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Por Tankar Rau-Rau Amaru

La verdad detrás de la minería artesanal

Perú | 29 de diciembre de 2014

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Foto: elcomercio.pe

Por Tankar Rau-Rau Amaru *

La primera ley de formalización de la minería artesanal, la 27651, se promulgó durante el gobierno de Toledo. Esa ley, que incorporaba a la legalidad a un sector productivo importante, tenía vicios y vacíos que impedían la real formalización de los trabajadores del socavón. Los precios de los minerales se habían disparado hacia alturas estratosféricas, echando miles de desocupados a los cerros, por lo que se precisaba de una ley que, en un plazo muy breve, incorpore esa fuerza productiva a la legalidad. Los mineros querían formalizarse; la Ley 27651, elaborada sobre la matriz de la gran minería, no servía para formalizar a una actividad microeconómica diversa.

En mayo del 2009 se produjo el primer gran paro de los mineros en Nasca, Chala y Madre de Dios, conducido por la FENAMARPE y la FEDEMIN, entonces los principales gremios de mineros del país. Miles de mineros bajaron de los cerros y cortaron la vía que une la capital con todo el sur del país, dejando sin alimentos a la capital. Este paro, que pedía la modificación de las leyes para acelerar la formalización (sobre todo un Plan Nacional de Formalización), le costó al gobierno de Alan García la renuncia del viceministro de Minas, Felipe Isasi. El gobierno firmó acuerdos con los mineros pero no los cumplió. No solo no cumplió sino, además, publicó el Decreto de Urgencia 012-2010, que entorpecía aún más la formalización.

Al siguiente año, en abril del 2010, después de agotar todas las mesas de diálogo, al ver que el gobierno no tenía intenciones de formalizar a los mineros, la FENAMARPE y la FEDEMIN convocan otro paro minero en Chala, Nasca, Palpa y en Puerto Maldonado. Quizás fue un error táctico realizar un paro en el mismo lugar de la vez anterior. Esta vez Alan García declaró en emergencia las provincias de Palpa y Nasca (Ica), Tambopata y Manu (Madre de Dios), y Caravelí y Camaná (Arequipa) y ordenó al general Marco Miyashiro para que ejecute una matanza. El resumen de este paro fue el trágico saldo de seis mineros artesanales asesinados y decenas de heridos de bala. Después de este paro, el gobierno aceptó, por fin, la elaboración del Plan Nacional de Formalización (D.S. No. 045-2010-PCM), aprobado con el D.S. 013-2011 del MINEM en marzo de 2011.

Cambio de táctica y estrategia

El asesinato de Chala caló hondo en los mineros artesanales. Los dirigentes aprendieron la lección y tomaron conciencia del momento histórico que se vivía. La guerra apenas había comenzado. O se luchaba en todos los frentes, o la formalización no llegaría nunca, ni siquiera con el Plan Nacional de Formalización. Había que entender primero que los mineros estaban en una guerra económica con las transnacionales: ¿quién se iba a quedar con los cerros y los bosques? ¿Los mineros peruanos o las transnacionales? Por ahora las transnacionales tenían a su favor a los políticos de turno (en el Congreso, en Palacio y en los ministerios) y a la Constitución. Pero eso tenía que cambiar tarde o temprano. Sería una guerra histórica de largo aliento, tanto política como social, con un costo muy alto. Al final, los cerros y los bosques quedarían para los peruanos.

La tragedia de Chala originó también la formación de un equipo dirigencial en la sombra que debía decidir todas las acciones y otro equipo dirigencial visible para aparecer en los medios. Vendrían más luchas pero nunca en el mismo terreno ni con los mismos actores dirigenciales. Por dos razones: 1) Porque ahora se había visto que con una declaratoria de emergencia se neutralizaba todo acto de respuesta en condiciones pacíficas, y 2) porque el gobierno estudiaba la debilidad de los dirigentes y podía neutralizarlos (presionándolos con denuncias, amenazándolos, comprándolos o dividiéndolos).

Como primer paso, dado que la actividad se había expandido a todo el país, los dirigentes decidieron formar federaciones en todos los departamentos mineros: Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac, Piura, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto y Lima. En Nasca permanecería la FENAMARPE y en Madre de Dios la FEDEMIN. Las carreteras son como las venas del ser humano: corta diez venas y verás que la muerte es inminente; corta diez carreteras y verás que la economía del país se paraliza.

El objetivo era salir a un mismo tiempo en todo el país, o en forma sincronizada uno detrás de otro. Las pocas fuerzas del gobierno no alcanzarían para reprimir en trece regiones, y tampoco se podía declarar en emergencia a medio país. Como segundo paso, se decidió emprender la Guerra Irrestricta contra las transnacionales y contra cualquier gobierno que se opusiera a la formalización, en todos los terrenos, sin reglas.

Era Humala

En julio del 2011 asume la presidencia el comandante Ollanta Humala. De candidato, Humala había ofrecido a los mineros una formalización siguiendo el modelo chileno (con plantas y bancos), pero apenas entró a Palacio pidió facultades al Congreso para promulgar un paquete de leyes sobre la actividad. Es así que entre febrero y abril del 2012 se publicaron los decretos legislativos 1100, 1101, 1102, 1103 y 1104, con los que Humala convierte en ilegal a toda la cadena productiva de la minería artesanal (desde la producción hasta la exportación), peor que al tráfico de drogas. Fue un golpe bajo que causó zozobra en un primer momento.

Hasta entonces los mineros habían avanzado en su organización, de modo que la respuesta se tenía que dar en varios frentes y en forma inteligente. El 6 de marzo del 2012 salieron La Libertad, Madre de Dios, Apurímac, Piura y Puno. En la plataforma de lucha figuraba la derogatoria de las leyes.

La derogatoria no se logró pero el gobierno se comprometió a modificar la ley.
El segundo paro de ese año se produjo en mayo. Esta vez salieron Arequipa, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Piura, Ayacucho, La Libertad, Ica y Casma. Uno detrás de otro. Con esta movilización se arrancó del gobierno el Decreto Legislativo 1105, con lo que los mineros entraban por tercera vez a la formalización (la primera vez fue con la Ley 27651, que no resultó; la segunda vez con el Plan Nacional de Formalización, ahora abortado). Este decreto consideraba varios pasos para llegar a la formalización en el plazo de dos años, hasta abril del 2014. Un análisis sereno y objetivo de esa norma aclaró, sin embargo, que esa vía llevaría inevitablemente al extermino de la actividad.

Las transnacionales de la minería y del petróleo habían encontrado en Humala (un militar con malos antecedentes en Madre Mía) a la herramienta perfecta para sacar a los peruanos de los cerros y de los bosques y quedarse con los recursos naturales. Cualquier movilización o paro sería respondido a balazos (el premier Valdés me amenazó en cierto momento, en Palacio, con sacar soldados a las calles, y yo le respondí que en ese momento comenzaría la guerra civil, por cuanto la mayor parte de los mineros son reservistas que se enfrentaron a Sendero y estuvieron en la guerra del Cenepa). Todo estaba claro: por ahora, no se podría derogar los decretos legislativos. Por más presión que haya desde las calles, Palacio no los derogaría porque si lo hacía, sería interpretado como debilidad o traducido como una aceptación de sus errores. El Congreso tampoco lo haría, porque estaba controlado por las transnacionales.

¿Qué hacer, entonces?

Los dirigentes de los mineros decidieron seguir la táctica chanka: guerra contra el gobierno en todos los frentes como si no hubiera negociación, y negociar con el gobierno como si no hubiera guerra para hacerle creer que su ley era buena. El objetivo: buscar ya no la derogatoria o modificación de las leyes, sino el fracaso total de todo el paquete.

De paso, paralizar la economía del país para que, en consecuencia, se debilite el gobierno. (Se logró con creces: menos de 3% crecimiento en el 2014). El segundo acuerdo: evitar a toda costa la interdicción. Cualquier ataque a los mineros en cualquier punto sería considerado una agresión a los mineros de todo el país y sería respondido en forma unida.

En ese marco, cada vez que tocaban una región, hubo más paros y marchas en todo el país. Madre de Dios, Apurímac y La Libertad salieron cuatro veces en dos años (con muertos, heridos y encarcelados). Arequipa salió tres veces. Ica, Ancash, Puno, Ayacucho y Piura dos veces. Lima una vez. Los cerebros del gobierno denunciaron a los dirigentes y optaron por dividir a los mineros levantando con la prensa el ego de ciertos dirigentes. Los mineros decidieron seguirle la corriente. Se envió uno detrás de otro a los gremios a “negociar”, incluso uno creado a última hora. Los asesores del gobierno, limitados en preparación, cayeron en la trampa.

Tarde se dio cuenta Ollanta Humala que sus asesores le habían metido el dedo y, ante el inminente fracaso de su ley, envió a Isaac Humala, su padre, para que saque a los mineros a las calles. Para motivarlos, ordenó bombardear algunas plantas de la costa y algunos asentamientos mineros de la selva, pero no tocó regiones radicales como Apurímac y La Libertad. Esta vez Humala necesitaba un paro, el argumento necesario para salvar su ley con ciertas modificaciones. Pero llegó abril del 2014 y la ley fracasó, o murió, porque el Decreto Legislativo 1105 había logrado formalizar menos de diez personas. Por el bombardeo de las plantas, en abril salieron todavía algunos mineros a las calles (sobre todo aquellos que no habían participado en los paros anteriores). El gobierno aprovechó el paro para publicar el Decreto Supremo 029-2014-PCM ampliando la formalización hasta el 2016, y pateó el problema al próximo gobierno.

Preocupado por el fracaso de la “ley Humala”, el Banco Mundial (BM) nos envió hace poco a uno de sus asesores en formalización: Hernando de Soto. El Banco Mundial, que direcciona la economía peruana desde los tiempos de Fujimori para que se entregue nuestros recursos a las transnacionales, cree que el problema de la formalización se solucionará solamente con la simplificación administrativa. No sabe que nuestra lucha es histórica: los mineros no nos detendremos en la venta de piedras, como pretende el BM; nuestro objetivo es comenzar como mineros artesanales y terminar como grandes empresarios, estamos en nuestro derecho (además de industrializar nuestras materias primas, por ejemplo fabricar acero partiendo del hierro).

En fin. Hace tres años Humala decidió desaparecer la minería artesanal. En muchos lugares la debilitó y la desapareció en aquellos puntos donde los mineros no lograron organizarse, pero el 80% de la actividad sigue firme, avanzando. Los que quieran avanzar con estas leyes, avancen, pero si es imposible, no hagan nada. Solo prioricen el medio ambiente y los impuestos. Es posible que nos presionen con la SUNAT en los próximos meses. Habrá que asesorarse con buenos contadores. Pero las leyes ya están muertas. Ya no es necesario ni marchas ni paros, salvo que toquen a la cadena productiva en cualquier punto del país.

Ahora miremos al futuro. Todo dependerá de cómo lleguemos al 2016. Tenemos casi treinta alcaldes mineros, diez consejeros regionales y cuatro presidentes regionales en el sur del país. Debemos colocar mínimo veinte congresistas, incluso un presidente o un vicepresidente, y cambiar las leyes desde adentro. Los mineros (medio millón en todo el país, el gremio más importante de los últimos tiempos) no somos nada, pero si queremos, podemos ser todo. Solo falta decisión.

Este es un resumen del libro que estamos preparando para el siguiente año para dejar registrada la lucha de todos los mineros del país.

Un abrazo para los mineros de Puno, Madre de Dios, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Ica, Arequipa, Lima, Huánuco, Huancavelica, Ancash, Cajamarca, La Libertad y Piura.

¡El Perú para los peruanos!
¡Feliz 2015 para todos y todas!

*Tankar Rau-Rau Amaru. Escritor y periodista.
http://tankaramaru.blogspot.com

Tomado de la Revista Mariátegui.

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