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Por Silvina Romano, Javier Calderón, Ava Gómez, Amílcar Salas Oroño y Bárbara Ester

Lawfare*: la vía “justa” al neoliberalismo

25 de enero de 2018

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El juicio a Lula da Silva se lleva a cabo como parte de la mega causa conocida como “Lava Jato”, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetró el golpe de Estado a la expresidenta Dilma Rousseff [1]. Este juicio es parte de una estrategia de Lawfare, tal como lo han denominado especialistas[2], que implica: el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial[3]. Lo anterior se inscribe en un proceso de judicialización de la política (desde arriba), donde el aparato judicial se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, dinámica que puede conducir a una “dictadura de los jueces” (y una pérdida total de equilibrio entre poderes)[4].Para ser exitosa, esta guerra jurídica requiere articulación con los medios de comunicación y redes sociales, que operan para manufacturar consentimiento en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos[5]. La aceptación o la eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública[6].

La legitimidad otorgada al proceso de judicialización de la política emana del consenso sobre la “corrupción” como problema fundamental de América Latina[7]. Esto fue manifestado por Instituciones Financieras Internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras del Ajuste Estructural y modernización del Estado en los ‘80 y ‘90[8], pero, en los últimos años, se presenta como un problema endémico en gobiernos progresistas o llamados despectivamente “populismos de izquierda”[9]. Analistas internacionales, thinktanks y “expertos”, argumentan a favor de esta visión, que tiende a ser reproducida por la prensa hegemónica, alimentando un sentido común en el que, por ejemplo, la corrupción es la causa de la pobreza[10], sobre todo en aquellos países bajo regímenes democráticos-autoritarios competitivos (así se clasifica a Venezuela, Bolivia, Ecuador -durante la gestión de Correa- y Argentina -durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-)[11].

La tesis principal es que estos gobiernos, al otorgar mayor protagonismo al Estado, en particular en la regulación de la economía, al repolitizarlo y revalorar lo público, privilegiaron la utilización de influencias y fondos públicos para beneficio personal y la utilización de los poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas. Esto se considera como la principal causa del aumento de la pobreza[12] y del debilitamiento de la democracia a tal punto, que –según “expertos”– la gente estaría dispuesta a apoyar incluso una dictadura militar con tal de acabar con el crimen y la corrupción[13].

Esta base argumental y la existencia de procesos de guerra jurídica contra exfuncionarios de gobiernos progresistas, dan cuenta de que hay otros intereses más allá de la supuesta batalla “imparcial” contra la corrupción. Uno de los objetivos del Lawfare a corto y mediano plazo es lograr la restauración del neoliberalismo también por la vía judicial. Se recurre a un estado de excepción por medio de herramientas (supuestamente) legales (así definidas por un aparato judicial que se elevó por encima de los demás poderes), que en los hechos, conducen a la omisión de la ley a favor de la imposición violenta de un nuevo orden[14]. Este orden intenta mostrarse como legal, “naturalmente” predispuesto a la rendición de cuentas y a la transparencia (es decir, contrario a prácticas corruptas), por seguir la lógica y el “modo de hacer las cosas” (de forma correcta) del sector privado; por estar resguardado y dirigido por empresarios devenidos en políticos.

El objetivo de propiciar el orden neoliberal, se visualiza con mayor claridad en aquellos casos en los que la estrategia jurídica es utilizada “a la inversa”. Es decir, cuando el aparato judicial se eleva por encima de los demás poderes y las herramientas legales se manipulan para garantizar el statu quo, haciendo mancuerna con la prensa para silenciar ciertos casos y evitar la exposición de determinadas personalidades frente a la opinión pública. Se promueve así una manufacturación de consentimiento “a favor” de estas personalidades o grupos que se han erigido como guardianes del neoliberalismo.

BRASIL
Uso indebido herramientas jurídicas y de selectividad

El caso contra Lula da Silva muestra diversas adulteraciones judiciales al Estado de derecho utilizado con fines políticos. La fragilidad de técnica jurídica, la inconsistencia, ha sido flagrante, evidenciable en las características que ejemplifican el caso. En la sentencia condenatoria y durante todo el período de instrucción y tramitación que lleva el expediente, se han deformado: 1) el estado de inocencia; 2) la imparcialidad del juez; 3) las motivaciones (doctrinarias) en las decisiones jurídicas; 4) la prohibición de pruebas ilícitas; 5) el principio de la isonomia (ciudadana)[15]; 6) la publicidad de los actos procesales; 7) la amplia defensa; 8) la exigencia de natural jurisdicción. A su vez, se suman cuestiones como: a) el abuso de la conducción coercitiva a declarar; b) la prisión preventiva; c) la utilización de pruebas selectivas e indicios parciales; d) el uso de arrepentidos en condiciones extremas. En síntesis: la sentencia de 238 folios del Juez Sergio Moro, como lo sugieren diversos juristas[16], muestra el modo en que se construye una condena de “excepción”, en el marco de un estado de excepción[17]

A modo de ejemplo: la acusación principal, en el marco del Lava Jato, está vinculada al caso del “apartamento triplex en Guarujá” por corrupción pasiva[18]. Ninguno de los setenta y tres testigos que se presentaron en las veintitrés audiencias brinda información que corrobore dicha presunción[19]. El caso de Lula fue programado para el 24 de enero, puesto en primer lugar frente a siete expedientes que estaban a la espera de trámite de fecha para formalizar los juicios por acciones relacionadas con Lava Jato. Organismos oficiales aducen que no es necesario “llevar un orden cronológico” de las causas[20], pero la hipótesis más certera es que el objetivo del juicio es eliminar la posibilidad de que Lula se presente a elecciones presidenciales.
A lo anterior se suma el “privilegio” para los empresarios. Marcelo Odebrecht, principal empresario y magnate implicado y responsable en causa corrupción Odebrecht, pasó, el 19 de diciembre de 2017, a prisión domiciliaria (cumpliendo solo dos años de cárcel)[21]. Otro ejemplo es que al destaparse la existencia de coimas en diversos proyectos vinculadas a Odebrecht, el Almirante Othon Luiz Piheiro da Silva, fuera condenado a cuarenta y tres años de cárcel[22]. Estas cuatro décadas contrastan con el hecho de que los empresarios – implicados en el mismo caso- lograron reducir sus penas a seis años de prisión, mientras que el menos favorecido estará veinte años preso[23].

Corrupción: el principal problema de Brasil

El discurso que legitima la eliminación del enemigo político (Lula, el Partido de los Trabajadores, etc.), es el de la corrupción. Sergio Moro, el juez que conduce el Lava Jato, es el héroe, el que podría “sanear” la política brasileña[24]. Hace falta una limpieza profunda: “no sólo estamos luchando con el crimen organizado, (sino) con el crimen institucionalizado”[25]. En los medios se resalta “esta acción decisiva contra la criminalidad y la corrupción de la clase política se enmarca a su vez en un fenómeno más global de rechazo al establishment y el reclamo de rendición de cuenta por parte de los políticos”[26]. La corrupción es la verdadera culpable de que no se valore “la democracia”: “es tan horrible el escenario que algunos brasileños se preguntan si la democracia y las elecciones les ofrecen la posibilidad de recomponer el país, que vaya nuevamente por buen camino”[27].

Lawfare como vía (violenta) al neoliberalismo

Desde su llegada al Gobierno, vía golpe de Estado a Dilma Rousseff, Michel Temer ha tomado medidas centradas en reducir sustantivamente el gasto social y eliminar los derechos de los trabajadores para beneficiar al sector empresarial. Implementó una ola de privatizaciones que implican a sectores muy diversos: aeropuertos, puertos, carreteras, empresas de energía eléctrica, hidrocarburos, etc.[28] Entre los objetivos a largo plazo, está la privatización de Petrobrás, petrolera estatal que constituía en buena medida el símbolo y materialización de políticas soberanas en términos de desarrollo económico, tecnológico y de defensa durante el Gobierno de Lula da Silva[29].

Las medidas se acompañan con una reestructuración de leyes a favor del ajuste. Destaca la reforma laboral y del sistema de jubilaciones “odiada por trabajadores y celebrada por empresarios”, tal como la describió la prensa hegemónica[30]. Las huelgas y manifestaciones en contra de estas reformas neoliberales fueron contrarrestadas por un amplio despliegue represivo de las fuerzas de seguridad en las calles de ciudades principales[31].

ARGENTINA
Uso indebido de herramientas jurídicas y selectividad

La persecución judicial contra funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha ido en escalada a partir de la llegada a la presidencial de Mauricio Macri, de Cambiemos. En los últimos meses, además de la causa contra la expresidenta, se destaca el juicio y prisión preventiva para el excanciller Héctor Timerman y el exvicepresidente Armando Boudou.

Resalta el abuso del criterio de “prisiones preventivas” como herramienta para judicializar la política. Al abusar de este recurso, varios jueces federales ignoran los pactos internacionales a los que el país suscribe en su Carta Magna, en los cuales queda explícito que lo que debe primar es la libertad de los acusados durante el proceso. En términos estrictamente jurídicos, en etapa de instrucción tan solo hay dos supuestos que habilitan a la prisión preventiva: el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación por parte del imputado –que el acusado obstruya la causa-. La inocencia o culpabilidad es posterior y se demuestra en la etapa del juicio oral.
Para desmentir al primer supuesto, varios casos emblemáticos. Peñafort y Rúa, abogados defensores del ex ministro de relaciones exteriores y culto, Héctor Timerman, sostuvieron en su apelación que el acusado viajó frecuentemente al exterior con motivo de sus tratamientos médicos –padece cáncer de hígado– y siempre regresó en los plazos pautados, lo que evidencia lo descabellado de su prisión preventiva.

En el caso del exvicepresidente, Amado Boudou, fue el mismo fiscal quién señaló en su dictamen que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, y que el acusado siempre “estuvo a derecho”. Sin embargo, el hecho de que los imputados no intenten fugarse parece un dato irrelevante dado que el espectáculo mediático es una arista fundamental de esta nueva forma de guerra. A modo de ilustración, el Gobierno envió a la Gendarmería a la casa del ex ministro de planificación, Julio De Vido, a sabiendas de que no se encontraba en su domicilio. En los medios masivos, esa foto suplía la de su arresto.

En cuanto al segundo punto, en los casos de las prisiones preventivas solicitadas para miembros de la oposición, los jueces no describen cuáles serían las supuestas influencias, ni tampoco puntualizan respecto de cómo podrían obstruir la causa los imputados. Además, resulta a todas luces evidente que el trato es diferencial para quienes fueron funcionarios durante el kirchnerismo, ya que en ningún caso se toma la misma medida para con los actuales funcionarios bajo proceso.

Al igual que en Brasil, en Argentina se cuida al empresariado. En ningún momento se apunta a la complicidad empresarial, sino únicamente al accionar de los funcionarios. Uno de los casos más escandalosos es la condonación de deuda del presidente Mauricio Macri a su padre, el empresario Franco Macri, en 2016. El Grupo Macri adquirió la concesión del Correo Argentino en la década del ‘90, hasta el 2003, cuando Kirchner lo reintrodujo en la órbita estatal por la falta de pago desde marzo del 2000. Luego de doce años en los que el Estado argentino rechazara todos los planes de pago posquiebra por presentar quitas excesivas, con la llegada de Macri a la presidencia, sin embargo, rápidamente el Estado aceptó recibir tan sólo el 1,18 % de lo adeudado[32].

La corrupción: el cáncer del kirchnerismo

Desde su asunción, el presidente Macri se ha encargado de posicionar su gestión en las antípodas del kirchnerismo con especial énfasis en el eje de la corrupción. Esto fue respaldado por los multimedios afines, a tal punto que los dos principales diarios (Clarín y La Nación) inauguraron un tag específico “La corrupción k”. Mauricio Macri declara que ahora “hay menos relato y más verdad”. Ante medidas de ajuste, justifica: “Encontré un Estado devastado por la corrupción”[33], así, “…después de una década de despilfarro y corrupción, estamos normalizando el servicio energético”[34]. Para la construcción de sentido que hace este Gobierno, toda resultante negativa de la aplicación de sus políticas neoliberales es respaldada en la noción de que este es el único camino posible. Gran parte de la población se ha apropiado de este sentido, gracias a los medios de comunicación que imponen en su agenda la persecución a los supuestos ¨corruptos k¨ como la noticia nuestra de cada día.

La vía violenta al neoliberalismo

Al momento de blanquear sus aspiraciones presidenciales, la alianza Cambiemos prometió que si llegaba a la Casa Rosada “abogarían por la defensa de las instituciones y el republicanismo”. Sin embargo, su arribo supuso precisamente un cambio en el accionar del Poder Judicial que avasalló el Estado de Derecho, hasta el punto de desconocer las garantías básicas en un proceso legítimo y penalizar la política (un estado de excepción). El caso de Milagro Sala es uno de los más contundentes en este sentido.

Pero la “excepcionalidad” se respira desde un comienzo. Las medidas de ajuste económico (varias impuestas por decreto) que afectan a gran parte de la población, fueron repudiadas por protestas masivas, con la presencia de sindicatos, organizaciones de base, movimientos, sociales, etc. Ante esta presión, el Gobierno ensayó sus medidas represivas. Un hecho de gran notoriedad pública fue a raíz de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado[35], donde sobresalió el accionar de policía de civil: treinta y un detenciones arbitrarias de personas que pasaron hasta 48hs en comisarías, destacando la presencia de turistas, periodistas y fotógrafos. Pero el hecho más colosal fue durante las marchas en contra de la reforma a la Ley Previsional (ley de jubilaciones), en diciembre 2017, donde los manifestantes fueron víctimas de la Gendarmería, carros hidrantes, gas lacrimógeno, balas de goma, nuevamente detenidos escogidos al azar y allanamiento de hogares. Una vez más destacó la presencia de policía infiltrada entre quienes comenzaron los disturbios.

ECUADOR
Uso indebido de las herramientas jurídicas y selectividad

Los juicios en Ecuador se han dirigido contra el exvicepresidente Jorge Glas (condenado a seis años de prisión, el funcionario de más alto rango condenado en Latinoamérica por la mega causa de Odebrecht) y contra un círculo de funcionarios cercanos. Estos procesos “legales”, curiosamente, no incumben al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ni apuntan a investigar a Guillermo Lasso (candidato opositor a Alianza PAIS durante las elecciones presidenciales) sobre quienes pesan acusaciones de recibir coimas de Odebrecht por la contratación del metro quiteño[36], y por estar inmersos en el escándalo de los Panamá Papers –considerando que la mayor parte de las riquezas de estos empresarios-políticos están en cuentas offshore[37]-.

Es importante recordar que el caso judicial contra el exvicepresidente Glas, se inició a partir de un mensaje del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que advierten el pago de 33,6 millones de dólares de Odebrecht a funcionarios corruptos entre 2007 y 2016[38]. Un mensaje coincidente con la campaña electoral que transcurría en diciembre de 2016, que apuntaba a favor de los intereses de la formula Guillermo Lasso y Andrés Páez[39]. Ambos dirigentes de la derecha mencionados en innumerables cables develados por Wikileaks[40], que les posiciona como los más cercanos e informantes privilegiados a favor de los intereses de los Estados Unidos[41].

Mientras se condena al vicepresidente Glas, los que brindaron buena parte de la información al Departamento de Justicia fueron los empresarios brasileños José C., Simoes P., Ricardo V. y Mauricio G. (exfuncionarios de Odebrecht de quienes no se brinda el nombre completo) no han recibido ninguna medida cautelar en su contra debido a que la Fiscalía de Ecuador firmó un acuerdo de “cooperación eficaz” que ha servido como fuente de información para recabar elementos investigativos, y al amparo del artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que las medidas cautelares deben ser adecuadas para garantizar el éxito de las investigaciones”[42]. Un dato fundamental a tener en cuenta, es la expulsión de la empresa Odebrecht del Ecuador entre 2008 y 2010, exigida por el expresidente Rafael Correa, quien tomó la decisión por no cumplir con los estándares en la construcción de la represa hidroeléctrica de San Francisco y de indicios de manipulación y corrupción en los procesos de contratación, situación que no tuvo en cuenta el juez de la causa, ni es mencionado por los medios de comunicación, que en su momento criticaron por “autoritaria” la medida de expulsión de la empresa brasileña.[43].

La corrupción: el “principal problema” del correismo

El presidente Lenín Moreno, desde el comienzo de su mandato, inició un conjunto de acciones para desmarcarse de su antecesor y compañero de partido, Rafael Correa. En entrevista con un diario español, asegura estar “espeluznado, porque (…) ha habido una corrupción galopante, principalmente en el último período del Gobierno anterior (…) parecería que el presidente (Correa), más de una ocasión, hacía la vista gorda, porque estaba pensando no en el país, sino en la próxima elección”[44].

Lo interesante es que en Ecuador se ha pasado de un discurso anti-corrupción a un proceso de persecución judicial al estilo Lawfare, apoyado desde las altas esferas del poder judicial y con el soporte de los partidos de derechas. No es un detalle el nivel de consenso que ha adquirido el “problema de la corrupción” en Ecuador, que entre otras cosas, forma parte del referéndum y la consulta popular que se realizarán en un par de semanas.

La vía al neoliberalismo (con Lenín)

El proceso de judicialización de la política y persecución de funcionarios del Gobierno anterior ha generado un terreno fértil para el “cambio”. Desde su llegada al Gobierno, Lenín Moreno ha propiciado una serie de reformas de corte neoliberal, haciendo “borrón y cuenta nueva” de las políticas de Correa.

Moreno celebró la visita del FMI, y manifestó que más adelante requerirá de su ayuda, lo cual es un mensaje de alerta por las implicaciones del cambio de rumbo económico del país. Ha dispuesto entregar el manejo del dinero electrónico a la banca privada, en contravía de las ganancias generadas por el Banco Central del Ecuador en ese rubro. Desviándose de la recomendación de la Asamblea Nacional y de la Ley de Reactivación Económica, liberó el ingreso masivo de importaciones, lo cual generó una disminución significativa del superávit comercial en el 2017, al aumentar en 21 % las importaciones, que empezaron a debilitar la producción nacional. Asimismo, en la próxima consulta popular y referéndum, se pretende dar marcha atrás de la progresista ley de plusvalía, que impide la especulación de las tierras en zonas urbanas[45]. No es casual que a la par de esta pregunta, en la consulta se incluya la de persecución a funcionarios “corruptos” del Gobierno anterior.

COLOMBIA

A diferencia de los casos anteriores, en Colombia, la estrategia de Lawfare se da a la inversa: una guerra jurídica de baja intensidad, donde el objetivo es la permanencia y el ocultamiento, vía la sobreexposición de ciertos casos, coludiendo un sistema de justicia totalmente necrosado por la corrupción, que impide ver todos los vectores y actores de un sistema hoy en crisis. La estrategia de guerra jurídica solo es de alta intensidad en los pocos casos donde la izquierda llega a ocupar espacios en la esfera política formal –después de lograr combatir el hostigamiento paramilitar y a un sistema mediático enemigo sin piedad-. Solo entonces se prenden todas las alarmas y se activan todas las vías institucionales y jurídicas para acabar con la amenaza.

Uso indebido herramientas jurídicas y selectividad

El denominado ‘Cartel de la toga’ es un ejemplo de utilización de la justicia para el beneficio de la casta política, vinculada a la derecha corrupta y criminal, que viene garantizando la salud del neoliberalismo. Pero este caso es solo la punta del iceberg, pues deja muchos cabos sueltos y, vía la sobreexposición mediática de algunos actores, promueve que la ciudadanía evite preguntarse por el vínculo que ciertos personajes estatales y regionales tienen con los herederos de las dinastías familiares hoy en ejercicio del poder: Santos, Lleras, López, Gómez, Pastrana, algunos de los apellidos más recurrentes, que han sabido administrar las instituciones políticas, judiciales y comunicacionales según sus intereses.

Este rol clave de la justicia ha quedado al descubierto tras conocerse cómo actuaban distintos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en alianza con la Fiscalía Anticorrupción, amañando y dilatando procesos judiciales contra políticos vinculados al paramilitarismo o a casos de corrupción, a cambio de estrepitosas sumas de dinero. Ello sin mencionar la multiplicidad de negocios familiares que crecieron a la sombra de la actividad ilícita de los magistrados.

Corrupción: el “problema de la izquierda”

La corrupción se presenta como un “mal de la izquierda”. Es el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro (hoy candidato presidencial), perseguido y destituido por el exprocurador de la extrema derecha, Alejandro Ordóñez, cuyos fallos contra el exalcalde del Movimiento Progresista fueron tumbados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que le permitió continuar con su mandato) y por el Consejo de Estado, que evidenció (tres años después) la utilización de la guerra jurídica en contra del burgomaestre.

A diferencia de la “celeridad” con la que actuó la “justicia” en el caso de Petro, poco se ha indagado y menos aún publicado en los medios masivos, sobre el modo en que la Corte Constitucional operó en contra del Acuerdo de Paz, al dejar sin sustento el mecanismo de discusión vía FastTrack, que impidió el avance en la legislación para la paz, y que abrió nuevamente la discusión sobre los puntos nodales del acuerdo poniendo en riesgo la paz: se negó la inclusión en la Justicia Especial para la Paz a civiles comprometidos con delitos de lesa humanidad, financiadores o promotores del paramilitarismo; se hundió la reforma política que prometía una apertura democrática; se negaron las curules o bancas en el Congreso para las víctimas; y ni siquiera se empezó a reglamentar la reforma rural integral, entre otros temas[46].

Por otro lado, la “protección” brindada por el aparato judicial y mediático a determinadas personalidades, es cristalina en el caso de Álvaro Uribe, quien tiene más de 186 procesos judiciales en su contra, incluido el que cursa por el uso del aparato de inteligencia del Estado-DAS para amedrentar, perseguir y espiar a la oposición y gobiernos vecinos, o por la compra de votos en el Senado que le valieron la reelección en el 2006. Todos casos que permanecen intactos en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, con escasa posibilidad de juicio, debido a que dicha instancia está conformada por políticos uribistas o exuribistas[47].

Lawfare : parte del statu quo neoliberal

Está demostrado que Odebrecht financió las campaña del presidente Juan Manuel Santos (cuando era apoyado por Uribe en el 2010) y las campañas de Santos y su principal rival el uribista Zuluaga en el 2014[48]. Además, cursan investigaciones por el pago de coimas de al menos 31,5 millones de dólares, entregados a altos funcionarios de los gobiernos de Uribe y Santos como contraprestación por los contratos de infraestructura otorgados entre 2006 y 2016[49]. Sin embargo, ninguno de los altos funcionarios de esos gobiernos se encuentra procesado, salvo un viceministro y tres senadores, que están “contribuyendo” con la justicia y serán condenados con leves penas, cerrando la “megacausa” Odebrecht con algunos mandos medios condenados, pero sostenido el statu quo.

La utilización del aparato judicial para resguardar el orden instituido adquiere un rol clave en un proceso en el que se hacen evidentes los lastres y miserias de un neoliberalismo que viene operando desde hace décadas[50], sosteniendo a las mismas familias en el poder y blindando a las “dinastías” políticas que usufructúan las arcas del Estado aunque estén señalados de cometer graves delitos[51]. Es evidente el creciente achicamiento del Estado en su dimensión socio-económica a favor de las mayorías históricamente postergadas, combinado con un ensanchamiento a favor del sector privado, que es bien recibido por los medios de comunicación y no resulta materia de investigación, considerando que la corrupción tiene dos contrapartes, los que dan y los que reciben, es decir las empresas privadas y los funcionarios del Estado.

La corrupción en pleno modelo neoliberal, privatizado y achicado al extremo el Estado, representa el 4 % del PIB colombiano, cerca de 17 mil millones de dólares al año, según lo indica la Contraloría colombiana[52], un esquema basado en la impunidad y en la connivencia del sistema judicial, los medios de comunicación y la violencia que reprime las voces críticas (120 líderes sociales asesinados en 2017)[53]. Un neoliberalismo con impunidad para el statu quo tutelado por los Estados Unidos, quien no envía a la opinión pública los reportes de casos de corrupción en los que se involucran empresas “made in USA” como en el caso Reficar[54], o del mismo caso Odebrecht, como si lo hizo con Brasil y Ecuador, por el contrario, protege a funcionarios públicos colombianos condenados por corrupción como al exministro uribista Andrés Felipe Arias[55].

Notas referenciales:

[1]http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/
[2]http://lawfareinstitute.com/publications/
[3] https://thelawfareproject.org/lawfare/what-is-lawfare-1/
[4]https://www.cidob.org/content/download/58165/1509781/…/1/…/domingo_85-86.pdf
[5]Herman, Edward y Chomsky, Noam. Manufacturing consent.The political economy of the mass media.New York: Pantheon, 1988
[6]http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/
[7]http://www.celag.org/la-corrupcion-problema-america-latina-2/
[8]https://www.wilsoncenter.org/publication/international-support-for-justice-reform-latin-america-worthwhile-or-worthless
[9]https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/11/economist-explains-12
[10]https://blogs.imf.org/2017/09/21/corruption-in-latin-america-taking-stock/
[11] https://www.journalofdemocracy.org/article/latin-america%E2%80%99s-authoritarian-drift-threat-populist-left
[12]https://blogs.imf.org/2017/09/21/corruption-in-latin-america-taking-stock/
[13]http://foreignpolicy.com/2017/10/23/populism-is-coming-for-latin-america-in-2018/
[14]Sotelo Felipe, M. (2018) “Lawfare, this crime call justice”.EnProner, C., Citadino, G., Ricobom, G. y Domelles, J. Commentson a notoriousveredict. The Trial of Lula. CLACSO https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1338&orden=&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1256
[15] La isonomia es el concepto de igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
[16] Carol Proner et al. (orgs.) Comentarios a umasentença anunciada: o Processo Lula. Bauru: Canal 6, 2017.
[17]Sotelo Felipe, M. (2018) “Lawfare, this crime call justice”.EnProner, C.; Citadino, G.; Ricobom, G. y Domelles, J. Coments on a notorious veredict. The trial of Lula. CLACSO.
[18] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40589237
[19] https://www.alainet.org/es/articulo/190468
[20] https://www.telesurtv.net/news/Brasil-Caso-de-Lula-pasa-por-delante-de-otras-7-acciones-de-Lava-Jato-20180108-0034.html
[21] http://cnnespanol.cnn.com/2017/12/19/marcelo-odebrecht-sale-de-la-carcel-para-cumplir-prision-domiciliaria/
[22]https://www.wiseinternational.org/nuclear-monitor/835/brazils-nuclear-power-program-undone-corruption
[23] http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,justica-condena-ex-presidente-da-eletronuclear-a-43-anos-de-prisao,10000066863
[24] https://www.nytimes.com/es/2017/08/30/juez-sergio-moro-java-lato-lula-brasil/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Findex
[25] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141209_brasil_juez_escandalo_petrobras_perfil_gl
[26] http://www.pulsamerica.co.uk/2016/11/corruption-charges-and-the-decline-of-populism-latin-americas-rejection-of-its-political-class/
[27] http://themercury.com/endless-corruption-is-a-cancer-in-brazil/article_c2c826b7-75c8-526a-8c6a-862c956cb32f.html
[28] https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Privatizaciones-en-Brasil-20170906-0038.html

*(«guerra jurídica» en inglés)


Tomado de: Centro Estrategico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)

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