociaciones y muchos gobiernos a las que ellas favorecen a través de donaciones de campaña electoral, o de los cuales se han directamente apropiado por vías lícitas y muchas veces ilícitas a través de diversas formas de corrupción y favores, o a los que chantajean con la promesa de inversiones (o del retiro de las mismas), mientras ese grupo promueve medidas de responsabilidad social corporativa, o planes nacionales de acción inspirados en los principios rectores de Ruggie para hacer de cuenta que se preocupan de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas en países del norte, pero fundamentalmente del Sur Global, un grupo de Estados apoyados por organizaciones, redes y movimientos sociales de todo el mundo trabajan para la construcción de un tratado que acabe con la impunidad de las empresas Transnacionales.

El Tratado vinculante a nivel de las Naciones Unidas es uno de los pequeños frenos que los pueblos podemos imponerle a la impunidad de las transnacionales. El imperio de la desregulación salvaje que la globalización neoliberal impuso en los últimos 30 años al mundo, dejó a las personas y comunidades desprotegidas y disminuyó – casi a cero en muchos lugares – sus derechos más elementales, al mismo tiempo que fue erigida una poderosa arquitectura de la impunidad para blindar las operaciones de los inversionistas (tratados de libre comercio, de protección de inversiones, mecanismos de resolución de controversias inversionista-Estado, entre otros).

Abrir una brecha para defender los derechos laborales en las “cadenas globales de suministro” o en los enormes flujos de aquellos que constituyen el eslabón más frágil de la mano de obra global, los migrantes y refugiados; para garantizar el derecho humano a los medicamentos y la salud que las patentes y la privatización de los sistemas de protección social impiden; crear mecanismos eficientes para la protección de la vida de la/os luchadora/es sociales amenazada por sicarios de las empresas y el acceso a la justicia y la protección para los que ya han sido víctimas de los mismos; un camino que contribuya a la defensa de las condiciones de vida y los derechos de las comunidades rurales, indígenas y campesinas, del medio ambiente e incluso del clima y que penalice a las empresas y los estados que no las respeten.

La vigencia de los derechos humanos puede equilibrar el campo de juego en materia de comercio e inversión internacional – haciendo que ningún acuerdo internacional amenace su plena realización –; del mismo modo, y dada la importancia de los estados nacionales para la protección de los derechos humanos, luchamos para que un tratado como este impugne aquellos mecanismos perversos del capitalismo global tales como los paraísos fiscales, los acuerdos de doble tributación y la evasión fiscal, la concentración y desregulación financiera, las deudas – más aún las ilegitimas! – que han dejado las finanzas nacionales exhaustas e impiden a los estados cumplir con sus obligación mínima de proteger los derechos de las personas; garantizar el usufructo del derecho a la identidad sexual y la igualdad de género en relación a la discriminación y violencia perpetrada al interior de las redes que conforman las empresas transnacionales puede ser también una conquista si este tratado entra en fase de negociación.


JC/AlbaTv/2017
Con información de Vía Campesina

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