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La Lucha Popular contra la (para)militarización

México | 27 de diciembre de 2011

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En el marco de la mayor crisis del capitalismo en la historia, originada en los EEUUA, la integración dependiente de México al imperialismo del norte, económica, política y militarmente, que día con día se acelera y se profundiza, es un proceso sostenido por la militarización y paramilitarización de la lucha de clases que expresan una rápida transición hacia un estado policíaco-militar. Las terribles consecuencias que trae consigo esto para el grueso de la sociedad se expresan en el estado de terror que viven grandes franjas del país, azotadas por la violencia contrainsurgente que ha dejado ya más de 60 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos y cientos de miles de desplazados. La barbarie del capitalismo semi-colonial mexicano es alimentada a su vez por un mercado que no responde a las necesidades de las clases trabajadoras y campesinas, pues mientras en México se producen mercancías de todo tipo que enriquecen de forma grotesca a la oligarquía, el hambre, la miseria y la exclusión, en el campo y en las ciudades, son las realidades cotidianas a las que se enfrenta el pueblo oprimido y explotado.

En este contexto, en el que la oligarquía no tiene otro proyecto más que continuar anexándose al imperialismo, el coraje y el descontento popular no paran de crecer. Del mismo modo, para asegurarse la dominación estratégica de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo que alimenta a las industrias exportadoras, la intervención imperialista y el recrudecimiento de las estrategias de contrainsurgencia preventiva también crecen y avanzan de un modo alarmante. Ante esta situación, es necesario que avancemos Nosotros, las y los de abajo, en la construcción estratégica de una alternativa revolucionaria que nos permita defendernos de las, cada vez más frecuentes, agresiones que orquesta el estado y, a través de la cual, podamos avanzar hacia la ofensiva clasista, para conquistar una verdadera paz, justa y digna.

Los movimientos sociales en y contra la militarización

Las distintas expresiones de los movimientos que están hasta la madre de esta guerra bárbara contra el pueblo, disfrazada de guerra contra el narco se han caracterizado, ante todo, por la diversidad en cuanto a su composición social y, hasta cierto punto, por la confusión y el eclecticismo ideológico y político con el que se desarrolla la crítica a la estrategia militarista del régimen mexicano. Sin embargo, desde distintas trincheras, la voz de las y los indignados con la violencia reaccionaria de soldados, sicarios y policías ha logrado sacudir la conciencia de millones de mexicanos, socavando así la legitimidad, no solo del partido en el gobierno federal, sino de todo el sistema político, el cual ha quedado evidenciado en su complicidad con los asesinos del pueblo.

En este sentido, el movimiento más importante de los últimos años ha sido, sin duda alguna, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, mismo que ha llenado calles y plazas con distintas acciones de, lo que ellos llaman, “visibilización de las víctimas” que no es otra cosa que la denuncia por parte de las y los familiares de desaparecidos y asesinados al estado terrorista y criminal. Pese a la fuerza moral con la que se ejercen los señalamientos y las críticas a la estrategia militarista, las desatinadas tácticas de conciliación, apapachos y coqueteos “gandhianos”, han probado ser desastrosas, en tanto que lejos de avanzar en la desmilitarización y demás objetivos parciales, solo han logrado alejar a simpatizantes del movimiento que interpretan los besos y los abrazos a los responsables intelectuales del genocidio, como una claudicación.

Lo que en J. Sicilia se expresa como una actitud cristiana de “poner la otra mejilla”, no es más que la expresión consecuente del sector que él representa frente a la contradicción fundamental que define la resistencia a la guerra contra el pueblo: las ilusiones de que el estado mexicano en verdad está combatiendo al narco siembran la esperanza de que es posible “reformar” la estrategia militarista y de que el ejército, la policía federal y la marina están en las calles para defender a la población, lo que significa que un retiro inmediato de las fuerzas armadas de las calles y campos del país representaría “dejar a la ciudadanía desprotegida frente al narcotráfico”.

Esta ilusión ha permeado, gracias a todos los aparatos del estado ampliado (los medios de comunicación, las escuelas y universidades, la iglesia, la intelectualidad orgánica de la burguesía, etcétera, etc.) en cada rincón de la sociedad, ocasionando que los distintos movimientos que surgen del hartazgo de la población estén atravesados por ilusiones y contradicciones desmovilizadoras o dominados por un discurso que avala las categorías y los criterios de la guerra contrainsurgente y que impide la crítica radical al paramilitarismo, a la intervención imperialista y al sistema capitalista en su conjunto que se beneficia del narcotráfico y de otras actividades ilegales. Tal es el caso de las movilizaciones surgidas en Monterrey, en Acapulco, en Cuernavaca y en un inicio, hasta en Cheran, Michoacán, que pese a representar un peligro para el estado, son incapaces de atacar el problema desde la raíz.

La transición al estado policíaco-militar

Frente a la lucha popular, el estado mexicano ha respondido con una escalada represiva que nos recuerda, y con mucha razón, a la guerra sucia de contrainsurgencia de los sesentas y setentas del siglo pasado. Los asesinatos de integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como lo son los casos de Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Trinidad Cruz, entre otros, la agresión armada a Norma Andrade, de la asociación “Nuestras hijas de regreso a casa” en Ciudad Juárez, la desaparición de dos campesinos ecologistas, Eva Fe Alarcón y Marcial Bautista y la represión a los normalistas de Ayotzinapa, que dejó un saldo de tres estudiantes muertos y decenas de heridos, son la clara expresión de la consolidación de un estado políciaco-militar que, como ya lo ha declarado el mismo presidente, no dará marca atrás en su estrategia de guerra contra el pueblo.

El que el presidente haya declarado que “no puede garantizar la vida de los activistas” no es una confesión de su incompetencia, es una amenaza de muerte. Y es que los patéticos pretextos de que es el narco el que asesina a activistas, periodistas y hasta tuiteros, convencen cada vez a menos gente, pues las evidencias son contundentes: en su totalidad, el proceso de producción, tráfico y venta de drogas, así como el lavado de dinero y la coordinación y preparación de los grupos paramilitares al servicio de los cárteles de la droga, pasa necesariamente por las agencias militares y de “inteligencia” estadounidenses (la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, entre otros) y está íntimamente relacionado con la oligarquía mexicana y transnacional, así como con los aparatos represivos del estado mexicano.

Sicarios, militares y policías son los perros de ataque de las clases dominantes que tienen como función defender los intereses de la oligarquía, asegurar la explotación de nuestro pueblo oprimido en las industrias maquiladoras, en las agroindustrias exportadoras, en los empleos precarizados del llamado “outsourcing” y garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos, como lo son el gas natural, los distintos minerales que preñan nuestras sierras, los bosques, el agua, entre otras muchas cosas. Sin embargo, la misma guerra contra el pueblo es en sí un negocio millonario, con el tráfico de armas y de drogas que no ha hecho otra cosa que aumentar dramáticamente durante este último sexenio y cuyas ganancias van a parar a las arcas del capital financiero internacional, encargado de legalizar las enormes sumas de dinero que proceden del narco.

Frente a esto, ninguno de los tres partidos de la burguesía (PRI-PAN-PRD/AMLO) propone una alternativa distinta a la consolidación del estado policíaco-militar, lo cual queda demostrado en las políticas autoritarias y represivas de los gobiernos estatales y municipales, con especial énfasis en los casos de Michoacan y Guerrero, donde el PRD jugó y juega, respectivamente, un papel abiertamente reaccionario y criminal, totalmente imbricado con las cúpulas de la narco-burguesía. Por lo tanto, las elecciones presidenciales serán las elecciones de la continuidad en la profundización de la dependencia semi-colonial y de la represión sistemática a los movimientos sociales, sean estos pacíficos o no.

Contra y más allá de la militarización

Es así que la lucha por la desmilitarización inmediata de todo el país es tan solo un paso en la lucha popular contra la violencia reaccionaria del estado mexicano y del imperialismo, pero no es, de ninguna manera, el paso definitivo ni fundamental, pues a pesar de que la desmilitarización es, hoy en día, una consigna irrealizable dentro de los márgenes de la dependencia semi-colonial del estado mexicano, aunque los militares (y policías federales) se retiraran de las calles, todavía sería necesario defenderse y derrotar a los grupos paramilitares al servicio de los cárteles, el estado y el imperialismo.

En este sentido, distintas iniciativas han surgido desde lo profundo de las clases revolucionarias a lo largo y ancho del país, que se enfrentan tanto al paramilitarismo de la narco-burguesía como a la violencia terrorista del estado a través de la autogestión popular. Los dignos ejemplos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, las juntas del buen gobierno del EZLN y los distintos estallidos de la rabia popular, como el de Ascensión, Chihuahua, donde el pueblo se alzó contra sicarios, militares y policías, son apenas unas cuantas expresiones de creatividad, que aunque limitadas regional y sectorialmente, iluminan el camino (de muchos que puede haber) para ir contra y más allá de la militarización.

El caso de Cheran, en este contexto, representa uno de los más importantes avances en la lucha de clases contemporánea, pues la construcción que el pueblo Purepecha ha llevado a cabo de la autonomía popular, expresada en el rechazo a las elecciones oficiales y la autodefensa armada de la comunidad entera por sobre de los policías y en contra de los narco-talabosques, son acciones que pasan a cuestionar radicalmente al actual régimen, tanto a su estrategia militarista como a la antidemocracia imperante. Como una breve narración de los hechos: la comunidad indígena de Cheran poseía un total de 27 mil hectáreas de bosque, de las cuales, fueron taladas 20 mil por grupos amparados tanto por el gobierno estatal y federal como por paramilitares que sembraban el miedo entre la población. El 15 de abril del presente año, las mujeres del pueblo alzaron su voz, “Hasta aquí, basta ya” fue su palabra y hombres, ancianos y niños se movilizaron para expulsar tanto a las autoridades locales y policías como a los talamontes y paramilitares, declarando un comité de autogobierno e implementando los “rondines comunitarios” de autodefensa. A pesar de que en un inicio la comunidad exigía la presencia del ejército para la protección de sus bosques, las negativas del gobierno federal hicieron que las acciones populares se radicalizaran, culminando con el boicot de las jornadas electorales michoacanas en Cheran que rechazó la imposición de las urnas antidemocráticas de los partidos e instituciones de la burguesía.

Así, no solo recibimos una lección de paz, justicia y dignidad, sino que, ante todo, vemos iluminarse al camino de la lucha popular contra y más allá de la militarización: la autonomía, la autogestión y la autodefensa que debemos articular a través de un partido revolucionario de las clases oprimidas que levante una estrategia para la destrucción del estado semi-colonial mexicano y que pueda realizar las tareas urgentes de independencia, democracia, libertad y socialismo que nos impone la historia. Tanto Chera, como los pueblos de Indoamérica, pese a todas las limitaciones y contradicciones que arrastran, hoy vuelven a señalarnos un camino para despertar de la pesadilla del neoliberalismo y este camino se encuentra lo más alejado posible de las instituciones, de los partidos y de las urnas de la burguesía; el camino de la revolución no admite medias tintas, es preciso caminar decididos rumbo al frente único anti-imperialista para organizar la defensa popular y avanzar hacia la ofensiva final.

Fuente: Lucio Rivera

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