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La formula del femicidio de Ángela Aguirre

Venezuela | 14 de junio de 2019

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Se hace una fórmula agregando a unos hombres, con perfiles de redes sociales en donde rinden culto a mujeres con poca ropa, ostentando objetos de marca, carros de lujo y botes.

Embarcaciones como la lancha de nombre La Kaki, que partió hacia la Isla Terecaya desde el Centro Italo Venezolano de Guayana, la tarde del 23 de marzo para festejar la mayoría de edad de José Alberto Cedeño junto a José Zorrilla Cedeño, conocido como Cheo; el dueño de la lancha y padrino del cumpleañero; Glauber Zorrilla, hijo de cheo; acompañados de Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Dayana Nicieza y Jocelyn Barreto, además de la joven de 16 años, Ángela Aguirre Yaguare.

Ese día a Ángela buscó la manera de sacarle el permiso a su padre y madre para ir a la fiesta. Estaban indecisos sobre si dejarla ir o no a celebrar la mayoría de edad de José Alberto. ¿Y por qué no dejarla? -se preguntaban- si la pequeña Ángela, la hija del medio de tres hermanos, era una de las mejores de su clase, se esmeraba para graduarse de bachillerato y poder estudiar psicología, además, fue criada bajo una exigente educación cristiana y para más confianza, los Zorrilla fueron vecinos de la familia.

A las 5 pm la adolescente se baja del carro frente al también conocido Club Italo Venezolano y se despide de su papá y mamá, quienes les dan el permiso de permanecer en el festejo hasta las 9 de la noche. No habían pasado más 45 minutos, cuando salen a la isla en La Kaki, según consta en un reporte de investigación realizado por el CICPC.

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A la fórmula con la cual comenzamos, le adicionamos la desaparición y muerte de una muchacha de 16 años.

Pasada la hora del permiso, la familia Aguirre-Yaguare comienza a preocuparse, sin lograr comunicarse con la muchacha y sus acompañantes, quienes regresan a tierra firme casi a media noche y es en ese momento que hacen contacto para avisar de la desaparición de la adolescente.

El día 24, desde muy temprano, comenzó la búsqueda de Ángela con el apoyo de las distintas fuerzas de seguridad del estado Bolívar, en paralelo se lanzó una campaña, rápidamente viralizada en las Redes Sociales, para buscar información sobre la adolescente.

Luego de tres días de intensa búsqueda, aparece el cuerpo de la joven en medio del río Caroní con evidentes señales de maltrato. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inicia la investigación (CICIPC) y deciden realizar una autopsia.

Los resultados dan que hubo violación y muerte por asfixia y traumatismo cráneo encefálico, desmintiendo así la versión de los implicados e implicadas en el suceso, quienes alegaban que Ángela tomaba cervezas con José Alberto en la popa de la lancha, cuando este fue a buscar más licor y al regresar, la muchacha ya no estaba.

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Ahora a la fórmula se le coloca la demora en la búsqueda de responsabilidades por un sistema judicial ataviado de elementos machistas y de corrupción, que permite el juicio moral en donde las victimas se convierten en victimarios y los presuntos delincuentes en inocentes.

Esta funcionalidad se ha demostrado durante el desarrollo del caso. Por un lado, hay una gran cantidad de usuarios y usuarias haciendo juicios morales sobre el hecho, responsabilizando del femicidio a su Padre y Madre al haber permitido salir a la adolescente.

Se podían encontrar frases como que: “una niña debe estar en su casa”, “para que una mujer pueda salir debería tener 18 años”, incluso algunos trataron de insinuar que la muchacha de 16 años era una chica prepago.

Esa noche, por la cabeza de Ángela Aguirre no debió pasar ni la más mínima idea de que estaba en peligro. ¿Por qué estarlo? Como toda adolescente estaba ávida del disfrute y la recreación, derecho contemplado en la Ley Orgánica para la protección del Niño, niña y adolescente; además la familia Zorrilla no era extraña, la conocían desde muy niña, incluso su papá se saludaba de hermano con José Zorrilla Cedeño.

Según María Hernández, exdefensora de la mujer del Instituto Nacional de la Mujer y militante del feminismo popular, la mayoría de los crímenes en contra de niños, niñas y adolescentes ocurren en estos círculos de confianza. “En el caso de Ángela, ¿por qué iba sentirse insegura si estaba en un entorno familiar?” dijo la también abogada.

Para Hernández el problema es que la misma cultura patriarcal somete a las mujeres, a Ángela Aguirre, a costa de esta cultura, intentan cosificarla, “una evidencia además la forma superficial en la que se puede juzgar a una persona, y más cuando está muerta, con una condena moral”.

“Se pone en tela de juicio a la víctima, la cultura patriarcal invierte los roles de las conductas que se deberían condenar y termina la victima siendo la responsable hasta del propio delito que se cometió contra ella” agregó Hernández.

Sumado a esto, en las redes fue expuesto el cuerpo de Ángela en el rio Caroní, a pesar de sucedió en medio de los apagones y de que se exigió respeto por la muerte de la muchacha, la imagen se hizo viral rápidamente.

En ese sentido la abogada indicó que hay una especie de morbo social que es machista, comprobado en el hecho de que el cuerpo de un hombre no es visto desde la misma perspectiva que el de una fémina, “por ejemplo cuando la víctima es una mujer, van viendo que ropa tenía puesta, si había moretones cerca de sus partes íntimas, etc.”
Por otro lado, Orlando Yaguare, abuelo materno de Ángela, señaló que pretenden darle muerte moral a la joven y a su familia, “primero atribuyéndole la responsabilidad a la niña por su asesinato, sin sensibilidad humana con relación a una mujer, a una chica que empezaba a vivir”.

Manifestó que estaban muy golpeados, sin embargo, las RRSS también lograron cosas positivas en el caso ya que, además de los apoyos declarados, se logró posicionar en la opinión pública la denuncia sobre las irregularidades en el asesinato de Ángela y que de esta forma las autoridades respondan rápidamente a algunas situaciones.

Se denunció a la fiscal Emily Hernández Márquez de presuntamente prestar beneficios a los presuntos culpables y cómplices del femicidio a cambio de oro y dólares. La fiscal fue apartada del caso y recusada por los familiares de Ángela por solicitar que el caso se mantuviese en un tribunal ordinario y no en un el Tribunal Primero de Control en Materia de Violencia de Género del Estado Bolívar, como luego fue reubicado para lograr que el asesinato de Ángela pudiese ser condenado como femicidio.

Esto es importante en el caso porque según la abogada y militante feminista María Hernández “los delitos comunes tienen penalidades bajas y en caso de ser un femicidio, (penalidades) de 26 a 29 años, pero, además tiene la particularidad de que la norma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que este delito es de lesa humanidad, o sea, quien sea sentenciado por femicidio debe pagar su pena sin ningún tipo beneficios".

Agregó que, así mismo estos casos tienen órganos de recepción de denuncias especiales, una fiscalía especializada en esta materia y unos tribunales especializados. “Esto quiere decir que una vez que se recaben las evidencias, estas generan certeza sobre los hechos que se llaman delito, y tuvieron lugar en un tiempo determinado y sitio determinado” explicó Hernández, agregando que no es lo mismo un forense que levanta un accidente de tránsito a uno que además del accidente ve que la fallecida tenía unas marcas en el cuello y en las piernas, que acababa de tener relaciones sexuales, etc, “es una garantía de que la investigación llegue a buenos términos”, dijo Hernández.

Para la abogada feminista que en este caso pueda haber una sentencia condenatoria por el delito de femicidio es positivo, “para erradicar la cultura patriarcal y para demostrarle a los violentos machistas de que hay un cuerpo legal, unas instituciones y que los derechos a las mujeres se deben respetarse”.

En ese sentido se realizó, el pasado 13 de abril, la primera audiencia de presentación en el Tribunal en Materia de Violencia de Género, en donde fueron imputados José Alberto Cedeño por los delitos de femicidio, abuso sexual, suministro de sustancias a una menor de edad y omisión de socorro a la joven, mientras a los otros seis como cómplices en el delito de femicidio y omisión de socorro.

El tribunal decidió que las mujeres fuesen recluidas en el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno de San Félix y los hombres en la cárcel de vista hermosa que luego fue cambiada a la sede del CICPC por considerar esa cárcel un peligro para sus vidas.
El señor Orlando Yaguare denunció que hasta el momento los cinco hombres y dos mujeres permanecen detenidos en la sede el CICPC. Esto indica claramente beneficios para las acusadas, al no ser trasladas a donde se ordenó, pero además al estar recluidos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas se presumen otros beneficios como que no pernoctan en celdas, tienen visitas en cualquier hora y acceso a equipos telefónicos.

El caso ha cumplido casi tres meses, ahora fue trasladado a Caracas. En espera de la asignación de un tribunal, falta el acto conclusivo que llevará a una sentencia definitiva en el evidente resultado de la fórmula planteada en este escrito, un femicidio en contra de una mujer que tenia sueños y aspiraciones, el asesinato de una chama que espera justicia, no solo para su familia, sino para todas las mujeres que día a día desaparecen es manos de la violencia machista y debajo de la impunidad del sistema judicial. (Texto: Rigger Triviño)

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