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Crisis institucional y se imponen instancias supranacionales

Hoy se votará en el Congreso de Guatemala para retirar inmunidad al Presidente

Guatemala | 21 de septiembre de 2017

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No se completan dos años de haber renunciado Otto Pérez Molina a la presidencia de Guatemala y ya su sucesor, Jimmy Morales, está a punto de ser relevado de su cargo, también por estar involucrado en casos de corrupción. Esto expresa la profunda crisis moral y ética que atraviesa la clase política dirigente en el país centroamericano, donde el miércoles 20 de septiembre se desarrolló una jornada de paro y movilización para presionar el enjuiciamiento del actual presidente Morales.

El día anterior habían renunciado los ministros de Interior, Trabajo y Finanzas, sumándose a otros cuatros ministros que dimitieron en agosto al inicio de la crisis que agudiza y tiene en la agenda del Congreso para este jueves 21, la posibilidad de levantar el fuero constitucional al presidente Jimmy Morales, para que enfrente un juicio por financiación fraudulenta recibida en el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), cuando este era Secretario General.

El pueblo guatemalteco plantea un pliego de peticiones con tres exigencias mínimas:

- Depurar el Congreso: Exigen la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de reformar el Código Penal para proteger al actual Presidente. Las reformas eximían a los secretarios generales en los partidos políticos de responsabilidades sobre financiamiento electoral, cuando el FCN-Nación está siendo investigado por el Ministerio Público por no reportar al menos 6.7 millones de Quetzales (moneda local), cuando precisamente Jimmy Morales era secretario general de la tolda política. - La Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala otorgó el 15 de septiembre un amparo provisional que suspendió estas reformas aprobadas por el Congreso -.

- Retiro de inmunidad: En las movilizaciones también exigen retirarle el fuero constitucional al primer mandatario a fin de que pueda ser investigado por su presunta responsabilidad en la financiación ilícita del FCN-Nación. Esta moción será debatida en el Congreso, con el antecedente, hace pocos días, de la votación sobre las reformas al Código Penal en favor de proteger a Jimmy Morales.

- Reforma Electoral: Adicionalmente se exige al Congreso apruebe una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que incluya las propuestas hechas desde los movimientos sociales y la ciudadanía, ya que en el Congreso se viene trabajando una con rasgos tendenciosos y un trato similar al dado a las reformas propuestas al Código Penal.

“El problema es estructural”

Daniel Pascual proviene del pueblo Maya Quiche de Guatemala y dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, declaró a Alba Tv que tras los procesos de lucha que llevaron a la destitución de Otto Perez Molina en el 2015 se ha venido haciendo un gran esfuerzo por posicionar un debate nacional que permita asumir que “el problema es estructural, es sistémico, que el Estado está podrido y que la Constitución no nos representa”.

Pascual indica que la Constitución actual fue escrita en 1985 en un contexto de guerra con una visión contrainsurgente, que tampoco reconoce que la mayoría de la población guatemalteca proviene de pueblos indígenas. Ante esto, el dirigente campesino plantea la necesidad de desarrollar un proceso constituyente para descomponer lo que hay actualmente e impulsar el nacimiento de un Estado Plurinacional y no una refundación del Estado burgués.

Daniel Pascual: “Es necesaria una Constituyente verdadera en el país que permita hacer los cambios necesarios”

El analista Bruno Sgarzini en una investigación sobre el momento en Guatemala, plantea que el poder militar como la principal estructura de ocupación por parte de Estados Unidos en la región, ha sido suplantado y “las formas de aproximación indirecta fueron sustituidas, en parte, por la formación de un ejército de técnicos ubicados en áreas estratégicas (como el Ministerio Público, las policías federales, los servicios de inteligencia y el poder judicial) que puedan afectar la acción del Estado”.

Enmarca los casos de Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, bajo este nuevo paradigma de intervención en el que juegan un papel crucial ciertas piezas en el Estado bajo la fachada de la lucha contra la corrupción. En Paraguay y Brasil se ejecutaron los programas Umbral y Puentes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) como canal de financiamiento con registros, en el caso de Paraguay, que solo encuentran similitud con la primera década de la dictadura de Stroessner.

En Guatemala bajo el programa Seguridad y Reforma Judicial, la Usaid financió 22 millones de dólares al Ministerio Público entre 2011 y 2016, afirma Sgarzini, período en el cual la Fiscal General de la República, Thelma Aldana, ejecutó en el país un expediente armado por la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad (Cicig), que en 2015 llevó a gran parte del gabinete presidencial a la cárcel y al presidente Otto Pérez Molina a renunciar.

La Cicig es una instancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fundada en 2006 y que ha logrado posicionar su agenda en las banderas que reivindica el pueblo guatemalteco en esta coyuntura donde la clase política se quiebra penetrada por la corrupción. Bruno Sgarzini afirma que “el mandato de la Cicig se encuentra apuntado a instalar en el país una estructura de jueces, fiscales y procuradores que dependa de una instancia supranacional”.

Leer Guatemala: Un laboratorio judicial para la exportación


JC/AlbaTv/2017

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