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Abogado del Centro Prodh

“Impunidad también en las ejecuciones de Iguala”

México | 26 de septiembre de 2016

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Los dos años de Ayotzinapa estarán marcados por la implementación del Mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se prevé iniciará en el mes de octubre y dará seguimiento a que el Estado Mexicano cumpla con las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) explica a Desinformémonos, Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones acompañantes de las familias de Ayotzinapa.

El mecanismo de seguimiento especial fue aprobado el 28 de julio pasado, su vigencia es indefinida, tendrá evaluaciones de avances en cada periodo de sesión de la Comisión de la Interamericana pero no tiene una fecha de terminación. Dicho se cimienta en las medidas cautelares de la CIDH para madres, padres, estudiantes y acompañantes del caso, las medidas cuales siguen vigentes desde octubre de 2014 pero además del seguimiento a las medidas, el otro objetivo de mecanismo será la supervisión a las recomendaciones que el GIEI hizo al Estado mexicano en marzo de 2016.

Al cuestionarlo sobre el cómo se implementará dicho mecanismo, el Luis Tapia, comparte que estará encabezado por un comisionado de la CIDH, que puede ser el relator de país, en el caso de México el recién nombrado Enrique Gil Botero, quien podrá venir hasta tres veces al país a partir de octubre y contará con al menos dos asesores técnicos que pueden llegar a México las veces y por el tiempo que sea necesario.

Los integrantes del Mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa de la CIDH “tendrán acceso ilimitado al expediente y a otras fuentes de información a fin de poder revisar el tema de la investigación y de otras medidas que deben tomar, así como para el acompañamiento psicosocial de las víctimas”.

En los próximos días se espera que en atención a las recomendaciones del GIEI se profundice el uso de la tecnología líder recomendada desde marzo del 2015, pero el gobierno mexicano adquirió hasta junio de este año y usó hasta agosto. “Se trata de un equipo que va montado en una avioneta y que sobrevuela zonas importantes de búsqueda para identificar remociones recientes del terreno, ya sea hacia abajo o campamentos recientes. Se han identificado cuarenta lugares de búsqueda, que no significan cuarenta fosas, sino sólo lugares para buscar. Es muy importante que a partir de éstos, de manera inmediata se pase a la siguiente etapa que es ir al terreno, que vaya la propia PGR y que se notifique a las organizaciones que representamos a las familias de los 43 para ir a verificar”.

En referencia a la investigación de responsabilidades, el abogado del Centro Prodh refiere que el GIEI recomendó profundizar las líneas de investigación, una de ellas es sobre el uso de telefonía celular “todavía no sabemos quién estuvo recibiendo varias llamadas de personas clave, de policías y demás, los días 26 y 27, al parecer, hacer trabajos de coordinación. No se investiga por qué teléfonos de siete de los estudiantes desaparecidos seguían activados luego de esas fechas”.

El GIEI afirmó también que era “difícil pensar que una agresión de esta magnitud se explicara de forma tan simple, por lo tanto es imprescindible investigar el contexto de macrodelincuencia en Guerrero, donde se involucran policías federales, estatales y municipales”.

Nava enfatiza que si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó que dos policías federales estuvieron en el momento de los hechos, junto con oficiales de Huitzuco, todavía no sabemos que exista una orden de captura contra ellos.

En el caso del ejército “hubo una resistencia absoluta a que los miembros del GIEI entrevistaran a integrantes del ejército. Los elementos fácticos muestran la certeza de que un militar encubierto estuvo monitoreando en tiempo real la agresión desde el primer momento. Estaba en una motocicleta, tomó fotografías e hizo llamadas”. De igual forma, continúa el abogado, había un monitoreo a través del sistema C4 de todo lo que estaba sucediendo por lo que también la conducta omisa del ejército, tiene que ser investigada. A dos años de la desaparición forzada no ha sido investigado o procesado a ningún militar.

Impunidad también en las ejecuciones

En los casos de Julio César Ramírez, Daniel Solís y Julio César Mondragón, los tres normalistas asesinados en septiembre de 2014 el defensor afirma que “todavía no hay nadie que esté procesado a nivel federal”.

En el caso de Julio César Mondragón, a partir de los conocimientos del peritaje de tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense como de la CNDH, lo que se solicitó es que el delito también fuera investigado en la PGR y que no se abriera una nueva averiguación previa, eso es lo que piden sus familiares y acompañantes. “Es importante que se identifiquen de manera concreta quiénes fueron los policías o las personas que participaron en su agresión, porque como sucede en el caso de Julio César Ramírez y de Daniel Solís, no se han identificado los momentos en que fueron agredidos”.

Tanto en las ejecuciones como en las agresiones que dejaron a personas gravemente heridas prevalece la impunidad. Sobre la situación de los estudiantes heridos, el defensor refiere que Aldo Gutiérrez se encuentra en estado de mínima conciencia por los disparos que recibió. Aún falta por especificar qué tratamiento seguirá en los próximos años para su recuperación, mientras tanto está en el hospital con médicos especialistas. En cuanto a la investigación de su caso, se encuentra en la averiguación previa pero no hay ninguna persona identificada como la responsable de la agresión.

En el caso de Edgar Andrés Vargas, estudiante originario del estado de Oaxaca, el abogado comparte que Edgar ya está fuera del hospital, recibe tratamiento y está terminando de reconstruir la lesión que sufrió, sobre todo en su mandíbula, pero “es muy preocupante que en la averiguación no se le identifica como normalista. No se identifican los responsables y no se individualizan sus lesiones. Falta identificarse cuándo fue el momento en que a él lo agreden”.

A pesar de que se recogieron testimonios que afirman que Edgar llegó después de la primera agresión, con el fin de ayudar a sus compañeros el 27 de septiembre, Luis Tapia Olivares, reitera que es muy importante que su caso también pase a nivel federal para que se investigue junto con el caso Ayotzinapa completo, “porque no fue algo distinto ni en otro contexto, fue parte de los mismos hechos”.

Los detenidos

Al cuestionarlo sobre las personas detenidas, Luis Tapia refiere que hay 120 personas detenidas, procesadas por delincuencia organizada y secuestro a nivel federal. “No se ha procesado a ninguna persona por desaparición forzada, sino ha sido tratado como un secuestro. La investigación se basa en declaraciones y no pruebas científicas”, por lo que asefura “la verdad histórica no tiene bases y en esa medida resulta importante profundizar en el uso, por ejemplo, de la telefonía para la identificación de quienes están pendientes de ser procesados. Además, hay fuertes indicios de tortura en el 90 por ciento de los detenidos”.

El presidente municipal y su esposa son las únicas autoridades de más alto nivel que están detenidos por secuestro y delincuencia organizada y aunado a ello “la fragmentación en la investigación en el fuero común y el fuero federal no ayuda al esclarecimiento de los hechos ni a un avance para acceder a la justicia”.

Tomás Zeron y su “verdad histórica”

En el caso del titular de la agencia de investigación criminal, la postura de los padres y las madres fue muy clara, declara Luis Nava: no tienen nada en contra de él pero si exigen sea investigado pues él tiene conocimiento de lo que sucedió en el río San Juan, llevó a un detenido sin abogado, levantó evidencias, nunca le informó al ministerio público de lo que hizo”. La PGR se comprometió con las familias a hacer una investigación interna contra este funcionario e informarles sobre el resultado de la investigación pero eso no ha sucedido, no se les ha notificado formalmente la conclusión de la investigación interna, refiere uno de los abogados de las madres y padres.

Sobre el ascenso de Zerón el abogado afirma que su salida “fue una buena noticia, sin embargo su ascenso es un mensaje errado al nombrarlo en un cargo superior, directamente por el presidente de la república, lo que implica que no hubo responsabilidades jurídicas y mucho menos responsabilidades políticas”.

A decir de Tapia Olivares, parte de las recomendaciones del GIEI es iniciar investigaciones internas por obstrucción a la justicia, por abuso de autoridad por cualquier otro delito que se hubiera cometido al inicio de la investigación y “ese es un gran pendiente y una gran exigencia de las familias, saber qué va a pasar con esta investigación que se inició, saber cuál va a ser su conclusión”.

Cambios estructurales

A partir de que se develó el caso de los 43 estudiantes, “de la lucha constante del ejemplo de dignidad y de unidad de las familias fue posible que saliera a la luz todo lo que está detrás y que es muy grave en el país”, pero ciertamente, afirma el abogado, no va a cambiar si no se implementan cambios estructurales que van más allá de las leyes. Cambios que tendrían que reflejarse en la politica de seguridad por ejemplo; en el retiro paulatino de las fuerzas armadas; en una profundización de la cooperación internacional “porque el mismo GIEI nos demostró que desde lo nacional no va a venir una investigación seria y científica sino que tendrá que venir desde fuera por lo que es muy importante es que este tipo de mecanismos se sigan implementando en el país, hay cosas mucho más básicas pero que son igual de urgentes, como el hecho de no pedir a la familia de una persona desaparecida esperar 72 horas para iniciar una investigación, lo que es sumamente preocupante”.

Para el Centro Prodh, el gobierno mexicano tiene esta responsabilidad que va mucho más del ejecutivo, “hay responsabilidades que pasan al poder judicial que tiene que ver con el adecuado tratamiento de casos de desaparición forzada y las responsabilidades que en este momento están en el poder legislativo, en el Senado y en la Cámara de Diputados porque estás leyes no pueden esperar más, la responsabilidad es de todo el estado en su conjunto frente a estas urgentes necesidades”.

Ayotzinapa expediente abierto

Ayotzinapa “no es un caso aislado sino un botón de muestra del agravio y la crisis de derechos humanos que vivimos en el país”. La averiguación previa federal en la subprocuraduría de derechos humanos de la PGR continúa abierta pero “a pesar del impacto y de lo que significan los hechos ocurridos en Iguala, el gobierno mexicano no cumple con las medidas estructurales concretas a las que se comprometió para cambiar la ruta, recuerda el abogado.

Un ejemplo es una ley contra la desaparición forzada y una ley contra la tortura, no las tenemos todavía. No existe un registro nacional de personas desaparecidas, una comisión nacional de personas desparecidas que incluya a familiares, a víctimas y a organizaciones de la sociedad civil.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Al preguntar sobre qué pasaría si el Estado mexicano incumple u obtaculiza la implementación de las recomendaciones del GIEI que estarán vigiladas por el nuevo mecanismo de seguimiento, Tapia Olivares refiere que “el propio mecanismo dado a conocer por la CIDH contempla que la Comisión conservará las facultades que tiene de su reglamento, es decir, que podrían ser estas no sólo medidas cautelares sino un caso contenscioso que podría ser sometido al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Si bien antes de que eso pase, las familias tendrían que decidir y dar su consentimiento llegar a la Corte Interamericana es una posibilidad abierta y latente, sobre todo cuando las autoridades mexicanas han sido omisas.


Fuente: Desinformémonos

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