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Familiares de Berta Cáceres denuncian irregularidades en investigaciones

Honduras | 12 de mayo de 2016

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A dos meses del asesinato de Berta Cáceres, mujer, madre, hija, luchadora indígena y defensora de los derechos medioambientales, el Ministerio Público de Honduras y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), capturaron a los presuntos responsables del acto que silenció finalmente la voz de la líder indígena, luego continuas amenazas, persecución y otros intentos de asesinato contra ella, su familia y compañeros de lucha.

Sus familiares y representantes legales, no fueron alertados ante esa importante noticia; por el contrario, tuvieron conocimiento de lo sucedido a través de la prensa.

En esas acciones resultaron detenidos Edilson Duarte Meza (ejecutor), Sergio Rodríguez (gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S. A.), Mariano
Díaz Chávez, (instructor de la Policía Militar del Orden Público y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo, (teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y quien fuera subjefe de seguridad de la misma empresa DESA) y Emerson Eusebio Duarte Meza. Henry Javier Hernández se encuentra prófugo de la justicia.

Sin embargo, algunas irregularidades en este proceso han sido denunciadas por familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Los representantes legales de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres han intentado hacer valer su derecho legal dispuesto en las leyes hondureñas, y acceder y/o conocer los pormenores de las investigaciones del caso. Han acudido reiterativamente a las instancias correspondientes, y tales informaciones han sido negadas.

Finalmente, el día de la audiencia de acusación a los presuntos asesinos de Cáceres efectuada el pasado 6 de mayo, se pudo conocer en detalle de los delitos imputados por el Ministerio Público.

De acuerdo a la documentación dispuesta en el expediente presentado ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, se muestra que hay indicios suficientes que señalan el asesinato de Berta Cáceres como consecuencia de su lucha contra la construcción del proyecto Agua Zarca, a cargo de la empresa Desa; sin embargo, estos hallazgos no son suficientes para identificar a todas las partes que actuaron activamente en este vil asesinato, pues sólo señalan a los autores materiales y no intelectuales.

Es importante destacar que luego de ser emitida la resolución judicial, el proyecto Agua Zarca, emitió un escrito para desconocer la decisión judicial, advirtiendo que “confía en que la justicia llegará a los verdaderos culpables de este lamentable suceso”.

Familiares de Berta piden justicia

De acuerdo a comunicado suscrito el 10 de mayo del presente año por Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúniga Cáceres, Austra Bertha Flores y Copinh, acompañados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, surgen las siguientes inquietudes:

-  No hay exhaustividad en la investigación, ya que no se ha indagado la posible vinculación de otros miembros del ejército, ni la responsabilidad institucional de este cuerpo de seguridad en los hechos, ni sobre participación y/o la responsabilidad de los directivos o grupos económicos que conforman la empresa Desa.

-  No hay individualización de acciones, es decir, no se individualizan responsabilidades de los imputados y se hacen aseveraciones generales como grupo delictivo.

-  Prueba ausente, es decir, no hay constancia de confesión del asesinato por parte de los detenidos, lo cual difiere de las declaraciones efectuadas por las autoridades en diversos medios de comunicación.

-  Revictimización y falta de acceso a la información, ya que se han realizado nuevos intentos para acceder a la información dispuesta en el expediente y tales solicitudes han sido negadas, excluyendo a una de las partes (las víctimas) del conocimiento de nuevos avances en la investigación.

En tal sentido, las hijas, hijo, madre y demás allegados a la compañera Berta Cáceres, solicitan que se haga justicia y que se sepa la verdad de su asesinato, y que el Estado de Honduras permita la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las investigaciones para garantizar imparcialidad y que los verdaderos culpables respondan por su crimen.

También requieren la implementación de medidas de protección integral que eviten la continuas amenazas a las que son sometidos todos quienes hacen parte de las luchas por la que fue asesinada Berta.

A pesar de las continuas acciones de amedrentamiento, Berta nunca detuvo su trabajo por los pueblos; mantuvo su compromiso y su solidaridad hasta su último respiro.

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