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Por Conaco

La Magdalena y el silencio oficial

Venezuela | 25 de marzo de 2018

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Las últimas semanas nuevamente ha sido noticia la lucha por la tierra. Y lo ha sido no por el logro de una nueva conquista, no por un avance en la lucha, sino justamente por lo contrario: un nuevo atropello, un nuevo capítulo de agresión del Estado contra el campesinado, en el que pareciera castigarse su atrevimiento de dar pasos concretos y firmes en la lucha por sus derechos históricos. Se trata del caso de la detención arbitraria de quienes pelean el rescate de las tierras de la finca La Magdalena, ubicada en la zona del Sur del Lago en el estado Mérida.

No había razón jurídica alguna para que los 32 campesinos y campesinas que permenanecen bajo arresto desde hace 9 días en los calabozos del Cicpc de El Vigía, estado Mérida, lo estuvieran. Sin embargo, una jueza de control, Rosario Méndez, ordenó privarles de libertad por delitos como invasión, desacato a la autoridad y daños al ambiente, luego de que dos fisclalas del Ministerio Público, Miriam Briceño y Geraldine Zambrano, solicitaran la medida, que fue ejecutada por funcionarios del Cicpc y la Guardia Nacional Bolivariana.

Si no fuera un hecho suficientemente conocido la cantidad de denuncias que permanencen alimentándose de polvo en las gavetas de los juzgados venezolanos y de las sedes regionales del Ministerio Público, no generaría suspicacia la celeridad, eficiencia y eficacia con que actuaron en este caso, de foma coordinada, tribunales, fiscalía y cuerpos de seguridad. De allí que pueda sospecharse la participación, desde las sombras y la holgura del poder económico regional, de la familia Celis Aranguren, quienes pretenden la propiedad de las tierras en cuestión, aún cuando el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ya certificó que se trata de tierras ociosas que deben ser rescatadas y entregadas a los campesinos y campesinas para que las hagan productivas.

Sorprende e indigna que en la revolución bolivariana se den situaciones semejantes. Aunque cada vez ocurren con mayor frecuencia, no deja de sorprender e indignar. Sobre todo porque se trata de una de las más firmes banderas de la revolución y del comandante Chávez: la guerra contra el latifundio, y una de las zonas de nuestra realidad en la que más avances ha habido y más conquistas ha logrado nuestra gente.

La sorpesa e indignación crecen, cuando al atropello lo secunda el silencio oficial, la mudez deliberada de la institucionalidad y sus autoridades. Aunque el Estado y el gobierno disponen de poderosos instrumentos para hacerse oír, en estos casos finge o decide mudez. Hasta ayer sólo medios de comunicación alternativos e independientes, todos chavistas, han dedicado tiempo y espacio al caso. La noticia sólo ha sido referida por sitios web como La Tabla, Alba TV y Desafío Constituyente, y la cuentas de redes sociales de estos medios y otros como Voces Urgentes, y las de organizaciones sociales como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, así como las de periodistas y comunicadores(as) populares. A pesar de la gravedad de los hechos, no ha habido pronunciamientos oficiales o mediáticos ni de autoridades del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo ni del Instituto Nacional de Tierras (Inti) ni de los cuerpos de seguridad involucrados, ni de otros entes del Poder Ejecutivo relacionados con aspectos concretos del caso.

¿No ayudaría a aclarar la situación y solucionarla que el presidente del INTI o quien dirige su sede regional ratificara públicamente la existencia de una medida de aseguramiento a favor de los campesinos y campesinas y la certificación de la tierra como ociosa? ¿No deberían, acaso, rendir explicaciones públicas los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad involucrados, así como las intituciones de protección de derechos humanos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo? ¿No ejercería presión una declaración pública del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en defensa de las campesinas? Esta ausencia de pronunciamiento público de autoridades institucionales al respecto de casos como éste o de problemáticas amplias como el tema de los atropellos reiterados a consejos campesinos en procesos de rescate de tierra, ¿no favorece la actuación opaca y en la sombra de estos poderes fácticos locales en conjunción con actores locales de instituciones del Estado y del gobierno?

Está claro que estamos ante un hecho en el que la gente, la ciudadanía, a través de los medios de que dispone, están interpelando al Estado y al Gobierno ante un hecho concreto que consideran injusto e ilegal. En tal situación la institucionalidad está obligada a responder por los mismos canales y está obligada a tomar posición, además, a favor de quien está siendo vulnerado. Pero nada de esto ocurre. Los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las individualidades que asumen frontalmente la denuncia en el ámbito mediático terminan hablando solos. “El que calla otorga”, reza el adagio popular.

Para no continuar otorgando la razón por omisión a la familia terrateniente, a la jueza que sobrepone su competencia por encima del INTI, al Cicpc y a la GNB, habría que escuchar lo que tienen que decir algunas autoridades, como al presidente del INTI, Luis Soteldo, por ejemplo. Y para no continuar otorgando la razón por omisión a quienes han asumido la defensa del caso en el terreno y en los medios de comunicación (quienes denuncian inacción institucional), habría que escuchar lo que tienen que decir, como mínimo, las autoridades regionales del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, el Instituto Nacional de Protección al Niño, Niña y Adolescente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Tienen la palabra y tienen los medios. ¿O seguirán otorgando de tanto callar?


Tomado de: http://www.crbz.org

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