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Por Bruno Sgarzini

Guatemala: un laboratorio judicial para la exportación

Guatemala | 18 de septiembre de 2017

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Breve historia de un laboratorio

A principios de 1980, la dictadura de Ríos Montt masacró a 75 mil personas en menos de 18 meses en las áreas rurales e indígenas consideradas como zonas de influencia del movimiento guerrillero. En estos poblados se eliminó cualquier tipo de oposición local y se estableció una autoridad única de gobierno bajo la forma de comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, integrada por los hombres que sobrevivieron a estas masacres y fueron obligados a sumarse a ellas.

Uno de estos poblados fue el de San Bartolo, donde dos décadas después se conoció que uno de los elementos constitutivos de esta estrategia fue la esclavización sexual de las mujeres de estas comunidades. Con especial saña se las obligaba a prostituirse con los soldados y miembros de las unidades paramilitares, o directamente se involucraba a todos los hombres de estos pueblos en violaciones masivas en iglesias y escuelas a la vista de todos, entre muchas otras atrocidades documentadas por las investigadoras Matilde González y Stephanie Kron en El Negocio de la Guerra.

Este experimento de reingeniería social en estas áreas sirvió para quebrar moralmente a todos los integrantes de estas comunidades al transformarlos en victimarios y ubicarlos automáticamente en un bando por la fuerza, de acuerdo a estas investigadoras que recogieron testimonios de muchas de las afectadas que al día de hoy viven con muchos de los militares y civiles que tiempo antes fueron sus violadores.

El macabro laboratorio de San Bartolo no fue un caso aislado en la guerra sucia en Guatemala, sino que formó parte de una serie de estrategias que fueron probadas por Estados Unidos en este país, después del golpe al presidente Jacobo Árbenz en 1954. Muchas de las cuales luego fueron aplicadas sistemáticamente en el resto del continente durante las dictaduras militares que gobernaron por varias décadas la región.

Radiografía regional de un nuevo ensayo

En 2017, en América Latina no existe la doctrina del enemigo interno, ni una guerra contra el comunismo, ni el poder militar como la principal estructura de ocupación por parte de Estados Unidos en la región. Este paradigma de intervención se modificó sustancialmente y las formas de aproximación indirecta fueron sustituidas, en parte, por la formación de un ejército de técnicos ubicados en áreas estratégicas que puedan afectar la acción del Estado, como el Ministerio Público, las policías federales, los servicios de inteligencia y el poder judicial.

Los programas Umbral y Puentes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) son los mejores ejemplos para graficar esta nueva estrategia. El primero fue clave en formar a técnicos en estas áreas que posibilitaron el golpe a Fernando Lugo en Paraguay, mientras que el segundo hizo lo mismo en Brasil con el juez Sergio Moro como figura clave para la caída de Dilma Rousseff y la judicialización de toda la clase política-empresarial del país, bajo la figura de la "lucha contra la corrupción".

Guatemala, en ese sentido, es un laboratorio judicial regional donde se ensaya la puesta en marcha de un envase político que institucionalice a la justicia como un árbitro de la política interna, como antes sucedía con el poder militar durante los años 60, 70 y 80. Desde esta perspectiva, es que se dimensiona el apoyo del Departamento de Estado al mandato de la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, totalmente financiada por Estados Unidos.

Dado que el mandato de la Cicig se encuentra apuntado a instalar en el país una estructura de jueces, fiscales y procuradores, formados por esta matriz de pensamiento, que dependa de una instancia supranacional para que pueda avanzar en luchar contra la corrupción de los mismos políticos, que unos años antes fueron el brazo ejecutor de la guerra sucia en Guatemala con hechos tan macabros como el de las mujeres de San Bartolo.

La función del Ministerio Público y la justicia como un cuerpo

Bajo el programa Seguridad y Reforma Judicial, la Usaid financió 22 millones de dólares al Ministerio Público de Guatemala entre 2011 y 2016. En ese lapso, la Fiscal General de la República, Thelma Aldana, se convirtió en la responsable judicial de movilizar en el país el expediente armado por la Cicig, que en 2015 llevó a gran parte del gabinete presidencial a la cárcel y al presidente Otto Pérez Molina a renunciar después de una ola de movilizaciones en su contra por estar implicado en una red de sobornos denominada La Línea.

Desde la puesta en marcha de la Cicig en 2006, la Usaid destinó 111 millones de dólares en el "Desarrollo de la Justicia" con especial énfasis en organizaciones anticorrupción y una amplia gama de ONGs de "participación ciudadana". Lo que le permitió construir una red de aliados en la justicia guatemalteca y sectores académicos y comunicacionales, que fueron claves para convertir la agenda de la Cicig en parte de las demandas de gran parte de los guatemaltecos, como Misión Verdad describió en abril de este año.


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