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Por Luis Salas

¿Hay vida después de un default?

Venezuela | 10 de noviembre de 2017

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La amenaza del default pende desde hace rato como una espada sobre el cuello del país. Desde un lado se nos dice que de llegar ese momento –es decir, de Venezuela declararse oficialmente en situación de no poder o no querer seguir pagando los compromisos adquiridos– todo lo que está mal actualmente en la economía nacional empeorará, al tiempo de que sería lo único que falta para que nuestro país sea declarado oficialmente como un Estado fallido necesitado de intervención internacional.

Mientras tanto, del otro lado, se nos venía diciendo que ese peligro no era tal, pues Venezuela es un país responsable que no solo honra sus compromisos, sino que hasta demuestra voluntad entusiasta a la hora de hacerlo: en cuatro años el Estado venezolano ha pagado “religiosamente” más de 70 mil millones de dólares. Se nos asegura también que la amenaza de default es parte del plan conspirativo contra el país, una herramienta usada por los sicarios financieros para cerrarnos aún más los mercados internacionales y encarecernos el crédito. La evidencia de esto es lo que ha venido ocurriendo con el llamado Riesgo País: tenemos el más alto del mundo, que las calificadoras de riesgo suben el día después de cada pago cumplido a tiempo.

Pero este doble relato se alteró a partir del pasado 2 de noviembre, cuando el presidente Maduro anunció en cadena nacional un llamado a reestructuración y refinanciamiento de la deuda externa del país. Lo hizo al mismo momento de anunciar el pago del bono PDVSA 2017 por un monto de 1.1 mil millones de dólares. De tal suerte, ¿se cumple la profecía oposicionista o estamos a las puertas de otra cosa?

Desde el punto de vista técnico, como comentamos en nuestro más reciente editorial, el presidente no hizo una declaratoria de default. De hecho, reafirmó una vez más su voluntad de seguir pagando, pero que quería replantear las condiciones de dicho pago. Para ello utilizó los términos “reestructuración y refinanciamiento”, que como también explicamos no son sinónimos: el refinanciamiento requiere un acuerdo de partes, mientras que la reestructuración suele ser unilateral e impuesta por el deudor, lo que no implica que el acreedor no tenga alternativas para presionar o ejecutar los pagos pendientes. Ahora, como quiera que sea, lo cierto es que la interpretación impuesta por la gran prensa es la de una declaratoria implícita de default. Lo que sumado al marco actual de sanciones por parte del Departamento del Tesoro norteamericano, supondría que se nos viene la parte más negra de la noche.

A este respecto, valga aclarar que la actuación de las calificadoras de riesgo en cuanto a la manipulación del Riesgo País azuzando la amenaza del default, tiene tanta lógica económica como lógica económica tiene la manipulación especulativa del tipo de cambio paralelo. Es decir, desde el lado del chavismo se nos ha venido repitiendo que ambas manipulaciones son erradas porque no se corresponden con variables “reales” de la economía: la del Riesgo no se corresponde con el hecho de que Venezuela viene pagando sin falta y aún en contra de los sabotajes de los bancos operadores; mientras que la del tipo de cambio paralelo-ilegal no se corresponde ni con el nivel de reservas, ni con los precios del petróleo, ni con el nivel de liquidez monetaria, etc. Sin embargo, esta es una visión estrecha del asunto, no solo por el hecho bastante obvio de que, por definición, toda especulación no se basa en parámetros realistas, se basa en la especulación sobre lo que puede ocurrir o no con dichos parámetros (es decir, si fuera realista no fuera especulación), sino además porque, en el caso concreto que nos ocupa, el de la deuda, la intención de disparar el Riesgo País tiene el propósito manifiesto y claro de hacernos pagar más. Es decir: el Riesgo País no lo manipulan porque temen que Venezuela no vaya a pagar, sino porque saben que paga y que dada la necesidad financiera en que se encuentra más el cerco en que le tienen, le obligan a pagar más. E inclusive, que puede llegar a rematar activos para cumplir los compromisos de importaciones o deudas de vencimiento inmediato, tal y como ocurrió con el polémico caso de los bonos de PDVSA comprados por Goldman Sachs.

A todas estas, por más que sea cierto que operaciones y negociaciones de este tipo no tienen por qué hacerse de manera totalmente pública, también lo es que cualquier estimación de las implicaciones de lo que puede ocurrir se complica por el hecho de que información que debería ser del conocimiento de todos los venezolanos y venezolanas, no lo es. Puede argumentar a este respecto, no sin razón, que estamos en medio de una guerra y un estado de excepción económico, y que en medio de ello, se corre el riesgo de manipulación de la información oficial por parte de nuestros enemigos. Pero también es verdad que tales enemigos manipulan el vacío de información tanto o más como lo harían con la información oficial, en el caso en que de se publicara.

Así las cosas, según diversas estimaciones que circulan entre las calificadoras y consultoras internacionales, para lo que resta del año se calcula falta cancelar poco más de 2 mil millones de dólares. Y para el año que viene los compromisos ascienden a 8 mil millones, siendo el monto de la deuda total venezolana 170 mil millones de dólares. Para otras fuentes esa cifra es menor, en torno a los cien mil millones. Lo que podría deberse a la resta de los 70 mil millones que asegura el gobierno haber cancelado en los últimos cuatro años. Pero como decía, son estimaciones, pues oficialmente no es de conocimiento público a cuánto realmente asciende la cifra.

De la misma forma, tampoco es de conocimiento público a quiénes se les debe. Y este no es un dato menor, pues más allá de la transparencia debida (los venezolanos y venezolanas, en cuanto tales, somos propietarios de los recursos monetarios y energéticos involucrados en estas operaciones y tenemos el derecho de ser informados), no es lo mismo las deudas adquiridas con organismos multilaterales que con bancos privados, la que está en manos de países aliados y las que no, la que puede estar en manos de fondos buitres directamente, e inclusive, es necesario saber si parte de esa deuda está en manos de inversionistas nacionales. Piénsese, por ejemplo, que, según el propio presidente, el 62 % de los tenedores de bonos soberanos son estadounidenses, el 12 % británico, un 11% canadienses y un 6% alemanes, afirmación que hizo en agosto pasado ante el último paquete de sanciones de Trump. Es decir: más de la mitad de la deuda venezolana (que no incluye la de PDVSA) estaría en deuda de instituciones y ciudadanos de países abierta y solapadamente hostiles al nuestro, además dentro del área directa de influencia del Departamento del Tesoro. En aquella ocasión también se convocó en Caracas a dichos “inversionistas” con el ánimo de buscar alternativas ante las trabas impuestas por la administración Trump. Públicamente no se sabe el resultado de la misma, ni siquiera si se llevó o no a cabo.

En este mismo orden de ideas, también se nos dijo a finales de agosto que Venezuela adelantaba con China una recompra de sus bonos de más inmediato vencimiento. El vocero en aquella oportunidad fue el constituyentista Juan Carlos Alemán, quien además aseguró ante las cámaras de VTV que “en los próximos días” se anunciarían las resultas de la operación. Nunca se efectuó dicho anuncio, así que no se sabe públicamente en qué quedó aquella supuesta negociación. Sin embargo, en medios financieros se especula que dicha recompra se llevó a cabo, motivo por el cual el país tendría en sus manos –ayudado por China– al menos el 30% de los bonos con vencimiento en el corto plazo, es decir, lo que resta de este año y el siguiente.

De ser esto cierto, el camino inmediato sería menos traumático de lo que luce. Por lo demás, dada la naturaleza de los mismos, lo más probable es que se negocien los bonos de PDVSA, que en términos legales en caso de insolvencia los inversores no tienen posibilidad de uso de ningún recurso contra la República (de la misma forma como, legalmente, las reservas internacionales no pueden ser embargadas). Pero al no existir información oficial, se trata de pura especulación.

Y entonces: ¿hay vida después de un default?

Como quiera que sea, otro asunto del cual hay que estar conscientes es que un proceso como este no tiene que terminar en un desastre ni ser el infierno que anuncia el oposicionismo. Defaults ya los ha habido antes y los países siguen existiendo. Por lo demás, hay que saber que lo de la deuda es un tema sistémico y no una excepcionalidad del “populismo despilfarrador” chavista. De hecho, los problemas de deuda que tiene el país se deben, fundamentalmente, a la caída del ingreso petrolero, el aplique de las calificadoras y, de un tiempo a esta parte, de las sanciones de la administración Trump. Pero si no fuera por esto con el monto actual de la misma la situación sería manejable, pues nuestro país, en términos reales y nominales, está menos endeudado que países donde dicho “populismo despilfarrador” no existe.

A principios de los años 80 los países latinoamericanos enfrentaron una crisis de deuda muy similar a la que vive el nuestro, siendo México el primero en entrar en moratoria. En aquella oportunidad los países de la región venían de asumir volúmenes importantes de deuda apalancada por los altos precios de las materias primas y fundamentalmente del petróleo en la década anterior. Pero cuando la recesión se hizo ya insostenible para los países del primer mundo, y particularmente Estados Unidos, los precios de dichas materias primas comenzaron a descender, caída a lo cual contribuyeron los gobiernos norteamericanos y particularmente el de Ronald Reagan de dos formas: poniendo de rodillas a la OPEP al desregular el mercado petrolero; y subiendo las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que causó tanto una fuga despiadada de divisas desde los países periféricos hacia la economía norteamericana, al tiempo que un encarecimiento del crédito (que multiplicó la deuda) y de las importaciones (cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia). El colapso del bolívar en febrero de 1983 en buena medida se explica por esto.

Pero más recientemente, países como Ecuador (con Rafael Correa) y Argentina (durante la administración de los Kirchner) son ejemplos de que un default, bien llevado, puede tener efectos positivos. Pero en ambos casos sus efectos positivos provinieron del hecho de que los términos de negociación plateados por los gobiernos se salieron del guion habitual al cual están acostumbrados los mercados internacionales, que no es otro que los impuestos por el FMI y el BM, así como la gran banca privada mundial, incluyendo en esta lista al no menos peligroso Bank of American. En el caso argentino, Néstor Kirchner argumentó “no querer pagar la deuda a cambio de la exclusión y el hambre de millones de argentinos”, mientras que los ecuatorianos denunciaron su carácter ilegal e ilegítimo. En ambos casos, las declaratorias de default, más que como fatalidades, sirvieron de golpes de mesa que posibilitaron invertir la correlación de fuerzas saliéndose del papel de deudores y pagadores pasivos que esperan (en vano) la comprensión de sus acreedores, para tomar un papel activo asumiendo y haciendo ver que el acreedor, a su vez, depende del endeudado.

Desde luego, ambos países necesitaron para ello ayuda internacional: Venezuela, por ejemplo, financió a Argentina al tiempo que China ya aparecía en el horizonte. También es verdad que el precio ascendente de los commodities en dichos años ayudó mucho. Y que tampoco estaban afectados dichos país por sanciones como las que actualmente afectan a Venezuela (la reciente amenaza del FMI de expulsar a Venezuela por más simbólica que sea –en la práctica, ya las relaciones son casi nulas– puede considerarse un apriete dado el anuncio hecho el pasado 2 de noviembre). Pero más allá de esto, lo importante es que ambos casos demuestran que con la conducción adecuada y saliéndose de las recetas convencionales, y otras pseudoheterodoxas que exigen como condición hacer ajustes contra la mayoría asalariada (como liberar precios, aumentar tarifas de servicios, etc.), sí puede haber vida después de un default, que no tiene que terminar todo en una desgracia, que inclusive puede convertirse en un apalancador de crecimiento inclusivo si se le sabe usar.


Publicado originalmente en 15 y Último el 6 de noviembre de 2017

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