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Se evidencia persecución contra ex combatientes de las FARC

La guerra contra las drogas asesina líderes sociales

Colombia | 13 de noviembre de 2018

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El Genocidio gota a gota contra las fuerzas sociales y política alternativas, hoy está centrado en las áreas rurales remotas, muchas de las cuales son pobladas por comunidades cultivadoras de coca, quienes están comprometidas con programas de sustitución de cultivos ilícitos, la mayoría de los cuales tomaron fuerza mediante los Acuerdos de Paz firmados con las FARC en noviembre de 2016.

Tal decisión de erradicación voluntaria y fomento de la producción campesina va dirigida a encontrar soluciones de fondo que frenen la extensión de cultivos de coca, pero los dictados del Presidente de Estados Unidos son los de siempre: ejecutar solamente respuestas militares y policiales contra los problemas de las drogas.

El Plan Colombia versión 2.0 que ordena Trump y que ahora dirige Duque, ya azota los campos colombianos con fumigaciones de Glifosato y persecución a las organizaciones sociales campesinas que deja desplazamiento, despojo y asesinato de sus líderes.

Los últimos líderes asesinados

Edilberto Niño Cristancho, fue encontrado por labriegos con 18 puñaladas, mal herido fue llevado al Hospital donde falleció, el 4 de noviembre de 2018 en Villavicencio. La Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios (SINTRAIMAGRA), filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), denunció que este dirigente sindical y trabajador palmero de Aceites Manuelita, lideraba el proceso de luchas por la formalización laboral y crecimiento de la organización sindical en la región de los Llanos Orientales.

Luis Tarazona Salamanca, era coordinador del Comité Veredal en Tibú, Norte de Santander, lideraba el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, como Secretario de la Corporación Minera Agroindustrial en su comunidad. Fue asesinado en su casa en la vereda Miramontes, el 8 de noviembre, en un ataque en el que su esposa quedó herida. Así lo denunció la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) de la cual hacía parte, quien además manifestó que van 5 de sus líderes asesinados y 10 más amenazados.

Carlos Barón era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tunjuaque, en La Calera, Cundinamarca. El día 8 de noviembre recibió varias puñaladas de un sicario. Los concejales de La Calera interlocutaban frecuentemente con Barón, pues él era uno de los líderes comunales que hacía llegar las peticiones de las comunidades a la Alcaldía y al Concejo.

Ante Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Montería, víctimas reclamantes de tierras que retornaron en 2007 a la Finca La Alemania, de San Onofre, Sucre, luego de haber sido desplazadas por paramilitares a finales de la década del noventa, denunciaron que fueron golpeadas y amenazadas por encapuchados que se identificaron como ‘autodefensas’, quienes los conminaron a abandonar el predio. De las 52 familias desplazadas van 15 líderes asesinados. Las familias dicen que en este predio se encuentra una fosa común que tienen varios desaparecidos de las incursiones paramilitares.

Trato de guerra a la movilización por la educación pública

La Quinta movilización por la Educación Pública realizada el pasado jueves 8 de noviembre, fue reprimida en la mayoría de las ciudades de Colombia.

En Bogotá los estudiantes fueron atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), dejando más de 30 heridos y otros detenidos arbitrariamente.

La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) en el Cauca, denunció que el Campamento por la Educación instalado en el Parque Caldas de Popayán, fue atacado y desalojado por el ESMAD [1]. A pesar de que en la zona había niños y adultos mayores, los uniformados hicieron uso de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, dejando como saldo 87 personas heridas, entre ellos un periodista. Siguen 5 estudiantes desaparecidos.

La Policía Militarizada del ESMAD arremetió contra la movilización en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, donde quedaron 20 personas lesionadas.

Persecución contra ex combatientes de las FARC

Emar Botina Tello, ex combatiente de las FARC de 28 años, fue asesinado por dos sicarios, el viernes 9 de noviembre en el corregimiento El Sinaí, de Argelia, Cauca. En el atentado resultó herido un menor hermano de la víctima.

Fancy Urrego (Erika Montero), integrante de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el domingo 4 de noviembre en Medellín fue víctima de un atentado del que salió ilesa.

Los 26 Congresistas de la Bancada Alternativa rechazaron toda acción criminal en contra de los miembros y dirigentes de este movimiento político, que nació luego del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, también denunciaron el asesinato de 80 exguerrilleros y familiares de los desmovilizados.

En una Declaración el Consejo Político de las FARC, dice:

“Hacemos un llamado a todos los partidos políticos, a los distintos sectores sociales, a los medios de comunicación y fuerzas vivas de la nación, a expresar su rechazo a este tipo de agresiones. Es el momento de unirnos todos, sin distingos políticos, alrededor de la defensa de la vida, la paz y la democracia, en un gran pacto nacional por sacar las armas y la violencia de la política. Colombia no puede permitir que se repita el genocidio de la Unión Patriótica, contra quienes firmamos la paz apostándole al ejercicio legal de política”.


Con información de Resumen Latinoamericano

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