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La tragedia urbana criminal brasileña y latinoamericana

Brasil | 11 de febrero de 2010

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La ciudad de Río de Janeiro tiene 6 millones de habitantes de los cuales más de 2 millones viven en cerca de 700 favelas. La zona metropolitana tiene en su total unos 10 millones y las condiciones de vida son las mismas. Todos los años el hecho de vivir en cerros lleva a que la tierra se deslice y casas y vidas sean destruidas. Esto es el padrón de ocupación de la costa del estado, y la favelización es un fenómeno de distintas zonas del litoral y de la sierra. En este fin de 2009 y principio de 2010, en una bellísima región, la ciudad de Angra dos Reis y sus alrededores, fue donde más llovió llevando a matar a casi un centenar de personas. Se puede afirmar que la región de la Bahía de la Isla Grande (litoral sur del Estado de Río de Janeiro, donde queda el municipio de Angra) es una síntesis del Brasil. Fue allá que los cerros se deslizaron, matando decenas de personas y dejando sin casa a centenares de familias en los últimos días de diciembre y primeros días de enero. Buena parte de la ciudad favelizada convive como mano de obra barata para complejos de ocio y de lujo, como resorts, marinas particulares, con gran circulación de lanchas, barcos y yates y hasta islas privadas. Como hace por lo menos 40 años que existe esa convivencia, aún con la retracción del polo naval (varios astilleros cerraron y ahora retornan con la Petrobrás), habría sido posible la urbanización ordenada mediante una política distributiva. Sería racional prever la tasación de proyectos inmobiliarios con fines turísticos y de ocio y con eso financiar una ocupación urbana sin residencias en áreas de riesgo. Ocurrió lo opuesto.

La misma “lógica” nacional (y continental) entiende la especulación inmobiliaria como expansión de la construcción civil, sirviendo como termómetro de la economía. Es una inversión del concepto de economía como utilización racional de recursos finitos. Obedeciendo a una racionalidad mínima, programas como Mi Casa Mi Vida (del gobierno nacional, de Lula, llevando vivienda barata mediante préstamos gubernamentales) no alimentarían el oligopolio de las empresas de construcción civil y sí, primero, se dedicarían a la urbanización de favelas, la remoción -después de remunerar la salida de gente que vive en áreas de riesgo- y el aprovechamiento de todos los millones de inmóviles parados. A la vez, exigiría la universalización del sistema cloacal y sanitario (que en las ciudades brasileñas no llega a ocupar el 25%) y el más que urgente tratamiento de aguas. Es un absurdo paradojal debatir el futuro sostenible en Copenhaguen y no prever que cualquier edificación privada necesita de sanidad urbana más allá de los muros de los condominios.

En el tema medio ambiente, el absurdo estructural brasileño continúa. Tenemos la legislación ambiental más avanzada del mundo y el discurso de agentes económicos y operadores políticos es que “tanta ley” traba el progreso. Pura trampa del lenguaje neoliberal. Preservar la Mata Atlántica (región de floresta del litoral, la más devastada desde 1500), en el caso de Isla Grande (un parque natural localizado en una isla), es siempre más importante que levantar un proyecto inmobiliario de residencia o turismo. De eufemismo en eufemismo, “flexibilizan” la defensa de los recursos naturales colectivos y no renovables en pro del interés particular de algunos oligopolios. Cuando la tragedia humana es fruto de la omisión y del mal gobierno por décadas, el hecho, además de trágico, es un acto criminal.

Los argumentos de arriba no implican caer en la tentación autoritaria. Por el contrario. Entre cualquier sentido de orden y el ejercicio del derecho, la vivienda es prioridad. No se puede responsabilizar a la población carente, que construye su residencia donde pueda y no donde quiera. Tampoco es lícito exigir disciplina a las favelas y liberar el hambre de las bestias sin fin de las empresas de construcción civil que erigen grandes obras residenciales.

El problema es político. Como ya constaté en artículos anteriores, la actividad-fin de los mandatarios es la acumulación de poder y la actividad-medio es la proyección de la autoimagen en el ejercicio de sus mandatos. La preocupación con el bien común está detrás de la atención a los inversores del consorcio político-electoral y de la supervivencia política.

En este ambiente, el acto de gobernar queda enterrado, sólo existiendo en la base la presión directa de agentes sociales organizados. En este caso, es urgente aumentar el poder ciudadano para el control social del Estado y el recurrente acotamiento de la expansión de los agentes económicos del sector de la construcción civil. Si en el mediano plazo no resolvemos la urbanización brasileña, entonces en todo inicio de verano tendremos criminales tragedias como la de Angra dos Reis con sus decenas de muertos.

Infelizmente, la experiencia directa y la convivencia con hermanos latinoamericanos de otros países me demuestran que el título de ese artículo es acertado. El surgimiento de una urbanización no reglada, donde los pobres se amontonan en áreas geográficamente no aptas y los fondos públicos son puestos en la construcción civil para apartamentos y condominios de lujo o clase media alta, es un patrón de los capitales y las grandes ciudades del continente de Bolívar y Artigas.

LO QUE DICE LA DERECHA BRASILEÑA A TRAVÉS DE SUS MEDIOS

El editorial del periódico El Globo de 07 de enero de 2010 (trae el título “Causa y efecto”), y aborda el tema de el hacer la vista gorda de gobernantes en función de la ocupación de tierras urbanas irregulares, incluyéndose en estas las áreas de riesgo. Vale recordar que este periódico es parte del Grupo Diarios América (GDA) y se trata del segundo mayor periódico impreso del Brasil y es el diario oficial del 5º mayor conglomerado de comunicaciones del mundo (las Organizaciones Globo, familia Marinho). El argumento no es de todo errado, pues está reclamando la baja calidad de la representación política en el país y afirmando que hay un acuerdo tácito –y cínico– entre ocupantes del Ejecutivo y los candidatos que operan en estos rincones favelizados. Aún exagerando el concepto de favela fuera del triángulo de Rio-São Paulo – BH (pues en las favelas el territorio es parcial o totalmente controlado por fuerzas paralegales locales), la existencia del candidato a edil (que también es ocupante de tierra para fines comerciales) o del diputado estadual, que operan como comerciantes informales inmobiliarios, es un hecho. Estos, según el editorialista de confianza de la familia Marinho (la más poderosa dueña de medios corporativos de Brasil), estiran votos y negocian “sus áreas” con más de 2/3 de los votos de allá (mayoría absoluta). La relación cínica sería de los gobiernos con estos mafiosos chicos que se dedican a la politiquería y el asistencialismo barato con familias carentes de todo.

Uno a esta altura del partido ya no puede ser inocente en este tema. Y, además, cualquier persona que se haya envuelto en la lucha por vivienda sabe de la existencia de estos comerciantes de tierra urbana controlando a las familias de bajo poder financiero. Pero, por la lógica expresada por uno de los poderes mediáticos oficiosos del Brasil, la suma de alianza entre coroneles urbanos y candidatos fuertes al Ejecutivo es lo que permite la existencia y aumento de la favelización. Como era de esperarse, ellos no relacionan al aumento de viviendas irregulares con la poca dedicación de recursos para proyectos de Residencia Popular. Y, por supuesto, cuando estos proyectos ocurren, la plata va para las grandes empresas que construyen y llegan a las familias mediante préstamos a la gente y no como repaso o distribución de riqueza por el Estado.

LA CRIMINAL OMISIÓN DE GOBIERNO

El ordenamiento directo del suelo urbano y de los espacios geográficos de grandes concentraciones poblacionales en áreas irregulares es deber del nivel de gobierno municipal. Llegan años y se van años, comienzan y terminan mandatos y el problema central no es abordado. ¡Favela, vila, mocambo, palafita, bajada y otras denominaciones regionales brasileñas para vivienda en mala condición no debería ser parte del paisaje! Al ser vista como tal, lo que es un crimen de Estado –por omisión de décadas consecutivas– la favela queda como parte “normal” de la ciudad. La misma barriada debería recibir agua tratada, residencias reformadas y calles más anchas. No se hace ni el mínimo y después la gente es llevada a acostumbrarse a ver familias pobres llorando en la tele por la muerte de seres queridos. ¡Cuanta hipocresía!

Reconozco que es imposible promover la regularización territorial de las áreas irregulares, con título de posesión, sanidad, apertura de calles y vías públicas y presencia del Estado con el conjunto de servicios, en un periodo de cuatro años. Pero, el reconocimiento a través de fotografías aéreas, la localización de las áreas de riesgo y la decisión política de impedir la expansión de casas donde el acto de construir puede implicar la muerte de esos habitantes, esto sí es algo posible. Y, es perfectamente posible interrumpir cualquier tentativa de “flexibilizar” leyes ambientales, en especial en aquello que implicar expandir la especulación inmobiliaria con el deterioro de áreas verdes.

La contraparte es el absurdo del progreso de pocos en nombre del progreso de todos. No es argumento válido contraponer el supuesto desarrollo económico a la “flexibilización” de leyes ambientales. La legislación brasileña de medio ambiente es excelente, y sirve como freno a la especulación inmobiliaria y al hambre voraz de obras faraónicas, ejecutadas por consorcios privados y casi siempre financiadas con el dinero del contribuyente depositado en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el mayor banco de fomento del mundo) o en la Caja Económica Federal. En el caso de las ciudades, la omisión histórica en Angra dos Reis (para triste ejemplo ilustrativo) es la materialización del concepto de que la actividad-fin de la mayoría de los gobiernos de turno es permanecer ocupando una parcela de poder o expandiendo su control sobre presupuestos y cargos. La actividad-medio es el acto de negociar con las fuerzas sociales, respetando las relaciones asimétricas, atendiendo de entrada a los agentes económicos en general y a los inversores de sus propias candidaturas en particular.

La publicidad de gobierno crea un clima de euforia anunciando millones de metros cúbicos de concreto empleados, cuando deberíamos conmemorar tubos de cloacas y aguas tratadas. El dinero va para las mega empresas de construcción mientras la basura sigue acumulándose (con poca reciclaje) y los coliformes fecales van para los espejos de aguas y sus márgenes. Por la lógica racional -o la falta de esta en función de la cultura de prebendas, clientelas y patrimonialismo- la planificación de las ciudades, previendo su expansión, viene primero. Hacer crecer la malla urbana implica poner metro, tren de superficie (urbano y metropolitano) y condiciones de vida sostenibles como la limpieza del aire y del agua. Esto viene concomitante a la idea-guía de que regular el suelo urbano implica crear redes de tubos cloacales y tratamiento de aguas.

Aquí se hace lo contrario y todo año mueren brasileños en función de la desidia y de la criminal omisión en los tres niveles de gobierno. ¿Hasta cuando?

Bruno Lima Rocha es politólogo (PhD), docente universitário y milita en el frente de medios del Elaopa.org

Fuente: Bruno Lima Rocha -Barómetro Internacional

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